Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 124735
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, y en consecuencia, se revoca la declaración de reincidencia formulada respecto de Manuel Alberto Coronel (arts. 496 y concs., CPP; 50, Cód. Penal).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 493, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 124.735, "Coronel, Manuel Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 27.619 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" y su acumulada P. 124.736, "Coronel, Manuel Alberto s/ Recurso extraordinario de nulidad en causa n° 27.619 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 23 de abril de 2014, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por el señor defensor oficial en favor de Manuel Alberto Coronel, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Martín que lo había condenado a la pena de veintidós años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, en orden a los delitos de homicidio en ocasión de robo y privación ilegal de la libertad agravada, en concurso material; y a la pena única de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la fijada en esta causa y de la de tres años de prisión y costas, impuesta por la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, revocando la libertad condicional otorgada. En consecuencia, la mayoría del órgano revisor casó la sentencia, eliminó la pauta agravante fundada en la edad de la víctima, computó en calidad de atenuante la situación de mayor vulnerabilidad ante el delito del nombrado procesado, y redujo la sanción a veinte años de prisión, y la pena única a veintidós años y ocho meses de prisión, manteniendo las demás declaraciones contenidas en el fallo. Sin costas en esa instancia (v. fs. 148/158 vta.).
El señor defensor oficial interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (causa P. 124.735, v. fs. 171/181 vta.) y nulidad (causa P. 124.736, v. fs. 185/189 vta.), los que fueron admitidos por esta Suprema Corte (v. fs. 196/197 vta.).
El señor Procurador General se pronunció por la procedencia de ambas impugnaciones, con el alcance parcial que señaló respecto del de inaplicabilidad de ley (v. fs. 199/203); dictada la providencia de autos (v. fs. 204), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de nulidad también deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial denunció que el Tribunal de Casación no cumplió con el deber de asegurar una revisión adecuada del fallo de condena según disponen los arts. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, pues dejó sin examinar los planteos relativos a la valoración probatoria y la declaración de reincidencia del imputado, lo que importó desnaturalizar su derecho al recurso contra una sentencia condenatoria, y la afectación al debido proceso y la defensa en juicio.
En tal sentido cuestionó que el a quo rechazara los agravios mediante remisión a lo dictaminado por el señor fiscal adjunto de Casación, con el añadido de razones complementarias; explicó que la fundamentación de ese dictamen resulta insuficiente, pues se vale de afirmaciones dogmáticas y meras generalizaciones para desestimar las censuras formuladas a la condena originaria; y que las aportaciones agregadas en el decisorio tampoco fiscalizan los asuntos propuestos a conocimiento del revisor (v. fs. 175/178).
De allí que para la defensa, las respuestas dadas a través de la técnica empleada por la casación no garantizan el derecho que asiste al acusado de que la condena sea revisada de manera amplia e integral; entendió, por el contrario, que ese derecho tuvo "...solo apariencia formal en el trámite pero privado de su verdadera sustancia y finalidad", a tenor de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Casal" y de iguales estándares fijados en precedentes de este Tribunal que citó (v. fs. 178 vta./180 vta.).
En lo que respecta al agravio sobre la declaración de reincidencia, alega que Coronel nunca cumplió ni parcialmente encierro en calidad de penado, como exige el art. 50 del Código Penal (v. fs. 178 y vta.).
Pidió, por tanto, que se anule la sentencia y se reenvíen los autos a la instancia anterior para que se dicte una nueva que brinde tratamiento adecuado a los agravios formulados en el recurso de casación (v. fs. 181).
II. A mi juicio el recurso debe parcialmente prosperar, con el alcance que surge del dictamen del señor Procurador General (v. fs. 200/202).
III. Los cuestionamientos a la revisión de la sentencia de condena realizada en Casación, no son de recibo.
Pues, más allá de las particularidades que presenta -como respuesta- la técnica de remisión al dictamen del señor fiscal de Casación, con adición de razones complementarias y citas de doctrina del tribunal que se estimó aplicable al caso, no se advierte que hubieran quedado sin tratamiento todos y cada uno de los motivos de agravios que la defensa formulara al presentar el recurso de la especialidad, de modo que pueda decaer lo actuado por el tribunal intermedio por afectación al derecho al recurso -art. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- o la doctrina elaborada al respecto (conf., por todos, el precedente "Casal", CSJN Fallos: 328:3399).
Como se señala en el referido dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal ante aquella instancia justificó el rechazo de los planteos de nulidad reclamados por la defensa oficial, en tanto no eran más que una reedición de los ya formulados, sin rebatir adecuadamente la respuesta que recibieran en la sentencia de mérito (v. fs. 89 vta.), consideraciones que la Casación hizo propias.
A más de reputarlas suficientes, aludió a la regulación de la oportunidad para esgrimir planteos de ese tenor, en función de las previsiones del art. 205 del Código Procesal Penal (v. fs. 153 vta.). También refirió a la necesidad de evaluar las incautaciones y secuestros de objetos que no integraban la nómina de los incluidos o indicados expresamente en la orden judicial en el contexto de realización de esas diligencias, si aquél resultaba ser una pieza que podía claramente vincularse con el delito materia de investigación, a tenor del marco de referencia brindado por los arts. 201 y 202 del mentado Código ritual, en evidente vinculación al secuestro del chaleco utilizado por el imputado, dando respuesta a ese planteo (v. fs. 153 vta. y 154).
Con remisión al mismo dictamen al que se viene aludiendo, se descartaron los agravios vinculados a las cuestiones de hecho y compendio probatorio denunciados por el señor defensor en la pieza impugnativa, que el a quo completó con las puntuales referencias al modo de valorar la prueba indiciaria o presuncional, reputando que los indicios empleados por el órgano de grado en el "...armado del fallo" se exhibían graves, precisos y concordantes a esos fines (v. fs. 154 vta.).
A su vez, aludió a los alcances de las fórmulas de los arts. 164 y 165 del Código Penal, en respuesta al lábil planteo de la defensa vinculado a la supuesta desconexión espacio-temporal entre el robo que anteriormente damnificara a la víctima fatal y el resultado de muerte de ésta; indicando que el primero de los preceptos mencionados "...tiene amplísima comprensibilidad o ámbitos material y personal", en tanto comprende no solo la violencia desplegada en el acto propio del robo o después de cometido para procurar su impunidad, sino también la previa, para facilitarlo, desde que en tanto el último indicado "...exhibe un extenso radio de acción material que abarca todas las acciones de matar que tengan que ver con el apoderamiento de objetos muebles" (fs. 153 vta. cit.).
Con posterioridad, fueron analizados los reclamos referidos a la determinación de la pena, en particular lo relacionado con las pautas atenuantes y agravantes (v. fs. 154 vta. y sigs.), ocasión en que se expidieron acerca de la nocturnidad como pauta severizante, la de haber delinquido mientras se hallaba gozando del beneficio de la libertad condicional con igual cariz, respecto la atendibilidad de su situación social o mayor vulnerabilidad como atenuante de pena, y lo relativo a la edad de la víctima. Finalmente, se expidió confirmando la declaración de reincidencia por las razones que expuso (v. fs. 156).
En suma, conforme se reseñó en los antecedentes, el tribunal casatorio eliminó la circunstancia agravatoria vinculada a la edad de la víctima y, por mayoría, añadió en calidad de atenuante la referida a la situación de vulnerabilidad de Coronel respecto del delito y concluyó que, con la rebaja que debía sufrir la pena impuesta merced a lo antes señalado y a doctrina de esa Sala I sobre la determinación de la pena que transcribió, no podía reputarse excesiva, fijándose en definitiva la sanción en veinte años de prisión, y la pena única en veintidós años y ocho meses de prisión.
Sentado lo expuesto, concluyó que la parte no logra demostrar que el examen de los agravios de la defensa respecto del fallo de condena se hubiera efectuado con cortapisas rituales frustratorias del derecho al recurso, habiendo proporcionado las razones por las cuales se asumía el temperamento decisional al que finalmente se arribara (conf. doctr. causa P. 118.403, sent. de 20-VIII-2016; entre muchas).
IV.1. Si bien, como señalé en el acápite anterior no pueden ser atendidas las objeciones formuladas respecto del control casatorio en lo que concierne a la cuestionada declaración de reincidencia establecida respecto de Coronel, considero -en consonancia con lo dictaminado por el señor Procurador General- que asiste razón a la defensa en cuanto a que ella ha sido dictada en violación a la doctrina de esta Corte en punto a la inteligencia del art. 50 del Código Penal, a la luz de las constancias comprobadas de la causa.
Tal como sostuve, entre otros, en causa P. 95.138 -sentencia de 29-XII-2008- siguiendo la doctrina sentada en la causa P. 64.527, sentenciada el 23-IV-2003, la modificación introducida por la ley 23.057 al art. 50 del Código Penal reemplazó el llamado sistema de reincidencia "ficta" por el de reincidencia "real". A partir de esa reforma, no resultó más suficiente para revestir el carácter de reincidente la preexistencia de una condena, sin importar si había sido efectivamente ejecutada o no, sino que se introdujo como requisito insoslayable el cumplimiento (total o parcial) de una condena anterior.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tempranamente le otorgó a la reforma legal esa interpretación. Ha dicho que "...el instituto de la reincidencia se sustenta en el desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito. Lo que interesa en ese aspecto es que el autor que haya experimentado el encierro que importa la condena, no obstante lo cual reincide demostrando su insensibilidad ante la amenaza de un nuevo reproche de esa naturaleza, cuyo alcance ya conoce. Se manifiesta, así el fracaso del fin de prevención especial de la condena anterior, total o parcialmente padecida" (conf. doctr. CSJN Fallos: 308:1938, cons. 5°; 311:1209; 315:2599; entre otros).
Sólo desinterpretando el cabal contenido de las expresiones "pena", "condena", fin de "prevención especial" que esa doctrina derrama pudo concluirse en que el tiempo de encierro preventivo quedaba comprendido en el instituto de la reincidencia.
El Máximo Tribunal federal ha refrendado esa inteligencia al decidir, por remisión -en lo pertinente- al dictamen del señor Procurador General in re "M.619. XLII. Recurso de hecho. Mannini, Andrés Sebastián s/ causa n° 12.678" (sent. de 17-X-2007), señalando que "...al extender el concepto de 'pena' a encierros de diversa ratio a los fines del artículo 50 del Código Penal, los tribunales de la causa han prescindido sin razón valedera de la letra de la ley, consagrando una exégesis irrazonable del texto legal [...] que, por cierto, se aparta de los precedentes de Fallos: 308:1938; 311:1209 y 311:1451, a cuya doctrina los jueces deben conformar sus decisiones (Fallos: 311:1644; 312:2007; 315:2386; 324:2379)".
Recordó, además, que "...la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y cuando ésta no exige esfuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente, sin que sea admisible efectuar consideraciones ajenas al caso que aquella contempla (CSJN Fallos: 313:1007; 314:458; 315:1256; 318:950; 324:2780). En ese sentido, debe repararse que el artículo 50 del Código Penal no ofrece mayor dificultad hermenéutica, pues establece que habrá reincidencia en tanto quien recaiga en el delito haya cumplido 'pena' anterior, total o parcialmente".
IV.2. En cuanto al caso que nos ocupa, las constancias del expediente revelan que el procesado Coronel fue condenado el 31 de marzo de 2000 por la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de Morón, como coautor del delito de robo agravado por comisión de arma en grado de tentativa, a la pena de tres años de prisión; que el 4 de abril de ese mismo año se le concedió la excarcelación bajo caución juratoria (art. 169 inc. 9, CPP -ley 12.405-); y el 6 de junio siguiente, una vez firme la sentencia dictada y practicado el cómputo de pena correspondiente, convirtió esa excarcelación en libertad condicional.
Aun cuando ello ocurrió antes de la comisión del delito aquí en trato, lo cierto es que mientras estuvo detenido, siempre lo fue en términos de una medida cautelar, nunca en cumplimiento -aunque más no sea parcial- de pena.
Si lo que llevo dicho es compartido por mis colegas, corresponde confirmar en lo sustancial el fallo cuestionado, y parcialmente hacerle lugar en este punto y dejar sin efecto la declaración de reincidencia formulada respecto de Manuel Alberto Coronel. Lo así resuelto torna inoficioso pronunciarse respecto de cualquier referencia al planteo de inconstitucionalidad efectuado con relación al mentado art. 50 del Código Penal.
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al doctor Soria y, en materia de reincidencia, lo hago de conformidad con lo expuesto en causa P. 95.138 (sent. de 29-XII-2008), entre otras.
Así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
El recurso extraordinario de nulidad no puede tener favorable acogida.
Sin perjuicio de lo que se pudiera decir acerca de la oportunidad en que el impugnante reclamó por la cuestión que reputa omitida (por fuera de la ocasión habilitada, en principio, para efectuar presentaciones ante el trámite casatorio; art. 458, CPP), lo cierto es que tuvo lugar merced al acta que documenta que en ocasión de entrevistarse el imputado Coronel con el señor defensor oficial ante esa sede aludió a los padecimientos y angustias que lleva a la espera de la revisión del fallo y reclamó se le gestione que "...se tenga en cuenta esa circunstancia -eventualmente- para que se le reduzca la pena que se le impuso en primera instancia" (fs. 130), siendo con ese alcance ("...como un pedido subsidiario de disminución de pena"), que fue encauzado técnicamente por la defensa a fs. 128/129.
Entonces, atendiendo a lo dicho al tratar la cuestión anterior, acerca de que la casación efectuó una nueva ponderación de las circunstancias agravantes y atenuantes, descartando una aumentativa y con especial consideración como diminuente a la situación de vulnerabilidad de Coronel respecto del delito, determinando una pena de dos años por debajo de la impuesta en la instancia de origen, en tanto la presentación se ciñó a que "eventualmente" se le estableciera una pena menor, viene sin demostrar que en esa consideración general, en función del margen de discrecionalidad que surge de la propia impronta del reclamante, se hubiera infringido en el caso la previsión del art. 168 de la Constitución provincial.
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Negri y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, y en consecuencia, se revoca la declaración de reincidencia formulada respecto de Manuel Alberto Coronel (arts. 496 y concs., CPP; 50, Cód. Penal).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad, con costas (art. 493, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia