Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 5 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan , de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.023, "Olivera, Luis Ángel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 79.118 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de marzo de 2017, rechazó por improcedente el recurso interpuesto por el señor defensor oficial a favor de Luis Ángel Olivera contra la sentencia unificatoria de penas del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Morón que lo condenó a la pena única de veintiún años, un mes y veinticuatro días de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia, comprensiva del tiempo incumplido en el marco de la causa n° 1.473 del registro de ese Tribunal (siete años, siete meses y veinticuatro días) en la que mereció pena única de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas y declaración de reincidencia, y la pena impuesta en la causa n° 2.841 del registro del Tribunal Criminal n° 5 departamental, de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas (arts. 18 y 375, CPP; 40, 41, 55 y 58, Cód. Penal; v. fs. 34/43 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 50/58), el cual fue concedido por la aludida instancia (v. fs. 60/63 vta.).
Oído el señor Subprocurador General a fs. 68/71, dictada la providencia de autos (v. fs. 72), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La defensa denunció arbitrariedad, infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana (arts. 1 y 18, Const. nac.), del debido proceso legal y del derecho de defensa -derecho a ser oído- y violación a la garantía a la revisión amplia del fallo condenatorio (arts. 8.2."h", CADH y 14.5, PIDCP; v. fs. 52 vta.).
Sostuvo que habiendo acudido al Tribunal de Casación Penal en procura de obtener el escrutinio respecto a la falta de fundamentación por parte del órgano de la instancia al optar por aplicar el método aritmético al momento de unificar las condenas firmes que pesaban sobre Olivera, la respuesta consistió en afirmaciones arbitrarias que se contraponen con las constancias de la causa (v. fs. 53 vta.). Ello, toda vez que el órgano recurrido afirmó que el sentenciante había optado por el método composicional -más beneficioso para el imputado- y por eso no se encontraba obligado a fundamentar la decisión (v. fs. 57).
Alegó que el tribunal intermedio confirmó el monto de pena única impuesto al imputado, sin explicar por qué motivo el tribunal de origen se apartó del método composicional que resultaba más beneficioso, lo que constituye un tránsito aparente por ante ese Tribunal revisor (v. fs. 54 vta.).
Señaló que los planteos que se llevaron ante el tribunal intermedio resultaban determinantes de la solución del caso y su consideración fue omitida por los sentenciantes que resolvieron el recurso "...sin atender a ese contenido central de la queja que abría la instancia" (fs. 55 y vta.). Citó los fallos "Sindicato de Industria Cinematográfica Argentina c. Laboratorios Alex S.A." y "Descole, Alicia N. y otros c. Empresa Ferrocarriles Argentinos" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. cit. y 56).
Adujo violación al derecho a ser oído como derivación del derecho de defensa en juicio e invocó en apoyo de su postura el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Casal" y los precedentes de esta Corte, causas P. 99.084, sentencia de 29-IV-2009 y P. 89.939, sentencia de 6-IX-2006 (v. fs. 56 y 57).
Solicitó que se case el fallo recurrido al haber violentado el debido proceso y el derecho a ser oído -como derivación del derecho de defensa en juicio-, en lo relativo al alcance que corresponde otorgar al recurso como garantía del imputado a la revisión integral de la sentencia de condena, al prescindir de las razones centrales por las que se reclamaba de dicho Tribunal la casación del fallo, lo cual descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido, y consecuentemente, se disponga el reenvío a la instancia revisora, con el fin de lograr -con una integración adecuada- un pronunciamiento ajustado a derecho (v. fs. 57 cit. y vta.).
II. Coincido con lo dictaminado por la Procuración General en cuanto al rechazo del recurso interpuesto.
III.1. Conforme veremos, la decisión del a quo cumple con la obligación de fundar los pronunciamientos y con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también de las normas nacionales y supranacionales que cita, en tanto abordó y se expidió sobre los motivos de queja llevados a su conocimiento.
III.2. En el recurso de casación la defensa, en primer término, cuestionó la mensuración en carácter de agravante de las condenas anteriores que registra su defendido por constituir una violación a la prohibición de doble valoración.
También denunció inobservados los arts. 2, 40, 41 y 58 del Código Penal habida cuenta que el a quo utilizó el sistema aritmético para unificar ambas condenas, obviando la petición formulada por esa defensa en torno a la implementación del método composicional. Solicitó se condene a Olivera a una pena menor, la que no debería apartarse del mínimo legal.
Postuló que tratándose de una única sanción las declaraciones efectuadas en las sentencias anteriores han perdido individualidad, indicando que la escala penal resultante parte en diecisiete años de prisión y teniendo en cuenta la ley vigente al momento en que el encausado fue detenido correspondería fijar el tope máximo en veinticinco años de prisión, debiéndose computar el tiempo transcurrido luego de los dos años de detención en el primer proceso como doble, hasta la firmeza de la pena única (v. fs. 12/15).
III.3. El tribunal revisor en lo que interesa, por mayoría, señaló que "...la regla general del Código Penal es que, conforme al 'principio de la pena total', no pueden coexistir penas impuestas en forma independiente" y que "...es facultad discrecional del magistrado a cargo de las causas fijar la pena única dentro de los límites establecidos por la suma de ambas condenas, pero ello no resulta ser un principio absoluto" (fs. 38 vta.)
Afirmó que la doctrina y la jurisprudencia son pacíficas al establecer que, frente al método aritmético o el de composición de penas, es deber de los jueces justificar acabada y fundadamente los motivos por los cuales optan por elegir un sistema más gravoso de graduación de la sanción penal cuando tienen la posibilidad de optar por otro más beneficioso para el condenado. Citó el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Romano" (v. fs. cit.).
Expresó que si bien la norma no impide que el magistrado pueda imponer una pena que coincida con la suma de las penas concurrentes, ello, no alcanza para evitar el deber judicial de motivación, y la pena total debe ser debidamente fundada en el reproche de culpabilidad por el hecho cometido, como en criterios de prevención especial. De esta forma "...la pena única coincidente con la suma aritmética no será estrictamente el producto de una suma sino el resultado de un juicio de determinación de pena, que se realizará conforme un criterio de acumulación jurídica regido por las pautas del art. 55 del Código Penal" (fs. 39).
Resaltó que Olivera resultó condenado a la pena única de veintiún años, un mes y veinticuatro días de prisión, accesorias legales y costas del proceso, con más declaración de reincidencia, comprensiva del tiempo incumplido en el marco de la causa n° 1.473 del registro de ese Tribunal, consistente en siete (7) años, siete (7) meses y veinticuatro (24) días de prisión, en la que le mereció la pena única de diecisiete (17) años de prisión, accesorias legales, costas y declaración de reincidencia; y la sanción impuesta en el marco de la causa n° 2.841 del Tribunal Oral en lo Criminal n° 5 de ese mismo departamento judicial, consistente en trece (13) años y seis (6) meses de prisión, accesorias legales y costas; y que de la lectura del decisorio cuestionado "...surge harto evidente que el órgano de mérito procedió al dictado de una sentencia única inferior de la sumatoria de las condenas recaídas (que en su máximo llegaría a un tope máximo de treinta (30) años y seis (6) meses de prisión), imponiéndole al acusado un monto punitivo fundado en la justa composición de ambas" (fs. 39 vta.).
Explicó que los sentenciantes de grado arribaron a dicha solución considerando que la parte de la pena anterior ya cumplida en virtud de la primera de las condenaciones, no puede ser ahora materia de unificación, debiendo por ende valorarse únicamente la porción incumplida de la primera condena, en la que ya se había fijado una pena única de diecisiete (17) años de prisión, y así procederse a su integración con la recaída en el expediente n° 2.841 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 5 departamental (v. fs. cit.).
Apuntó que "...respetando el método de unificación de penas escogido por los sentenciantes, no se advierte motivo alguno para cuestionar la resolución atacada cuando, de las interpretaciones posibles, los Jueces de grado optaron por la más favorable a los intereses de Olivera, donde tuvieron en cuenta las pautas agravantes y atenuantes que fueron oportunamente valoradas, que llegaron firmes a esa instancia - cuestión en la que tampoco existe una doble valoración como señala el recurrente, dado que nada impide meritar como dato relevante la existencia de condenas anteriores, como oportunamente se hizo en el marco de la causa n° 2841, sin que ello implique una renovación del castigo en lo que hace a la reprochabilidad del injusto-, como así también realizó un pormenorizado análisis del grado de los ilícitos enrostrados, donde la sanción establecida no aparece como irracional o desproporcionada" (fs. 40 vta.).
En lo atinente a que se aplique al caso la manda contenida en los art. 7 y concordantes de la ley 24.390, consideró que "...por un lado [...] no corresponde [...] aplicar al presente proceso dicho cómputo privilegiado respecto de aquellos hechos cometidos con posterioridad a la derogación de la norma de trato, mientras que por otro, dicha cuestión excede el marco de la presente revisión, toda vez que se trata de una circunstancia que será materia de análisis al momento de aprobarse el respectivo cómputo, en donde se determinará en que causas que conforman la pena única existieron períodos de detención cautelar sin condena firme, procediéndose a calcular doble dicho lapso (y que porción de la pena le restará cumplir al encartado Olivera), momento en que el impugnante deberá realizar las observaciones que considere necesarias a los fines de resguardar los intereses de quien asiste" (fs. 40 vta. y 41, voto del doctor Kohan que concitó la adhesión del doctor Maidana).
IV. Analizando el contenido de lo reseñado se advierte que el aludido tribunal intermedio dio respuesta al reclamo de la defensa, y lejos de limitar su competencia, abordó la queja otorgando debido tratamiento a los agravios planteados en oportunidad de interponer el recurso de casación, específicamente en lo relativo a la implementación y fundamentación del método de unificación de penas. La parte no ha reparado en lo resuelto por el juzgador, oponiendo -en cambio- un criterio discrepante, circunstancia esta que constituye un mecanismo ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Cabe agregar que con fundamento en todo lo antes transcripto, el órgano recurrido desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los argumentos de la parte y los descartó, proporcionando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, por lo que no se advierte -ni el recurrente ha logrado evidenciar- la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita.
Por lo que la afirmación de la defensa en torno a que, en dicho escrutinio, la Casación se limitó a responder mediante afirmaciones que no se condicen con las constancias de la causa (v. fs. 54), considerando además el tránsito por esa instancia como "aparente" (v. fs. 55 vta.), resulta huérfana de todo sustento argumental, y, por tanto, indemostrada.
En consecuencia, a tenor del alcance de las respuestas que exhibe el pronunciamiento en crisis -que fueran aquí transcriptas- para arribar a la confirmación del fallo unificatorio de condenas, se advierte que el tribunal efectuó una revisión compatible con los parámetros impuestos en el ya citado precedente "Casal", en tanto incluyó -además de la mención de los parámetros valorados por el sentenciante para arribar a la pena única impuesta- un juicio crítico de esas constancias.
El recurrente se limitó a argumentar en torno a que el fallo atacado violentaba el alcance dado a la doctrina de la revisión de la sentencia en relación con la indebida aplicación del proceso unificatorio, como también que vulneraba las garantías constitucionales de la defensa en juicio y debido proceso (v. fs. 56 y 57), desentendiéndose -de ese modo- de los argumentos dados por el Tribunal revisor para descartar el planteo, no evidenciando -por ende- un supuesto de arbitrariedad.
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (CSJN Fallos: 310:234).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y Negri, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia