Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 128555
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.555, "Ruiz, Walter Fernando. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 67.985 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante pronunciamiento del 17 de diciembre de 2015 rechazó el recurso interpuesto por la defensa oficial de Walter Fernando Ruiz contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo -art. 80 inc. 1 del Código Penal- (v. fs. 183/200).
La señora defensora adjunta ante el Tribunal de Casación Penal, doctora Ana Julia Biasotti, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 213/217), el que fue concedido por el a quo (v. fs. 218/219 vta.).
Oído el señor Subprocurador General a fs. 225/227 vta., dictada la providencia de autos a fs. 228, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa plantea la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, y denuncia la violación al art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Tras efectuar una síntesis del planteo llevado en las anteriores instancias, así como de las respuestas obtenidas, afirma que la pena en examen, aplicada por la comisión del delito de homicidio calificado por el vínculo, conlleva, para con el encartado Ruiz "...una sanción de eliminación social, ya que su encierro alcanzaría hasta que tuviese más de 55 años, edad en la cual -solo eventualmente- le cabría la posibilidad de recuperar condicionalmente su libertad. Ello significa transitar en encierro prácticamente la totalidad de su existencia útil y productiva, resultando su regreso a la vida plena en sociedad -en caso de serle otorgada- recién en el ocaso de su vida" (fs. 215).
Alega que lo expuesto "...resulta incompatible con el derecho a la integridad personal, y frustra el objetivo propuesto en el art. 5.6 de la Convención que determina que toda pena debe tener como finalidad esencial la reforma y readaptación social del condenado" (fs. 215 y vta.); cita fragmentos del fallo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el Caso "Caesar vs. Trinidad Tobago", sentencia de 11-III-2005, y pone de manifiesto que hace a la dignidad humana que la pena tenga por finalidad el retorno de la persona a la sociedad (v. fs. 215 vta.).
Luego tacha a dicha especie de pena como "cruel, inhumana y degradante", en infracción del bloque de constitucionalidad (arts. 5.2, CADH; 7, PIDCP; 3, Convenio Europeo de Derechos Humanos; 5, Carta Africana sobre Derechos Humanos y los Pueblos; v. fs. 216).
Critica el fallo impugnado, y sostiene que la pena perpetua impuesta a Ruiz resulta "...una tortura en la psiquis del mismo: tener la certeza de que no recuperará jamás su libertad es, a no dudarlo, un trato cruel que debe hacerse cesar" (fs. cit.).
Alude a la prohibición expresa del art. 18 de la Constitución nacional, respecto a que las penas tengan un carácter cruel, inhumano, degradante o infamante; y que, en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional, la Convención que lleva ese nombre porta rango constitucional (v. fs. cit. y vta.).
En consecuencia, solícita que se declare su inconstitucionalidad y el consecuente reenvío de las actuaciones a fin de que se fije una nueva pena, respetuosa de los derechos humanos que se reputan violados (v. fs. cit.).
II. El dictamen de la Procuración aconsejó el rechazo del único agravio esgrimido por la defensa (v. fs. 225/227 vta.).
III. Coincido con esa solución.
La decisión del Tribunal de Casación, con el voto inicial del juez doctor Mancini, que concitó la adhesión del doctor Ordoqui, descartó el planteo de inconstitucionalidad formulado respecto a la pena de prisión perpetua, con base en la afectación de los principios de culpabilidad y proporcionalidad, al impedir una adecuada graduación de la pena por el hecho reprochado; al de legalidad por su indeterminación y el objetivo de resocialización del condenado (v. fs. 196).
Con cita de doctrina señaló que la prisión perpetua del Código vigente "'...no es inconstitucional en sí, dado que no es perpetua en sentido estricto, sino relativamente indeterminado, pero determinable, pues tiene un tiempo límite si el condenado cumple con los recaudos de la libertad condicional. Tampoco es inconstitucional como pena fija, siempre que en el caso concreto no viole la regla de la irracionalidad mínima, pues guarda cierta relación de proporcionalidad con la magnitud del injusto y de la culpabilidad. Sólo lo sería en los supuesto[s] en que esta condición resulte violada en concreto'..." (fs. cit. y vta.).
Añadió que la consecuencia de los postulados traídos por la defensa sería la prohibición de las penas perpetuas en sentido estricto, pues el cuadro constitucional -integrado por los diversos instrumentos internacionales mencionados- proscribiría la aplicación de aquellas "realmente" perpetuas (v. fs. 196 vta.). Sin embargo, sostuvo que nuestro ordenamiento legal prevé la posibilidad jurídica en cierto momento de la ejecución de la pena de su cese, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos o condiciones. La línea argumental mencionada -dijo- "...se observa en el precedente de la CSJN 'Giménez Ibáñez, Antonio F. s/Libertad Condicional' (4-VII-2006, G.239.XL) y de alguna manera se aprecia en el fallo dictado por esta Sala II en la causa n° 33.711 caratulada 'López Quiroga, Jorge Alberto s/Recurso de Casación'..." (fs. 196 vta. y 197).
Luego, recordó que "...la actividad de la jurisdicción en temas de semejante importancia como es la declaración de inconstitucionalidad obliga, tanto al operador de grado como al órgano revisor, a tener bien en claro el objeto de la actuación interpretativa que a dichos órganos corresponde, con miras a evitar posibles intromisiones en áreas que pertenecen al dominio de otros poderes, por lo que consecuentemente, resulta imprescindible delimitar el ámbito de injerencia en que se autoriza dicha actividad revisora sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma" (fs. 197 y vta.). Por ello, destacó que resulta imprescindible que el enfrentamiento entre normas de diferente rango resulte claro, palmario, contundente y verificado, y que, en consecuencia, "...quede justificada suficientemente tan delicada actividad jurisdiccional" (fs. 197 vta.).
A partir de lo expuesto, el a quo desestimó el planteo del impugnante "...desde que no se ha evidenciado la configuración de colisión normativa alguna que justifique la solución peticionada" y adunó que "Ninguna objeción ha merecido que la pena perpetua aplicada en el caso, con la que está conminado el delito previsto en el art. 80 inc. 1° del CP, no guarde racional vinculación con la gravedad del ilícito juzgado. De manera que no ha sido puesto en tela de juicio que la pena establecida en esta situación particular sea desproporcionada o irracional -desde la óptica constitucional postulada por el quejoso- con relación a la naturaleza de la conducta típica atribuida al acusado".
También refirió que "...se compartan o no las críticas esbozadas vinculadas con la implementación de la pena de prisión perpetua, lo cierto es que no alcanzan para poner en crisis la validez del trámite parlamentario ni la vigencia de esa norma" (fs. 198).
Finalmente, descartó que el decisorio incurra en la violación de los preceptos que se denuncian transgredidos, "...desde que la pena impuesta en el marco de la escala penal prevista en la figura en la que se subsumió el episodio atribuido al encartado Walter Fernando Ruiz no resulta -en cuenta de las particularidades del hecho y del autor que vienen establecidas en el pronunciamiento impugnado- irrazonable ni, por ende, cruel o mortificante"; y concluyó en la ausencia de mérito para acceder al planteo de inconstitucionalidad formulado por el señor defensor oficial (v. fs. cit. y vta.).
IV. Frente a lo resuelto, el recurrente no se encarga de impugnar los argumentos tenidos en cuenta por el tribunal revisor.
Sus críticas se limitan a exponer una opinión discrepante a la del juzgador en orden a la imposición de la sanción perpetua, pero sin evidenciar el modo en que se habrían producido las transgresiones legales denunciadas (doctr. art. 495, CPP).
Cabe agregar que, conforme la plataforma fáctica que arriba firme "...el día 22 de junio de 2010 en horas de la madrugada, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 896 n° 6481 de la localidad de San Francisco Solano, efectuó golpes contra su hijo biológico Walter Héctor Federico Ruiz, causándole lesiones que a la postre provocaron su muerte" (fs. 115 y 189).
Frente al desvalor del injusto que se aprecia en el caso concreto, el recurrente no se encarga de demostrar que la pena de prisión perpetua, sea inadecuada y desproporcionada.
En suma, dado que la pena debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho (conf. Fallos: 329:3680) el reclamo queda huérfano de sustento pues se devela como puramente dogmático y no abandona nunca el plano teórico si el recurrente no realiza un análisis circunstanciado del contenido injusto del hecho a fin de demostrar que la reacción punitiva rígida impuesta al autor es contraria a las normas constitucionales y convencionales que cita (conf. voto doctora Kogan en causas P. 120.347, sent. de 15-X-2015 y P. 120.920, sent. de 11-V-2016).
Tampoco evidencia esa contradicción con normas de rango superior los argumentos que se refieren al cercenamiento de las posibilidades de resocialización, pues se ha dicho, siguiendo jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que aun para el caso de las penas perpetuas (prisión o reclusión perpetua) -habiéndose establecido aquí la menos severa: prisión perpetua-, éstas no son realmente tales -porque de lo contrario lesionarían la intangibilidad de la persona humana-, por lo cual deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (CSJN causa "Ibañez", sent. de 4-VII-2006; SCBA causas P. 84.479, sent. de 27-XII-2006; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007; P. 126.330, sent. de 29-III-2017), más allá de la posibilidad de algún instituto del régimen de progresividad.
Desde ese prisma, los planteos del recurrente no se asientan en la existencia de un perjuicio actual, siendo recién ante una eventual denegatoria del acceso a algunos de los regímenes del período de prueba -de corresponder-, o derechamente a la libertad cuando se estime agotada la pena, que cobrarían actualidad los reclamos postulados.
Por lo demás, la parte no ha desarrollado argumentos que resulten suficientemente concluyentes como para justificar una decisión de tal gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, como sería declarar la inconstitucionalidad de la especie de pena cuestionada (causas P. 100.754, sent. de 9-IV-2009; P. 99.833, sent. de 29-XII-2008; P. 100.072, sent. de 12-XI-2008; P. 109.700, sent. de 15-VI-2011; e.o.).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo.
Comparto los fundamentos expuestos para rechazar el planteo esgrimido por la defensa, con excepción de lo expresado en los dos primeros párrafos del punto IV.
Con ese alcance, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia