Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130734
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.734, "Paez, Jonatan o Paez, Jonathan s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 75.331 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 20 de septiembre de 2017, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza que condenó a Jonatan Paez o Jonathan Paez a la pena de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego (v. fs. 49/59 vta.).
El defensor particular del nombrado -doctor José Luis Ghiroldi- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 77/86), el que fue concedido por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 87/88 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 105/108 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 109 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El defensor particular del imputado Jonatan o Jonathan Paez articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que planteó tres agravios.
I.1. Por el primero, cuestionó la calificación legal atribuida a los hechos. Puntualmente la aplicación del art. 41 bis al homicidio (art. 79, Cód. Penal) y a las lesiones graves (art. 90, Cód. Penal), desde que ambos delitos llevaban implícita la violencia en su modo de ejecución (v. fs. 78 vta./80).
Así las cosas, entendió que no podían agravarse las figuras reprochadas a Paez en razón de la inconstitucionalidad del mentado precepto legal que contiene la agravante genérica (v. fs. 80).
I.2. Por el segundo, se ocupó de la declaración del señor Lucas Ruiz quien señaló, al momento del debate, que las lesiones sufridas fueron "de rebote" (v. fs. 80).
Criticó que el Tribunal de Casación haya resuelto "...que existió dolo en cabeza del autor a la hora de disparar sobre el brazo de este hombre" (fs. 80 vta.).
Explicó que de los nueve o diez disparos, sólo uno fue a parar a la humanidad de Ruiz, por lo que no podía decirse que ese disparo fue direccionado en razón de que no existió elemento probatorio alguno que así lo indicara. De ahí que estimó que el a quo resolvió en perjuicio de su asistido, toda vez que no hubo prueba alguna que acreditara que el tirador, quiso efectivamente dañarlo.
En tal sentido, tachó de arbitraria la sentencia impugnada por carecer de fundamentación y sustentarse en argumentos falaces que no resisten la mínima lógica (v. fs. 81).
I.3. Por el último, señaló que todas las consideraciones formuladas en el alegato por esa parte no fueron tenidas en cuenta.
Reprochó que el magistrado haya tenido por ciertos y suficientes los testimonios de la madre y del padrastro de la víctima y por falaces "...todos los dichos vertidos por los testigos de la defensa..." (fs. 83). Agregó que tampoco se valoró la declaración de Ruiz que dijo recibir un tiro de rebote, siendo que el a quo sostuvo que fue un tiro dirigido con la intencionalidad de lesionar (v. fs. 83 vta.).
También sumó a lo que el magistrado tachó como "investigación poco esmerada" que no se secuestró el vehículo en el cual balearon a la víctima, no se realizó pericia balística alguna, no se elaboró plano alguno, sólo un croquis a mano alzada, ni se recabaron datos de los testigos del hecho. Agregó que únicamente con los testimonios del padrastro y madre de la víctima se tuvo por probado un sinnúmero de cuestiones que jamás podían haberse tenido por acreditadas, sin recaer en arbitrariedad y en un análisis parcializado de la prueba producida, que dan como resultado una sentencia carente de todo sustento jurídico por apoyarse en prueba insuficiente (v. fs. 83 vta. y 84).
En definitiva, señaló que la interpretación efectuada en el resolutorio incurre en afirmaciones dogmáticas "...haciendo predominar la voluntad del juez sobre lo aprehendido en virtud de aquella, privando al fallo de las calidades mínimas que debe contar una sentencia judicial..." (fs. 84).
II. Coincido con la Procuración General (v. fs. 105/108) en que el recurso no prospera.
III.1. En lo que hace al primero de los agravios, el Tribunal de Casación señaló que la agravación de la escala del homicidio por aplicación del art. 41 bis del Código Penal no configuraba una doble punición desde que el ilícito contra la vida en su figura básica no contemplaba como parte constitutiva ni calificante los elementos propios de dicha agravante jurídica, la violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego. "El art. 41 bis, incluido en el Código Penal por ley 25.297 (B.O. 22-IX-2000), establece como circunstancia general de agravación de los tipos penales la comisión con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego" (fs. 56 vta.).
Explicó que al instituir una escala penal más gravosa para los supuestos en que mediaban las circunstancias aludidas, la ley trasladaba al nivel típico aquello que antes era analizado en el ámbito de la determinación de la pena por integrar la naturaleza de los medios empleados a que aludía el art. 41 de la ley de fondo, incorporando aquella circunstancia como elemento objetivo que operaba como una calificante genérica y creaba figuras agravadas respecto de todos los tipos penales que podían cometerse con las referidas modalidades.
Indicó que "...en el caso del homicidio o las lesiones no resulta de aplicación la regla de exclusión contenida en el segundo párrafo del art. 41 bis, por cuanto estos delitos no contemplan a nivel típico el empleo de armas de fuego, de manera que no podría considerarse que tal elemento ostente el carácter constitutivo o calificante al que se refiere la referida regla de excepción cuando se la utiliza para ejercer violencia o intimidación" (fs. 57 y vta.).
Afirmó que "...la utilización de un arma de fuego para dar muerte a una persona confiere al hecho un mayor contenido de injusto, debido al elevado poder letal que ofrece un elemento de agresión semejante y las escasas o nulas posibilidades que deja a la víctima para reaccionar en defensa de su vida, y de la misma forma en que resulta exigible que el juez determine la pena a imponer en cada caso tomando en cuenta la intensidad con que se manifestaron los elementos constitutivos de un injusto penal (art. 41, CP), lógicamente resulta factible que tales efectos sean reconocidos de antemano por el Poder Legislativo, como sucede, por ejemplo, con la agravación prevista para el homicidio con alevosía o cometido mediante el uso de veneno u otro procedimiento insidioso (art. 80, inciso 2o, CP)" (fs. 57 vta. y 58).
Sostuvo que en el delito se consideraba tanto el disvalor de la acción como el del resultado y, en el primer caso, la utilización de determinados medios podía significar un incremento del contenido de injusto de la conducta que se tradujera en un agravamiento de la sanción, ya fuera por la vía genérica del art. 41 del Código Penal, por la previsión de una agravante especifica que calificase la figura básica como en los supuestos de los incs. 2, 5 y 6 del art. 80 respecto del homicidio con veneno, por medio idóneo para crear un peligro común y con el concurso premeditado de dos o más personas; o mediante una agravante que si bien enunciada en forma genérica en la parte general del Código, se trataba de un tipo penal calificante con proyección sobre las diversas figuras de la parte especial perpetradas con violencia o intimidación mediante el uso de armas de fuego (v. fs. 58).
Concluyó que si bien la muerte era el resultado que consumaba el homicidio, su producción no enervaba el grado de disvalor de la acción representado por la naturaleza del medio empleado que, en el caso de la violencia ejercida durante la comisión del hecho mediante el uso de armas de fuego, la ley quiso sancionar especialmente atribuyéndole el carácter de agravante de la escala penal correspondiente del delito que se tratara (v. fs. 58 vta.).
III.2. Frente a lo resuelto, el impugnante no rebate los fundamentos dados por el órgano intermedio, en tanto que más allá de formular algunas consideraciones en torno a la inaplicabilidad del art. 41 bis a la figura del homicidio, no efectuó ninguna alegación útil para conmover los argumentos brindados por el órgano intermedio para desestimar el planteo. Este déficit impugnativo sella la suerte adversa de su reclamo por mediar insuficiencia (art. 495, CPP). En rigor, la exposición del recurrente no supera el ámbito de una opinión discrepante a la del juzgador.
III.3. Además, esta Corte se ha expresado de manera análoga a lo decidido en causas P. 100.072, sentencia de 12-XI-2008; P. 102.647, sentencia de 19-VIII-2009; P. 103.838, sentencia de 9-IX-2009; P. 104.437, sentencia de 27-IV-2011, entre muchas otras, a cuyas consideraciones cabe remitirse en honor de brevedad, lo cual debe hacerse extensivo a la aplicabilidad de dicha agravante genérica al art. 90 del Código Penal.
III.4. Ahora bien, la tacha de inconstitucionalidad que atribuye al art. 41 bis del Código Penal es inatendible en la medida que resulta el producto de una reflexión tardía, toda vez que no fue llevada ante el tribunal revisor (de conformidad con la actual jurisprudencia del Máximo Tribunal, CSJN causas F.274.XLIII "Fontenova", sent. de 3-VII-2007; L.953.XLI "López Fader", sent. de 25-IX-2007; C.2663.XL "Cirilo", sent. de 5-II-2008; T.400.XLIV "Trova", sent. de 10-IX-2010; más recientemente R.401.XLIII "Rodríguez Pereyra", sent. de 27-XII-2012 y M.1391.XLVII "Mansilla", sent. de 6-III-2014; SCJBA causas P. 95.853, sent. de 12-VI-2013; P. 106.443, sent. de 31-VII-2013; e.o.).
Pues tengo dicho que si bien los magistrados poseen la potestad de declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando la justicia y razón del caso así lo exijan, ello no tiene operatividad para hacer ingresar en el ámbito de la competencia imperativa del Tribunal cuestiones que no fueron oportunamente articuladas (conf. causas P. 116.379, sent. de 8-VII-2014; P. 126.496, sent. de 7-XII-2016; e.o.).
IV.1. Con relación al segundo de los agravios, el a quo recordó que se desprendía del fallo de mérito que el dolo de lesiones fue tenido por cierto, en virtud de su naturaleza eminentemente psicológica, a partir de prueba de tipo indirecta formada por aquellos indicios que surgían de la forma en que la conducta se exteriorizó. "En efecto, los testigos presenciales Carina Alejandra Rebai, Gastón Felipe Mansilla y Lucas Ruiz, fueron contestes en señalar que los dos agresores (Ñoño y Jonny) se posicionaron apenas a uno o dos metros de distancia del automóvil marca Peugeot 206, y parados de frente al mismo Páez empuñando un arma de fuego (según los dichos de Ruiz una 9 mm pequeña) efectuó primero dos disparos e inmediatamente cuatro o cinco más, todos en dirección del vehículo, alcanzando con un disparo a Nahuel Ríos que se encontraba sentado en el asiento del acompañante y con [otro] a Lucas Ruiz que se encontraba sobre la vereda detrás del automóvil" (fs. 55 y vta.).
De este modo, entendió que la conducta del imputado de haber disparado una balacera contra un auto rodeado de personas no podía más que evidenciar -como mínimo- la configuración de dolo eventual de lesionar a todos los que se encontraban allí, entre ellos Lucas Ruiz que al intentar escapar del lugar recibió el impacto de un proyectil en uno de sus brazos. "La corta distancia entre Páez y las víctimas, sumado a la cantidad de disparos efectuados y la extrema lesividad del medio utilizado (arma de fuego) no permiten admitir una conducta culposa como pretende el Defensor, sino que por el contrario acreditan sin ningún tipo de dudas un obrar doloso que habilita la calificación endilgada de lesiones graves agravadas por el uso de arma" (fs. 55 vta. y 56).
IV.2. Frente a los fundamentos dados por el órgano casatorio para rechazar el embate, el defensor reedita el planteo llevado ante la instancia anterior sin reparar en las razones que sellaron la suerte adversa de su pretensión (art. 495, CPP).
Sus desarrollos se muestran más como una opinión discrepante que como una crítica razonada y concreta que demuestre aquello que intentó denunciar.
La técnica deficitaria empleada por la parte impide tener por demostrada la tacha de arbitrariedad que le atribuye a este segmento del fallo, desde que no evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
En efecto, no se advierte que este segmento de la sentencia padezca de algún vicio que bajo el prisma de la pretoriana jurisprudencia del Máximo Tribunal federal, encasille en el elenco de supuestos que se incluyen en el amplio catálogo de la arbitrariedad invocada; con lo que queda a salvo del vicio endilgado.
Cabe recordar que el objeto de aquella doctrina "...no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234; doctr. causas P. 110.405, resol. de 15-VIII-2012; P. 111.360, resol. de 19-IX-2012; P. 110.328, sent. de 22-V-2013; P. 113.327, resol. de 7-VIII-2013; P. 118.283, resol. de 23-IV-2014; P. 116.026, resol. de 30-IV-2014; P. 118.685, resol. de 2-VII-2014; e.o.).
V.1. En orden al último de los planteos, el Tribunal de Casación repasó la plataforma fáctica acreditada en la instancia, diciendo "...que 'en la primera hora de la madrugada del día 27 de octubre de 2013, dos sujetos masculinos mayores de edad, caminaron hasta aproximarse a un vehículo marca Peugeot 206 color negro que se encontraba estacionado sobre calle 900, a metros de su intersección con la calle 767 correspondiente al barrio Villegas, de la localidad de Ciudad Evita, donde uno de ellos efectuó varios disparos con un arma de fuego hacia dicho vehículo. Producto de ello uno de aquellos disparos impactó contra la humanidad de Nahuel Ríos que se encontraba en el asiento del acompañante, ingresando por su hipocondrio derecho ocasionando heridas de tal gravedad que determinaron su óbito. Pero no sólo disparó hacia el vehículo referido sino también más allá del mismo, produciendo impacto sobre la humanidad de Lucas Ruiz (quien se encontraba parado frente al vehículo Peugeot [...] color negro, comenzando a huir al ver lo que estaba ocurriendo), determinando heridas que fueron calificadas como lesiones de carácter grave...'" (fs. 53).
Sostuvo que el a quo tuvo por acreditada la materialidad ilícita y la autoría de Paez, principalmente, a partir de las declaraciones testimoniales rendidas en el debate oral, valorando para ello los testimonios brindados por Carina Rebai y Gastón Mansilla que fueron contestes en señalar que se encontraban a unos 60 metros del lugar de los hechos, cuando escucharon dos disparos y luego cuatro o cinco más y al mirar hacia el lugar del que provenían las explosiones pudieron ver que quien disparaba era un sujeto que minutos antes había pasado por delante suyo y que la víctima Nahuel Ríos les manifestó que se llamaba "Jonny Tortuga" (apodo de Jonatan Paez). (v. fs. 53 vta.).
Agregó que esa identificación se reforzaba si se le sumaba que el testigo Felipe Mansilla efectuó un señalamiento del imputado espontáneo y repentino durante la audiencia de debate, sindicándolo como el sujeto que efectuara los disparos con el arma de fuego en dirección de las víctimas. "En relación a estos dichos, los jueces de mérito, beneficiados por la oralidad y la inmediación que el debate les concede, expresaron en el veredicto que no hallaron razones para dudar de su sinceridad, dado que no se evidenció en sus testimonios que tuvieran alguna enemistad o cualquier tipo de encono hacia el imputado como para querer acusarlo falsamente" (fs. 54).
Expuso que el órgano de la instancia también se apoyó en la declaración de la víctima sobreviviente Lucas Ruiz, quien relató la materialidad ilícita en forma coincidente con Mansilla y Rebai.
Concluyó diciendo que el grado de convicción que cada testigo provocaba en los jueces de mérito configuraba una cuestión subjetiva perteneciente a la esfera reservada por la ley para los magistrados del juicio quienes por su inmediación frente a los órganos de prueba, eran los encargados de establecer el mayor o menor valor de las declaraciones testificales, no siendo posible por la vía casatoria invalidar las impresiones personales producidas en el ánimo del juzgador al observar la declaración de los testigos salvo que se demostrara su contradicción con las reglas de la lógica, el sentido común, el conocimiento científico o aquellas que regían el entendimiento humano, circunstancias que no se evidenciaban en el caso (v. fs. 54 vta.).
En consecuencia, advirtió que el complejo probatorio edificado sobre la base de los plurales, contestes y categóricos elementos de cargo reunidos en el juicio más aquellos incorporados válidamente por su lectura, posibilitaron al a quo tener por inequívoca la responsabilidad criminal del incuso en los sucesos enrostrados, sin que se observara en el razonamiento del juzgador trasgresión alguna a los parámetros previstos por los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal (v. fs. 54 vta. y 55).
V.2. De acuerdo a lo reseñado, se aprecia que el agravio se vincula con cuestiones de neto corte probatorio que -de consuno con su naturaleza- son privativas de los tribunales locales y ajenas por regla a la competencia de esta Corte (doctr. art. 494, CPP; conf. causas P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 105.012, sent. de 15-VI-2011; P. 102.300, sent. de 30-XI-2011; P. 97.262, sent. de 28-XII-2011; P. 110.446, sent. de 18-IV-2012; P. 109.534, sent. de 3-V-2012; P. 109.476, sent. de 22-VIII-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 113.916, sent. de 20-III-2013; P. 119.412, resol. de 21-VIII-2013; P. 112.724, resol. de 30-X-2013; P. 117.588, resol. de 5-III-2014; e.o.), salvo supuestos excepcionales que, si bien fueron denunciados, no han sido evidenciados en el caso.
En este sentido, si bien la parte alega la existencia de arbitrariedad en la prueba ponderada, las diversas aseveraciones esgrimidas no evidencian en lo resuelto la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido como acto jurisdiccional válido (arg. art. 18, Const. nac.).
Y más allá de que el recurrente sustenta su pretensión en ese vicio, sus desarrollos no trascienden de una esquemática oposición a la administración del plexo probatorio efectuado por el Tribunal de Casación en el marco amplio de revisión (conf. doctr. causa "Casal", CSJN), sin evidenciar un defecto como el que denuncia que justifique, excepcionalmente, descalificar el fallo (conf. art. 18, Const. nac.).
La Corte Suprema tiene dicho que para que proceda la tacha de arbitrariedad no basta la mera disconformidad del apelante con el pronunciamiento, pues no tiene por objeto la corrección de sentencias equivocadas o que se estimen tales sino que atiende sólo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extre
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.