Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130761
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de dos mil 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.761, "Corrado, Marcelo Fabián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 81.406 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de agosto de 2017, rechazó el recurso interpuesto contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que condenó a Marcelo Fabián Corrado a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas, con más declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causae y agravado por su comisión con arma de fuego, en grado de tentativa y robo calificado por el uso de arma de fuego, ambos en concurso real (v. fs. 86/91).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 96/106), el que fue parcialmente concedido por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 107/109.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 118/121), dictada la providencia de autos a fs. 122, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Preliminarmente, corresponde destacar que la Sala Tercera del Tribunal de Casación, al realizar el juicio de admisibilidad, concedió parcialmente el recurso extraordinario intentado para el tratamiento del agravio relativo a la errónea aplicación de la ley sustantiva (v. fs. 108 vta. y 109).
II. El señor defensor denuncia la errónea aplicación del art. 55 en función de las figuras de los arts. 80 inc. 7 en función del 42 y 166 inc. 2 párrafo segundo, todas del Código Penal (v. fs. 96 vta.).
Luego de transcribir la materialidad ilícita acreditada, señala que el Tribunal en lo Criminal de Lomas de Zamora, al calificar los hechos, "...los reputó constitutivos de los delitos de homicidio criminis causa y agravado por su comisión en arma de fuego, en tentativa, y robo agravado por el uso de arma de fuego, ambos en concurso real, conforme artículos 42, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo y 55 del Código Penal" (fs. 97).
Sostiene que el voto mayoritario del tribunal revisor confirmó la concurrencia real entre ambas figuras delictivas, no obstante no haberse sometido a su consideración agravio alguno sobre el tema. El tratamiento dado a la cuestión, alega, "...habilita el carril recursivo para garantizar el debido proceso y la inviolabilidad de la defensa en juicio" (fs. 97 vta.).
Alude al concepto de concurso de delitos para indicar que en el caso "...no se ha configurado pluralidad delictual sino que los hechos ilícitos constituyen unidad delictual y quedan abarcados en su totalidad por el tipo penal del artículo 80 inciso 7 del Código Penal sin injerencia de modalidad concursal alguna" (fs. 98).
Expone sobre los distintos sistemas concursales previstos en nuestra ley y estima que, por las particulares características que se presentan en autos, "...la exteriorización material de la acción más allá de estar lógicamente constituida por diversas secuencias materiales, constituyen jurídicamente una única acción -teoría de la unidad de acción- por haber acaecido sin solución de continuidad" (fs. 98 vta.).
Sostiene que la situación de hecho fue una sola en la cual, sin interrupciones de ningún tipo, la víctima se desplazaba en bicicleta, su padre la seguía detrás circulando en su automóvil, cuando el sujeto activo irrumpió contra la niña despojándola, el padre, al advertirlo, intervino para defenderla y ahí finalmente, el sujeto activo, para asegurar el resultado del robo y procurar impunidad, produjo un disparo aunque sin ultimar a la víctima.
En ese contexto, alega que obstaculiza la independencia entre los hechos la proximidad del contexto temporal y espacial en la que se desarrolló la acción delictiva sin interrupciones.
Aduce que mal puede "...afirmarse que los hechos deben subsumirse en la figura del artículo 80 inciso 7 del CP en grado de conato, lo cual importa sostener que el intento de homicidio tuvo conexión final con el desapoderamiento para garantizarlo y para procurar impunidad, es decir, absoluta dependencia entre las conductas, y al mismo tiempo, y para las mismas secuencias fácticas juzgadas, aseverar que se configuró el desapoderamiento ilegítimo por un lado y la acción homicida en tentativa por el otro en concurso real que conlleva la valoración de los hechos como absolutamente independientes por imperio legal" (fs. 99, el destacado figura en el original). Afirma que resulta incoherente y asistemático desde el punto de vista lógico y dogmático que la calificación legal, en una suerte de doble valoración, se integre con una figura delictiva que requiere conexión final con otra, y por ende la absorbe, y luego se incluya esa misma figura delictiva en forma autónoma en un concurso real (v. fs. 99 vta. y 100).
Por eso, entiende como dirimente el alcance de significación jurídica de la voz "independientes" en la letra del citado art. 55 del Código Penal, para lo cual cita doctrina de autores en torno a dicho extremo (v. fs. 99 vta.).
Expone que la redacción del art. 80 inc. 7 habilita a entrelazar al homicidio con otras conductas típicas en forma amplia al referirse a "otro delito", pero cuando éstas se dan en un mismo contexto témporo espacial, no se aprecia la independencia que llevaría a cobrar virtualidad al art. 55 del Código Penal (v. fs. 100).
Luego, se ocupa de analizar el concurso ideal contenido en el art. 54 del citado Código de fondo, manifestando que son dos los requisitos que surgen de la norma: unidad de hecho y pluralidad de lesiones jurídicas; es decir "...que una única conducta sea susceptible de provocar varias lesiones jurídicas o más de una vez lesión a la misma norma penal" (fs. 100 vta.).
Considera que en el caso bajo análisis no puede predicarse la existencia de un concurso ideal pues éste supone que cada una de las normas en las que se pueda encuadrar el hecho subsuma por completo el ilícito (v. fs. 100 vta. y 101) y que la solución radica en un concurso aparente, tal como lo resolvió -en minoría- el doctor Violini, producto del principio de consunción (v. fs. 101 vta.).
Concluye que en el presente se configura una unidad de hecho con aparente pluralidad de encuadramiento, resultando aplicable únicamente el tipo del art. 80 inc. 7 cuyo contenido de injusto incluye y, en consecuencia, desplaza el tipo del art. 166 inc. 2 segundo párrafo, sendos del Código Penal.
Explica que en el concurso aparente los tipos concurrentes se desplazan uno a otro u otros y el hecho penal cae bajo una sanción que lo comprende completamente como consecuencia de un conjunto de relaciones entre los tipos penales que se analizan de cuatro maneras: alternatividad, especialidad, consunción y subsidiariedad (v. fs. 102 y vta.).
Que, como dijo, en autos rige el principio de consunción proveyendo la solución normativa para la relación que aquí se da entre el art. 80 inc. 7 y el art. 166 inc. 2 del Código Penal, fundamentalmente por la relación de medio a fin que atravesó el hecho. "Fue el propio legislador quien contempló que regularmente el homicidio calificado pudiera estar conectado causal o finalmente a otros ilícitos y ello hace factible la consunción cuando el otro delito queda como en la situación fáctica de autos absorbido íntegramente por la estructura típica del art. 80 inciso 7 del CP" (fs. 103).
De todo lo expuesto, colige que resulta una conclusión arbitraria la realizada por la mayoría del Tribunal de Casación al considerar que se configura un concurso real de delitos porque ello implica aseverar, a su vez, que los hechos son dependientes e independientes, conclusión que no resiste el análisis lógico por inconsistente (v. fs. 103 y vta.).
Concluye que corresponde condenar a Corrado exclusivamente por la figura del art. 80 inc. 7 en función del art. 42 del Código Penal; de ahí que la interpretación y aplicación efectuada por el Tribunal de Casación no es acorde a los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 104 vta.).
III. La Procuración General aconsejó desestimar el recurso intentado (v. fs. 118/121).
IV. Coincido con su dictamen.
V.1.a. El Tribunal en lo Criminal n° 8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora tuvo por acreditado que "... durante el transcurso de las primeras horas de la noche del 7 de Julio del año 2015, siendo aproximadamente las 20.00 hs., en la intersección arterial de ALBARRACIN y CONDARCO, de la localidad de TEMPERLEY, Partido de LOMAS de ZAMORA, un sujeto del sexo masculino, interrumpió el tránsito de A. B. G. quien circulaba en una bicicleta y mediante intimidación con un arma de fuego que a tal fin portaba, la desapoderó ilegítimamente de su aparato de telefonía celular marca SAMSUNG, modelo GRAND 2, hecho éste advertido por el progenitor de la fémina menor, Rodrigo Germán GARCIA quien circulaba por detrás de ella a bordo de un vehículo automotor. Al presenciar el despojo ocurrido, descendió del rodado y se dirigió hacia el lugar del atraco, ocasión en la cual el sujeto activo, con el claro fin de quitarle la vida a Rodrigo GARCIA, para consumar así el despojo, asegurarse el resultado del botín y procurar su impunidad, efectuó un disparo en la cabeza, impactando en el cráneo de GARCIA, produciéndole una herida por pasaje de proyectil en el cráneo, no logrando ultimarlo por razones ajenas a su voluntad, dándose posteriormente a la fuga con el producto de la malfetría " (fs. 11 y vta., el destacado figura en el original).
Los hechos así descriptos fueron calificados como homicidio calificado criminis causa en grado de conato, con escala agravada por el empleo de arma de fuego, en concurso real con robo agravado por el empleo de arma de fuego; razón por la cual a Marcelo Fabián Corrado se le impuso la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas.
V.1.b. Contra lo resuelto, el entonces defensor oficial del imputado dedujo recurso de casación en el que se agravió de la valoración de la prueba producida en el debate y la incorporada por lectura, considerando erróneamente aplicado el art. 210 del Código Procesal Penal, y el fallo apartado de las reglas de la lógica, la psicología, la experiencia y el sentido común, violando los arts. 1 y 106 del rito y 18 de la Constitución nacional (v. fs. 67).
Centró su crítica en la acreditación de la materialidad ilícita y la autoría de su asistido en el hecho juzgado (v. fs. 67 vta./69 vta.) y solicitó su absolución por aplicación del principio in dubio pro reo (v. fs. 70).
V.1.c. Agregado el memorial, el señor defensor oficial adjunto, doctor Nolfi, mantuvo el recurso presentado por su antecesor y denunció la errónea valoración de la condena anterior como agravante (v. fs. 80/81 vta.).
V.2.a. Por su parte, el Tribunal de Casación, en primer lugar describió la materialidad ilícita que tuvo por cierta y probada en la instancia y luego se abocó al tratamiento de los planteos formulados por la defensa, los que rechazó (v. fs. 87 vta./90 vta.).
Acto seguido, el doctor Violini, por fuera de los agravios sometidos a revisión, agregó (opinión que quedó en minoría) que en anteriores oportunidades había sostenido que "...no existe concurso entre el delito contra la vida y el atentado contra la propiedad, toda vez que en [su] opinión, el desapoderamiento queda consumido por la tentativa de homicidio 'criminis causae' que reviste una mayor intensidad normativa y que lo abarca porque se requiere, como elemento del tipo (objetivo) de este último, la existencia del otro delito -al menos su tentativa-. Ello debería llevar a casar parcialmente la calificación impuesta en origen. Pero como la mayoría de la Sala opina lo contrario, salvo el voto en este punto..." (fs. 88 vta. y 89).
Por último, confirmó lo resuelto en la instancia en cuanto a que los antecedentes condenatorios que registraba Corrado impedía afirmar comprometida la prohibición constitucional de doble valoración (v. fs. 89 y vta.).
V.2.b. De seguido, el juez Borinsky expuso que "...en casos como el presente -en los que el imputado intenta matar para apoderarse de diversos bienes, lo que efectivamente consigue- se configuran dos hechos distintos y perfectos en sus respectivos elementos subjetivos y objetivos, como enseñan Giuseppe Maggiore [...] y Ricardo C. Núñez [...], que corresponde calificar como homicidio agravado por la causa y por el empleo de arma de fuego, en grado de tentativa, y robo agravado por el empleo de arma de fuego, en concurso real entre sí (artículos 41 bis, 42, 55, 80 inciso 7mo. y 166 inciso 2do., segundo párrafo del Código Penal)" (fs. 89 vta. y 90).
Con esta diferencia de opinión, adhirió en todo lo demás al voto del doctor Violini.
V.2.c. Finalmente, el doctor Carral señaló que a fin de dotar al pronunciamiento de la mayoría requerida por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, en lo que era materia de disidencia entre sus colegas (la concurrencia -o no- entre las figuras del robo agravado por el uso de armas y el homicidio agravado por la causa) prestaba adhesión al sufragio del doctor Borinsky, por sus fundamentos (v. fs. 90 y vta.).
V.3. Frente a lo reseñado, se aprecia que el órgano intermedio confirmó la sentencia de grado en lo que hace al valor convictivo de la prueba aportada a la causa, que llevó a acreditar la autoría de Corrado en el hecho en juzgamiento.
Y que quienes conformaron la mayoría, confirmaron la calificación legal sustentada en la instancia de mérito, a pesar de no haber sido esgrimido por la defensa agravio alguno sobre el punto en la oportunidad procesal correspondiente (esto es al interponer el recurso de casación).
Ahora bien, como señala el señor Procurador General en su dictamen, el recurrente se desentiende de lo resuelto y se limita a formular distintas consideraciones dogmáticas sobre el tema, pero sin brindar una vinculación con las particulares circunstancias de la presente causa a fin de avalar su postura de que se trató de un hecho "único". Es decir, sus argumentos no pasan de ser una oposición personal divergente a la del juzgador (art. 495, CPP).
Con tal perspectiva, no advierto que la parte haya logrado demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva a cargo del tribunal recurrido (art. 55, Cód. Penal). Por otra parte, a partir de la descripción de la materialidad ilícita antes reseñada, no obstante la proximidad temporal y espacial entre los hechos señalada por el recurrente, se trata de dos hechos independientes, tal como lo requiere el art. 55 del Código Penal, y no de una misma unidad fáctica como pretende la defensa.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia