Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 122962
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 122.962 "Yancovich, Violeta s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 57.166 del Tribunal de Casación Penal, Sala V" y su acumulada P. 123.250, caratulada: "Miguel, Fabio Daniel s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 57.166 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
El Tribunal en lo Criminal n° 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, mediante el pronunciamiento dictado el 19 de noviembre de 2012, condenó a Fabio Daniel Miguel y a Violeta Yancovich a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables de delito de homicidio en ocasión de robo (v. fs. 24/59 del legajo 57.166).
Impugnada dicha decisión por los señores defensores particulares de Violeta Yancovich, doctores Leonardo Mariano Churin y Omar Luis Daer (v. fs. 64/125, idem), y por la asistencia técnica de Fabio Daniel Miguel, doctor Roberto Marcelo Calvo (v. fs. 67/101 del legajo casatorio 57.889), la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, el 5 de diciembre de 2013, rechazó el recurso homónimo interpuesto a favor de Yancovich, e hizo lugar parcialmente al restante por errónea aplicación del art. 165 del Código Penal, recalificando el suceso respecto de Fabio Daniel Miguel como constitutivo del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. Asimismo, descartó -de oficio- la agravante referida a la pluralidad de intervinientes, reduciendo -en consecuencia- la pena impuesta al nombrado, la que fijó en ocho años de prisión, accesorias legales y costas, sin costas en esa instancia (v. fs. 220/342, del citado legajo 57.166).
Frente a lo así decidido, el defensor particular -doctor Leonardo Mariano Churin- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley a favor de Violeta Yancovich (v. fs. 381/417 vta., P. 122.962), haciendo lo propio el mismo letrado en relación con Fabio Daniel Miguel (v. fs. 423/455 vta., causa P. 123.250). Los remedios referidos fueron concedidos por resolución de esta Suprema Corte de fs. 475/477 vta. La Procuración General dictaminó a fs. 479/485 aconsejando que los recursos sean rechazados. A fs. 486 se dictó la providencia de autos. Hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor del imputado Fabio Daniel Miguel?
2ª) ¿Lo es el planteado a favor de la imputada Violeta Yancovich?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El defensor particular del imputado Fabio Daniel Miguel cuestiona la valoración de la prueba con la que se tuvo por acreditada la autoría asignada al nombrado, y en subsidio critica la pena que le fuera impuesta.
Realiza consideraciones de carácter general acerca de la garantía de la doble instancia, merced al alcance que surge de la doctrina del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Casal" y de arbitrariedad de sentencia (v. fs. 427 vta/432).
Aduce que la sentencia de condena se apoya en testimonios falaces y plagados de contradicciones que los jueces omitieron considerar. Reitera las objeciones que en tal sentido llevara a la Casación, comenzando por los testigos que dijeron haber visto a los imputados ingresar a la casa de las víctimas, o en sus inmediaciones. Señala que mientras el testigo Farías declaró que vio a dos personas de sexo masculino y una de sexo femenino en la vereda a la altura del garaje de la casa en la que se consumó el hecho, el testigo González (quien se encontraba junto al anterior) dijo que vio a esas personas en el lugar pero trasponiendo la reja de la referida vivienda (v. fs. 433).
También reputa contradictorios los testimonios de referencia en punto a que dijeron haber visto estacionado el automóvil de la víctima, en tanto el testigo Roberto Rodríguez dijo que la trompa estaba a la altura de la puerta -no del portón del garaje-, el declarante González lo ubica a unos 3 ó 4 metros de ese lugar, y unos 5 ó 6 metros aproximadamente de donde lo sitúan los testigos Ginestel y Espina. Transcribió parte de lo declarado por los nombrados (v. fs. 433/434).
Sobre el testigo González, cuestiona que haya dicho que se enteró del hecho por una llamada a su celular, cuando el informe de la empresa proveedora del servicio respectivo dijo que ese número no recibió ninguna llamada al momento que mencionó el testigo (v. fs. 434).
Sobre el dato del automotor en el que se habrían desplazado los imputados, menciona que el testigo González dijo haber visto un Peugeot 307 estacionado a la altura de la vivienda asaltada, y que recordaba la última letra y tres números de la patente en razón de su afición al juego, lo que la defensa consideró inverosímil (v. fs. 434 y vta.). Por su parte el testigo Farías dijo no haber visto otro coche en la casa de la víctima fatal.
Indica que el testigo Espina declaró que cuando concurrió al lugar del hecho luego de que Farías le hubiera avisado, este último estaba en la vivienda. Sin embargo Farías dijo que la policía no lo dejó pasar de la esquina y que a Espina no lo vio (v. fs. 434 vta.).
Refiere también a los dichos de los testigos del allanamiento en la vivienda de los imputados, en la que se secuestraron elementos que fueron identificados como robados en la casa de las víctimas. Critica que el testigo Héctor Gómez haya entrado después que la policía, declara que no vio el momento en que encontraron el reloj robado, sin recordar el hallazgo de otros elementos. Sin embargo, el testigo Carlos Soria, policía afectado al allanamiento, declaró que además encontraron una cadena también sustraída (v. fs. 435), aunque sin poder indicar quién se llevó los objetos secuestrados. Considera llamativo que luego los oficiales Alejo Romero y Damico procedieran a abrir el sobre con los mencionados efectos para hacer una inspección técnica, lo que a juicio de la defensa aparece como una conspiración policial contra sus asistidos (v. fs. 435 vta.).
Considera indicativo de una investigación direccionada a involucrar a sus defendidos el que la búsqueda policial se haya dirigido a la Capital Federal, cuando el automotor que habría sido visto en el hecho tenía titularidad dominial en la provincia de Córdoba (v. fs. 436). En suma, critica la actuación de los agentes que participaron en el allanamiento y detención de sus asistidos (v. fs. 436/437).
Sostiene, además, que debía excluirse el testimonio de Héctor Emiliano González, por haber sido incorporado por lectura (v. fs. 438) sobre lo que vuelve a fs. 444/445.
Afirma que se comprobó que Miguel no fue quien tomó a la víctima fatal por la espalda, pues la prueba de ADN determinó que ni su sangre ni su material genético coincidían con el hallado en las uñas del occiso (v. fs. 439 vta.). Cabe aclarar que la Casación ya hizo lugar al reclamo de la defensa en tal sentido, y por ello modificó la condena de primera instancia (v. fs. 319 vta.).
Objeta que no se probó la preexistencia de los objetos que se dicen robados ni hubo acuerdo en las víctimas acerca de cómo los adquirieron. Señala que la señora Ramis dijo que el sujeto que bajó de las habitaciones "...no tenía nada en sus manos..." (fs. 441), lo que apoyaría la tesis de la defensa, con base en el resultado negativo que arrojara el reconocimiento de objetos practicado por dicha testigo; aunque con posterioridad ella manifestó que eran las cosas robadas. Agregó que el hijo de la nombrada afirmó que el reloj era de características similares al que tenía su madre, más no que fuera idéntico. Considera que los testigos declararon con animadversión y odio, insistiendo en la tesis de la confabulación policial (v. fs. 442/443).
En definitiva discrepa con la decisión del tribunal, compartida por la Casación, de no dar crédito a la prueba de descargo basada en un instrumento público que ubicó a Miguel en otro lugar al momento del hecho (v. fs. 446/449).
En subsidio critica por excesiva la pena de ocho años de prisión impuesta a Miguel. Cuestiona las agravantes ponderadas diciendo que la cantidad de sujetos activos no era relevante, pues según la propia sentencia sólo tres personas ingresaron a la vivienda en la que se cometieron los hechos, y por tanto no existió una diferencia numérica entre víctimas y atacantes (v. fs. 450 vta.).
También objeta que se computara como agravante la edad de las víctimas y la consiguiente dificultad para defenderse, pues el señor Rodríguez (el occiso) era una persona de más de 1,80 m de altura, de buen porte y una vitalidad que le permitía entre otras cosas conducir y trabajar, y que las lesiones sufridas por la señora Ramis fueron leves.
Considera que la condena careció de la debida fundamentación pues no se tomó en cuenta el efectivo aporte de cada uno de los ejecutores del hecho (v. fs. 451 vta.).
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso no puede progresar.
Como surge de la reseña precedente, las críticas de la defensa se refieren en gran parte a la tarea de valoración de los testimonios vertidos en el juicio. Las contradicciones que apunta aluden a detalles y discrepancias menores, tales como si un testigo vio a los asaltantes en la vereda, y otro los vio ya trasponiendo el portón de entrada, si un auto estaba estacionado en un lugar u otro, siendo la divergencia de unos metros más o menos.
Al respecto debe recordarse que existen ya dos instancias que se han expedido en forma concordante sobre las cuestiones que impugna la defensa, por lo que la revisión a efectuar en esta instancia extraordinaria está determinada por el art. 161 inc. 3, letras "a" y "b" de la Constitución de la Provincia. No corresponde en consecuencia que en esta materia -tanto más cuando se trata de prueba testimonial- esta Suprema Corte sustituya con su criterio el de las instancias ordinarias, salvo los supuestos excepcionales de la arbitrariedad o absurdo. Así se ha dicho que le está vedado al tribunal descender a la exposición, representación o valoración de los hechos que hubiera realizado el a quo . Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo -que no se han demostrado en el caso- no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por la defensa (causa P. 92.917 sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: causas P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263 sent. de 19-XII-200; e.o.).
Los argumentos expuestos por el recurrente no demuestran que se dé en autos el supuesto excepcional de absurdo o arbitrariedad. En la pieza traída a estudio expone su opinión contraria a la valoración probatoria realizada por los sentenciantes, lo que es una técnica absolutamente deficiente a los fines de acreditar el error que habilite la revisión en esta sede.
Sobre la prueba de ADN, la defensa omite tomar en consideración que justamente ella sirvió para que el órgano revisor hiciera lugar parcialmente a los planteos de su parte y excluyera a Miguel como autor del homicidio. Sin embargo, la Casación aclaró que ello no significaba que el nombrado no hubiera intervenido en el robo (v. fs. 319 vta.) y fundó su convicción en tal sentido (v. fs. 334). La defensa se limitó a reiterar su argumento basado en la prueba genética, sin refutar debidamente los argumentos de la sentencia que ataca (art. 495 del CPP).
La incorporación por lectura del testimonio de Héctor Emiliano González fue admitida por el tribunal del juicio en vista de que se habían agotado los medios para hacerlo comparecer al debate, con resultado negativo, lo que fue debidamente documentado (ver acta del debate: fs. 11).
A mayor abundamiento, debe tenerse presente que la Casación señaló que quien se desempeñaba como defensor particular de la co-imputada Yancovich, el doctor Churin -ahora a cargo de la defensa de ambos- pudo interrogar al referido testigo e incluso requirió que efectuara un croquis (v. fs. 248 vta.). Corresponde señalar también que el órgano revisor confirmó así lo decidido sobre la admisibilidad de la incorporación por lectura del testimonio de González, pero excluyó -haciendo lugar al planteo de la defensa- el reconocimiento efectuado por el nombrado (v. fs. 249 vta.). El único agravio subsistente es el relativo al testimonio y la defensa no ha refutado adecuadamente la decisión de ambas instancias ordinarias, fundada en lo dispuesto en el art. 366 inc. 2 del Código Procesal Penal.
El recurrente tampoco se ocupa de evidenciar la esencialidad de esa prueba así incorporada al juicio, teniendo en cuenta el resto del material convictivo ponderado, pues este límite al control fue en todo caso compensado por otras pruebas en las que la sentencia se fundó para formular el reproche, y que la defensa pudo fiscalizar y contrarrestar sin menoscabo a la garantía en ciernes. Ello, en el entendimiento de que no toda restricción del derecho a interrogar es incompatible con la noción de un juicio justo, correspondiendo a quien lo invoca la cabal demostración de ese cercenamiento, que aquí no ha acontecido (esta Corte, causa P. 107.037 sent. de 28-IX-2016).
Tampoco son procedentes los planteos acerca del valor de la prueba de descargo. La defensa había alegado que su asistido estuvo detenido en averiguación de antecedentes en la fecha y hora del hecho. Consideró que ello surgía de los libros de la Comisaría Primera de José C. Paz,
Sin embargo, tanto el tribunal del juicio como la Casación analizaron detenidamente la prueba en la que pretendió sustentarse esta coartada (v. fs. 34/39 vta., 320/333 vta. respectivamente). Señalaron las numerosas irregularidades que tenía el libro de guardia policial, con asientos borrados y sobre-escritos que no fueron salvados precisamente en la parte que se refería a la presencia del imputado (v. fs. 328), con textos que fueron negados -como falsos- por los funcionarios policiales que supuestamente los habían escrito (v. fs. 329), sumado a la declaración de quienes en apariencia habrían detenido a Miguel por averiguación de antecedentes, los que negaron ese hecho (v. fs. 325 vta.). Esta somera enumeración -parte de un extenso tratamiento- no mereció réplica idónea de la defensa, tan sólo la reedición dogmática de sus planteos originarios, sin la demostración del error que atribuye a lo decidido (art. 495 CPP).
III. Las críticas a la ponderación de las circunstancias relevantes para graduar la pena también prescinden de los fundamentos y hasta del contenido de la decisión impugnada. En tal sentido se observa que la defensa cuestiona una agravante -la pluralidad de atacantes- que ya fue removida de forma oficiosa por la Casación (v. fs. 341 vta.). La objeción a la mayor gravedad derivada de la edad avanzada de las víctimas se basa en una mera apreciación de la defensa, sin remisión a prueba que la sustente. El órgano revisor apuntó además que la violencia innecesaria desplegada en el hecho no fue discutida por la defensa, por lo que la consideró firme (v. fs. 339).
Nada de lo dicho ha tenido adecuada refutación de la defensa. En ese marco, las consideraciones generales que hace el recurrente acerca de la finalidad de la pena y sobre el sistema carcelario no permiten cubrir las insuficiencias señaladas (art. 495 cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Negri , de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El defensor particular de la imputada Violeta Yancovich repite en la primera parte de su recurso los planteos que ya hiciera respecto del nombrado Miguel. Reitera sus objeciones a la revisión efectuada en Casación y transcribe el análisis de lo que a su entender fueron contradicciones en que incurrieron los testigos (v. fs. 381/395).
Luego se enfoca en agravios concernientes a la situación de la imputada Yancovich. Relata que las investigaciones policiales se dirigieron desde un comienzo a una banda conocida como "de los gitanos", en las que aparece una persona de sexo femenino apodada "Mandarina" que se desplazaba en un automotor similar al que habría sido usado en el hecho. Se determinó luego que la así nombrada tendría por apellido "Mitrovich" y por consiguiente se solicitaron allanamientos y detenciones con la identificación "NN Mandarina Mitrovich" (v. fs. 395 vta.).
La defensa señala que sin embargo en el procedimiento respectivo se detuvo a una persona distinta a la así individualizada, su asistida Violeta Yancovich, indicando que la fotografía usada en la investigación correspondía a una persona diferente. Con esa base afirmó que la sentencia tuvo una motivación aparente (v. fs. 397).
Considera que la causa ha sido "armada" contra la nombrada por la policía, y que la condena se basó en testimonios contradictorios. Dijo que el tribunal actuante hizo un rompecabezas para justificar una decisión tomada de antemano, y que en la recepción de las declaraciones testimoniales brindadas en el juicio se violó lo dispuesto por el art. 364 del Código Procesal Penal (v. fs. 399/400).
Tal como lo hiciera respecto del otro coimputado, objeta la valoración de la prueba del reconocimiento de los objetos robados (v. fs. 400 vta. y 401), le resta fuerza de convicción al señalamiento hecho por la señora Ramis por haber tenido lugar luego de haber negado que los objetos fueran los mismos, para luego cambiar de opinión al volver a su domicilio. Hizo lo propio con lo declarado por el hijo de la nombrada, quien dijo que los objetos exhibidos eran de características similares a los que tenía su madre. Se explaya sobre las diferencias entre "similar" e "idéntico" (v. fs. 401 vta.), y denuncia violado el principio in dubio pro reo (v. fs. 405 vta.).
Objeta que no se haya dado credibilidad a la prueba de descargo consistente en un acta de la que surgiría que la imputada Yancovich concurrió a declarar el día del hecho a una Ayudantía Fiscal de la localidad de Lincoln (v. fs. 408 y vta.).
Siendo que el señor Daniel Grancha declaró que viajó en automóvil con la imputada por haber ido también a declarar en la aludida oficina, y que ya era de noche cuando arribaron de vuelta a sus domicilios (v. fs. 408 vta. y 409). Se añade a ello que se confirmó que la impresión de un pulgar obrante en el acta corresponde a la imputada (v. fs. 409, ver informe de fs. 1.317).
Señala que si bien el fallo recurrido mencionó el reconocimiento categórico que de la imputada hizo la víctima señora Ramis, la primera instancia también valoró el reconocimiento que hizo el testigo González (v. fs. 43), pero recordó que esa prueba fue dejada de lado por el Tribunal de Alzada en razón de que el testigo no concurrió al debate, y además la defensa no pudo controlar el reconocimiento (v. fs. 249 vta.). Todo ello, sumado al reconocimiento dubitativo del testigo Farías, conllevaban -a su criterio- a la falta de certeza sobre su intención en el hecho (v. fs. 43 vta.).
II. Concuerdo con lo dictaminado por la Procuración General en que el reclamo no puede progresar.
III.1. La materialidad ilícita que deviene incuestionada refiere que el día 5 de junio de 2008, aproximadamente a las 16:15 hs. tres sujetos de sexo masculino y una cuarta, mujer, coactuando al efect
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.