Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129220
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.220, "Lanegrasse, Mauro Aníbal y Dufourquet, Mariano Pablo s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 78.108 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires -en lo que interesa destacar-, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de octubre de 2016, rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Mauro Aníbal Lanegrasse y Mariano Pablo Dufourquet contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes que, a su vez, había confirmado la resolución del Tribunal en lo Criminal n° 2 de ese departamento judicial en cuanto no hizo lugar a la solicitud de extinción de la acción penal por prescripción en su vinculación con la garantía a ser juzgado sin dilaciones indebidas y tampoco en lo que concierne a las normas que regulan en el Código Penal el instituto de extinción de la acción penal (v. fs. 80/85).
Contra esa decisión, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 94/104), el cual fue concedido por la Sala interviniente mediante resolución de fs. 105/108.
El señor Procurador General dictaminó a fs. 118/123 vta. aconsejando que el recurso sea rechazado. Dictada la providencia de autos (v. fs. 124), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La defensa se agravió por la decisión del Tribunal de Casación de rechazar su petición para que se extinga el proceso por violación a la garantía del plazo razonable (arts. 1, 18, 75 inc. 22, Const. nac.; 7.5; 7.6 y 8.1, CADH y 14.5, PIDCP).
Sostuvo que al resolver de ese modo el órgano intermedio incurrió en arbitrariedad por apartarse de las constancias de la causa.
Señaló que al momento de interponer su recurso de casación, habían transcurrido más de diez años desde la denuncia de los hechos investigados, el 24 de enero de 2006. Añadió que el trámite de la causa se verá prolongado porque conforme los registros del sistema informático SIMP, la nueva audiencia de debate fue designada para los días 13, 14 y 15 de mayo de 2019 (v. fs. 99).
Dijo que el Tribunal de Casación reconoció que la prescripción de la acción penal garantiza el derecho constitucional de todo imputado a ser juzgado en un plazo razonable y mencionó los criterios para evaluar la tardanza. Sin embargo luego el órgano intermedio indicó que en el pronunciamiento atacado (v. fs. 34/37) se habían detallado "...aquellas particularidades de la causa que incidieron en el tiempo del proceso, especialmente las vicisitudes para integrar el Tribunal ante las reiteradas excusaciones (15) de los jueces designados por ser los imputados y sus familias 'personas conocidas' en el ámbito local; la pluralidad de intervinientes; la necesidad de resolver los distintos planteos de las partes y sus ofrecimientos probatorios, liberaciones, suspensiones de audiencias y reanudaciones, etc." (fs. 99 vta./100, que cita fs. 83 vta.).
El recurrente consideró que a pesar de admitirse la demora, se brindaron argumentos dogmáticos para tenerla por razonable, desconociendo así las contingencias del expediente a las que hizo referencia. Indicó que a la fecha no se ha realizado ni está próxima la audiencia de debate, pese a que no se presentan elementos que revistan una complejidad mayor a la que suelen presentar esta clase de delitos, ni que la demora fuera provocada por parte de los imputados o sus defensas.
Argumentó que al rechazar su pedido "...el tribunal intermedio restringió en forma sustancial la vía utilizada por la recurrente, con menoscabo de la garantía del doble conforme y del debido proceso". Citó normas y precedentes al respecto (v. fs. 100 vta.).
Ingresó luego a considerar las pautas que a su entender demostraron la injustificada tardanza. Descartó que haya complejidad alguna. Dijo que por una presunta infracción a la ley 23.737 han transcurrido más de diez años, y que ese tipo de delitos se suele comprobar con la incautación de material estupefaciente, dichos de testigos, y a lo sumo filmaciones o escuchas telefónicas (v. fs. 101). Añadió que en el caso se realizaron esas escuchas, se produjeron allanamientos de vivienda, y el 23 de noviembre de 2007 se les recibió a los imputados declaración a tenor de lo establecido en el art. 308 del CPP y el 27 de mayo de 2008 el agente fiscal solicitó la elevación a juicio, lo que así se ordenó el 4 de noviembre de ese año (v. fs. 101 y vta.).
Destacó que "...la etapa investigativa no conllevó dificultad alguna e insumió menos de dos años y medio de los once que viene prolongándose el proceso en total". Afirmó que la tardanza se debió a "...las sucesivas y múltiples excusaciones de los magistrados que formularon su apartamiento del caso, cuando ellas obedecieron a la actividad propia de los Sres. Jueces a raíz de causales reconocidas en el caso y no a una estrategia procesal dilatoria impulsada por las partes" (fs. cit.).
Criticó asimismo que para fundar el rechazo de su pedido se haya aludido a "...la 'pluralidad de intervinientes' cuando la propia Cámara de Apelación da cuenta que 'algunos de los prevenidos ya fueron juzgados'" y otros "...mientras esperaban ser juzgados, fallecieron" (fs. cit.).
Reiteró que no medió actitud obstructiva de su parte y que no pueden ser computadas en tal carácter las defensas o recursos interpuestos porque importan el ejercicio de derechos constitucionales. Citó jurisprudencia internacional al respecto, así como precedentes de la Corte federal (v. fs. 102).
Dijo que "...la mora de los órganos jurisdiccionales en dar inicio al juicio y resolver la causa, aún explicable o 'no imputable enteramente a desidia del Estado', resulta inoponible a los imputados" y es por lo tanto irrelevante para justificar la repercusión frustrante que el transcurso del tiempo ha tenido sobre el derecho de aquéllos a poner fin de un modo u otro a la persecución penal que sufren (v. fs. 102 vta.).
Señaló que desconocía las dificultades por exceso de tareas, carencias estructurales, y cambios sufridos por la administración de justicia, pero sostuvo que tales explicaciones "...no pueden derivar en la supresión del derecho del imputado". Citó párrafos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Kipperband", "Barra" y "Mattei" (v. fs. cit.).
Indicó que los avatares de la causa demostraban la irrazonabilidad del plazo transcurrido. Así, señaló que "...tras las sucesivas excusaciones finalmente se conformó el Tribunal de Juicio y se realizó la audiencia preliminar", que recién en junio de 2012, la fecha de debate se designó con una postergación de casi dos años -para febrero de 2014-, y que tras su reprogramación para diciembre de 2015, "...la suspensión de esta última obedeció a una omisión exclusiva del Tribunal Oral en proveer en forma oportuna el ofrecimiento de prueba de las partes". Se remitió a lo dicho a fs. 58 vta. de su recurso de casación (v. fs. 103).
Reiteró las citas de los precedentes federales ya mencionados y consideró que el Tribunal de Casación entendió que el plazo transcurrido en autos era razonable con base en afirmaciones dogmáticas. Concluyó afirmando que "...un período superior a los once años -hasta el momento- de duración de la causa sin que se hubiera dado inicio al juicio, sin complejidad de estos actuados, sin maniobras dilatorias de parte de mi asistido y sin la debida diligencia de las autoridades, superan lo que debe entenderse por plazo razonable del proceso a los efectos del art. 8.1 de la C.A.D.H." (fs. 103 vta.).
II. Coincido con el dictamen de la Procuración General en que el recurso no es procedente.
Nuestro ordenamiento jurídico no tiene una regla preceptiva de un límite temporal exacto para la duración del proceso penal, por lo que debe acudirse a la llamada "teoría de la ponderación". Así lo han interpretado en materia de derecho supranacional los organismos de aplicación interamericanos quienes tomando como fuente las decisiones de los órganos europeos de derechos humanos, han considerado que el plazo razonable no puede fijarse en abstracto sino que requiere un examen de las circunstancias particulares del caso.
Sobre tal base, y con invocación de precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha sostenido en el caso Suárez Rosero (sent. de 12-XI-1997, con cita de los casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Motta , sent. de 19-II-1991 y Ruiz Mateos , sent. de 23-VI-1993) que para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso deben tomarse en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales; aunque también corresponde reparar en el perjuicio o afectación actual que la alongación del proceso implica para la situación jurídica del individuo, así como la gravedad del suceso atribuido (conf. causas P. 70.200, sent. de 27-VIII-2008; P. 88.303, sent. de 25-III-2009).
Estos tópicos no han sido abordados adecuadamente por el recurrente respecto al concreto caso de autos, incurriendo así en insuficiencia (doctr. art. 495 cit.; conf. causas P. 98.415, sent. de 5-XII-2007; P. 94.140, sent. de 20-VI-2007; P. 123.212, sent. de 3-V-2018).
Cabe destacar que, como surge del informe de fs. 129, los imputados se encuentran en libertad, por lo que el perjuicio ocasionado por la tardanza no puede juzgarse del mismo modo que el provocado a quienes deben esperar la resolución final del proceso privados de su libertad o con restricciones significativas a ella, siendo que la parte aduce comprometido junto con el art. 8.1 también el 7.5 -ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, desentendiéndose de la referida circunstancia.
Por otro lado la afirmación de la falta de diligencia debida por parte de las autoridades judiciales no puede deducirse -como parece resultar del razonamiento de la parte- del mero transcurso del tiempo, lo que conllevaría una responsabilidad objetiva. Además, la parte no ha considerado en toda su dimensión la existencia de diversas particularidades que no pueden soslayarse al momento de analizar este aspecto del tópico, tales como la gran cantidad de excusaciones de los magistrados para integrar el tribunal de debate, la pluralidad de sujetos activos que -más allá de sus singulares vicisitudes- implicó la necesidad de resolver distintos planteos de las diversas defensas, así como las suspensiones de audiencias y sus reanudaciones, todo lo cual según el órgano revisor denotaba cierta la complejidad de la causa que de algún modo explicaba en parte el tiempo insumido.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (caso "Al Kassar, Monzer s/ incidente de prescripción", sent. de 12-XII-2006, por remisión al dictamen de la Procuración) consideró que correspondía a la defensa mencionar "...por qué considera que el proceso se ha extendido irrazonablemente en el tiempo ponderando: la duración del retraso, las razones de la demora, y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado dicha prolongación...", lo que no se cumple con la mera referencia al tiempo transcurrido.
Tales condiciones mínimas de la alegación tampoco se han cumplido en el sub lite por lo que el reclamo en este punto debe ser desestimado (doctr. art. 495, CPP; conf. causas P. 76.357, cit.; P. 89.727, sent. de 23-XI-2005).
Por último -como acertadamente lo señala la Procuración General en su dictamen, ver fs. 122 vta. y 123- el impugnante tampoco demuestra la similitud de la situación planteada en autos con las suscitadas en los precedentes "Mattei" (CSJN Fallos 272:188), "Mozzatti" (CSJN Fallos 300:1102), "Kipperband" (CSJN Fallos 322:360) y "Podestá" (P.762.XXXVII) invocados a fs. 127, pues no ha realizado desarrollo alguno que permita asimilar aquellas situaciones con las del presente proceso (art. 495, CPP).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia