Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130562
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.562, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal- ante el Tribunal de Casación Penal s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 79.808 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Benítez, Eduardo Damián".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de fecha 7 de febrero de 2017, rechazó el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión del Tribunal en lo Criminal n° 3 de General San Martín que dictó veredicto absolutorio respecto de Eduardo Damián Benítez por considerar que no se acreditó la existencia de los hechos materia de acusación, esto es: abuso sexual gravemente ultrajante (v. fs. 62/74).
El señor fiscal ante aquella instancia, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 79/96), que fue concedida por el órgano casatorio merced a la resolución que luce a fs. 103/107.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 129/133 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 134, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El señor fiscal ante el Tribunal de Casación Penal denunció -en primer lugar- absurdo y arbitrariedad de la sentencia impugnada por fundamentación aparente y apartamiento de las constancias de la causa, pues "...no realizó un minucioso análisis de todos y cada uno de los planteos que esta parte presentara..." (fs. 86 vta.). Adujo que el sentenciante se limitó a reproducir lo dicho por el tribunal de juicio, y en función de ello el recurrente se alzó contra la decisión que tuvo por no acreditada la materialidad ilícita del abuso sexual gravemente ultrajante imputado.
Escindió su crítica en cuatro aspectos que le generaron agravio.
I.1.a. Por un lado, afirmó que el testimonio de B. -la niña víctima, de cuatro años al momento del hecho y de siete en ocasión de celebrarse la cámara Gesell- "...presentó una serie de características que lo convierten en creíble: la presencia de detalles en la conducta, de contexto, de la conducta de la persona involucrada en el abuso, entre otras" (fs. 88 vta.).
Cuestionó que el Tribunal de Casación al tildar dicha declaración de "escueta" haya realizado un examen de cantidad y no de calidad, y más allá de eso, postuló que lo central es que no justificó por qué la calificó así ni qué más esperaba que la niña dijera.
Contrariamente a lo sostenido en la sentencia, señaló que "...B. se explayó (brindando detalles) del suceso ocurrido, demarcando las características de tiempo, modo y lugar, realizando una exhaustiva declaración en lo relativo al suceso vivido. No había más nada que agregar. Lo que contó fue lo que vivió" (fs. 89).
Tachó de contradictorio el voto del juez Carral que expresó, por una parte, que el relato fue escueto y que asimismo objetó "...que allí donde la víctima se expresara en detalles (señalando la 'palabra pene') no utilizara un léxico apropiado para su edad... " (fs. cit., el destacado figura en el original), lo cual para la fiscalía es absurdo y contrario al sentido común, "...dado que es una verdad de Perogrullo que los niños de tal edad reciben educación sexual, y el término empleado -'pene'- es usual en menores de 7 años de edad" (fs. 89 cit.). Justificó su afirmación citando lo dispuesto por la ley 26.150 (Programa Nacional de Educación Sexual Integral).
Por tales razones alegó que las dos premisas señaladas -relato escueto y léxico no usual para su edad- deben ser descalificadas, y que la autenticidad de la vivencia relatada se advierte "No sólo cuando dijo que le 'hizo lamer el pito' e hizo el gesto ilustrativo del hecho, sino también cuando expresó que vivió dicha experiencia como algo 'horrible', sintiendo gusto a 'pichin'" (fs. 89 vta.). La fiscalía concluyó que es absolutamente impensable que una menor de siete años pudiera dar detalles de tal experiencia si no la vivió. A lo que sumó que debió tenerse en cuenta la persistencia del relato a lo largo del tiempo frente a diferentes personas y contextos de evaluación, repitiéndose siempre la misma dinámica y el hallazgo de reacciones emocionales congruentes con el contenido del relato, más específicamente, la vergüenza (v. fs. 89 vta. cit.).
I.1.b. Por otro lado, expresó el fiscal que los testimonios brindados por G. P. P. (progenitora de la menor) y L. M. (padre de B.) no fueron siquiera ponderados por el tribunal revisor (v. fs. 90 y vta.).
Agregó que nada tuvieron que ver con el hecho juzgado diversas situaciones que fueron mencionadas en las declaraciones recibidas en autos, vinculadas a la relación de amistad que existía entre la familia de B. y la del acusado Damián Benítez, tales como las supuestas infidelidades en que habría incurrido el padre de la menor, los acosos que se refirieron o la existencia de una deuda dineraria por parte de los padres de B., así como tampoco la intención de la madre de la niña de volver a Chaco (se insinuó que la presente denuncia podría haber tenido relación con una mudanza que solventaría la Gendarmería, donde trabajaban tanto M. como Benítez). En este punto, el fiscal manifestó que si la madre perseguía la mudanza "...bastaba únicamente con la radicación de la denuncia sin la instancia de la acción..." (fs. 90 vta.) y añadió que "P. no sólo denunció, sino que instó la acción y sometió a su hija a múltiples interrogatorios, pericias médicas y psicológicas; motivos por los cuales no resulta verosímil la motivación que intentan introducir los sentenciantes, para afirmar la existencia de una denuncia falsa" (fs. cit.). En cuanto a la deuda dineraria, expuso que no existía conflicto previo a la denuncia (ibíd.).
I.1.c. Respecto del lugar físico donde ocurrió el hecho, atacó lo dicho por el a quo manifestando que durante el juicio se acreditó "...que el baño se encontraba dentro de la casa, en medio de dos habitaciones, sobre un pasillo que comunicaba ambos patios y habitaciones; de tal forma -dable es concurrir- que B. pudo actuar a resguardo de la vista de G. y P., no necesitando más de unos escasos minutos para llevar adelante su desfogue sexual (más precisamente 10 minutos)" (fs. 91).
El recurrente sostuvo que en esa ocasión el imputado requirió ir al baño y que allí llamó a la niña, quien transitó el pasillo e ingresó a la habitación para así llevarse a cabo el ataque sexual. De ahí que consideró que no era cierto que de acuerdo a la disposición de la casa, desde la ubicación que tenían G. P. y M. J. G., el campo visual abarcara la totalidad del predio.
I.1.d. Por último atacó la conclusión del Tribunal de Casación según la cual la narración de la niña no fue validada. La crítica de la parte se dirigió al juicio del a quo según el cual los dictámenes periciales no resultan vinculantes para el tribunal porque éste debe formar su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio y no sobre lo que determinado perito concluya (v. fs. 91 vta.). Expuso su disconformidad aduciendo que "Todos los profesionales intervinientes coincidieron en señalar el relato -desde el punto de vista psiquiátrico-psicológico- como verosímil, encontrando indicadores de abuso sexual y descartaron la fabulación o inducción" (fs. 91 vta.).
Aludió a los testimonios de las psicólogas Celia Rodríguez Morales y María José Manzo afirmando que constituyeron no sólo prueba decisiva porque fueron legalmente incorporadas a la causa, sino que a partir de ellas se infirieron indicios de abuso sexual que validaron las manifestaciones de la niña respecto del hecho atribuido al encartado (v. fs. 92).
Adujo que aun entendiendo que las pericias no resultaran vinculantes para los magistrados, tampoco era posible apartarse del informe sin dar la correspondiente razón para ello: "Así, el apartamiento de las conclusiones periciales deberá fundarse, razonablemente, con arreglo a los preceptos de la sana crítica" (fs. 92 y vta.). De esta forma, aseguró que si dos psicólogas indicaron que el relato era verosímil y que no había signos de fabulación o inducción, no podían los sentenciantes contradecir dichas conclusiones sin explicación razonable y de base científica sin incurrir en arbitrariedad (v. fs. 93).
En definitiva, planteó que la sentencia "...no deriva de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso, sino de una arbitraria y parcializada valoración de ellas, evidenciada por el apartamiento liso y llano de constancias que determinan el hecho y la participación" (fs. 94 vta.) y que, por el contrario, el conjunto probatorio conduce inexorablemente a la acreditación del hecho y la autoría.
I.2. Para finalizar, denunció un gravamen irreparable en relación a los derechos de la menor víctima del delito, la violación del derecho a ser oída y a que su testimonio sea considerado válido (v. fs. 95).
Sostuvo que la particular vulnerabilidad de la víctima está reconocida constitucionalmente y acompañada por una mayor protección: en tanto víctima y en tanto niño o adolescente (art. 34, CIDN).
Indicó que en casos de abuso sexual, reiteradamente se ha dicho que cuando existe una pericia psicológica "...que se expide sobre la fiabilidad del relato de la menor (como ocurrió en autos)..." (fs. 95), su lectura debe ir necesariamente acompañada de la explicación experta, en virtud de los conocimientos especiales involucrados, de los que carece el juzgador (v. fs. cit.).
De este modo, consideró que la interpretación sustentada por los magistrados no hace honra al compromiso internacional asumido de acuerdo a lo que dispone el citado art. 34 de la Convención que busca proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. "Entonces, tratándose de una víctima de abusos sexuales -menor de 18 años- se encuentra protegida por el Estado por pertenecer al colectivo de personas que cuentan con dicha protección especial. Desde esta perspectiva debe ponderarse su testimonio, partiendo de su credibilidad, y sustentándose en prueba que corrobore su veracidad (como se encuentra acreditado en autos)" (fs. 95 vta.).
II. El señor Procurador General aconsejó hacer lugar al recurso intentado (v. fs. 129/130 vta.), criterio con el cual concuerdo.
III. El Tribunal en lo Criminal describió el hecho juzgado, según el cual "...el día 22 de febrero de 2013 siendo aproximadamente las 22.00 hs. en el interior del domicilio sito en la calle Hugo del Carril … de Loma Hermosa P.B.A., [...] el aquí imputado Eduardo Damián Benítez, ingresó a la habitación de la menor B. M., abusando sexualmente de ella al hacerle lamer su miembro viril" (fs. 11).
El órgano del juicio analizó los dichos de la víctima B. M. recibida a través de cámara Gesell (quien tenía cuatro años a la fecha del hecho y siete al deponer de esta forma); los de su madre, G. P. y su padre, L. M.; y los de las psicólogas María José Manzo, Celia Rodríguez Morales y María Ada Borghesan; la de la testigo M. J. G. (presente en la ocasión del suceso) y la declaración del imputado (v. fs. 11 vta./16 vta.); entre otros elementos.
El tribunal señaló que el primer escollo lo encontraba en la variación del hecho imputado por la fiscalía, aunque admitió que el punto no había sido objetado por la contraparte: indicó que de la declaración recibida a la niña a través de la cámara Gesell no se desprendía que hubiera existido introducción del miembro viril en su cavidad bucal, toda vez que al ser preguntada expresamente "...contestó que 'no'. Dijo que lo lamió, realizando un gesto típico con su lengua afuera en forma ascendente. Para representarlo, lo que se hace cuando se imagina 'tomando un helado'" (fs. 17). Y aclaró que ello era sustancial porque más allá de la debida acreditación de la materialidad, había variado incluso el tipo penal reprochado: del tercero se mutaba al segundo párrafo del art. 119 del Código Penal.
Continuó diciendo que en el caso se partía del relato de la menor, en el que se basaron el resto de los testigos y que si bien en esta clase de delitos se contaba básicamente con el testimonio de la víctima, "...ello no puede significar el único elemento para basar una condena. Siempre debe ser analizado en forma conjunta con los demás elementos probatorios reunidos" (fs. 17).
Desde esa perspectiva entendió que, contrariamente a lo sostenido por la fiscalía, la imputación no era persistente ni coherente ya que en la denuncia se aludió a que el imputado "introdujo su pene en la cavidad bucal" de la víctima pero al ser ésta escuchada y preguntada específicamente en la cámara Gesell, negó esa situación ya que manifestó que el acusado le había hecho lamer el pene y añadió que "De tal manera entonces, el resto de los testigos que basaron sus dichos en aquella premisa, pierden sustento" (fs. 17 vta.).
Luego pasó a la evaluación de la prueba pericial diciendo que la misma daba cuenta de un hecho traumático compatible con una situación de abuso sexual aunque objetó que no existe un test específico que permita demostrar dicha circunstancia y, aunque admitió que no se acreditaron síntomas de inducción o tabulación en su relato, consideró decisivo que éste hubiera variado "radicalmente", acerca de la introducción del pene en la boca. El órgano del debate se preguntó si no era posible que en el futuro volviera a modificarse la narración.
El juzgador indicó que se hallaba ante versiones encontradas. Aludió a la pericia efectuada sobre el imputado, en quien no se habían detectado indicadores de perturbación en el aspecto psicosexual ni de simulación y al informe socio ambiental que brindaba "...un aspecto contenedor" (fs. 17 vta.) y sostuvo que si bien las pericias no eran vinculantes, aunque analizadas de manera separada podrían aclarar el panorama, "...en el mismo contexto, o sea la valoración en este hecho, se contraponen. Un perfil no encaja en el otro" (fs. 17 vta. y 18).
Seguidamente analizó las declaraciones de G. P., L. M., P. R. y el imputado Eduardo Benítez y puso en duda que los hechos pudieran haber ocurrido del modo en que fue imputado: en pocos minutos, a la luz del día teniendo en cuenta la época y hora, y en la casa de la familia de la víctima donde estaban presentes el imputado, su esposa, su hijo, la dueña de casa y su hija víctima del mismo. "De esta manera, no aparece, a mi entender, acabadamente superado el marco de 'intimidad' en el que suelen cometerse los delitos sexuales. La madre de la víctima y la esposa del imputado, dijeron que ellas estaban sentadas en el patio delantero de la casa. Que sus hijos menores jugaban a su vista permanente, ya que el patio trasero está comunicado con aquél por un pasillo al que dan las habitaciones y el baño, lo que permite una visión casi total del lugar por parte de las nombradas. En ese contexto, el imputado, de visita en la vivienda, habría pedido ir al baño, supongamos que apenas retirado del pasillo aludido. En lugar de ello habría llamado a la víctima que debió haber transitado el pasillo, haber ingresado a su habitación que da al patio trasero donde jugaba el hijo del encausado y al que podían acceder su esposa y la madre de aquella, y cometer un abuso sexual oral en pocos minutos" (fs. 18). En consecuencia, tildó de particular y llamativo el contexto en el que habría ocurrido. "Casi diría que osado y riesgoso por parte del imputado" (fs. cit.).
Concluyó que la prueba, analizada en su conjunto, le impedía llegar a la certeza sobre lo ocurrido por lo cual, siguiendo el principio constitucional de inocencia, consideró que la duda beneficiaba al imputado (v. fs. 18 vta.).
IV. A su turno, ante un recurso fiscal, el Tribunal de Casación coincidió con la falta de demostración de la materialidad ilícita.
El a quo destacó que su capacidad de revisión se había "...visto robustecida por el aporte de la video-filmación..." (fs. 65) de lo actuado en la cámara Gesell y aseveró que el relato de la niña es la pieza esencial de la prueba de cargo, dejando aclarado que, a diferencia de lo sostenido por el órgano del juicio, "...el cambio en la versión de la niña no aparece como radical, sí consideramos que alude al genital masculino y a su boca como las zonas de contacto" (fs. 66).
El Tribunal de Casación recreó el discurso de la víctima prestado mediante cámara Gesell del siguiente modo: "Inició su relato dando cuenta que tenía conocimiento acerca de su presencia en la sala, en tanto expuso: 'es para hablar de lo que no me había gustado que me pasó de chiquita'. Narró que su mamá y M. estaban tomando tereré en el exterior de la vivienda, 'después Damián dijo que había un ratón afuera, lo fuimos a ver y me llevó a mi pieza y me hizo lamer la parte privada'. Al ser interrogada respecto a qué se refería al aludir a 'parte privada', expuso que se es lo que tienen los hombres entre medio de las piernas, y luego sostuvo que se le llama pene. Continuó y dijo que Damián le manifestó que no dijera nada. Que se bajó el pantalón. Que le contó a su mamá frente al resto de las personas. Al ser preguntada por la entrevistadora sobre cómo era la parte privada, la niña con las manos gráfico un triángulo; dibujo que repitió en ocasión de volver a ser preguntada sobre el punto. Asimismo, al expresar lo que Damián le hizo hacer (lamer) realizó un gesto con la lengua afuera de arriba hacia abajo. Por lo demás, fue interrogada acerca del gusto, ocasión en la que la niña dijo: horrible, ¿se parecía a algo? (se le preguntó) y contestó, 'al pichín'" (fs. 67 y vta.).
Transcripto el testimonio, el órgano revisor señaló que B. había narrado el suceso de manera escueta, a la vez que empleado un peculiar léxico, en función de los siete años de edad que tenía.
A continuación reiteró las consideraciones del tribunal del juicio acerca de lo relatado por los testigos y el acusado, incluyendo las alusiones al contexto de la relación entre ambas familias involucradas, tales como supuestas infidelidades, acosos, la existencia de una deuda y la intención de la madre de la niña de volver al Chaco (para lo cual presumiblemente Gendarmería brindaría recursos).
En lo que atañe a la valoración de la prueba pericial, repasó lo expuesto por Manzo y Rodríguez Morales, cuyas conclusiones en parte no coincidieron con las de Borghesan.
El a quo señaló que Manzo "...refirió que se entrevistó con la madre de la menor una vez, mientras que con la niña en tres ocasiones. Recordó que la menor relató que padeció un abuso sexual similar al expuesto en la cámara Gesell. Descartó fabulación, inducción o conflictos en vínculos familiares. [...] 'No encontró otra situación traumática. Hay autores que hablan de ello a partir de una mudanza por ejemplo, lo que ocurrió en este caso al haberse trasladado del Chaco extrañando a sus abuelos. A su criterio la situación traumática no fue ésta (...); el relato es verosímil sobre todo a partir del relato efectuado el día de ayer donde se le hicieron preguntas no esperadas...' [...]" (fs. 69, el destacado figura en el original).
Con relación a Morales el Tribunal de Casación dijo que la experta "...expuso que no existen indicadores concretos salvo el relato, y destacó que 'Pese a la diferencia temporal entre el hecho y la pericia, no apareció un beneficio que le permita pensar en la inducción. Si bien un niño es fácil de inducir, es difícil que a esa edad sostenga el relato...' [...]" (fs. 69 y vta., el destacado figura en el original).
En cuanto a Borghesan, el tribunal intermedio dijo que "...dictaminó acerca de la ine
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