Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129850
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario interpuesto en lo que atañe a la respuesta dada acerca del proceso unificatorio -art. 58 del Código Penal- y se dispone reenviar la causa a la instancia de origen para que, por ante quien corresponda, se dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.850, "Aranda Rey, José Luis s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 2025 de la Cámara de Apelación y Garantías de Necochea".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Necochea, mediante el pronunciamiento del diecisiete de diciembre de 2015, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la defensa de José Luis Aranda Rey contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 3 del Departamento Judicial de Dolores que lo había condenado a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento y al pago de ochenta pesos de multa, por resultar autor responsable de tenencia simple de estupefacientes previsto en el párrafo primero del art. 14 de la ley 23.737, unificando la citada con la impuesta en la causa n° 846 del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Dolores, que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio doblemente calificado por haberse cometido con alevosía y para procurar la impunidad, en concurso real con homicidio doblemente agravado por haberse cometido con alevosía y para procurar la impunidad en grado de tentativa -dos hechos- en concurso ideal con privación ilegal de la libertad agravada; condenando al mencionado -en definitiva- a la pena única de prisión perpetua y al pago de multa de ochenta pesos, revocándole la libertad condicional que gozaba. En consecuencia, la Cámara referida confirmó lo decidido en primera instancia y solamente dejó sin efecto la revocación de la libertad condicional, por innecesaria, dado que esa medida ya había sido ordenada previamente (v. fs. 572/582 vta.).
Frente a esa decisión, el señor defensor general departamental dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 586/597 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 648/649 vta.
La Procuración General dictaminó a fs. 660/668 vta., aconsejando que se haga lugar parcialmente al recurso. A fs. 686 se dictó la providencia de autos. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor oficial de José Luis Aranda Rey formuló un agravio principal a los que sumó otros subsidiarios. Sostuvo que no debió haberse procedido a unificar penas, pues una de ellas ya se encontraba vencida. En defecto de lo anterior, criticó lo decidido por resultar contradictorio y falto de fundamentos. Asimismo, consideró que de mantenerse la unificación debería declararse que a la pena impuesta le resulta aplicable el régimen previsto en el art. 13 del Código Penal, en la redacción anterior a la ley 25.892.
En el primero de sus planteos la defensa afirmó que a la fecha en que se realizó la unificación "...la pena impuesta en la sentencia anterior, se encontraba vencida, y ello, impedía la unificación que finalmente se resolvió ". Aclaró que esta objeción no fue llevada al órgano revisor porque surgió de "... situaciones posteriores a la interposición de dicho recurso ", por cuanto el vencimiento que alega se operó con posterioridad a que esta Suprema Corte dejara sin efecto la sentencia que resolviera primigeniamente la apelación de la defensa (v. fs. 591 y vta., el destacado figura en el original).
Indicó que conforme al cómputo de pena realizado en la primera causa, ella vencía el 25 de septiembre de 2015, por lo que la unificación dispuesta por sentencia del 17 de diciembre del mismo año era improcedente.
Tras efectuar citas de carácter doctrinario, señaló que si bien el juez puede:
"...unificar una sentencia vencida si y solo si es a pedido de la parte interesada, y en este caso el justiciable, puede solicitarla si de ella resulta el cumplimiento de un tiempo en detención que le resulte más beneficioso".
"En el caso que nos ocupa, dicha unificación ya no resulta beneficiosa".
"Ello en tanto el encartado habría agotado en prisión preventiva la totalidad de la pena impuesta en la segunda causa, en la cual se decreta la unificación de penas".
Agregó que:
"La sentencia anterior, se tiene que considerar como no pronunciada, en tanto no puede revivirse a los efectos de la unificación de la pena que se impone, en atención a encontrarse ya extinguida" (fs. 592 y vta., el destacado figura en el original).
Insistió en que:
"...no es aplicable lo dispuesto por el art. 55 a aquellos casos en que la primer condena se encuentre extinguida por cumplimiento total" (fs. 593, el destacado figura en el original).
II. Coincido con el señor Procurador General en que este agravio debe ser desestimado.
Tal como lo señala el dictamen, el reclamo pudo haber sido llevado a conocimiento del Tribunal de Alzada, pues si bien el vencimiento que se invoca habría ocurrido luego de interpuesto el recurso de apelación, la parte contó con amplias oportunidades para formularlo ante la Cámara que dictó la sentencia ahora recurrida, luego de que la primera sentencia revisora fue revocada por esta Suprema Corte, con reenvío para el dictado de una nueva.
Pero más allá de esta deficiencia, coincido también con la Procuración General en que el planteo es improcedente. La defensa alega que la primera pena venció porque omite tomar en cuenta que la libertad condicional que se le había concedido en la primera de las causas fue revocada antes del supuesto vencimiento. Esto surge del propio cómputo de pena en el que el recurrente apoya su reclamo (v. fs. 564/565, ver asimismo informe de fs. 599 y vta.).
En efecto, la pena de prisión perpetua impuesta en el primer juicio hubiera vencido el 25 de septiembre de 2015 en virtud de lo dispuesto por el art. 16 del Código Penal, pero antes de que esa fecha fuera alcanzada, el 12 de septiembre de 2011 le fue revocado el beneficio de la libertad condicional (v. fs. 564 vta. y 565).
El art. 16 del Código Penal dispone: "Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el art. 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del art. 12". Es decir que la condición prevista en el artículo -que la libertad no haya sido revocada- no se presenta en el caso y en consecuencia la pena no se agotó en el plazo señalado por la defensa.
En ese mismo agravio el recurrente mencionó sin mayores explicaciones un argumento diferente, pues no se refiere a la primera condena sino a la segunda. Dijo que el imputado "...habría agotado en prisión preventiva la totalidad de la pena impuesta en la segunda causa, en la cual se decreta la unificación de penas" (fs. 592). No hay ninguna indicación o cita de pieza del expediente, ni siquiera una afirmación sino la mera mención de una posibilidad ("habría agotado"), lo cual por su vaguedad torna insuficiente el reclamo (art. 495, CPP).
III. En el primero de sus planteos subsidiarios la defensa postuló que la sentencia que ataca realizó una revisión insuficiente del fallo de primera instancia en lo concerniente a la ley que, por ser más benigna, deberá aplicarse respecto de los requisitos para pedir la libertad condicional (v. fs. 593/597). Afirmó que la sentencia incurrió en falta de claridad en cuanto a las normas aplicables al tema indicado por cuanto se remitió a la ley vigente del momento del hecho y de la condena. Señaló el recurrente que debe ser una u otra ley, pero no ambas (v. fs. 594, primer párrafo).
Añadió que al dar esta respuesta el Tribunal de Alzada se limitó a reiterar los términos deficientes con los que la primera instancia había resuelto ese tema. Pidió por ello que se invalide lo decidido y se reenvíe la causa para el dictado de una nueva sentencia. Como alternativa a esa solución, propuso que se declare que la ley aplicable a la pena impuesta es la del art. 13 del Código Penal en la redacción que esa norma tenía antes de la ley 25.892, por ser más benigna (v. fs. 597 y vta.).
IV. Concuerdo con el dictamen de la Procuración en que la decisión impugnada no abastece en este punto la respuesta adecuada en razón de los motivos de agravios integrantes del recurso de apelación en su momento incoado (v. fs. 665 vta. y 666).
Tal como lo señala la cabeza del Ministerio Público Fiscal, la respuesta del Tribunal de Alzada resulta confusa y sobre todo incompleta, pues más allá que concluye en que la ley aplicable es la vigente al momento del hecho (ley 25.892), no aborda en debida forma los planteos de la parte relacionados con la ultraactividad de la ley penal más benigna (art. 2, Cód. Penal) por la entrada en vigencia de la referida ley 25.892 que modificara los arts. 13, 14 y 55 del Código Penal, teniendo en cuenta que en la primera condena Aranda Rey fue condenado a prisión perpetua por los delitos antes señalados en vigencia del régimen anterior a la referida reforma, así como tampoco se dieron razones respecto de los perjuicios que ello deriva en la etapa de ejecución de la pena, según lo disponen las leyes 12.256 y 24.660, a tenor de los planteos esgrimidos por la parte.
Ello obsta a esta Corte a poder dar adecuado tratamiento a los planteos de similar tenor en el recurso ahora en ciernes y torna en ese punto al pronunciamiento atacado en una sentencia incompatible con el debido proceso, debiendo parcialmente ceder, y en lo que atañe a la respuesta dada acerca del proceso unificatorio (art. 58, Cód. Penal), remitirlo a la instancia de origen para que, por ante quien corresponda, se dicte una nueva decisión ajustada a derecho.
Con el limitado alcance antedicho, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri , y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario interpuesto en lo que atañe a la respuesta dada acerca del proceso unificatorio -art. 58 del Código Penal- y se dispone reenviar la causa a la instancia de origen para que, por ante quien corresponda, se dicte una nueva decisión ajustada a derecho (art. 496, CPP).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia