Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127371
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.371, "Llaneza, Andrés Ignacio y Rodríguez Fabián Alejandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 64.158 y su acumulada n° 64.160 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
El Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Martín -en lo que importa-, dictó veredicto absolutorio respecto de Andrés Ignacio Llaneza y Fabián Alejandro Rodríguez, con relación al tramo de los hechos que culminaran en la muerte de Gualter Javier Carabajal y del joven José Luis Quispe, cometidos -respectivamente- el 3 de diciembre de 2010 y el 18 de enero de 2011, en las localidades de General Rodríguez y Luján, Provincia de Buenos Aires (conf. art. 47, Cód. Penal); y condenó, en definitiva, al primero de los nombrados a la pena de veinticinco años de prisión, accesorias legales y costas y al segundo a la de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas, declarándolo a este último reincidente por segunda vez -aunque determinándosele una pena sensiblemente menor en razón de haber facilitado la investigación-, en ambos casos por hallarlos partícipes necesarios de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego aptas para el disparo (hechos de las víctimas Carabajal y Quispe) y por su comisión en banda, con privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas, por simulación de autoridad pública y uso de armas (esto sólo con relación al hecho que damnificara a Quispe), y robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada y por su comisión en banda y privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas (con relación al hecho que damnificara a Caminos), y asociación ilícita, todos en concurso material entre sí (arts. 5, 12, 19, 40, 41, 41 bis, 45, 47, 50, 55, 142 incs. 1 y 4, 166 inc. 2 segundo y último párrafos, 167 inc. 2 y 210, Cód. Penal; v. fs. 16/50).
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 11 de junio de 2015, declaró parcialmente procedente los respectivos recursos de la especialidad interpuestos por el mismo señor defensor oficial a favor de Andrés Ignacio Llaneza (legajo n° 64.158; v. fs. 55/63 vta.) y Fabián Alejandro Rodríguez (legajo n° 64.160; v. fs. 40/50) contra la referida sentencia condenatoria. Descartó los agravios vinculados con el delito de asociación ilícita, que mantuvo, al igual que la doble calificación del robo por el uso de arma y en poblado y en banda, y descartó que la privación ilegal de la libertad concursara en forma aparente con el robo. Dijo que en el primero de los hechos considerados que tuvo por víctima a Carabajal, la privación de libertad se mantuvo no sólo mientras se realizaba el apoderamiento de su camioneta Toyota Hilux IUA-918, sino que se extendió por más de una hora cuando bajaron a la víctima del vehículo Honda City al que lo habían obligado a subir, tiempo que excede el de la consumación del robo, relacionándose con aquella otra finalidad probada en la causa, de desactivar el dispositivo satelital del rodado, por lo cual debía concurrir en forma real (v. fs. 102 y vta.).
Lo mismo consideró con relación al hecho que damnificara a Caminos, dado que fue privado de su libertad al ser desapoderado de su camioneta Toyota Hilux JDV-173, pero luego lo obligaron a subir a otro vehículo y lo llevaron hasta su comercio para ver si tenía dinero y se apoderaron del mismo, para luego recién dejarlo abandonado en la localidad de Hurlingham, por lo que los hechos debían concursar en forma real (v. fs. 103 y vta.). Reputó que era de otro tenor el segundo de los hechos que tuviera por víctimas a los integrantes de la familia Quispe, en tanto no surgía de la descripción de las conductas que fueran distintas e independientes, sino que "...la privación ilegal de la libertad se mantuvo durante el robo y cesó cuando la muerte del joven Quispe [no imputada a los aquí imputados] se produjo" (fs. 103 vta.), correspondiendo la recalificación legal en el sentido indicado.
En cuanto a la dosificación penal, casó la agravante relativa a la pluralidad de hechos por ya haber sido considerada al establecerse que aquellos concurrían en forma real (v. fs. 104) y también la otra vinculada al daño infligido con relación a las muertes acaecidas en el marco de los hechos referidos, puesto que los homicidios no les fueron imputados (v. fs. cit.); añadieron como cariz atenuante de pena el buen concepto presunto de los imputados (v. fs. 104 vta.), por lo que estableció que las penas debían adecuarse. En consecuencia, la Casación resolvió condenar a Andrés Ignacio Llaneza a la pena de veintitrés años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia, y a Fabián Alejandro Rodríguez a diecinueve años de prisión, accesorias legales, costas de primera instancia y declaración de reincidencia, como partícipes necesarios de los delitos de asociación ilícita; robo doblemente agravado por el uso de armas de fuego, en banda en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas y por el uso de arma de fuego (hecho n° 1); robo doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por su comisión en banda en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencias, amenazas, simulación de autoridad pública y el uso de armas de fuego (hecho n° 2); y robo doblemente agravado por el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y por su comisión en banda en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas (hecho n° 3), en concurso real entre sí (v. fs. 89/106 vta.).
Contra ese fallo, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, en representación de ambos consortes, articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 115/120 vta.), el que fue declarado inadmisible a fs. 121/124.
La defensa presentó recurso de queja ante esta Suprema Corte (v. fs. 229/233) siendo admitido, declarado mal denegado el recurso extraordinario y concedido por resolución de fs. 234/235 vta.
La Procuración General en su dictamen, emitido a fs. 244/251 vta., aconsejó que el recurso sea rechazado. A fs. 252 se dictó la providencia de autos. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa se agravia de la errónea aplicación de los arts. 45 y 210 del Código Penal y la violación al principio de culpabilidad (art. 18, Const. nac.; v. fs. 117 vta./120).
Señala que no puede atribuírsele a sus asistidos la participación en los hechos tenidos por probados, toda vez que los aportes convenidos y que se tuvieron por acreditados e integraron la asociación ilícita, no ingresaron en la dinámica delictiva.
Explica que la asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, autónomo y de carácter permanente, conformado por un acuerdo tácito o expreso que tiene como finalidad, el ejecutar actos delictivos (v. fs. 117 vta. y 118).
Indica que como fuera destacado por el Tribunal de Casación, Llaneza reconoció haber colaborado con el grupo de personas que se dedicaba a sustraer camionetas de alta gama, a los que les facilitó equipos Nextel para su comunicación como así también un lugar físico, su taller mecánico, donde podían desactivar los dispositivos de control satelital y que, Rodríguez detalló que junto a su hermano Zoilo, realizó las tareas de desactivar el dispositivo mencionado en el taller mecánico de Llaneza que se encontraba ubicado en la localidad de José León Suárez (v. fs. 118 vta. y 119).
Concluye que la asociación ilícita estaba conformada por dichos aportes, los que fueron reconocidos por los imputados y los de aquellos que consumaban los delitos contra la propiedad; y que, sin perjuicio de los compromisos asumidos, sólo pueden reprochárseles aquellos implicados en cada uno de los hechos a juzgar con relevancia penal (v. fs. 119).
Señala, al respecto, que con relación al hecho n° 2, el tribunal refirió que Llaneza facilitó su taller mecánico, precisando que allí aguardaban Rodríguez junto a su hermano, a que el grupo operativo les trajera una camioneta, previamente sustraída, para que le desactivaran el dispositivo de control satelital, a fin de ser comercializada. Que el día del hecho a las diez de la mañana arribaron al taller Abrego y Albornoz, informándoles que la posibilidad se frustró, por lo que no es posible atribuirles a sus asistidos la participación, ya que el automotor no fue llevado al taller como así tampoco realizada desactivación alguna (v. fs. 119 vta.).
Agrega que "...pese a que la facilitación de equipos telefónicos ha sido mencionada por Llaneza, no es posible afirmar, con la prueba colectada, que [haya] sido con finalidad delictiva..." (fs. cit.).
En lo que atañe al hecho n° 1, añade que como fuera mencionado por Rodríguez y se tuviese por acreditado, el automotor sustraído no fue llevado al taller de Llaneza, por lo que no es posible imputarle tal aporte en términos de participación criminal (v. fs. 120).
Finalmente, denuncia la vulneración del derecho al recurso como garantía de los imputados a obtener una revisión integral de la sentencia de condena (arts. 8.2 "h", CADH y 14.5, PIDCP), la que calificó de arbitraria por su indebida fundamentación (v. fs. 120).
II. Coincido con la Procuración General en que el remedio debe ser rechazado.
III.1. El tribunal del recurso explicó las razones por las cuales correspondía convalidar el razonamiento del a quo para tener por justificadas las participaciones necesarias de Llaneza y Rodríguez, en los hechos cuestionados sin que la parte logre demostrar el déficit que aduce respecto de esta parcela de la decisión, por defecto de la tarea revisora, al no evidenciar que la Casación limitara indebidamente el derecho de los imputados a que la condena sea escrutada por un tribunal superior. Los argumentos esgrimidos en esa sede para desestimar el agravio no hicieron pie en el emplazamiento de mallas formales a su progreso, sino que, por el contrario, se examinó el fondo del asunto (en particular, v. fs. 96 vta. y 97 y 97/99), más allá de la disconformidad de la parte con lo resuelto (conf., por muchos, doctr. causa P. 104.831, sent. de 24-II-2010).
Se puso especial énfasis en el propio reconocimiento de los recurrentes acerca del conocimiento de su colaboración en la mecánica de la organización, así como con el desarrollo de la actividad delictiva.
Ello así, en lo que concierne a la colaboración prestada por Llaneza, el órgano casatorio consideró que la misma no se limitó a poner a disposición su taller mecánico -para que sean allí llevadas las camionetas sustraídas a efectos de serles desactivados los dispositivos de rastreo satelital, para luego ser comercializadas-, sino que también fue la de aportar "...los teléfonos con los que quienes robaron las camionetas se mantenían en constante comunicación, a fin de sincronizar todas las acciones a seguir" (fs. 96 vta.). Y agregó, que "Por esa razón, el tribunal afirmó que Llaneza no estuvo presente durante la comisión de los robos. De haber sido lo contrario, la imputación sería otra" (fs. 97).
Respecto a la participación en los hechos por parte de Rodríguez, el tribunal intermedio luego de describir las intervenciones que tuvo aquél en cada uno conforme el descargo efectuado por el propio imputado, reveló que sus dichos "...se han corroborado con el resto de la prueba rendida" (fs. 98).
Es así, que refirió que "...Quispe declaró que fueron tres sujetos de sexo masculino quienes lo interceptaron haciéndose pasar por policías, resultando ser Abregú y Albornoz. [...] Por su parte, Caminos describió un accionar similar en el hecho del que resultó víctima indicando, como el anterior, que los sujetos activos se comunicaban por radio, y señaló que fue interrogado específicamente sobre la colocación de un sistema de rastreo satelital en su vehículo, aclarándole uno de los autores que sólo tenían interés en su camioneta. [...] Asimismo, los informes realizados por el oficial Durán, quien detectó el cruce de esas comunicaciones entre equipos de radio que identificó por sus números finales y que estaban a nombre de la cuñada de Llaneza, Adriana Escalante, y Cubillas. [...] Sostuvo que en cada uno de los hechos y conforme el trayecto realizado por los vehículos sustraídos, se procuraba desactivar el sistema de rastreo satelital" (fs. 98 y vta.).
Agregó que de dicho informe surgió "...que el teléfono Nextel que se le secuestró a Rodríguez y que se encontraba a nombre de Rosa M. Chanivet también mantuvo comunicación durante la comisión del hecho del que resultó víctima la familia Quispe" (fs. 98 vta.).
Igualmente, hizo alusión al informe efectuado por el oficial Edgardo D. Silva, el que detallaba "...que se inició la investigación de una banda dedicada a la sustracción de vehículos de alta gama y su posterior comunicación, identificándose equipos de radio utilizados en los tres hechos en trato" (fs. cit.). Añadió que Silva había aislado las "...comunicaciones [entre] Hasan y el Nextel de Jorge 'Zoilo' Sánchez, hermanastro de Rodríguez, en las que el primero le comenta a Hasan sobre la infructuosa búsqueda del rastreador colocado en el vehículo de Carabajal, en el que, luego de desarmar los lugares en los que habitualmente se coloca (paneles de las puertas, zócalos, etc.), y como se activó, 'perdieron' el rodado" (fs. cit.).
Finalmente, señaló que el tribunal de origen había concluido "...que la actividad específica que realizaba Rodríguez de desactivar los sistemas de rastreo satelital de los rodados sustraídos se ha verificado, siendo la misma de carácter necesario pues el robo de las camionetas se realizaba a fin de desactivar el sistema para luego comercializarlas" (fs. 98 vta. y 99), y que esta colaboración había sido acordada previamente a la ejecución de los robos. Y, por último, que fue el propio Rodríguez quien reconoció haber iniciado esta actividad en abril de 2010 -poco tiempo después de recuperar su libertad- por ofrecimiento de su hermano Zoilo (v. fs. 99).
III.2. De igual forma, el tribunal revisor dio respuesta a la crítica referida a la figura de asociación ilícita, alegando que se encontraban reunidos los requisitos requeridos para darse por configurado el art. 210 del Código Penal.
Aseveró al respecto, que "...se ha tenido por acreditada la existencia de un grupo superior a tres personas que desarrollaba, mediando el común acuerdo imprescindible al efecto y una clara división de tareas, actividades tendientes a sustraer camionetas de alta gama con el fin de comercializarlas, ello con independencia de la efectiva concreción de las sustracciones y de la comercialización posterior" (fs. 101). Y que "La constitución de esta particular sociedad y el desarrollo de las actividades ilícitas indicadas y de otras conexas, constituye una clara manifestación de delincuencia plural y organizada e importa, en consecuencia, una concreta afectación para la tranquilidad general o pública" (fs. cit.).
De seguido, señaló que "La disposición de medios y personas, junto al desarrollo de planes que se extendieron en un período de tiempo considerable, permiten tener por verificado, asimismo, el elemento 'permanencia' que doctrina y jurisprudencia relacionan con el requisito típico 'tomar parte'; así como una relativa organización con división de tareas, haya habido o no trato personal y directo entre todos los asociados el que -al decir de Soler- no resulta indispensable, bastando que los sujetos sean conscientes de formar parte de una asociación cuyas finalidades les son conocidas". De modo tal que sostuvo que la calificación legal era correcta, y el motivo de agravio debía decaer (v. fs. 101 y vta.).
III.3. En definitiva, el impugnante no se hace cargo de rebatir tales fundamentos, oponiendo una postura diferente a la del sentenciante, técnica insuficiente -por cierto- para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Es así que la disconformidad de la parte con la decisión adoptada por el a quo no es eficaz para demostrar la violación al derecho al recurso, con los alcances que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgara, a partir del precedente "Casal", sentencia de 20-IX-2005 -que este Tribunal también ha hecho propios- (conf. causas P. 91.308, sent. de 3-V-2006; P. 86.183, sent. de 12-VII-2006; e.o.).
A todo evento, cabe señalar que reiteradamente ha resuelto esta Corte que, para que se configure el supuesto del art. 210 del Código Penal es menester que el formar parte de la banda tenga por finalidad la de cometer delitos (esto es, en forma indeterminada y plural) y ello se reprime "por el solo hecho de ser miembro de la asociación" (P. 76.397, sent. de 22-XII-2008).
Ello, en consonancia con doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto ha convalidado la interpretación de aquella figura penal según la cual la asociación ilícita no requiere la existencia de delitos consumados, ni siquiera principio de su ejecución, sino de un acuerdo con la finalidad de ejecutar actos calificados por la ley como delitos, y ello más allá de la prueba relativa a los delitos cometidos por sus miembros (doctr. Fallos: 330:1534, del dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema).
En suma, lo dicho impide tachar de arbitrario el pronunciamiento, en tanto el procedimiento seguido por el a quo no puede considerarse desajustado a derecho, y deja sin basamento las denunciadas transgresiones constitucionales (arg. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Negri y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia