Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129693
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.693, "Suffi, Carlos Alberto y Franco, Luis Emanuel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 64.624 y su acumulada n° 64.625 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de junio de 2015, rechazó el recurso interpuesto contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal n° 2 de La Plata que condenó a Carlos Alberto Suffi a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma (causa 4.104), los que concurren en forma real con el delito de encubrimiento (causa 4.019, hecho III). Asimismo, condenó a Luis Emanuel Franco a la misma pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causa en concurso real con robo calificado por el empleo de arma (causa 4.104), los que concurren en forma real con los de receptación de cosas provenientes de un delito (dos ilícitos, uno de ellos agravado, en causa 4.112, hechos I y II) (v. fs. 157/172).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia -doctor Daniel Aníbal Sureda- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Carlos Alberto Suffi (v. fs. 174/191 vta.). Por su parte, el letrado de confianza del procesado Luis Emanuel Franco dedujo la misma vía impugnativa a su favor (v. fs. 215/233 vta.).
Ambos carriles fueron concedidos por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 240/242 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 257/270 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 271 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Carlos Alberto Suffi?
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Luis Emanuel Franco?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El señor defensor de Suffi tachó de arbitrario el pronunciamiento casatorio por basarse en afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de fundamentación de los fallos judiciales, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de esta Corte local, en contradicción con los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8, inc. 2 apdo. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 168 y 171 de la Constitución provincial.
Asimismo, alegó infracción a los arts. 45, 80 inc. 7, 165 y 166 inc. 2 del Código Penal (v. fs. 178 vta.).
Sostuvo que no se brindó respuesta adecuada a los argumentos planteados por esa parte tendientes a la desacreditación de la prueba del elemento subjetivo referido a la ultrafinalidad del art. 80 inc. 7 del código sustantivo.
Recordó que desde el inicio del proceso el encuadre de los hechos atribuidos a Suffi fue el previsto en el art. 165 del Código Penal y citó precedentes de esta Corte referidos a la necesidad de acreditación de dicho componente subjetivo (v. fs. 181 y vta.).
Sostuvo que en las presentes actuaciones las circunstancias valoradas por el juzgador (a las que se remitió el tribunal intermedio sin brindar una respuesta razonada a los argumentos expresados por esa parte), hacen imposible a un tercero reconstruir la existencia de tal requisito del tipo penal. "Esta figura exige una clara dirección de la voluntad, que sólo puede ser comprendida por un dolo directo..." (fs. 181 vta.).
Argumentó que "...quien concurrió al lugar del hecho con un arma de fuego y un elemento punzo cortante ha sido Franco; quien apuntara con el arma de fuego a la Sra. Mauhñ ha sido Franco; quien apuñalara a la infortunada víctima -Sr. Moretto- ha sido Franco..." (fs. 182). Por ello, afirmó que a su asistido sólo puede adjudicársele un dolo directo de robar y que no puede, en modo alguno, extendérsele la conducta de Franco en tanto no se demostró ni el conocimiento ni la voluntad de Suffi para terminar con la vida del damnificado.
Así, la defensa atribuyó la muerte al exceso del coautor, por lo que solicitó la recalificación de la conducta de Suffi en los términos del art. 166 inc. 2 del Código Penal o bien en el art. 165 del mismo.
Asimismo, y para el caso de acogerse favorablemente el agravio, requirió el reenvío de las actuaciones para el tratamiento de los presentados por esa parte en la instancia del art. 458 del Código Procesal Penal referidos a las agravantes y atenuantes, toda vez que recobrarían virtualidad dichas peticiones (v. fs. 182 vta.).
I.2. Luego, denunció la afectación a la garantía de revisión amplia e integral del fallo condenatorio, a la vez que planteó la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 183).
Señaló que la interpretación efectuada por el juzgador al rechazar por extemporáneos ciertos agravios le restó utilidad a la defensa ejercida en ocasión de la audiencia prevista por el art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 183 vta. y 184).
La recurrente manifestó que en dicha oportunidad pidió la adecuación de la pena impuesta y la declaración de inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal, pero recibió una respuesta de pura forma (v. fs. 185).
En consecuencia, peticionó se reenvíe la presente causa al a quo a fin de que se dicte una nueva decisión con tratamiento de los agravios así introducidos (arts. 451, sigs. y concs., CPP; 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2."h"., CADH; 14.5, PIDCP; v. fs. cit.).
Subsidiariamente, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal en tanto veda la posibilidad de invocar otros motivos distintos luego de vencido el plazo de interposición del recurso de casación (arts. 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.).
I.3.a. Por último, alegó la violación a los principios de igualdad ante la ley, legalidad, culpabilidad y proporcionalidad de la pena, como así también la inconstitucionalidad de su perpetuidad y la arbitrariedad del pronunciamiento por contener afirmaciones dogmáticas que no abastecen el requisito de la fundamentación de los pronunciamientos judiciales, conforme la doctrina legal de esta Corte y de la federal (v. fs. 186).
Cuestionó la sentencia en lo relativo a la revisión de la determinación de la pena, pues el a quo al confirmar la prisión perpetua y descartar que infringiera garantía constitucional alguna lo hizo "...con exclusivo apoyo en conceptos vinculados con la etapa de ejecución de las penas" (fs. 187).
Indicó que los homicidios agravados previstos en el art. 80 del Código Penal impiden al juez considerar circunstancias básicas en la determinación del grado de culpabilidad y en la individualización de la pena, toda vez que dicha norma se limita a imponer, indiscriminadamente, la misma sanción para conductas que pueden ser muy diferentes, violentando así lo normado en el art. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto establece que el debido proceso requiere que ante la individualización de la pena se consideren todos los elementos atenuantes y agravantes.
Adujo que, por tal motivo, no se tiene en cuenta la proporcionalidad de la pena, no se valoran las atenuantes establecidas y se afecta el principio de culpabilidad mediante la aplicación ciega e indiferente de la pena. Explicó que el art. 80 del Código Penal impone de manera mecánica y genérica la aplicación de una pena a perpetuidad para todo culpable de homicidio, contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria, pues no permite individualizarla en base a las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado.
I.3.b. Ante este panorama, expuso la posibilidad de brindar una interpretación constitucional a la citada pena circunscribiéndola a una sanción numérica que no podría superar los veinticinco años de prisión (v. fs. 188 vta.).
Alegó que "...en nuestro sistema legal las penas, pese a su calificación de perpetuas, tendrían en realidad un plazo máximo de duración [...] de veinticinco (25) años (sobre todo teniendo en consideración que el Estatuto de Roma ratificado por nuestro país mediante la ley 26200 -el cual posee jerarquía sobre la legislación interna e infraconstitucional- impone como máximo de pena para los delitos de genocidio y la violación reiterada e indiscriminada de los Derechos Humanos, la de 30 años). Y si ello fuere así, entonces podría considerarse que nada obstaría la obtención de su libertad una vez cumplidos los 25 años de condena; entonces la pena en cuestión, vaga y contraria al principio de legalidad, proporcionalidad y culpabilidad, dejaría de tener carácter perpetuo, pues, aunque prolongada, no implicaría necesariamente un encierro de por vida, y permitiría la reinserción social del condenado" (fs. 189).
En consecuencia, solicitó se dicte una nueva decisión que determine dicho límite temporal de la pena perpetua y, de no ser posible, se declare su inconstitucionalidad (v. fs. 189 vta.).
Para el supuesto de hacerse lugar a este planteo, renovó el pedido de reenvío para el tratamiento de los planteos formulados en la instancia prevista por el art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 190).
II. La Procuración General aconsejó desestimar la impugnación en trato (v. fs. 257/270 vta.) y, en efecto, el recurso no prospera.
III.1. El a quo describió la materialidad ilícita acreditada por el tribunal de mérito diciendo "...que 'en horas de la madrugada del día treinta y uno de marzo del año dos mil once, cuando Sofía Marisol Mahuñ y Martín Luis Moretto volvían caminando desde la estación de servicio Petrobras ubicada en las calles 38 y 137 de esta ciudad a su domicilio, al llegar a la intersección formada por las calles 38 y 134 bis fueron interceptados por dos sujetos del sexo masculino que se movilizaban en una moto marca Motomel de color negro y blanco. El sujeto que viajaba en el rodado como acompañante esgrimió un arma de fuego con la que intimidó a la femenina, desapoderándola ilegítimamente de un celular marca LG y una bolsa con los elementos que acababa de adquirir en el minimercado de la estación de servicios. Mientras tanto, el conductor de la moto redujo a Martin -su pareja- a quien exigió le entregara la billetera y lo desapoderó de la suma de veinte pesos aproximadamente, llevándolo hasta la esquina de las calles 38 y 134 donde lo hizo tirar al piso boca abajo, ordenándole que se quedara quieto. Que luego este sujeto volvió hacia la esquina en la que se encontraban la femenina y el otro masculino y al advertir los atacantes que Moretto se levantó del piso e intentó pedir ayuda -ante la llegada ocasional de un vehículo que circulaba por la zona-, ambos se subieron a la moto y se acercaron hasta aquél, a quien encerraron, ocasión que aprovechó Sofía Mahuñ para correr a pedir ayuda, momento éste en que se cruzó con un taxi que en su interior trasportaba un pasajero. Así las cosas, uno de los agresores le asestó a Moretto una puñalada a la altura del hipocondrio derecho causándole una lesión que muy pocos minutos después le ocasionó la muerte; dándose luego ambos a la fuga en la moto de mención con el botín...'" (fs. 161).
En cuanto al primero de los agravios traídos ante esta Corte, llevado también ante la instancia casatoria, el a quo señaló que ninguna de las críticas ensayadas respecto de la calificación legal podía recibir acogida favorable y confirmó "...no sólo el dolo homicida presente en ambos imputados, sino también la ultrafinalidad de cometer el hecho 'para asegurar los resultados de otro delito'" (fs. 165 vta.).
Explicó que la motivación especial del homicidio no era fundada sólo en la mera existencia de una conexión objetiva entre el robo y el homicidio, sino que, "...a partir de los hechos que se tuvieron por acreditados, infiero razonablemente que el hecho se cometió con la finalidad de asegurar los resultados del robo en curso, ya que los imputados tomaron la decisión de enfrentar a Moretto y darle muerte, cuando advirtieron que éste había desobedecido la orden de quedarse acostado alcanzando a pedir auxilio, y haciendo peligrar de este modo el resultado del robo" (fs. 165 vta. y 166).
Sostuvo que la concurrencia en cabeza de los autores de esa específica finalidad fue acreditada, como ocurre casi siempre en virtud de su naturaleza eminentemente psicológica, a partir de prueba de tipo indirecta formada por aquellos indicios que surgían de la forma en que la conducta se exteriorizó y de las circunstancias que rodearon su realización.
Expuso que tal conclusión era fácilmente extraíble de la prueba reunida, pues tal como venía acreditado a partir de los testimonios ponderados en el fallo, cuando Suffi y Franco observaron que Moretto estaba pidiendo auxilio, se volvieron a subir a la moto y se dirigieron hasta donde estaba la víctima, asestándole una puñalada a la altura del hipocondrio derecho que le ocasionó la muerte casi instantáneamente. "Esta circunstancia permite descartar que hayan tenido como causa una eventual necesidad de defenderse -claro que de modo no legítimo- frente a una resistencia de la víctima que les represente algún peligro serio para su integridad, siendo relevante en este punto destacar que ésta no contaba con ningún elemento que potencie sus posibilidades de defensa" (fs. 166 y vta.).
Sin perjuicio de que conforme venía acreditado, Suffi era el conductor de la moto y Franco quien ocupaba la posición de acompañante y desde esa ubicación infirió la puñalada mortal a la víctima, el tribunal revisor afirmó que no advertía elemento de prueba alguno que le permitiera concluir que Suffi hubiera sido ajeno a tal decisión. "Por el contrario, entiendo en concordancia con lo decidido en el fallo, que ambos imputados tomaron parte en la ejecución de la acción homicida en forma conjunta, mediante una división del trabajo en la que ninguno de los autores es instrumento del otro y hay una imputación inmediata y recíproca de las aportaciones individuales que se hacen en el marco de la decisión común del hecho. En efecto, Franco alcanzó la posibilidad de apuñalar a la víctima, gracias a la actuación concomitante de Suffi que lo condujo en la moto hasta ese lugar, evidenciándose en ambos la misma decisión final de atacar a la víctima" (fs. 166 vta. y 167).
En este punto destacó lo informado por el testigo Armando Daniel Gómez, quien "...dijo que 'vio a una chica cruzar corriendo la calle y al mirar hacia la vereda observó a tres masculinos como peleándose [...] y luego uno de ellos se agarró a la altura del estómago y cayó al piso, lo que lo llevó a pensar que le habían pegado un tiro pero su pasajero le dijo que no era posible porque no se había oído el disparo. Que en ese momento los dos masculinos restantes se subieron a una moto oscura y salieron por calle 134...' como así también lo dicho por la víctima Mahuñ cuando durante el debate a preguntas de los defensores expresó que '...fue el conductor de la moto quien le pegó lo que ella creyó que era una piña a Martín y lo tiró boca abajo en el piso y luego en un segundo momento el acompañante lo apuntó con el arma, siendo esto lo único que pudo observar pues salió corriendo a pedir ayuda'" (fs. 167).
Por ello, coincidió con el Tribunal del juicio en que no era posible separar la actuación de Suffi, adjudicándole un dolo directo limitado al robo, o a lo sumo extenderlo a dolo eventual respecto del resultado muerte, puesto que no albergaba dudas de que la finalidad específica requerida por la agravante fue querida por ambos imputados al momento de dirigirse armados y enfrentarse (los dos) a la víctima como surgía de los citados testimonios.
De este modo, entendió razonable la conclusión de la sentencia que revisó en cuanto a que se evidenciaba en la conciencia de ambos encausados la existencia de una conexión final entre el homicidio y el delito contra la propiedad, pues su conducta lógicamente se explicaba a partir de la finalidad, cuanto menos, de asegurar los resultados del robo, en tanto durante su ejecución decidieron apuñalar a una de las víctimas apenas advirtieron que ésta representaba un escollo para el éxito de sus planes furtivos y por tanto su neutralización ofrecía mejores posibilidades de éxito (v. fs. 169 vta.).
Agregó que en nada incidía lo dicho por la defensa en cuanto a que la intención originaria de los autores era sólo la de robar, puesto que a los fines de la configuración del homicidio criminis causa no era necesaria una preordenación anticipada, deliberada ni una resolución adoptada de antemano, bastando simplemente una resolución voluntaria, que podía darse cuando el autor, aún sin preordenación, se decidía durante el curso del robo a matar para o por uno de los motivos señalados por la ley.
Así, consideró que la conclusión del Tribunal en orden a la concurrencia en el caso de las ultrafinalidades típicas mencionadas era la única explicación plausible acerca de las razones que guiaron a Franco y a Suffi a actuar del modo en que lo hicieron.
Expuso que cuando el mentado artículo requería que el homicidio fuera cometido "para" preparar, consumar u ocultar otro delito o asegurar sus resultado o procurar la impunidad, estaba indirectamente exigiendo el dolo directo de la conducta homicida, puesto que para la configuración de la agravante resultaba indispensable que aquellas finalidades se persiguieran con la fuerza del propósito y ello presuponía que el medio que el autor juzgaba indispensable para alcanzarlas fuera también buscado con dicha intensidad (v. fs. 168 vta.).
De ahí que entendió, a partir de la forma en que se exteriorizó la conducta, que la decisión de matar motivada en las ultrafinalidades contenidas en la figura del art. 80 inc. 7 del Código Penal surgió como una determinación de ambos imputados, y se correspondía con el dolo directo de ambos, sin perjuicio de que sólo uno de ellos haya empuñado el arma homicida.
En consecuencia, desestimó la tesis defensista por la que se propiciaba la aplicación del art. 166 inc. 2 del citado Código sustantivo desde que "...Suffi no limitó su accionar al delito de desapoderamiento, sino que por el contrario tomó parte en la ejecución del homicidio efectuado para asegurar sus resultados, resultando insuficiente la huérfana alegación del Defensor de Casación relativa a que el resultado fue un exceso del coautor respecto del plan común de ir a robar. Así entonces, la finalidad de asegurar los resultados en el robo al causar la muerte de una de las víctimas, ha sido establecida de acuerdo a las reglas que rigen la valoración probatoria fijadas en los artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal, en tanto esa ultrafinalidad típica es la única explicación plausible acerca de las razones que guiaron a los imputados a actuar del modo en que lo hicieron, pues no [existieron] razones que permitieran suponer que tal actitud haya constituido una reacción defensiva o que haya estado motivada en razones ajenas a la comisión del delito" (fs. 168 vta. y 169).
III.2. La reseña efectuada pone en evidencia que el fallo del órgano intermedio cumplió acabadamente con el deber de revisar la condena pues explicó por qué los hechos probados permitían inferir que también la intervención de Suffi en el hecho estuvo guiada por la ultrafinalidad requerida por el tipo penal.
No se advierte dogmat
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