Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130376
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Genoud, de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.376, "M., P. d. R. y Z., C. F. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 78.169 del Tribunal de Casación, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de junio de 2017, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de C. F. Z. y de P. d. R. M. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, que había condenado al primero nombrado a la pena de doce años de prisión, y a la segunda, a la de once años de prisión, accesorias legales y costas para ambos, por resultar coautores penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterados en calidad de delito continuado, en al menos dos hechos, agravado por haber sido cometidos por ascendientes del sujeto pasivo (M.Z.) y abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en la modalidad de delito continuado en al menos dos hechos, agravado por haber sido cometido por un ascendiente del sujeto pasivo (J.Z.). En consecuencia, suprimió la agravante relativa a las amenazas vertidas por los imputados a las víctimas y fijó, en definitiva, la pena de diez años y seis meses de prisión, para P. d. R. M. y la de once años y seis meses de prisión, para C. F. Z., accesorias legales y costas para ambos acusados (v. fs. 315/355 vta.).
Frente a lo así resuelto, el defensor particular de los coimputados M. y Z. -doctor César Raúl Sivo- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 362/408 vta.), el que fue concedido por el órgano recurrido (v. fs. 485/486 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 502/524), dictada la providencia de autos (v. fs. 525) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes se alza el defensor particular interponiendo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que planteó cuatro motivos de agravio.
I.1. En primer lugar, denunció la errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal referida a ella en orden al mantenimiento y la utilización de una prueba inválida e inoponible respecto de C. Z.. En tal sentido, cuestionó que el tribunal intermedio mantuvo como prueba de cargo para incriminar al nombrado la valoración de los dichos vertidos por los menores víctimas bajo la modalidad de Cámara Gesell, en el entendimiento de que dicha diligencia es nula o inoponible al nombrado pues éste no había sido notificado de la misma (v. fs. 365/366 vta.).
En concreto, frente a lo resuelto en punto a que la defensa no había formulado reserva de recurrir en casación conforme lo establece el art. 448 del Código Procesal Penal, adujo que la lesión concreta se produjo al utilizarse la referida audiencia a los fines de afianzar una acusación, y luego, al ser valorada mediante la sentencia (v. fs. 370 y vta.).
Argumentó que la nulidad de carácter absoluto no requiere de formulación de reserva casatoria, por lo que el reclamo no es extemporáneo ni se encuentra precluido (v. fs. 370 vta./372 vta.). En subsidio, invocó precedentes de la Corte federal y tribunales inferiores (v. fs. 373 y vta.).
Finalmente efectuó diversas consideraciones generales acerca de la inviolabilidad del derecho de defensa como garantía constitucional (v. fs. 374/377 vta.), y concluyó que "...se está frente a una nulidad absoluta cuando la irregularidad procesal sea de tal entidad [...] que el acto lesione una regla constitucional (defensa en juicio) consagrada a favor de la persona sometida a proceso penal [...] que aquí cabe decretar..." (fs. 377 vta.).
I.2. En segundo término, el recurrente denunció absurdo valorativo y arbitrariedad en torno a las constancias de la prueba, por considerar que lo decidido resultó una reedición de lo expuesto por la instancia de juicio (v. fs. 378).
Adujo que el a quo no reparó en que los relatos de las víctimas fueron suplidos "...con una marea de subjetividades" que encabezó el testimonio de R. y que fuera secundada por personal del colegio al que concurren, peritos y profesionales de la salud (v. fs. 388).
Cuestionó que se haya valorado como confirmatoria de los dichos de la menor M. Z. lo manifestado por la ginecóloga, fundado en que la menor "...sólo fue asintiendo las afirmaciones que la médica realizaba en función de lo que la madre, delante de la niña, decía" (fs. 388 vta.). En tal sentido, destacó que los relatos de las víctimas siempre fueron posteriores a las manifestaciones de su madre con la presencia de la misma (v. fs. ibíd.).
Criticó la valoración de las constancias relativas a la acreditación de la masturbación y a la presencia de la bacteria escherichia coli en la menor M. Z., acerca de las cuales señaló, en el primer caso, que no se dio respuesta a que tal conducta pudiera obedecer a alguna otra sintomatología como picazón o irritación con orígenes diferentes a cualquier conducta de contenido sexual, y en el segundo, que obedezca a una higiene deficiente, por demás común en las niñas (v. fs. 391 y vta.). Adujo, por otra parte, que no se ha probado científicamente que la edad mental o estadío madurativo de los niños sea coincidente con la cronológica (v. fs. 392 y vta.). Impugnó, además, a la superficialidad con la que se descartó la existencia de inducción sobre los menores en cuanto a sus relatos acorde a la complejidad del caso (v. fs. 393 vta. y 394).
Argumentó que el médico pediatra, doctor J. L. M. M., quien periódicamente controlaba el desarrollo de los menores, jamás pudo constatar la existencia de indicadores objetivos de abuso sexual, y que el sentenciante no tuvo en cuenta que otros cuatro pediatras fueron abordados por R. para revisar a sus hijos. Concluyó que todos recibieron la versión materna, que está por fuera de lo que los chicos han dicho en Cámara Gesell (v. fs. 394 vta. y 395).
Asimismo repasó el testimonio de P. L. M. -maestra de M. Z.-, acerca del cual señaló que el decisor omitió que ese relato escolarizado se realizó tres meses después de haberse judicializado (v. fs. 395 y vta.). Explicó que los peritos oficiales solo se encuentran facultados a referir aquello que se relacione con la personalidad de las víctimas, pero no a corroborar los actos abusivos (v. fs. 396 y vta.).
Por último, alegó que el episodio del cine fue la única oportunidad en que el menor hizo mención de "haber jugado a la guitarra", y que ello fue descartado por el fallo de primera instancia por encontrarse fuera del período temporal contemplado por el fiscal en su alegato final, con lo cual, adujo que el tribunal revisor incurrió en arbitrariedad al sostener la existencia de "abusos" en "diferentes lugares y oportunidades", pues -en su criterio- ningún dato probatorio avala tal afirmación (v. fs. 396 vta. y 397).
I.3. En el siguiente punto, el recurrente denunció la errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal referida a ella en orden a la calificación agravada por el sometimiento gravemente ultrajante (v. fs. 398 vta.).
Alegó que el a quo extendió indebidamente los límites típicos de la figura a conductas que de ningún modo alcanzan a abastecer los requerimientos de ese tipo penal, a todo evento, sostuvo, se subsumirían en la figura básica del abuso sexual.
Cuestionó la falta de acreditación de la prolongación en el tiempo de los abusos en el período comprendido entre el comienzo del año lectivo 2009 y junio de 2011. En ese discurrir, se refirió a la declaración de R. y lo que su hija le contara sobre el inicio de las supuestas conductas abusivas, así como a la declaración de la nombrada M. y del pediatra de los niños, doctor J. L. M. M. (v. fs. 400 y vta.).
Por otra parte, en cuanto a la calificación de los abusos como "gravemente ultrajantes", alegó que nada de la prueba colectada ha podido reconstruir que existieran las "promesas" de recompensa o castigos, y mucho menos que alguna de ellas se hubiere concretado (v. fs. 401).
En suma, concluyó que en el caso no se encuentran reunidas las exigencias típicas del segundo párrafo del art. 119 del Código Penal.
I.4. Por último, denunció la errónea aplicación de la ley y de la doctrina legal referida a ella en orden a la aplicación de las pautas del art. 41 del Código Penal (v. fs. 402).
Cuestionó que el tribunal intermedio confirmara que no se valore como atenuante la sujeción procesal y colaboración de los imputados en el desarrollo del proceso con sustento en un nuevo motivo de rechazo, el referido a que tales conductas son posteriores al hecho delictual y que constituyen una obligación legal (v. fs. 404 y vta.). Asimismo, criticó que no fuera tratada la solicitud de que se pondere como atenuante la edad avanzada de la imputada M. (v. fs. 404 vta.).
Con relación a las pautas agravantes, alegó que la referida a la duración de las conductas abusivas dada la "...prolongada extensión en el tiempo" ya se encuentra contemplada en el tipo penal (v. fs. 405 vta. y 406). En referencia al ámbito de privacidad en que se desplegaron los actos, afirmó que su ponderación resulta ilógica al haberse desarrollado en un espacio público, y en cuanto a la dificultad de las presuntas víctimas de requerir el auxilio de terceros, son circunstancias de realización ya incluidas en la figura penal calificada (v. fs. 406).
En cuanto a la extensión del daño causado, adujo que no fue acreditado como un padecimiento que sobrepase los límites del sometimiento sexual gravemente ultrajante (v. fs. 406 y vta.). Por último, acerca de la corta edad de las víctimas, alegó que conforme el tipo legal aplicado, difícilmente la escasa edad de los damnificados pueda redundar en una mayor penalidad so riesgo de violentar la prohibición de doble valoración (v. fs. 406 vta.).
II. La Procuración propició el rechazo del remedio impugnativo (v. fs. 502/524), con lo cual coincido.
III.1. El reclamo por el que se cuestiona la valoración como prueba de cargo de los dichos vertidos por los menores víctimas bajo la modalidad de Cámara Gesell resulta ser de naturaleza procesal, y además una reedición del ya llevado y desestimado por el tribunal intermedio.
En rigor, más allá de que el recurrente dice agraviarse de la sentencia casatoria por cuanto la confirmación de dicha medida de prueba importó la afectación al derecho de defensa, lo cierto es que en la generalidad, se dirige a confrontar de modo oblicuo la sentencia de primera instancia (v. fs. 233/235 -Cuestión Previa-), con olvido de que esta Corte no conforma una tercera instancia a la cual pueda acudirse a los efectos de plantear cualquier disconformidad -incoadas bajo el ropaje de la supuesta conculcación de causales constitucionales-.
Si bien la parte denuncia la existencia de un perjuicio como consecuencia de haberse vulnerado garantías constitucionales del procesado, lo cierto es que eso no viene demostrado.
En efecto, sobre dicho extremo el tribunal intermedio, en coincidencia con el de grado, resolvió que "...el art. 205 del C.P.P. determina que las nulidades producidas durante la investigación penal preparatoria sólo podrán ser articuladas durante ésta o en el término de citación a juicio bajo sanción de caducidad y en consonancia con ello el articulo 206 determina que los actos viciados quedarán subsanados cuando las partes no hayan solicitado en término su saneamiento, así como cuando quienes tengan derecho a solicitarla hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto" (fs. 320 y vta.).
A partir de lo cual, con sustento en el art. 448 inc. 1 del Código Procesal Penal, entendió que la eventual nulidad debía considerarse subsanada pues "...la parte agraviada no apeló la decisión del juez de garantías que rechazó el planteo de nulidad..." y "Tampoco dejó reserva de recurrir en casación al ser notificado del rechazo a su planteo de nulidad en la resolución dictada a tenor del artículo 338 del CPP ni cuando se notificó del rechazo en el marco del debate de su replanteo nulificante y solicitó la realización de nuevas declaraciones por parte de los menores" (fs. 320 vta. y 321).
Con relación a que la defensa de Z. en dicho momento no era la misma a la que lo representó en el juicio, sostuvo que "...no procede retrotraer el procedimiento con afectación de los actos cumplidos en etapas procesales precluidas, cuando existan discrepancias con los criterios y estrategias utilizados por los letrados que precedieron al que participa del juicio, salvo que existan causales de indefensión que generen supuestos de nulidad absoluta, lo que no se da en este caso" (fs. 321).
Frente a lo así decidido, la defensa no logra rebatir eficazmente los fundamentos brindados en la sentencia que recurre, lo que determina la insuficiencia de su intento (doctr. art. 495, CPP).
No sobra recordar que es doctrina de esta Corte que las nulidades no tienen por fin satisfacer pruritos formales sino enmendar perjuicios efectivos que pudieren surgir de las desviaciones procesales, cada vez que estas desviaciones supongan una restricción de la garantía de defensa en juicio o del debido proceso, y en la especie, de conformidad con lo dicho, no concurren estas circunstancias (art. 203 y concs., CPP; conf. causas P. 79.268, sent. de 8-IX-2004; P. 65.404, sent. de 29-IX-2004; P. 96.779, sent. de 17-VIII-2007; P. 94.386, sent. de 20-VIII-2008; P. 109.998, resol. de 27-VIII-2010; P. 109.426, resol. de 24-IX-2010; P. 122.459, sent. de 2-XII-2015; e.o.).
Así las cosas, no expuso el defensor, al interponer el presente recurso extraordinario, cuál es el perjuicio concreto, o qué defensa se privó de ejercer, que pueda eventualmente ser reparada mediante la anulación referida. En definitiva, no probó la mengua al ejercicio de la defensa técnica y material que denuncia (arg. art. 18, Const. nac.).
III.2.a. El segundo tramo de la queja tampoco es de recibo.
Inicialmente debe destacarse que el segmento del escrito recursivo de fs. 378/398 resulta ser una copia textual -en cuanto al contenido de los reclamos- del recurso de casación -ver fs. 138/147-, con lo que la parte se ha desentendido palmaria y absolutamente de la decisión del tribunal recurrido -pese a que en algunos tramos de la queja dice referirse a la sentencia casatoria-, omitiendo así hacerse cargo de lo entonces resuelto, lo cual traduce una técnica inidónea para demostrar que la decisión controvertida conlleve alguna de las situaciones denunciadas que tiña su condición de acto jurisdiccional válido, y conduce, sin más, a la desestimación del recurso intentado (arg. art. 494 primer párr., CPP).
Por otra parte, los reclamos de la parte, se refieren a la valoración probatoria y es sabido que cuestiones de tal naturaleza, en principio resultan vedadas al control casatorio de esta Corte, salvo supuestos excepcionales (art. 494, cit.).
Ahora bien, corresponde examinar si la decisión recurrida constituye un pronunciamiento arbitrario -supuesto invocado por el quejoso- que podría ser susceptible de habilitar posteriormente la instancia extraordinaria federal, y anticipo que la defensa no ha demostrado de modo alguno el vicio alegado.
III.2.b. El tribunal a quo, a través del voto del doctor Ordoqui, se refirió inicialmente a la materialidad ilícita que su inferior tuvo por acreditada en los siguientes términos: "...dos sujetos, uno del sexo masculino y otro del femenino, ejerciendo actos de autoridad y poder, realizaron sobre sus nietos e hijos, respectivamente menores de edad [...] juegos de tocamientos inadecuados e impúdicos en sus zonas íntimas [...] Entre los tocamientos tuvo por acreditado que la abuela tocaba las partes íntimas a los niños y obligaba a la niña a que le toque la vagina. El niño refirió que la abuela le metía el dedo en la cola, que el padre los hacia jugar a un juego denominado 'guitarra huevo' que consistía en que los niños le tocaran el pene como una guitarra. El niño refirió que lo obligaban a darle besos al pene del padre. La niña que su padre la obligó a que le tocara el pene. Estos hechos tuvieron lugar entre el comienzo del ciclo lectivo del año 2009 hasta un tiempo antes de que se radicara la denuncia en junio de 2011" (fs. 321 vta. y 322).
De seguido, efectuó una reseña de la prueba valorada por el tribunal de grado. En esa senda, repasó las declaraciones de los inculpados (v. fs. 322/325); el testimonio de la madre de las víctimas, P. A. R. (v. fs. 325/328); del pediatra de los menores, J. M. M. quien refirió que los menores le contaron los abusos y juegos a los que eran sometidos por su padre y abuela (v. fs. 328 y vta.); de la maestra de segundo grado de M., P. L. M., quién escuchó de la menor que los distintos episodios a los que la sometían los acusados y aclaró que se procedió a formular una denuncia (v. fs. 328 vta./329 vta.); así como de la médica ginecóloga, Fabiana Mabel Ceriani que afirmó que la niña no tenía el pudor propio de su edad al revisarle la vagina, y que la conclusión del cultivo que se le realizó puede relacionarse con abusos sexuales (v. fs. 329 vta. y 330). De allí, sostuvo que compartía con el a quo "...que dicho indicador de manera conglobada y armónica con el resto de la prueba resulta un indicio válido para confirmar su conclusión" (fs. 330).
Adunó a ello, las declaraciones de la perito psicóloga del cuerpo auxiliar del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Paula Beatriz Castro (v. fs. 330/331); de Sonia Esther Oettel quien prestó colaboración en la causa para la recepción de los dichos de los menores a tenor del art. 102 bis del Código Procesal Penal, los que brindaron detalles de lo sucedido, lugar y tiempo en que los tocamientos se llevaran a cabo (v. fs. 331 y vta.); de la perito psicóloga de parte por el particular damnificado, Gisela Mariana Alonso quién verificó indicadores compatibles con circunstancias de abusos y descartaba una sugestión a las víctimas (v. fs. 331 vta./333 vta.); de la esposa de un amigo de Z., G. G. quien no creía que los jóvenes hayan sido abusados (v. fs. 333 vta. y 334); de la psicóloga de los menores M. y J., R. I. C., quién señaló que los menores mostraron desde las primeras entrevistas conductas no esperables para sus edades, con exacerbación espontánea de la sexualidad, agresión y angustia; que relataron los juegos denominados "guitarra-huevo" y "cambio va" a los que los sometían los acusados, y que los relatos no fueron influenciados atento que se mantuvieron en el tiempo (v. fs. 334/336 vta.); de un amigo de Z. y padrino de J., J. E. F. (v. fs. 336 vta. y 337); del padrino de M., C. C. T. (v. fs. 337) y por último, del amigo del imputado, N. U. (v. fs. 337 vta.).
Luego se refirió a la valoración del a quo sobre la prueba incorporada por lectura al debate. En tal sentido, mencionó los informes médicos de fs. 3/4; la pericia realizada por Paula Blanco; los informes periciales ampliatorios de fs. 86/91 y 92/96 realizados por la perito particular, licenciada Gisela Alonso; el informe pericial ampliatorio de la doctora Alicia B. Cortalezzi de fs. 98/100; el informe pericial de fs. 110/113 de la licenciada Alonso en la que critica las conclusiones de Cortalezzi; el informe de la licenciada Sonia Oettel del centro de asistencia a la víctima; la pericia psicológica de fs. 175/177 realizada sobre la denunciante R. rubricada por la aludida licenciada Alonso; la evaluación psiquiátrica de la inculpada M. obrante a fs. 185/187 efectuada por la doctora Georgina Barrantes; l
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.