Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130131
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 482, 486 -texto según ley 14.647-, 494 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, de Lázzari, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.131, "Cerro, Agustín Ezequiel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 30.186 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala I".
La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de agosto de 2017, confirmó la decisión del Juzgado de Paz Letrado de Balcarce que condenó a Agustín Ezequiel Cerro al pago de una multa de dos mil trescientos treinta pesos con ochenta y seis centavos, por ser autor responsable de la infracción al art. 74 del decreto ley 8.031/73 (v. fs. 41/43).
El señor defensor oficial -doctor Eduardo Carmona- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 51/58), el que fue concedido por la aludida Sala, al entender que se encontraban involucradas en el caso garantías constitucionales tales como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, principio de igualdad ante la ley y legalidad, a partir de la interpretación y aplicación que hiciera ese Tribunal de Alzada del art. 67 del Código Penal (v. resolución de fs. 59/61).
Dictada la providencia de autos a fs. 70, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
Caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Frente a la decisión confirmatoria de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, el señor defensor oficial del infractor Cerro, dedujo la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley denunciando que se le dio un alcance indebido a la expresión " secuela de juicio " a la que alude el art. 34 del decreto ley 8.031/73, toda vez que luego de la reforma operada por la ley 25.990 al art. 67 del Código Penal, "...tal término -amplio e indeterminado- quedó acotado a los parámetros que eligió el legislador nacional en el sexto párrafo del artículo en cuestión " (fs. 53).
Señaló que en autos la supuesta falta tuvo lugar el 6 de noviembre de 2015 y la sentencia recurrida se dictó el 14 de noviembre de 2016. Agregó que el primer llamado a prestar declaración indagatoria fue realizado el 6 de noviembre de 2015, "...quedando claro que desde aquel acto -único al que se le debe atribuir aptitud interruptiva- pasó más de un año, todo ello de acuerdo a la correcta aplicación de la ley 25.990 por resultar más benigna al imputado" (fs. 53 vta.).
Alegó que la resolución atacada pretende considerar como interruptiva la propia indagatoria, confundiendo así un acto de impulso y con carácter interruptor conforme la ley, con el acto de defensa propia que importa la propia declaración, y que fue dejado de lado por la ley 25.990 al reformar el art. 67 de la ley sustantiva.
De este modo, sostuvo que "...interpretando válidamente el alcance del artículo 34 del decreto a la luz de la norma que actualmente lo contempla -art. 67 C.P.- queda claro que al momento del dictado de la sentencia la acción se encontraba perimida y así debió declararse" (fs. 54 vta.).
Citó doctrina de autores para demostrar cómo debía ser interpretada la reforma llevada a cabo por la ley 25.990 como así también fallos de esta Corte y del Alto Tribunal nacional (v. fs. 54 vta./55 vta.).
Afirmó que el alcance dado por el a quo al art. 34 del decreto ley (obviando la reforma del art. 67 del Código Penal) violentó el principio de aplicación de la ley más benigna contemplado en el art. 2 del digesto sustantivo.
De seguido, efectuó consideraciones en torno al citado principio mencionando que también se encontraba receptado en los arts. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 56 vta.).
En definitiva, concluyó que "...debió aplicarse el art. 67 reformado por la ley 25.990 por resultar más beneficiosa y dado que en esa inteligencia se le pone un límite interpretativo a la denominada ‘secuela de juicio’ del art. 34 del D.L. 8031/73, de lo contrario se arriba a una interpretación más restrictiva en contra de los derechos del encartado" (fs. 57, el destacado figura en el original).
Solicitó que se haga lugar al recurso, se revoque la resolución en crisis y se aclare la correcta interpretación de la ley que conlleva a declarar prescripta la acción por infracción al art. 74 del decreto ley 8.031/73 por aplicación del art. 67, sexto párrafo, del Código Penal (v. fs. 57 vta.).
II. En lo que hace al interrogante planteado, adelanto mi respuesta negativa.
III.1. Preliminarmente, es necesario considerar si el pronunciamiento cuestionado proviene del órgano habilitado por la ley para su revisión como instancia anterior a la intervención de esta Corte.
Sobre el punto, se dijo en numerosos precedentes (conf. causas P. 106.977, P. 107.269 y P. 107.267, resols. de 14-VII-2010; P. 106.161, resol. de 22-XII-2010; P. 108.505, resol. de 6-X-2010; P. 113.217, resol. de 16-II-2011; P. 111.939 y acum. P. 111.940, resol. de 30-III-2011; P. 110.194, resol. de 6-IV-2011; P. 110.302, resol. de 13-VI-2012; P. 114.999, resol. de 12-IX-2012; P. 115.559, resol. de 21-II-2013; P. 115.256, resol. de 11-IX-2013; P. 117.023, resol. de 4-XII-2013; P. 117.433, resol. de 5-II-2014; P. 117.209, resol. de 16-IV-2014; P. 119.788, resol. de 21-V-2014; e.o.) que a partir del dictado de la ley 13.812 (B.O., 21-IV-2008) ya no puede ser considerado el órgano casatorio como el Tribunal de instancia al que alude el art. 161 inc. 3 apartados "a" y "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en los casos que son ajenos a su competencia material, como ocurre con las decisiones adoptadas por los organismos de alzada en materia de faltas y contravenciones (conf. Ac. 104.667, resol. de 29-XII-2008).
De este modo, se estableció que el rol de órgano intermedio de ineludible intervención previa a esta Suprema Corte, correspondía -en dicho esquema- a las Cámaras de Apelación departamentales.
Entonces, teniendo en cuenta que el pronunciamiento que se recurre ante esta sede fue dictado por la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, y conforme lo dicho en los párrafos anteriores, es que debe procederse a su análisis.
III.2. Ahora bien, con relación a la admisibilidad del conducto impetrado, y tal como lo resaltara el Tribunal de Alzada a fs. 60 vta., es dable recordar que si bien es cierto que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el carril idóneo para habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte nacional -en los términos de la doctrina de Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478, y su progenie- a fin de dar tratamiento a los agravios de índole federal que se articulen, ello es así "cumplidos ciertos recaudos" (conf. causa P. 126.228, resol. de 11-XI-2015).
Es que, en el marco de la doctrina aludida no cualquier planteo habilita la competencia excepcional de este Tribunal, pues frente a las limitaciones adjetivas del carril escogido sólo la introducción tempestiva de un agravio federal articulado con la suficiencia y cargas técnicas pertinentes, vincularía a esta Suprema Corte a intervenir como máximo tribunal de la causa, a efecto de habilitar el tránsito recursivo por ante la Corte federal, conforme la doctrina fijada en los precedentes de Fallos: 308:490; 310:324 y 311:2478 (conf. doctr. causas P. 125.834, resol. de 9-IX-2015; P. 120.984, resol. de 2-IX-2015; P. 121.818 resol. de 26-VIII-2015; e.o.).
Pues bien, en el caso, cabe señalar que aquellos principios y garantías que la Cámara, al efectuar el juicio de admisibilidad, aludió como denunciados por la parte (ser juzgado en un plazo razonable, igualdad y legalidad), ni siquiera fueron mencionados en el escrito recursivo, de acuerdo a la reseña efectuada en el acápite I.
Además, la alegada transgresión al principio de retroactividad de la ley penal más benigna, no reúne las condiciones de suficiencia que resulta menester analizar.
En efecto, la mera invocación de que el criterio sustentado por el a quo para decidir acerca de la extinción de la acción contravencional reprochada a Cerro vulnera el citado principio (por aplicación del art. 34 del decreto ley 8.031/73 en lugar del art. 67 del Código Penal como requiere la defensa), no basta a tales fines por el hecho de haber resuelto la Cámara de modo contrario a la pretensión de la parte, quien para más se limitó a reeditar el agravio llevado en el recurso de apelación, oponiendo sólo una opinión discrepante que carece de argumentos sólidos para modificar el temperamento adoptado (conf. causas P. 112.945, resol. de 5-IX-2012; P. 114.867, resol. de 7-VIII-2013; e.o.).
IV. En razón de todo lo expuesto, corresponde declarar mal concedido por la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 51/58 (arts. 482, 486 -t.o. según ley 14.647-, 494 y concs., CPP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Conforme el sentido de mi voto en la primera cuestión, no corresponde abordar la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la segunda cuestión también en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 482, 486 -texto según ley 14.647-, 494 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia