Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127628
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia se dispone el reenvío de estas actuaciones a la instancia anterior, para que jueces hábiles dicten una nueva conforme a lo aquí decidido (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 127.628, "Lapargo, Marcelo Fabián (Fiscal) s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 22.803 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, Sala I, seguida a Posadas, Oscar Adolfo".
La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Oscar Adolfo Posadas contra la sentencia de señora jueza la titular del Juzgado Correccional n° 2 departamental, que había condenado al nombrado a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución (art. 127, Cód. penal). En consecuencia, absolvió al imputado (v. fs. 474/477 vta. del principal).
Contra esa decisión el señor Fiscal General interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 3/8 vta. del presente legajo), el que fue concedido por la Sala interviniente (v. fs. 11 y vta.), en decisión luego anulada por esta Suprema Corte por resolución de fs. 15/16 vta. Reenviada la causa al Tribunal de Alzada, lo concedió nuevamente a fs. 28/30.
La Procuración General, mediante su dictamen de fs. 52/55 vta., mantuvo el recurso y aconsejó que se lo declare procedente. Dictada a fs. 56 la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor fiscal criticó la absolución dictada por el Tribunal de Alzada por estimarla producto de una valoración arbitraria y absurda de la prueba, que no observa los arts. 106, 210 y 373 del Código Procesal Penal y 127 párrafo primero del Código Penal, además de las obligaciones asumidas por el Estado respecto del delito de trata de personas y sus conexos (v. fs. 3/8 vta. del presente legajo).
Indicó que, si bien la Cámara dio por acreditada la materialidad del hecho, juzgó que el material convictivo colectado dejaba serias dudas acerca de la autoría atribuida al imputado, lo que tuvo por consecuencia la decisión absolutoria que impugna, por entender que se cimienta en una apreciación probatoria contraria a las leyes de la lógica, la psicología y la experiencia común (v. fs. 5 vta.).
Señaló que, en el juicio, la magistrada actuante adquirió certidumbre acerca de la coautoría responsable de Oscar Posadas respecto de los hechos descriptos, a partir de que, según se desprende de las constancias incorporadas por lectura y declaraciones de testigos en el debate:
"...dos personas (una mujer y un hombre) [a] l[as] cual[es] las mujeres que ejercían la prostitución llamaban 'Blanca o María' y 'Oscar', era[n] quienes organizaban la actividad del lugar y las explotaban económicamente llevándose la mitad del dinero que recaudaban por la actividad, el que era retirado alternativamente por esas dos personas que, por tanto, lucraban con su actividad; siendo el aquí imputado, el sujeto de mención" (fs. 5 vta. y 6).
Precisó que según el razonamiento de grado, la prueba no consistía en la mera coincidencia del nombre de pila, sino en los datos también computados de que la locataria del inmueble donde se ejercía la prostitución era la concubina del acusado Posadas, y la garante, su madre, lo que emergía como un fuerte indicio de que ambos concubinos tenían la posesión del inmueble; que en el mismo sentido, la jueza había evaluado la circunstancia de que las llaves de esa vivienda fueran devueltas por el procesado; los dichos de quienes administraban el alquiler del local, quienes declararon que en una o dos oportunidades lo pagó Posadas; además de haber descreído de su alegación de que desconocía la actividad que su concubina llevaba a cabo en el mencionado lugar, la cual resultaba poco creíble pues vivían juntos y su madre había oficiado de garante, y de considerar que las manifestaciones de las damnificadas aparecían corroboradas incluso con lo que surge de las copias del expediente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Martín que corre agregado por cuerda (v. fs. 5 vta./6 vta.; en relación con fs. 439/443 vta. del fallo originario, cuerpo III de los autos principales).
Sostuvo la fiscalía, que a pesar de ese sólido marco probatorio, la Cámara concluyó que no estaba suficientemente demostrado que la persona identificada por las víctimas D. y C. M. con el nombre de "Oscar", como aquella que retiraba el dinero producido por su trabajo, fuese el imputado de autos Oscar Posadas.
Y que para ello se valió de aseveraciones que se contradicen entre sí ya que, por un lado, explicitó:
"...que estos hechos deben investigarse extremando los recaudos dada 'la probable falsedad sobre la identidad de los sujetos involucrados, tanto de las víctimas como de los autores y a su vez la reticencia de las primeras a revelar los datos que conocen sobre la actividad' y por otro, que no se convocó a las víctimas a una rueda de reconocimiento en fila de personas, la que sin lugar a dudas hubiera resultado sumamente esclarecedora en orden a la identificación del mencionado Oscar" (fs. 6 vta.).
De allí que para el señor fiscal no ha sido explicado razonablemente de qué modo podría haber sido dirimente el resultado de la diligencia en cuestión si, al mismo tiempo, los magistrados tuvieron presente la falsedad y reticencia que existe en este tipo de delitos en la identificación de los autores por parte de las víctimas (v. fs. 7).
Apuntó, además, que las afirmaciones del revisor advierten de la necesidad de darle especial relevancia a los datos objetivos colectados, teniendo en cuenta las características del ilícito subrayadas en el propio fallo; y que no obstante esa inteligencia, el material reunido fue "...aislado el uno del otro y recelada individualmente su eficacia probatoria, sin efectuarse una mirada de conjunto" (fs. ibíd.).
Tras repasar los elementos evaluados en origen para justificar la autoría de Posadas, el recurrente afirmó que el Tribunal de Alzada incurrió en arbitrariedad, pues, a pesar del mérito que surgía de la apreciación integral de aquellas probanzas, resolvió prescindir sin fundamento válido de su alto valor incriminante, apoyándose en la mera impresión comunicada por la dueña del inmueble locado, la que dijo tener la sensación de que Posadas no tenía nada que ver (v. fs. 7 vta.).
Estimó absurdo que la Cámara haya entendido implícitamente que las personas que las víctimas identificaron como "Oscar" y "Blanca o María" pudieron ser otras que las que concurrían a abonar el canon locativo del inmueble en que se ejercía la prostitución (v. fs. 8).
En el cierre de su impugnación señaló que si bien el sistema de libres convicciones o sana crítica no impone al juzgador reglas predeterminadas que fijen el valor de cada prueba, el límite es que el juicio sobre ellas sea razonable; y que, en este caso, tal razonamiento no ha existido, con lo cual, la absolución dictada carece de motivación adecuada al basarse en un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio sin una necesaria armonización de su conjunto (v. fs. cit.).
II. El señor Procurador expuso las razones que apuntalan su conclusión sobre la imposibilidad de refrendar el pronunciamiento de la Cámara que absolvió a Posadas, sin brindar razones críticas y objetivas para apartarse como lo hizo de la valoración integral de los indicios que sustentaron la condena de la jueza que llevó adelante el juicio, deficiencia que impide reputarlo un acto jurisdiccional válido.
En esa dirección, el dictamen destaca el acierto de las alegaciones del señor fiscal para evidenciar la arbitrariedad de la decisión que recurre, pues lejos de traducir una mera discrepancia con la interpretación de la prueba efectuada, dejan al descubierto que la solución del revisor contraría las reglas de la lógica y la experiencia que rigen el correcto entendimiento judicial. A más de advertir la falta de toda consideración por parte del Tribunal revisor del contexto de violencia de género en que se dio la conducta ilícita motivo de reproche -la explotación económica del ejercicio de la prostitución- (v. fs. 55 y vta.).
III. Coincido con la Procuración.
La sentencia revisora tuvo por indiscutido que:
"...al menos desde el 14 de noviembre de 2013 y hasta el 27 de febrero de 2014, un masculino junto a otra persona del sexo femenino, administraron y regentearon el prostíbulo sito en Ayacucho Nro. 2121 de la localidad y Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, explotando económicamente el ejercicio de la prostitución de diversas personas que trabajaban allí -entre ellas L. L. C. M. y F. C. D.-, organizando la actividad y cobrando el cincuenta (50) por ciento del dinero que producían las víctimas" (fs. 463 del cuerpo III de los principales).
En lo atinente a la cuestionada atribución de autoría a Oscar Adolfo Posadas, el Tribunal de Alzada determinó que producto de la ineficiente actividad probatoria, no era posible tener por comprobado con suficiente grado de certeza, que la persona identificada como "Oscar" por las antes mencionadas damnificadas fuese aquél que retiraba parte de lo producido por ellas.
Refirió a lo así declarado en sede fiscal por F. D., en cuanto identificó con el nombre de "Oscar" a la persona que concurría al domicilio a retirar la plata, la mitad "...de todos los pases que se realizan semanalmente"; que "...Oscar y Blanca alquilan la vivienda y son los que organizan la actividad sexual que [ella] y su compañera realizan"; y si surgían inconvenientes se comunicaba "...con mensaje de texto al celular de Oscar, que no recuerda el número, que lo tiene anotado en un papel en la vivienda" (fs. 463 vta.).
Aunque reconoció que dicha prueba había sido correctamente incorporada por su lectura al debate, sin poner en jaque la habilidad de la testigo, ni constatar situación alguna que provocara una merma en su credibilidad, el a quo puso el acento en las circunstancias de que no se hubiese procedido al secuestro del aparato telefónico desde el cual aquélla se comunicara ni del mencionado papel; como tampoco convocado al acusado a una rueda de reconocimiento con la testigo de mención, y si bien aseveró que dicha diligencia "...sin lugar a dudas hubiera resultado sumamente esclarecedora", líneas más adelante estimó que en supuestos como el de autos, "...no pueden soslayarse [...] vicisitudes propias de este tipo de delitos [...] como [...] la reticencia de las [víctimas] a revelar los datos que conocen sobre la actividad" (fs. 463 vta. y fs. 464 vta., respectivamente).
Consideró que las falencias apuntadas de la instrucción no podían subsanarse con "...la valoración de prueba de índole meramente indiciaria", insuficiente para la demostración del extremo en ciernes (v. fs. íd.).
En ese entendimiento, sostuvo que se estaba en presencia de un "...endeble indicio de coincidencia entre el nombre referido por las víctimas y el del imputado", con la concluyente alegación de que en dichos ámbitos "...no suele emplearse el verdadero nombre, sino nombres de fantasía"; quitó asimismo relevancia indiciaria, sin mediar juicio alguno, a los datos meritados por el fallo de grado respecto de que la locataria del inmueble era la concubina del imputado, y su progenitora, la garante del contrato; conjeturó luego, que la entrega de las llaves de la propiedad por parte del acusado, pudo obedecer al "...interés en que no se ejecute la garantía en la persona de su madre frente al incumplimiento de la locataria" (fs. 464).
De igual forma restó valor probatorio a lo declarado por el titular de la inmobiliaria respecto de la posible concurrencia del enjuiciado a abonar el alquiler de la propiedad, y su empleada, Lorena Prado; y aludió a lo expresado por la dueña del inmueble sobre que "...le dio la sensación de que las personas (el imputado y la garante que fueron a entregar las llaves) nada tenían que ver" (fs. ibíd).
A mayor abundamiento, puntualizó que aún de tenerse probado que la concubina del acusado, María Laura Dianis -quien por entonces no se encontraba a derecho- resultó la organizadora y explotadora de la actividad ilícita en cuestión, y que tal circunstancia era conocida por aquél, de todos modos "...ello [no] lo ubica en calidad de autor del delito que se le endilga" (fs. 464 vta.).
Por último, el Tribunal sumó a la falta de convencimiento que le generaba la prueba detallada, su ya comentada apreciación respecto de las particularidades que reputó propias de ilícitos como el que es aquí motivo de juzgamiento, tales, la probable falsedad de la identidad de las personas involucradas y la reticencia de las víctimas a brindar información; con lo cual, se pronunció por la absolución del acusado vía aplicación del beneficio de la duda (v. fs. cit. y 465).
Conforme argumentó el recurrente, con apreciaciones reafirmadas en el dictamen de la Procuración, este modo de valoración importó restar injustificadamente mérito a la totalidad del complejo probatorio que sirvió de base al juicio originario de condena; es que a tal fin no basta con un análisis fragmentado y parcializado como el que llevó a cabo el Tribunal de Alzada, enfatizando en aspectos no necesariamente concluyentes de acuerdo con el propio razonar plasmado en su decisión y lo indicado por la Procuración a fs. 54 de su dictamen. Tampoco se advierte en el pronunciamiento recurrido reflexión alguna sobre la consideración que le mereciera a la jueza de grado la causa instruida en sede federal cuyas copias están acollaradas a la presente.
En tales condiciones, en que el examen del revisor estuvo limitado a la invocación de hipótesis alternativas para contradecir de forma parcial e individual las inferencias que integraron la construcción originaria, deviene aplicable lo tantas veces dicho por esta Corte en cuanto a que los indicios deben ser evaluados en su conjunto; y, en particular, que la equivocidad que justifica restar valor a esta clase de prueba debe surgir a partir de la consideración integral de los indicios a invocar, por la que se pueda realizar una inferencia presuncional con el fin de descartar que dicho conjunto también conduzca a conclusiones diversas de aquello que debe probarse, postulando de tal modo una visión integral y no individual del conjunto (causas P. 70.336, sent. de 10-IV-2002; P. 62.463, sent. de 16-X-2002; P. 65.537, sent. de 5-III-2003 y P. 62.504, sent. de 16-IX-2003).
El déficit apuntado descalifica la sentencia recurrida como acto jurisdiccional válido, por lo que, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva sobre la intervención del imputado en el hecho, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley del Ministerio Público Fiscal, dejar sin efecto la sentencia impugnada, y disponer el reenvío de estas actuaciones a la instancia anterior, para que jueces hábiles dicten una nueva conforme a lo aquí decidido (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria , Negri y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia impugnada y, en consecuencia se dispone el reenvío de estas actuaciones a la instancia anterior, para que jueces hábiles dicten una nueva conforme a lo aquí decidido (art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia