Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130647
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.647, "Ferreyra, José Leonardo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 78.760 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de marzo de 2017, rechazó el recurso interpuesto contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal n° 10 de Lomas de Zamora que condenó a José Leonardo Ferreyra a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio en grado de tentativa, la cual se unificó con la de dos años y seis meses de prisión y costas en orden al delito de robo en grado de tentativa que registraba en el Tribunal Criminal n° 9 departamental, imponiéndole -en definitiva- la pena única de catorce años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 57/61 vta.).
La señora defensora oficial adjunta ante dicha instancia -doctora Ana Julia Biasotti- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 75/84 vta.), el que fue concedido por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 85/87.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 92/95 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 96 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora defensora oficial adjunta alegó la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 81).
Recordó que la defensa de Ferreyra se había agraviado en el remedio deducido ante casación respecto de las seis pautas de pena ponderadas con cariz severizante, por haber sido deficientemente analizadas por el tribunal del juicio, pese a lo cual fueron convalidadas por el revisor. En especial había criticado las agravantes que remitían a aspectos referidos a la tipicidad calificada del art. 80 inc. 2 del Código Penal, cuando aquellos no habían sido acreditados con la certeza requerida para una sentencia de condena (v. fs. 77 vta.). Entonces, al no haberse podido establecer que el hecho constituya un homicidio calificado, tales circunstancias no podrían luego ser valoradas al amparo de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código de la materia para determinar la cuantía de su culpabilidad por el hecho.
Sostuvo que el a quo justificó su valoración onerosa de la modalidad del ataque que recibió la víctima, en que aun cuando técnicamente no alcanzó a nivel de la calificación del caso como homicidio alevoso, ello "...no exonera que una acción de esas características pueda sopesarse al cobijo de las previsiones del art. 41 inc. 1 y 2 del CP, como 'la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla'" (fs. 81 vta. y 82).
Cuestionó que el tribunal revisor haya aludido a una notable superioridad del agresor al implementar un ataque que redujo las posibilidades de la damnificada y los visos de crueldad con los que el acusado buscó darle muerte, pues el hecho fue calificado como tentativa de homicidio simple (y no dentro de las figuras del art. 80 del Cód. Penal). En ese discurrir estimó que si tales circunstancias no alcanzaron para agravar el homicidio tampoco pudieron hacerlo para aumentar la pena a la luz del principio de la duda beneficiante que invoca (v. fs. 82 cit.).
En cuanto al sufrimiento causado, la crueldad próxima al citado art. 80 del Código sustantivo, y la sorpresa del ataque que imposibilitó defenderse, expuso que el a quo aludió a consideraciones propias del sentenciante de grado sin dar razones acerca del acierto de ese cómputo (v. fs. 82 vta.).
Con respecto a la valoración que se hizo de "...la afectación de la vida de la víctima y de la de sus hijos menores de edad..." (fs. 82 vta.), controvirtió que el Tribunal de Casación haya justificado su ponderación como pauta aumentativa de la pena a través de las declaraciones reseñadas en el fallo de mérito que referían a la preocupación adicional de la damnificada expresada a una persona de su amistad. Estimó que se convalidó tal circunstancia mediante consideraciones que no alcanzaron a responder en qué consistió la mayor reprochabilidad del injusto. "Sólo se limitó el TCP a afirmar que en el punto el pronunciamiento no exhibe déficit, pues la consideración integra del fallo muestra que la tentativa de dar muerte a Diaz importó para ésta gravísimas lesiones, elemento éste que claramente resulta del propio tipo penal por el que Ferreyra fue condenado [...], sumado a ello una consideración de exclusiva voluntad de los jueces: que la extensión del daño fue mayor de la que pueden entrañar otros intentos homicidas; y que los hijos de ambos también sufrieron un daño mayor por la obligada y traumática circunstancia de tener que manejar en soledad los instantes más traumáticos y urgente de socorrer a su madre agónica..." (fs. 83, el destacado figura en el original).
Por último, atacó la justificación dada por el órgano intermedio para valorar la agravante consistente en las manifestaciones de actos de violencia durante toda su vida contra la víctima. Se disconformó con la argumentación dada en cuanto dijo que el fallo de la instancia de grado alcanzaba para acreditar los hechos previos atribuibles al imputado sin advertirse insuficiencia ni arbitrariedad en la valoración efectuada, pues no reparó que su asistido "...nunca fue intimado judicialmente por tales hechos previos y ejercido su legítimo derecho de defensa en un debido proceso legal" (fs. 83 vta.).
Concluyó, en definitiva, que el aumento de pena requerido por el fiscal en el juicio a doce años de prisión, cuando en la propuesta de juicio abreviado se estimó en siete años de la misma especie de pena, obedeció a que aquél sin acudir a la vía del art. 358 del Código Procesal Penal a efectos de acusar por el delito más gravoso, determinó que los jueces condenaran al imputado a una pena elevada de la mano de los arts. 40 y 41 del régimen penal, ingresando en la determinación de la pena lo que no pudo corroborarse a nivel del tipo penal.
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso interpuesto.
III.1. En oportunidad de resolver similares agravios llevados a su conocimiento, en lo que atañe a las críticas por haberse reparado al momento de establecer la sanción sobre el aprovechamiento del imputado de las menguadas posibilidades de defensa de la víctima, el Tribunal de Casación afirmó que no acompañaría dicho reclamo.
En tal sentido, dijo "...que el delito de homicidio sancione la conducta de dar muerte a otro, no impide que al momento de dosificar la pena se ponderen los medios, motivos, modos o formas utilizados para ejecutar el injusto. Tan ello así que, en algunos casos, ha sido el propio legislador quien ha asumido para si aquella potestad, desvalorando más severamente la acción de matar que entrañe alguna forma de ensañamiento, alevosía, utilización de medios insidiosos o capaces de generar un peligro común, o por inspiración pecuniaria u odio religioso o racial..." (fs. 58 vta.).
De ahí que consideró que si la subsunción legal escogida por el tribunal sentenciante ubicó la acción reprochada en la figura del art. 79 del Código de fondo, delito que no llegó al grado de consumación, no existía demérito en ponderar la modalidad del ataque que recibió la víctima -recostada de espaldas al acusado Ferreyra-, quien de esa forma principió una acción que incluyó toda clases de insultos y falsas acusaciones, trabando a la damnificada con la rodilla para impedirle moverse de la cama, al tiempo que le anunciaba que la iba a matar y le arrimaba un cuchillo al cuello.
Agregó que aun cuando ello no alcanzó para llevar al delito a la calificación de homicidio alevoso, tampoco exoneraba que una acción de esas características pudiera sopesarse al cobijo de la previsión del art. 41, incs. 1 y 2, del Código Penal, al relevar la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, repasando además las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demostraban la mayor peligrosidad expresada en el hecho (v. fs. 59).
También indicó que de acuerdo a la recreación del suceso efectuada por el tribunal de mérito surgía evidente una notable superioridad del agresor al implementar un ataque que redujo las posibilidades de defensa de la víctima, extremo sobre el que reparó con acierto el órgano de la instancia, al igual que cuando ponderó visos de crueldad con los que el acusado buscó la muerte de la damnificada. "En efecto, conforme emerge del fallo, estos tristes sucesos continuaron cuando -desprovisto del primer cuchillo-, Ferreyra echó mano a un arma blanca tipo navaja con la que hincó en el abdomen a Maria Sol Diaz, no sin antes ahogar a la víctima introduciéndole los dedos en su garganta, lo cual concluyó cuando -ya eviscerada la víctima- el agresor se marchó del lugar dejando a los cuatros pequeños hijos de ambos ante el aterrador panorama de ver a su madre con los 'intestinos afuera' -conforme lo recrearon en el juicio los menores- la cual reclamaba auxilio, extremo certificado por el médico de urgencias que arribó al lugar, doctor Carlos Antonio Zair, quien testimonió que la víctima presentaba una herida abdominal y tenía el contenido del tubo digestivo al exterior" (fs. 59 vta.).
Afirmó, así que la intensa crueldad de la conducta llevada adelante por el imputado fue legítimamente evaluada a fin de ajustar la medida de la pena.
Recordó que la defensa también objetó, por ambiguas, las evaluaciones del fallo sobre la afectación de la vida de la víctima y la de los hijos de ambos; y que el Tribunal de Casación descartó que el pronunciamiento exhibiera déficit sobre tal aspecto, pues la consideración íntegra del asunto "...muestra claramente que la tentativa de dar muerte a Diaz entrañó para aquélla gravísimas lesiones -sobradamente descriptas en el fallo a partir de las consideraciones de los médicos Zair y el forense Ricardo Amadeo García- requeridas de una urgente, incierta y prolongada internación médica, dando cuenta ello de una extensión del daño tanto mayor que la que puede entrañar otros intentos homicidas" (fs. 59 vta. y 60).
Sumó a lo expuesto que toda esa situación colocó a los pequeños hijos de ambos ante la obligada y traumática circunstancia de tener que manejar -en soledad- los instantes más traumáticos y urgentes de socorrer a su madre agónica, aun cuando la víctima durante el ataque suplicó vanamente al acusado que no procediera así y "pensara en los chicos", todo lo cual fue despreciado por la conducta de Ferreyra; habiéndose establecido la preocupación adicional de la damnificada expresada a una persona de su amistad, procurando de que velara por la integridad de sus hijos, quienes a consecuencia directa de esta acción, debieron soportar, además, el quiebre del núcleo convivencial, siendo "...que dos de ellos quedaron a la guarda de una persona, en tanto los otros dos hermanitos lo hicieron con otra persona..." (fs. 60 y vta.).
Por último, consideró que era inatendible el reclamo referido a una supuesta ausencia de soporte probatorio sobre las circunstancias englobadas en el concepto de conducta precedente del acusado, pues alcanzaba con remitirse al fallo para establecer que en base a los múltiples y concordantes testimonios recibidos en el juicio por parte de la víctima y los hijos en común con el imputado, sumados a las constancias de las investigaciones penales arrimadas al proceso y examinadas por los jueces, aquéllos forjaron una convicción plena sobre la forma en que aquél procedía.
En esa tarea, destacó que en el actual sistema de ponderación probatoria el valor de las mismas no estaba prefijado y correspondía a la propia apreciación del tribunal de juicio determinar el grado de convencimiento que pudieran producir, y las repasadas en el fallo no exhibían insuficiencia ni arbitrariedad valorativa (v. fs. 6O vta.).
De este modo, concluyó que, a partir del panorama sancionatorio afirmado en la sentencia de mérito, los jueces evaluaron la incidencia que cada circunstancia tenía sobre el monto punitivo a imponer sin ataduras a una traducción matemática de sanción ni obligados a ingresar en la escala penal del delito de que se tratara en un punto fijo.
En definitiva, y teniendo en cuenta las dificultades del procesado para motivarse éticamente conforme al mandato de la norma y su capacidad de evitación de la conducta prohibida, estimó que el quantum punitivo no se mostraba desproporcionado con la entidad del injusto deslindado por los jueces y la culpabilidad del agente (v. fs. 61).
III.2. Frente a lo resuelto, si bien la recurrente transcribe ciertos párrafos de la sentencia recurrida (en concreto la argumentación brindada por el a quo para avalar el cómputo de las pautas agravantes ponderadas en el pronunciamiento de grado), omite efectuar un concreto y detallado análisis de ello, limitándose -en general- a reeditar los desarrollos que en su oportunidad llevó ante la instancia intermedia, lo que en modo alguno permite demostrar la errónea aplicación de la ley sustantiva que alega. Dicha circunstancia torna insuficiente el reclamo y deja enhiesto lo decidido (arg. doctr. art. 495, CPP).
Puntualmente, la señora defensora oficial no logra justificar que el pedido de pena formulado por el fiscal que pretende celebrar un juicio abreviado deba vincular a esa misma parte que actúa luego en un juicio oral y público ante el fracaso de la propuesta, sin manda legal que obligue a mantener idéntica pretensión punitiva.
Tampoco llega a evidenciar que las pautas severizantes ponderadas por el Tribunal en lo Criminal, que no alcanzaron para agravar el hecho cometido por Ferreyra en los términos de homicidio alevoso, carezcan de virtualidad para ser sopesadas como tales, a partir de la explicación otorgada por el tribunal intermedio a cada uno de los cuestionamientos formulados por la parte en el recurso de la especialidad.
En este esquema, el intento impugnativo se revela inconducente para acreditar en ello errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, según denuncia. Sus críticas se traducen en la exposición de una mera opinión personal, que como tal reafirma la insuficiencia del embate (art. 495, CPP). Y el mero disenso, o la señalización de pareceres diversos no importan un medio de cuestionamiento idóneo, desde el ángulo de la técnica del carril impetrado (conf. causas P. 110.668, sent. de 22-XII-2010; P. 117.680, resol. de 26-III-2014; e.o.).
Cabe destacar que es doctrina de esta Corte que el criterio divergente respecto de la incidencia que las pautas atenuantes y agravantes meritadas por el tribunal recurrido habrían tenido sobre el monto de la pena, no implica ni significa violación legal alguna (conf. causas P. 94.341, sent. de 31-X-2007; P. 81.143, sent. de 25-VI-2008; P. 83.523, sent. de 22-IV-2009; e.o.).
Los reclamos se sustentan prioritariamente en una visión diferente sobre la manera en cómo debe efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, sobre todo, tomando como premisa que el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para llevar a cabo la dosimetría, ni un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal (conf. causas P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013; P. 112.514, resol. de 24-IV-2013; P. 119.893, resol. de 24-IX-2014; P. 123.557, resol. de 12-XI-2014; P. 123.410, resol. de 10-XII-2014; P. 122.624, resol. de 26-VIII-2015; P. 125.780, resol. de 9-IX-2015; P. 125.542, resol. de 29-XII-2015; e.o.).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia