Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129751
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari , Kogan , Genoud , Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.751, "Gramajo, Ezequiel Alejandro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 73.439 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de diciembre de 2016, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Ezequiel Alejandro Gramajo contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de General San Martín, que lo condenó a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, como coautor responsable del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego del cual resultara víctima Diego E. Choque, imponiéndole la pena única de veinte años, cinco meses y trece días de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la anterior y de la de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal 6 del mismo departamento judicial en las causas n° 1.897/1.922 y 1.923 en orden a los delitos de robo agravado por las lesiones graves producidas a la víctima, tenencia ilegal de arma de guerra y portación ilegal de arma de uso civil en concurso real entre sí, declarándolo reincidente (v. fs. 95 y vta.).
La señora defensora oficial adjunta ante ese Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 123/135 vta.), el que fue concedido por el a quo (v. fs. 143/145 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 152/156 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 157) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora defensora oficial alega la inobservancia de lo normado por los arts. 45, 46, 47 y concordantes del Código Penal, lo que -a su criterio- derivó en la afectación de las garantías de debido proceso y de defensa en juicio, contempladas en el art. 18 de la Constitución nacional.
Con tal norte señala que, ante el tribunal intermedio, esa parte había cuestionado el grado de participación penal que se le asignó a su asistido en el hecho que fuera calificado como homicidio en ocasión de robo (art. 165, Cód. Penal), indicando que quedó demostrado que el autor material del deceso de la víctima fue otra persona, por lo que su defendido no puede responder, toda vez que no fue el ejecutor ni realizó acción alguna al suceso dominado por otro. Agrega que la muerte de la víctima se debió a un exceso del autor material sobre lo querido y previamente acordado por ambas partes, siendo responsable sólo en la medida de lo intencionalmente buscado de acuerdo a lo normado por el art. 47 del Código Penal (v. fs. 124 vta./129 vta.).
Cita en apoyo de su postura lo fallado por esta Corte en el marco del precedente in re "Arce" (P. 82.374, sent. de 22-XII-2004).
Aduce que al no haberse probado que el óbito de la víctima se conectó de manera natural, desde la causalidad con el obrar de Gramajo, los actos disvaliosos ventilados no pueden ser subsumidos en la figura típica del mentado art. 165 (v. fs. 128 vta.).
Refiere que en supuestos de hecho como el ventilado en la presente causa, se desnaturalizan -por imposibilidad de aplicación- las reglas de la participación, ya que -como surge de lo afirmado por el a quo - siempre que se emprenda un robo con armas, cuyo hipotético empleo para despejar la resistencia de la víctima sea admitido por los (co)autores del desapoderamiento, de ocurrir algunos de los resultados típicos señalados antes, siempre habrá coautoría, más allá del obrar de la propia mano de otro o de la falta de esencialidad del aporte en la distribución de tareas previas, sin que se precise si dicha afirmación se ajusta o no a las circunstancias fácticas acreditadas en la causa (v. fs. 129 y vta.).
Concluye peticionando se censure la sentencia del Tribunal de Casación por arbitraria, por desapego a la doctrina legal del Superior Tribunal federal en materia de autoría penalmente responsable, violentando así las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.), determinando que el comportamiento prohibido llevado a cabo por un sujeto distinto a su pupilo y que produjo el resultado muerte, no puede serle imputado a su defendido en los términos del art. 165 -por imperio de lo normado por el art. 47 del mismo digesto-, debiendo responder en la medida de su dolo, recalificando el hecho como robo agravado por el empleo de armas y readecuándose la pena a esos efectos (v. fs. 130 y vta.).
I.2. Seguidamente, la recurrente califica de arbitraria a la sentencia, esta vez por basarse en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los pronunciamientos judiciales, de conformidad con la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia y de esta Corte. Denuncia, además, la errónea aplicación del art. 41 bis del Código Penal con relación al art. 165 del mismo ordenamiento (v. fs. 130 vta.).
Manifiesta que, si bien el tribunal intermedio ingresó en el tratamiento del agravio formulado en tal sentido, con los argumentos esgrimidos no respondió a los fundamentos invocados por la defensa. Por ello considera que esta Corte debe reanudar el análisis en pos del acogimiento del reclamo formulado en torno a la inaplicabilidad de la agravante genérica establecida en el art. 41 bis, o en su defecto, su declaración de inconstitucionalidad.
Sostiene que los jueces de la mayoría, distinguieron arbitrariamente, cuando no correspondía hacerlo. Pues, no debe dividirse en tramos lo que por naturaleza es indivisible, ya que estamos en presencia de un homicidio resultante (con motivo u ocasión) de ese robo calificado por el uso de armas, evidenciándose la doble punición que acarrea la errónea interpretación efectuada por el tribunal (v. fs. 132 vta.).
Subsidiariamente requiere la inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal atento la afectación al principio de legalidad (v. fs. 133/134 vta.).
II. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 152/156 vta., estimo que el recurso no puede ser acogido.
III.1. En lo que aquí resulta relevante, la Casación tuvo por acreditado respecto de la materialidad ilícita, que "...el día 21 de febrero de 2013, alrededor de las 16:30, Ezequiel Alejandro Gramajo junto con otro sujeto joven de sexo masculino interceptaron a Diego Esteban Choque cuando se desplazaba a bordo de su automóvil Renault Clío color blanco, dominio BKP-364, sobre la calle J.B. Justo a pocos metros de la calle Sarmiento, en la localidad y partido de José C. Paz, y mediante el empleo de armas de fuego que ambos portaban, intentaron apoderarse ilegítimamente del dinero que tenía consigo la víctima fruto de la recaudación que acababa de efectuar como parte de su trabajo, no logrando su cometido en razón de la resistencia opuesta por el damnificado al trabar las puertas de su vehículo y comenzar a desplazarse en la conducción de su rodado; circunstancia ésta que derivó en que ambos sujetos corrieran a ambos lados del vehículo, hasta que en un momento determinado el sujeto que al día de hoy permanece prófugo (y que podría tratarse de Darío Humberto Gatica, alias 'Morra'), por no haber podido lograr el fin de robo propuesto, le efectúa un disparo con la pistola del calibre 45 que portaba, impactando el proyectil en la región del omóplato izquierdo, saliendo por la tetilla derecha, lesionando a su paso ambos pulmones, la aorta toráxica y el hígado, provocando una hemorragia masiva, lesión que por su gravedad [le] produjo la muerte" (fs. 104 vta.).
III.2. Ante análogos planteos a los aquí traídos, el Tribunal de Casación resolvió -en lo que es de interés- que "...cuando el homicidio no importa un hecho fortuito ajeno por completo a la conducta del agente en la perpetración del robo -único supuesto que autorizaría a dejar de lado la figura agravada del artículo 165 del Código Penal- la conducta resulta subsumible en aquella tipificación legal. Que no constituye una exigencia de la figura que el resultado 'homicidio' sea conocido y querido por todos los que intervienen en el desapoderamiento, siendo suficiente que el enlace subjetivo del autor con la muerte aparezca, como en el caso, bajo la forma de dolo eventual". Y agregó que a partir de la reconstrucción histórica de los sucesos cabría concluir que "...la producción del homicidio durante el desarrollo del robo resultó una circunstancia prevista como posible por el acusado". En esta consideración -dijo- "...no puede soslayarse que Gramajo, junto a por lo menos una persona más, ambos armados, iniciaron la ejecución del delito de robo durante el cual se verificaron roles de pareja importancia en la consumación de la obra criminal común en cuyo transcurso el sujeto que se ubicó del lado del conductor del rodado, disparó contra Choque causándole la muerte" (fs. 110 vta.).
Afirmó que "Tal contexto de actuación permite establecer que el acuerdo de voluntades de los intervinientes dirigido al robo incluía el ejercicio de la violencia como medio adecuado para la concreción del resultado furtivo. El robo comenzó signado por el uso de las armas de fuego que portaban, en un lugar público y a esas horas relativamente concurrido -circunstancias inexcusablemente conocidas y queridas por Gramajo-, y en ese marco la muerte causada por otro de los coautores deviene por lo menos previsible, y está directamente vinculada con la comisión del robo [...] Ello abastece el elemento subjetivo requerido por el artículo 165 del código de fondo pues la muerte de la víctima no puede ser excluida de la punibilidad establecida en dicha figura, habida cuenta que no es un resultado originado en un puro caso fortuito que no pueda reputarse como un resultado de la acción desplegada para robar, alternativa de excepción que no se da en el presente" (fs. 110 vta. y 111).
En respuesta a la participación de Gramajo, entendió que "...como quedó expresado a partir de la actuación en coautoría, el acusado era portador de la decisión común del hecho y su participación en el ilícito del art. 165 del Código penal, no lo exime de responder por todo el injusto, el cual es imputado recíprocamente a cada uno [de] los intervinientes en la empresa criminal en la medida de su dolo, más allá de cuál fue su aporte concreto al hecho común, y sin perjuicio que el matador pudiera resultar alcanzado por una figura de mayor gravedad si se verificara la existencia de una ultraintención de las previstas en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal" (fs. 111 vta.).
En consecuencia, descartó la pretendida absolución respecto de este tramo del quehacer criminal así como el cambio de calificación en los términos del art. 46 del Código Penal con relación a la figura de homicidio simple (v. fs. 110/111 vta.).
IV.1. Tal como ha quedado reseñado el tribunal dio debida respuesta al planteo efectuado por la defensa, de modo tal que no son de recibo las denuncias de afectación al debido proceso o la defensa en juicio que efectúa a remolque de la invocación del art. 18 de la Constitución nacional, ni tampoco de arbitrariedad de la sentencia por inobservancia de lo normado por el art. 165 del Código Penal, con relación a los parámetros que el art. 47 del mismo cuerpo normativo estructura respecto de la participación criminal (v. fs. 129 vta.), a la luz del alcance dado por esta Corte en el precedente P. 82.374 que cita (v. fs. 127 vta.).
Las consideraciones del recurrente acerca del tipo de aporte brindado por el imputado Ezequiel Alejandro Gramajo -a su juicio, exclusivamente ceñida a la participación en el delito de desapoderamiento- y la invocación de que habría existido un exceso del otro interviniente en la muerte del infortunado Diego E. Choque, con la pretendida aplicación de la regla del mentado art. 47 de la ley penal, no sólo se desentiende de los fundamentos esgrimidos en la sentencia puesta en crisis, sino que tampoco logra evidenciar el desajuste normativo que le reprocha, todo lo cual inviabiliza el progreso de su reclamo (doctr. art. 495, CPP).
En el presente caso, quedó firme que el imputado intervino en calidad de coautor en un delito de robo calificado por el uso de armas del cual ante la resistencia opuesta por la víctima e intento de huida, Gramajo junto a otro sujeto corrió armado situándose uno a cada lado del vehículo, oportunidad en la que el coimputado prófugo ultimó a la víctima, para luego alejarse juntos a la carrera en dirección al vehículo Fiat Siena que los aguardaba en las proximidades.
En ese escenario, el sentenciante concluyó que el aquí imputado debía responder en el marco de la figura del latrocinio en razón del riesgo más indeterminado en su configuración concreta (que el del consorte prófugo, cuyo actuar podría incluso encajar en la figura del homicidio criminis causae , según lo expresado a fs. 111 vta.), pero que previsiblemente podía conducir a ese resultado mortal acaecido en ocasión del robo, a tono con la doctrina de esta Corte (conf. mi voto en causa P. 86.527, sent. de 14-XI-2007), sin que los agravios que postula -en el límite de la suficiencia- logren conmover el encuadre de la conducta del imputado en los términos del aludido art. 165.
En efecto, tal norma pena más severamente la acción del autor o partícipe en el robo por el hecho de desencadenar (a través de ese obrar violento que provocó con su actividad) la serie de eventos que culminan con una muerte.
En definitiva, "...basta que la muerte se produzca con motivo u ocasión del robo para que queden incursos en la figura todos los partícipes en el desapoderamiento violento, pues el grado de participación debe analizarse con respecto al robo y no respecto de la muerte" (causa P. 96.014, sent. de 28-VIII-2013).
Por consiguiente, sentada su calidad de coautor en función de las contribuciones que se le endilgan en el evento bajo análisis, su accionar resultó bien encuadrado en los términos del ya mencionado art. 165 del Código Penal.
IV.2. Tampoco la señora defensora logra evidenciar en su discurrir la paridad del presente caso con los presupuestos fácticos del fallo "Arce" (P. 82.374, sent. de 22-XII-2004), a fin de convencer de la aplicabilidad de la doctrina emergente de ese precedente al supuesto bajo estudio, pues no intenta explicar por qué ambos casos serían similares.
Es que, en ese precedente, esta Corte convalidó la decisión del Tribunal de Casación que prescindió de la aplicación del art. 165 del Código Penal, y, en consecuencia, rechazó el recurso fiscal, puesto que se hallaba incontrovertido que "[e]l imputado se [había] desprendi[do] del arma al advertir la presencia policial y se entregó sin oponer resistencia antes que se produjera el enfrentamiento armado con los restantes sujetos coautores del robo, de modo que no intervino en la causalidad de las muertes ni la violación al debido cuidado derivada de ir a robar con un arma resultó en su caso la causa determinante de esos desgraciados resultados". En el hecho, habían fallecido como consecuencia de la referida balacera uno de los agresores y también uno de los policías que intervino en la repulsa del robo (P. 82.374, cit.).
Mientras que, en autos, no está cuestionado que el imputado mantuvo su intervención activa durante el proceso ejecutivo del intento de desapoderamiento para luego del disparo efectuado por su consorte, huir ambos en un vehículo Fiat Siena que los aguardaba en la cercanía del lugar. De modo que, la ausencia de identificación -vía argumentación- de este caso con el mencionado "Arce" devela insuficiencia y así debe declararse (doctr. art. 495, CPP).
V. De igual modo, no puede prosperar el segundo tramo de la queja defensista en la que la quejosa le atribuye arbitrariedad al pronunciamiento recurrido por haberse basado en afirmaciones dogmáticas ante la errónea aplicación del art. 41 bis con relación al art. 165, ambos del Código Penal.
Como lo expuse en ocasión de emitir mi voto en las causas P. 100.072 (sent. de 12-XI-2008) y P. 102.647 (sent. de 19-VIII-2009) -entre muchas-, al incorporarse el art. 41 bis al Código Penal a través de la ley 25.297 (B.O., 22-IX-2000), se estableció en la Parte General del digesto una "agravante genérica" o referencia típica destinada a integrar como elemento calificante ciertos delitos de la Parte Especial. Ello supuso una elevación de la escala penal de los ilícitos que contemplan en su núcleo típico la violencia o intimidación contra las personas, cuando tuvieren lugar mediante el empleo de un arma de fuego.
El legislador aclaró en el mismo texto que esta agravante no será aplicable "...cuando la circunstancia mencionada en ella ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate".
Tal como destaca el señor Procurador General, es doctrina de este Cuerpo que el art. 165 no comprende como parte constitutiva o calificante de su estructura típica a la violencia o intimidación en las personas conformadas por el uso de armas de fuego (conf. doctr. arts. 41 bis y 165, Cód. Penal; causas P. 111.421, sent. de 18-VI-2014; P. 117.046, sent. de 11-III-2015; P. 114.298 y P. 116.693, sents. de 1-IV-2015; P. 119.415, sent. de 15-IV-2015; e.o.), por lo que su empleo queda captado por el art. 41 bis, que agrava la escala penal y deja el caso fuera del alcance de la excepción del segundo párrafo.
Al respecto, viene al caso reiterar lo expresado por la doctora Kogan al emitir su voto en la referida causa P. 119.415, al que adherí. En esa oportunidad la colega citada puntualizó, en referencia a los arts. 166 inc. 2 y 165 del Código Penal, que "Si bien ambos delitos resultan dependientes del robo (art. 164 del Cód. Penal), al que agravan o califican -uno por el medio empleado, el otro por el homicidio resultante-, entre ellos no existe relación de consunción ni de subsidiariedad alguna que justifique tener por abarcado en el robo con homicidio al robo con armas". Más adelante explicó que "...un robo con resultado homicidio puede ocurrir sin armas de por medio. De ahí que pueda concluirse que ambas figuras son independientes en cuanto a sus elementos configurativos, no obstante el modo en el que concurran".
En virtud de lo dicho, la aplicación de la agravante genérica al robo con resultado homicidio no configura doble valoración.
VI. Finalmente el planteo traído como subsidiario, relativo a que sea declarada la inconstitucionalidad del art. 41 bis del Código Penal, no fue llevado a conocimiento del tribunal revisor (v. fs. 50/58). En consecuencia, resulta ahora extemporáneo al haber sido recién articulado al interponer el recurso extraordinario bajo estudio y no en la primera ocasión propicia al efecto, siendo ello suficiente para su desestimación (art. 451, CPP; conf. CSJN Fallos: 330:1759, sent. de 17-IV-2007 y las consideraciones vertidas en mi voto en causas P. 107.711, sent. de 6-X-2010 y P. 110.375, sent. de 21-IX-2011, entre muchas otras, a las cuales en honor de brevedad me remito).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Con relación al primero de los agravios considero que el recurso es insuficiente. Ello en tanto el recurrente, más allá de volcar la interpretación que consideró aplicable al caso respecto de la intervención de su pupilo, no logró demostrar que la realizada por el tribunal intermedio fuese errónea o arbitraria.
En ning
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