Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130081
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.081 "L., L. E.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 73.246 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de agosto de 2016, rechazó el recurso interpuesto contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora que condenó a L. E. L. a la pena de treinta y cinco años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado, en concurso real con corrupción de menores agravada (v. fs. 54/66).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 69/87), el que fue concedido por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 90/92.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 98/104), dictada la providencia de autos a fs. 105 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. El señor defensor oficial adjunto denuncia arbitrariedad por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que afectaron la defensa en juicio (derecho a ser oído) y el debido proceso legal (v. fs. 71 y vta.).
Afirma que la decisión del a quo constituye un tránsito aparente por dicha instancia que frustra el derecho al doble conforme.
Con cita del precedente "Casal" de la Corte nacional, señala que en el caso se observa que el órgano intermedio "...se avocó aparentemente a tratar la cuestión relativa a la validez de la construcción de la sentencia del tribunal oral interviniente y sus fundamentos, restringiendo inadecuadamente la capacidad de rendimiento del recurso contra la sentencia de condena" (fs. 71 vta.).
Sostiene que la conclusión arribada desconoce la vigencia del límite impuesto al principio in dubio pro reo , al resultar necesaria la certeza apodíctica para fundar la condena. Advierte dicha transgresión cuando el fallo afirma que "...todos los elementos probatorios fueron apreciados con racionalidad y lógica a los fines de justificar la conclusión inculpatoria, a la vez que señala que los agravios de la defensa se sintetizan en una diversa interpretación del material probatorio hacia el sentido más favorable a los intereses del imputado sin demostrar la absurdidad como para proponer la casación del pronunciamiento" (fs. 72).
Entiende violados el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, pues la respuesta dada "...trasunta en una mera afirmación dogmática y refleja una actividad revisora que lejos de cumplir su cometido y brindar plena satisfacción al doble conforme, limita el control sobre el decisorio al confirmar en forma aparente y superficial el criterio de valoración probatorio efectuado por el Tribunal de la instancia" (fs. cit.).
Indica que en el desarrollo de los fundamentos se produce una reedición de las circunstancias analizadas por el sentenciante de origen, "...efectuándose una valoración de los elementos de cargo directos y objetivos que corroboren los dichos de la víctima, menor de edad, quien frente a una coyuntura de extrema vulnerabilidad cargó con el peso de superar una realidad sumamente dificultosa, debiéndose retrotraer la génesis conflictiva mucho antes del episodio por el cual se está juzgando a mi asistido" (fs. 72 vta.).
Recuerda que el cuestionamiento dirigido al contenido de la declaración vertida en Cámara Gesell se centra en la correcta valoración probatoria de los elementos de cargo mediante un juicio crítico que determine con certeza la real dimensión del relato en el contexto que el mismo se desenvuelve.
Asegura que, si bien dicha declaración constituye un elemento de prueba preponderante, para llegar a la convicción que exige el art. 210 del Código Procesal Penal, debe necesariamente ser confirmada por otros elementos producto del contradictorio que corroboren los extremos que sostiene la imputación (v. fs. 73).
En tal sentido, alude a que la damnificada se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad por las vivencias de intensa agresión padecidas en su entorno familiar. Aduce que ello debe considerarse "...a los efectos de determinar la dimensión de los sucesos narrados, confrontando los mismos con una realidad que, si bien genera consternación y necesidad de lograr cierto grado de empatía, dadas las características del entorno familiar que rodean el caso, lo real es que el marco acotado de este proceso no puede develar la compleja trama familiar y el padecimiento sufrido por la menor..." (fs. 73 y vta.). De ahí que considera que debían analizarse todos los elementos de cargo y extremarse los recaudos a los fines de valorar el testimonio de la víctima, lo que como contrapartida redundaría en una real defensa (v. fs. 73 vta.).
Luego alude a las características del hecho, en tanto se produce en la esfera de intimidad en un entorno intrafamiliar donde no se cuenta con otra fuente de prueba directa y objetiva que pueda contradecir ni confirmar los dichos de la menor; y el contexto en el que se toma dicho testimonio, dado que la menor se hallaba en una situación de extrema vulnerabilidad (v. fs. 73 vta. y 74). En cuanto a esta última circunstancia, sugiere que la vulnerabilidad podía haber direccionado la declaración, por lo que "...debería considerarse la necesidad de contar con pruebas objetivas que deriven de un curso causal probatorio independiente, lo que no sucede en el sub lite y produce en definitiva, la valoración de un único elemento de cargo que se estima incontrastable..." (fs. 74).
Agrega que "...el informe de la cámara Gesell se ha presentado casi un año después del evento, debiéndose contextualizar el relato de la menor en la realidad que venía padeciendo hasta entonces ante el destrato y maltrato sufrido por parte de su entorno familiar, lo que determinó que la misma sea alejada de su familia e internada bajo la tutela del fuero de menores" (fs. 74 vta.).
Expone que más allá de la directa imputación, los restantes elementos de prueba no permiten sostener la tesis acusatoria y, no obstante, cierto grado de probabilidad inferido por los indicios valorados, es necesario exigir la plena convicción en función del principio de inocencia.
Refuerza lo dicho manifestando que a lo largo del debate se ventiló una mala relación con otro familiar (el tío A.), y con el que sí se presentaron episodios que llamaron la atención de los padres. Y que a partir de la medida de abrigo es donde comienza a indicar a L. "...como autor, lo que objetivamente sólo se desprende de dicha declaración -de una menor en extrema situación de vulnerabilidad-, del relato de la testigo de oídas Jolanta Kataryzna Krak y de los indicios que se extraen de la relación de vecindad y el alejamiento temporal de mi defendido aludido por el Fiscal como un intento de fuga" (fs. 75).
Plantea, también, ante lo expuesto por la víctima en orden a la habitualidad de los abusos que resulta llamativo que nadie del entorno haya percibido nada extraño (v. fs. 75 y vta.).
Por todo lo expuesto, estima que el análisis del marco probatorio remite a cuestiones que no son propias de la instancia extraordinaria, pero que ante la manifiesta arbitrariedad alegada "...corresponde el ingreso y el correcto tratamiento, solicitando que una vez declarado admisible el recurso se proceda conforme lo solicitado, anulando la sentencia recurrida, debiéndose asignar a la ponderación objetiva de la prueba, un estado de duda insuperable y razonable, que debe favorecer a su asistido" (fs. 75 vta. y 76).
Indica que la valoración efectuada por el a quo en cuanto considera que la fuerza convictiva asignada al testimonio de la menor se basó en la coherencia expresada en su declaración prestada en la Cámara Gesell y lo relatado a la psicóloga Onzari y a Jolanta Frak, no descarta la posible contaminación del relato conforme la situación extrema de vulnerabilidad, con lo que se transgrede el principio de inocencia y el derecho al doble conforme (v. fs. 76).
Así concluye que la Casación dictó una sentencia arbitraria al utilizar afirmaciones doctrinales y apartarse de las constancias de la causa, ocasionando ello la afectación del debido proceso y la defensa en juicio, pues se pretende condenar a L. en base a prueba carente de la certeza necesaria para fundar un pronunciamiento con esas características.
Refiere que el principio in dubio pro reo como derivación lógica del de inocencia no alude a un estado anímico del juzgador, sino que, por el contrario, apunta a la necesidad de existencia de cierta suficiencia objetiva de elementos de cargo. "En este sentido, la violación a la norma constitucional que consagra la presunción de inocencia [...] constituye un claro motivo de casación constitucional" (fs. 77 vta.).
En definitiva, se agravia de la errónea revisión del fallo condenatorio "...mediante una exploración formal de los elementos probatorios valorados para arribar al mismo, sustituyéndose así el examen integral que se impone por la garantía convencional al ‘doble conforme’" (v. fs. 77 vta. y 78).
De ahí que solicita la absolución de su asistido en virtud de la orfandad probatoria.
I.2. Por otra parte, denuncia arbitrariedad en la imposición del máximo de la pena legalmente establecida frente a la indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes de la Corte federal, afectando la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso legal (v. fs. 78 vta.).
Sostiene que el órgano jurisdiccional afirma dogmáticamente que el monto de la pena ubicado en el tope superior de la escala encuentra respuesta por la multiplicidad de los hechos en función del art. 55 del Código Penal, dado que los sucesos en juzgamiento resultan de una gran crueldad y violencia respecto de una menor de edad.
Recuerda que ante la Casación se había planteado la arbitraria determinación del monto máximo de la sanción en atención al principio de proporcionalidad de las penas, como derivación del de culpabilidad, y que la Sala V se limitó dogmáticamente a circunscribir la revisión sin atender al alcance del agravio introducido por la defensora (v. fs. 79 vta.), descartando los reclamos sobre las atenuantes solicitadas por considerarlos novedosos en función del art. 451 del Código Procesal Penal sin reparar en la cuestión central sometida al decisorio (v. fs. 79 vta. y 80). Es decir, que frente al reclamo sobre inobservancia a la ley sustantiva por errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, haciendo mención expresa a la arbitraria determinación judicial del quantum punitivo y habiéndose planteado la desproporcionalidad de la pena "...a criterio de la Defensa considerar que el suscripto simplemente ha introducido como agravios a los fines de reducción de la pena que se valoren la juventud y la situación familiar del imputado importa una revisión meramente formal, sin reparar en que se impugnó la resolución por la arbitraria imposición del máximo legal de la pena sin fundamentos concretos que así lo determinen, lo que incluso resulta más ostensible ante la omisión de la concreta valoración de la ausencia de antecedentes penales como factor esencial a considerar en el proceso penal de mensura" (fs. 80 vta. y 81).
Cuestiona que el a quo haya sostenido que la pena de treinta y cinco años no es excesiva ni desproporcionada, pues no tuvo en cuenta los principios superiores oportunamente enunciados por la defensa ( ultima ratio , mínima intervención penal, proporcionalidad y razonabilidad de la pena, coherencia intrasistémica), estimando que se trata de una afirmación meramente dogmática.
Señala que lo basal del agravio "...no versa simplemente sobre la verificación y ponderación concreta de los agravantes y atenuantes, sino sobre la incidencia que dichas circunstancias han tenido sobre la determinación de la pena" (fs. 81 vta.).
Expone que aun cuando el pronunciamiento impugnado confirma el resolutorio de la instancia al considerar debidamente acreditadas las agravantes ponderadas por el tribunal de grado, al momento de determinar su incidencia dogmáticamente afirma que la pena de treinta y cinco años no luce excesiva ni desproporcionada, sin verificar la existencia del atenuante computado y sin analizar en concreto por qué estiman la conducta contemplada con un máximo de grado de ofensividad. "En concreto, no resulta lógica la imposición del máximo rigor posible frente a la concurrencia de un atenuante y si así se lo pretende, debe al menos exponerse el razonamiento para fundar dicha postura" (fs. 81 vta.).
De ahí que considera que se aprecia un vicio lógico que no fue subsanado por el a quo y que determina la arbitrariedad del decisorio atacado, afectando el derecho al recurso y el derecho a ser oído, habida cuenta que el resolutorio en cuestión por un lado afirma la existencia de atenuantes computando en ese sentido la ausencia de antecedentes penales mientras que al momento de emitir el pronunciamiento anula dicha cuestión al desconocerla por completo, lo que consuma mediante la imposición del máximo posible de pena. Asegura que dicha incongruencia descalifica al fallo como acto jurisdiccional válido, haciéndolo pasible de la tacha de arbitrariedad (v. fs. 81 vta. y 82).
A todo evento, para el caso de considerar que la atenuante ponderada no tiene incidencia en el monto de la pena y teniendo en cuenta la gravedad del injusto, afirma que tanto el tribunal de grado como el revisor debieron brindar los argumentos que estimaran conducentes, pero se limitaron a exponer afirmaciones dogmáticas, sin dar explicación alguna de esa conclusión.
Luego, trae a colación el fallo "Castillo, Mercedes" de la Corte federal y alega que esa parte no podía menos "...que plantear la arbitraria interpretación de la ley sustantiva por la imposición de una pena inhumana, cruel y degradante, considerando especialmente que la pena impuesta supera con creces la prevista para los delitos más graves de nuestro ordenamiento procesal sustantivo" (v. fs. 83 vta. y 84). Agrega que por imperio de la ley 26.200 que implementa el Estatuto de Roma, una interpretación superadora no permitiría exceder el monto máximo establecido para los delitos de extrema gravedad, previstos en dicho Estatuto, toda vez que con ello se afectaría la coherencia que cabe exigir y en definitiva se alteraría la escala de valores democráticos al asignarle más entidad al bien jurídico en juego en el sub lite que es la protección de la vida misma (v. fs. 84).
Por último, sostiene que para el hipotético caso de que se considere que frente a la situación procesal de su asistido, la potestad del órgano llamado a garantizar la doble instancia convencional de revisar todos los agravios presentados a su consideración por la defensa técnica es adecuada, deberá analizarse la cuestión federal introducida, en función de la aplicación de la ley penal más benigna y la imposición de una pena inhumana, cruel y degradante por manifiesta desproporcionalidad, adecuando el monto a una sanción que no supere los veinticinco años de prisión (v. fs. 85 vta. y 86). "Ello así pues, para que el quantum punitivo pueda acercarse o alejarse de la denominada 'pena justa' a criterio de esta defensa debe necesariamente aplicarse una interpretación armónica y superadora, evitando la aplicación de una pena de tan notoria desproporción..." (fs. 86).
Concluye que el criterio sentado por el tribunal constituye una interpretación errada de la normativa involucrada (arts. 451 y 458, CPP) que menoscaba el derecho a la revisión integral del fallo. Por lo que, ante la errónea aplicación de la ley sustantiva y la cuestión federal involucrada, "...con un claro desmedro de las garantías constitucionales que rigen el procedimiento penal y la respuesta punitiva, solicito se disponga casar el pronunciamiento y se expidan a los fines peticionados" (fs. 86 vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General: el recurso no prospera.
III.1. En lo que hace al primero de los agravios planteados, el Tribunal de Casación -frente a la denuncia de absurda valoración probatoria fundante de la materialidad ilícita y la autoría responsable del imputado- consideró que la tarea emprendida por el a quo cumplía con las exigencias legales de los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal. Y partiendo de la interpretación que la Corte federal le daba al recurso de casación en el precedente "Casal " , afirmó que no advertía en la sentencia los defectos invalidantes invocados por el recurrente.
Repasó que el fallo "...tuvo por acreditado que ‘en el período comprendido entre fines del año 2011 hasta principios del mes de mayo del año 2013, una persona de sexo masculino mayor de edad, en el interior de la vivienda ubicada en Pasaje Pampa … de Monte Chingolo, partido de Lanús, en reiteradas oportunidades, abusó sexualmente de la menor A. A. S. C., accediéndola carnalmente vía vaginal y anal, obligándola a practicarle sexo oral y ver videos pornográficos, estos últimos a fin que la niña realice con él las prácticas sexuales que observaba en esas filmaciones..." (fs. 56 vta.).
Señaló que la materialidad ilícita y la autoría responsable atribuida al imputado L. en los hechos así descriptos se apoyaba en la valoración conjunta del testimonio de la menor -prestado en Cámara Gesell-, de profesionales médicos y de la psicología intervinientes y sus respectivos informes; y que todos ellos fueron apreciados de manera racional y lógica a los fines de justificar la conclusión inculpatoria, sin evidenciar quiebres en el razonamiento deductivo ni contradicción en las premisas que la fundaron. Por el contrario, indicó que las críticas de la recurrente sólo evidenciaban una diversa interpretación del material probatorio hacia el sentido más favorable a los intereses del imputado, sin demostrar el absurdo en la fundamentación jurisdiccional (v. fs. 57).
Analizó el testimonio de la menor A. A. S. C. -víctima y sobrina política del imputado- quién en oportunidad de declarar en Cámara Gesell describió de manera detallada, conforme a su edad -ocho años al momento de los abusos-, las prácticas a que la sometía el imputado, a quien identificó como el tío L., resultando coherente el hilo conductor de sus dichos, sin contradecirse ni presentar indicadores de haber recibido influencia de adultos de modo de perjudicar al imputado. "En lo esencial, la victima señaló que el imputado bajo amenazas de matar a sus padres y hermanos, la accedió carnalmente, vía vaginal y anal en reiteradas oportunidades, que la obligaba a practicarle sexo oral así como él a ella y la hacía ver videos pornográficos de modo de repetir luego los comportamientos observados" (fs. 57 vta. y 58) .
A ello sumó que los informes médicos constataron las lesiones correspondientes a los abusos descriptos, presentando heridas en región anal, en el perineo y en la región vaginal, el himen presentaba desgarro con bordes separados de larga data y escoriación en ambos muslos con costras de larga data. "En concordancia, las declaraciones de las profesionales psicólogas que entrevistaron a la menor afirmaron que la niña dijo haber sido abusada por su tío L., presentando indicadores serios y contestes de abuso, habiendo valorado de manera cargosa la conclusión del informe realizado por la lic. Onzari [...] donde explica qu
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.