Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129955
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.955, "Lencina, Víctor Hugo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.624 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 6 de junio de 2017, rechazó por improcedente el recurso deducido por la defensa oficial de Víctor Hugo Lencina, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido para lograr la impunidad para sí y para terceros y consumar el desapoderamiento, y por resultar la víctima personal policial, en concurso real con robo calificado por el empleo de arma de fuego (en calidad de coautor), los que, a su vez, concursan formalmente con portación ilegal de arma de guerra, en concurso real con estafa y encubrimiento simple, estos últimos en calidad de autor -arts. 45, 54, 55, 80 incs. 7 y 8, 166 inc. 2 párrafo segundo, 172, 277 inc. 1 letra "c" y 189 bis inc. 2 párrafo cuarto del Código Penal- (v. fs. 98/115 en función de copias agregadas a fs. 18/43).
Esa decisión fue impugnada por la señora Defensora oficial Adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, quien impetró recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 118/125 vta.; siendo admitido por el Tribunal casatorio a fs. 131/133.
Oído el señor Procurador General a fs. 139/144, dictada la providencia de autos (v. fs. 145), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La recurrente denunció, en primer orden, la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal (v. fs. 119).
Recordó lo expuesto en el voto mayoritario del órgano de juicio, y lo planteado -en tal sentido- en el recurso casatorio, con transcripción parcial de las respuestas del a quo (v. fs. cit. /120 vta.).
Alegó que "...la actitud asumida por el custodio produjo un quiebre en el suceso que generó el intercambio de disparos y culminó con Lencina mal herido y Vicaria muerto, en virtud de la reacción de defensa del primero" (fs. 120 vta. y 121). A su criterio, como "...el disparo inicial del custodio no fue intimidatorio sino que se dirigió al coautor prófugo...", insistió en la hipótesis de la instintiva reacción de defensa por parte del imputado; y al reiterar el a quo los argumentos del Tribunal de mérito, sin dar respuesta a la denuncia de arbitrariedad en la selección de una hipótesis fundada en elementos probatorios que admitían la alternativa sostenida por la defensa incurrió en el mismo vicio (v. fs. 121).
Aludió que de las testimoniales surgía que los protagonistas -el imputado y el oficial de policía- se trabaron en lucha o forcejearon en el interior del shop de la estación de servicio hasta que se produjeron los disparos, datos que se corroboran con el registro de las filmaciones de las cámaras de seguridad aportadas por el propietario del lugar, Javier Andrés Kosc (v. fs. cit.).
Alegó que -en dichas circunstancias-, lejos de querer matar para asegurar el resultado y procurar impunidad, lo que ha movido a Lencina ha sido un natural instinto de supervivencia "...al verse sorprendido desde atrás, mientras perpetraba el robo, por un tercero que lo interceptó [...] se trabó en lucha con él y le disparó a una zona vital de su cuerpo" (fs. 121 vta.).
Argumentó que, la ultrafinalidad de procurar la impunidad del robo y consumar el desapoderamiento, no puede derivarse sino como una mera posibilidad, que no excluye otras variables en las que la existencia del dolo de matar no aparece acompañada del vínculo subjetivo entre ese homicidio y el otro delito, que se requiere para la aplicación del art. 80 inc. 7 del Cód. Penal (v. fs. cit.), lo que lleva -por aplicación del principio consagrado en los arts. 1 del Código Procesal Penal y 18 de la Constitución nacional- al encuadre más favorable del art. 165 del Código Penal (v. fs. cit. y 122).
I.2. También, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 8 del Código Penal.
A tenor de similares argumentos referidos a los mencionados en el agravio que antecede, sostuvo que al verse atacado desde atrás por un sujeto que lo tomó del cuello, Lencina se defendió para evitar ser abatido. Como consecuencia del intercambio de disparos Lencina fue herido y Vicaria perdió la vida (v. fs. 122).
Adujo que, con independencia de que el fallecido se encontraba uniformado y que -en el terreno de las suposiciones- Lencina había advertido esa circunstancia, "...no se acreditó que la motivación de la muerte haya sido el desprecio por su condición de policía, elemento subjetivo que la figura requiere para agravar el homicidio", por lo que consideró que corresponde el desplazamiento del art. 80 inc. 8 del Código Penal (v. fs. cit.).
I.3. Finalmente, en forma subsidiaria, denunció la inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta a su defendido (v. fs. cit. in fine ), en el entendimiento de que las de esa especie "...constituyen un trato inhumano que aniquila la posibilidad de resocialización, finalidad esencial del tratamiento penitenciario y, en consecuencia, violentan los arts. 5.2 y 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los arts. 7 y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, más aún en supuestos como el presente en el que la edad del imputado implicaría su encierro de por vida" (fs. 122 vta.).
Trajo a colación los casos "Baena Ricardo y otros c/ Panamá" y "Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú", ambos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. cit.).
Luego se extendió en los fundamentos de las denuncias de infracciones legales y del bloque de constitucionalidad a los que aludió, y señaló que la aplicación de una pena perpetua impide la finalidad del tratamiento penitenciario, en los términos del art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. cit./123 vta.).
Explicó que el Estado argentino incorporó dentro de su legislación al "Estatuto de Roma", y que si bien su ratificación no implica la obligación de adecuar la legislación penal interna a los efectos del juzgamiento de los delitos comunes, conlleva -indudablemente- un horizonte hacia dónde mirar (v. fs. 124).
Concluyó como imperativo encaminar la exégesis del monto adecuado de pena, teniendo como máximo el que está previsto internacionalmente -25 años de pena privativa de libertad-, lo que así solicitó se determine en el presente caso (v. fs. cit.).
II. Coincido con la Procuración General en cuanto dictamina que el recurso debe ser rechazado (v. fs. 139/144).
III.1. El planteo principal en el cual la defensa solicita un cambio en la calificación legal, no es de recibo.
La materialidad infraccionaria que llega firme a esta instancia da cuenta -en lo que resulta de interés- que "...el día 21 de marzo de 2013, aproximadamente a la hora 5:30, un sujeto del sexo masculino -Lencina-, condujo el vehículo Chevrolet Corsa, dominio EGH 236, el cual había recibido conociendo su origen espurio [...]. A bordo de dicho vehículo, el conductor, quien llevaba de acompañante a otro sujeto del sexo masculino, arribó a la estación de servicio Shell, ubicada en la avenida Calchaquí y calle Craviotto de la localidad y partido de Quilmes, donde descendió del rodado, haciendo lo mismo su acompañante, solicitándole al empleado del lugar que cargase gas oil al rodado que conducía, simulando ser un cliente del lugar, y sabiendo que no iba a abonar por ello.
El playero, creyendo en la situación, cumplió con dicho requerimiento, expendiendo el combustible. En tanto, ambos sujetos ingresaron al minimercado de la estación de servicio [...]. El primero de los individuos, salió por un breve momento al exterior del local, yendo hacia el vehículo, regresando al shop donde exhibió un arma de fuego que portaba, sin contar con la debida autorización legal, tratándose de una pistola del calibre 45, en tanto su compañero extrajo un arma de fuego del tipo revolver, que no fue habido, intimidando al personal anunciando que se trataba de un robo. En ese trance, se hizo presente en el local Marcelo Fernando Vicaria, Teniendo Primero de la policía Bonaerense, quien cumplía funciones de custodia del lugar y se encontraba con su uniforme provisto por la fuerza.
Vicaria, en legítimo ejercicio de sus funciones, al advertir la actitud del hoy juzgado, lo tomó por detrás de su cuerpo, sacándolo del local, ordenándole que se tirase al piso y mostrara sus manos, siendo ello percibido por el segundo de los asaltantes quien, desde el interior del salón, corrió hacia la entrada con el arma de fuego en sus manos, apuntando con ella al funcionario policial. Vicaria, al advertir dicha presencia, efectuó un disparo intimidatorio que impactó en la puerta del minimercado, produciéndose el estallido de los vidrios, ordenándole al sujeto que se encontraba en el interior del comercio que se tirase al piso, apuntándolo con su arma reglamentaria, pistola marca Astra modelo A 100, calibre 9mm., número de serie Z10354; en tanto, con la otra mano, continuaba sujetando al hoy juzgado.
En ese contexto, mientras Vicaria se encontraba atento a la conducta del otro individuo armado, Lencina logró liberarse y empuñando el arma antes descripta, del calibre 45, con el fin de lograr la impunidad propia y de su consorte y poder consumar el desapoderamiento, efectuó, al menos, tres disparos a Vicaria, con la evidente intención de procurar su muerte, agresión que fue repelida por éste, en momentos en que caía abatido al suelo, efectuando disparos con su arma de fuego. Tres de los proyectiles lanzados por el atacante alcanzaron el cuerpo de Vicaria, más precisamente en la región frontal derecha, fracturándose al impactar en la calota craneana, de tal manera que el plomo salió por una herida anfractuosa a 4 cm. de la anterior, introduciéndose la camisa en el cráneo, destruyendo la masa encefálica, parte de la cual salió del cráneo; otro de los proyectiles ingreso en [el] hipocondrio izquierdo, realizó un sedal sub cutáneo y salió a 4 cm. por encima de la entrada, y el restante proyectil, ingresó por la región glútea izquierda del efectivo policial.
III.2. Frente a similar planteo, llevado en el recurso de casación -v. fs. 51/66 vta., especialmente fs. 65 vta./66 vta.-, señaló el tribunal intermedio que, a partir de la plataforma fáctica descripta en la primera cuestión del veredicto, la subsunción típica se ajustaba a lo tenido por probado sin absurdo, por el voto mayoritario.
En cuanto al cambio de calificación propiciado por la defensa, respecto del hecho en el que falleciera el agente policial Vicaria, entendió que dicho embate resultó descartado por la instancia con argumentos suficientes. Destacó que "...Lencina tuvo presente la ultra finalidad de alcanzar y procurar la impunidad, pues la violencia ejercida contra la víctima, quien intentaba retenerlo y a la vez impedir la agresión del restante asaltante armado, fue para conseguir el botín que se estaba pretendiendo" (fs. 106 vta. y 107).
Pues "...de inmediato a efectuarse los disparos que dejaron agonizando al agente policial Vicaria -impactaron tres proyectiles en su cuerpo, de los cuales uno fue a su cabeza-, el consorte de Lencina (que al ver antes a su cómplice reducido, corrió a su encuentro apuntando con un arma de fuego al policía), ingresó al local haciéndose de la caja registradora, para luego ascender al rodado donde lo aguardaba Lencina para huir de allí" (fs. 107).
Los datos expuestos dieron cuenta para el sentenciante "...que la comisión del homicidio constituyó un medio para otro fin (homicidio finalmente conexo), y que ese fin consistió en la consumación del despojo, en los términos esperados por el imputado". A la par que ponderó "...que los múltiples disparos efectuados por Lencina fueron dirigidos a zonas vitales del cuerpo de la víctima, funcionario policial que actuó en legítimo ejercicio de sus funciones durante la perpetración del asalto, intentando frustrarlo, [y] tuvieron por propósito lograr consumar el ilícito y la impunidad" (fs. cit.).
A partir de ello, el Tribunal intermedio descartó la crítica dirigida contra la ausencia de comprobación del dolo homicida, y de la ultra-intención requerida por la figura calificada. En dicha faena destacó que "...los estados o situaciones subjetivas del agente constituyen una cuestión fáctica modificable en el ámbito casatorio, en aquellos casos donde se constate una irrazonabilidad, arbitrariedad o errada ponderación en su determinación", y en ese sentido, juzgó que la estructuración del tipo subjetivo de la figura aplicada "...descansa sobre la consideración del factum materia del pronunciamiento y de los elementos de prueba incorporados al juicio" (fs. 107 vta.).
Especificó que dichos procesos, resultan una realidad psicológica -un proceso psíquico singular-, y no pueden ser demostrados -al menos en el estado actual de la ciencia-, en forma directa, ni resulta directamente perceptible a través de los sentidos, por lo que, aclaró, su prueba es de naturaleza indirecta y "...radica en aquellos indicios que puedan surgir de la forma exterior del comportamiento y las circunstancias que rodearon su realización, de los eventuales informes periciales de tipo psicológico o psiquiátrico que se hayan producido, de los testimonios de la víctima o de terceras personas, o cualquier otro medio de prueba pertinente y útil" (fs. cit.).
Y que si bien la defensa pretendió generar una reinterpretación de la prueba respecto de circunstancias fácticas que la mayoría del tribunal de la instancia tuvo por probadas no logró evidenciar "...un yerro esencial y notorio en el derrotero lógico seguido por los sentenciantes [...] sobre la concreta intención homicida del imputado ni tampoco advertirse una errada actividad axiológica de la prueba que amerite la casación del pronunciamiento" (fs. cit. y 108).
Pues, producto de la inmediación propia del debate oral y público, cuyo "...valor de percepción [es] único e intransferible" reputó que el sentenciante valoró positivamente las declaraciones consignadas en el fallo, armonizadas con los restantes medios de prueba "...otorgando caudal probatorio suficiente para afirmar el acontecer histórico de los hechos imputados" encontrándose la conclusión del fallo debidamente fundada, sin que se advierta en dicho examen vicios de arbitrariedad o ilogicidad (v. fs. 108).
Asimismo, resaltó que las exigencias caracterológicas de la figura endilgada "...no reclaman la existencia de una premeditación ejecutiva particular ni la maduración de la decisión homicida, en tanto [aquella] puede surgir como pura decisión al hecho nuevo, nacida en el marco de la actuación original del agente, procurando algunos de los fines tipificados en la ley o por los motivos que allí se destacan" (fs. cit.).
Remarcó que la materialidad ilícita que muestra al acusado "...accionando un arma de fuego cargada con su munición específica, apuntando hacia zonas vitales de la víctima, en cercanía de [aquella]", constituye una base fáctica que permite inferir razonablemente la voluntad homicida del agente, y que, en su faz cognitiva, "...el proyecto homicida del imputado permite sostener que [...] tuvo la conciencia suficiente acerca de la efectividad del medio empleado y la búsqueda del resultado, todo lo cual da la certeza del propósito del acusado de asumir las consecuencias de su acción, en el caso la muerte de Vicaria" (fs. 108 vta.).
El fallo impugnado, en cuanto al dolo y los particulares elementos del injusto, "...no evidencia [...] fisuras lógicas acerca del modo en que los jueces valoraron las pruebas rendidas o aparece desentendido de las circunstancias de la acción, ni exhibe ambigüedad alguna en punto a la demostración del motivo determinante de la conducta con aptitud letal realizada por el acusado, no ameritando descalificación alguna la especial ultraintención en la acción homicida intentada por el encartado, que vinculó la muerte del funcionario policial en relación de medio a fin con consumar el delito y procurar la impunidad para sí o para otro" (fs. 109).
De ese modo, el a quo valoró que la muerte del damnificado se derivó de tales intencionalidades expuestas por el sentenciante, hipótesis situadas en el espacio de punición del homicidio finalmente conexo aplicado por la instancia de juicio (art. 80 inc. 7, Cód. Penal; v. fs. cit.).
Finalmente, sostuvo el órgano revisor que "Los hechos comprobados de la causa y el contexto en el que tuvieron lugar permiten articular un discurso jurídico que, en términos de razonabilidad, habilitan la afirmación de que el imputado se mostró como un sujeto cuya acción bajo análisis estuvo presidida por un ánimo y una voluntad deliberadamente homicida que subalternó la vida de la víctima a un designio criminal distinto, en el caso consumar el robo y procurar la impunidad, todo lo cual abastece la subsunción legal de este tramo de la conducta en la figura que objeta la defensa" (fs. cit. y vta.).
III.3. Se advierte que el tribunal revisor abordó similares planteos a los ahora examinados, y si bien el recurrente denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva se disconforma, en rigor, con la determinación del hecho y la prueba valorada, materia ajena -en principio- a la competencia reglada de esta Corte (conf. causas P. 98.632, sent. de 18-VI-2008; P. 102.233, sent. de 25-III-2009; P. 103.238, sent. de 9-XII-2009; P. 104.804, sent. de 3-III-2010; e.o.).
La defensa oficial no evidencia que la ponderación coincidente efectuada por las instancias previas del continente probatorio resulte absurda o arbitraria, a tenor de la secuencia fáctica antes reseñada.
Con todo, basta señalar que los argumentos del Tribunal de Casación para convalidar la calificación legal relativa al hecho de desapoderamiento que culminara con el homicidio de Vicaria se compadece con la doctrina de esta Suprema Corte.
A contracara de lo que sostiene la defensa, no cabe otorgarle al especial elemento subjetivo propio de esta calificante el alcance restrictivo que pretende, al exigir un actuar reflexivo, meditado o de planeamiento que la figura no requiere. Es doctrina reiterada del Tribunal la que establece que del art. 80 inc. 7 del Código Penal "...no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento 'subjetivo' del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito", bastando su devenir súbito o en el curso de la ejecución del hecho; también cuando, si así fuere el caso, la muerte hubiera tenido lugar a consecuencia de la
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