Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128608
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se reenvía la causa al Tribunal de Casación Penal para que -debidamente integrado por jueces hábiles- proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con tratamiento del agravio formulado por la defensa que fuera omitido, tal como aquí se ordena (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.608, "Ponce, Roberto Ezequiel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 39.266 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 17 de agosto de 2016, fijó pena al imputado de autos Roberto Ezequiel Ponce, imponiéndole la de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 185/188 vta.). Tal declaración obedeció al reenvío dispuesto por esta Suprema Corte mediante sentencia de 3 de diciembre de 2014 (v. fs. 152/158 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor de Casación -doctor Mario Luis Coriolano- interpuso recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 191/200), el que fue concedido por resolución de la Sala interviniente a fs. 206/208.
La Procuración General dictaminó a fs. 217/221, aconsejando que sea declarado procedente. A fs. 222 se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurrente plantea que la Casación omitió pronunciarse sobre una cuestión esencial, que era la referida a la imposibilidad de imponer una pena superior a la solicitada por el señor fiscal.
A fin de posibilitar una mejor comprensión de la cuestión, estimo necesario reseñar algunos tramos de la causa.
I.1. Ante la primera instancia, al alegar, el señor fiscal encuadró los hechos de robo como agravados por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, en calidad de coautor, en concurso real con el de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio criminis causae en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso civil, todos en concurso real, tras lo cual pidió se imponga al imputado una pena de doce años de prisión (v. fs. 11 y vta.).
La sentencia de primera instancia convalidó ese encuadre legal (v. fs. 29 vta. y 30) y fijó la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas.
I.2. Ante ello, la defensa interpuso recurso de casación en el que -entre otras cuestiones- objetó la calificación jurídica actuada así como la imposición de una pena más elevada que la peticionada por la acusación. La Casación rechazó el recurso en lo referido al encuadre criticado (v. fs. 82 vta. y 83), pero afirmó que la reducción correspondiente al delito tentado debía hacerse tomando como mínimo el tercio de la pena menor en la escala del delito consumado y como máximo la mitad de la pena mayor, cuestión que había sido planteada por la defensa en la oportunidad del art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 83 vta.).
I.3. La señora fiscal de Casación interpuso recurso de inaplicabilidad de ley en el que sostuvo que el Tribunal de Casación no estaba habilitado para hacer tal modificación, y objetó asimismo el criterio empleado para hacer la reducción (v. fs. 107/113 vta.).
Por su parte, el señor defensor de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que insistió que el Tribunal de Casación debió haber declarado que la primera instancia no podía fijar una pena superior a la pedida por el señor fiscal. Cabe aclarar que la Casación había fijado la pena en doce años de prisión, que -como se dijo- era exactamente lo pedido originariamente por la parte acusadora. Sin embargo, lo hizo por un fundamento distinto al esgrimido por la defensa (el modo de cálculo de la reducción y no el límite impuesto por la petición fiscal).
I.4. Por sentencia de 3 de diciembre 2014 (v. fs. 152/158 vta.), en la primera cuestión esta Corte desestimó la objeción de orden procesal contenida en el recurso fiscal, indicando que de todos modos el Tribunal de Casación estaba habilitado para mejorar la situación del imputado (v. fs. 124 vta.). Sin embargo hizo lugar al planteo de esa parte relativo al modo de hacer la reducción de la pena para los delitos que no habían sido consumados, a tenor de la doctrina citada acerca de la interpretación del art. 44 del Código Penal (v. fs. 155).
Como segunda cuestión esta Corte planteó el interrogante de si correspondía anular oficiosamente y de modo parcial la sentencia de Casación. El por entonces ponente, doctor Hitters, dio respuesta positiva a esa pregunta. Para ello señaló que el primer votante -doctor Sal Llargues- dijo que en su interpretación el juez no podía fijar una pena superior a la pedida por el fiscal (v. fs. 92/95 vta.). Sin embargo, aclaró que como su postura era minoritaria (v. fs. 92), haría la reducción de la sanción por un motivo distinto: la ya indicada forma de computar la disminución de la escala penal en la tentativa (v. fs. 95 vta.). Su voto tuvo la adhesión del doctor Piombo.
El doctor Hitters consideró que en lo anterior había una contradicción, pues si verdaderamente la postura del primer votante era minoritaria, no se comprendía que tuviera la adhesión de su colega. Añadió que si la posición del primero triunfaba, entonces "...no podría haber luego afirmado -como lo hizo- que la disminución de la sanción no obedecía a los reclamos de la parte, justificándola en cambio únicamente en la exégesis que efectuó del art. 44 del Código Penal" (fs. 156 vta. y 157).
Consideró que lo anterior descalificaba al fallo recurrido como acto jurisdiccional válido y afirmó que resultaba necesario anular parcialmente la sentencia recurrida "...respecto del extremo vinculado con la determinación de la pena...". En vista de lo anterior, decidió no tratar el recurso de la defensa relativo a si la acusación fiscal impone un límite a la determinación de la pena. Todo ello tuvo la adhesión de sus colegas.
Se dictó una nueva sentencia por la misma Sala de Casación, con otra integración, la que adoptó el modo de reducción de la pena correspondiente a la tentativa que había señalado esta Corte. Fijó la sanción en dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, a tenor de los delitos por los que fuera condenado antes reseñados (v. fs. 185/188 vta.).
La defensa planteó en el presente recurso extraordinario de nulidad que la referida sentencia omitió pronunciarse sobre una cuestión esencial, que era el reclamo ya llevado en su recurso de casación -y que hasta ahora no ha tenido respuesta- acerca del límite que la acusación impondría respecto de la pena a fijar por los delitos imputados.
II. Coincido con la Procuración General en que el recurso debe prosperar.
La vía extraordinaria de nulidad es procedente si se alega omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, falta de fundamentación legal o incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o la no concurrencia de mayoría de opiniones (arts. 161 inc. 3 "b", 168 y 171, Const. prov. y 491, CPP -ley 11.922 y sus modif.-; y conf. doctr. causas Ac. 82.367, resol. de 19-II-2002; Ac. 91.374, resol. de 20-X-2004; Ac. 93.862, resol. de 18-V-2005; Ac. 97.324, resol. de 18-IV-2007; Ac. 100.082, resol. de 18-VII-2007; Ac. 100.806, resol. de 16-IV-2008; P. 74.467, sent. de 21-V-2008; Ac. 104.341, resol. de 25-II-2009; P. 103.257, resol. de 4-IX-2009; P. 106.687, resol. de 17-III-2010, P. 107.662, resol. de 24-II-2010; P. 105.206, sent. de 11-IV-2012; entre muchas otras).
Dado que la sentencia recurrida adoptó una pena más severa que la pedida originariamente por el señor fiscal, hay gravamen para la parte recurrente, que resulta de una decisión que omitió pronunciarse sobre el punto llevado a su conocimiento por la defensa, esencial para la determinación de la pena.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia, se reenvía la causa al Tribunal de Casación Penal para que -debidamente integrado por jueces hábiles- proceda a dictar un nuevo pronunciamiento con tratamiento del agravio formulado por la defensa que fuera omitido, tal como aquí se ordena (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia