Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130452
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, se deja sin efecto la sentencia impugnada y se remiten los autos al órgano casatorio para que, con la premura del caso y por donde corresponda, se proceda a dictar una nueva, de conformidad con la presente (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 20 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.452, "Solís, Ricardo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 53.958 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del día 16 de abril de 2013, rechazó por inadmisible el recurso de la especialidad interpuesto por la defensa oficial de Ricardo Solís contra el fallo dictado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín que confirmó la resolución del Tribunal en lo Criminal n° 4 del mismo, en cuanto había establecido el día 24 de enero de 2027 como fecha de vencimiento de la pena de prisión perpetua impuesta al nombrado.
Contra dicho pronunciamiento la defensa oficial articuló un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley al que esta Corte hizo lugar mediante resolución de fecha 19 de octubre de 2016, en la que se dispuso dejar sin efecto la sentencia recurrida y remitir los autos al órgano casatorio para el dictado de un nuevo fallo en el que debía expedirse "...-con la debida circunstanciación al caso en concreto- respecto de todas y cada una de las cuestiones federales que pudiera contener el recurso de casación, analizando al respecto su admisibilidad, suficiencia y procedencia según lo considere pertinente", de acuerdo a los criterios que rigen la materia (v. fs. 59/61 vta.).
En consecuencia, con fecha 13 de julio de 2017, se pronunció la Sala II del Tribunal casatorio y declaró que las cuestiones federales planteadas resultaban improcedentes (conf. arts. 421, 450, 454, 456, 530, 531 y concs., CPP; 14 y 15, ley 48; v. fs. 74/76 vta.).
Contra lo así decidido, el señor defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Mario Luis Coriolano, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 81/90 vta.) el que fue declarado admisible por la misma Sala del Tribunal homónimo (v. fs. 91/94).
A fs. 103/105 dictaminó el señor Procurador General. A fs. 113 se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El señor defensor oficial tacha de arbitrario el fallo que rechazó por inadmisible el recurso de casación, por haber utilizado "...afirmaciones genéricas referidas a la insuficiencia del planteo de la cuestión federal" (fs. 85 vta.).
A continuación, transcribe las partes pertinentes y señala que su simple lectura "...denota el tratamiento formal" de tales cuestiones, al omitir "...el más elemental análisis" de las mismas (v. fs. 86).
Recuerda los agravios llevados por la defensa en el recurso casatorio detallando los argumentos utilizados en aquella oportunidad para fundarlos (v. fs. cit./87 vta.) y señala que de ello se desprende "...que [...] lejos estuvo de la insuficiencia técnica", pues "...atacó en primer término la construcción del Tribunal Oral en base a la cual establece el vencimiento de la pena a los 30 años, evidenciando tanto la arbitrariedad del fallo como la violación de los principios de culpabilidad, pro homine y legalidad a partir de lo resuelto" (fs. cit. vta. y 88).
Apunta que "...ninguno de los argumentos recibió una respuesta concreta por parte del Tribunal de Casación que limitó su tarea a formular afirmaciones genéricas para [...] concluir dogmáticamente [en] la inexistencia de cuestión federal que amerit[ase] la apertura de su competencia"; agrega que el mismo "...debió explicar razonadamente porqué concluye que [...] no ha sido planteada con suficiencia técnica, o porqué no ha sido demostrada la imprescindible relación directa e inmediata entre lo decidido en la resolución recurrida y las garantías invocadas" (fs. 88 y vta.).
Por ello, sostiene que "...constituye una sentencia arbitraria por motivación aparente y por apartamiento de las constancias del expediente, situación que violenta el derecho de defensa en juicio y debido proceso" (fs. cit. y vta.).
Finalmente trae a colación los precedentes P. 103.411 y P. 117.806 de esta Suprema Corte (v. fs. cit. vta./89 vta.).
II. Considero, apartándome de la propuesta del señor Procurador General, que asiste razón al señor defensor oficial, ya que el recurso debe prosperar.
III. El recurrente atribuye a la sentencia recurrida el vicio de "arbitrariedad" por incurrir en un déficit de motivación al otorgar sólo un fundamento aparente a la decisión.
III.1. Conforme surge de la reseña de los antecedentes, esta Corte hizo lugar al recurso de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa contra el auto dictado por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín que confirmara a su vez la resolución del Tribunal en lo Criminal n° 4 que había establecido el día 24 de enero de 2027 como fecha de vencimiento de la pena de prisión perpetua impuesta a Ricardo Solís.
En esa oportunidad -como se vio- se dispuso dejar sin efecto la sentencia recurrida y remitir los autos al órgano casatorio para el dictado de una nueva que debía expedirse "...con la debida circunstanciación al caso en concreto" en relación con las cuestiones federales planteadas en el remedio respectivo, "...analizando al respecto su admisibilidad, suficiencia y procedencia según lo considere pertinente" (fs. 59/61 vta.).
Ahora bien, de la simple lectura del nuevo pronunciamiento de la Casación surge, tal como lo señala la defensa, que las cuestiones federales recibieron un tratamiento formal y aparente, ya que mediante afirmaciones genéricas y meramente dogmáticas se concluyó sin más en su insuficiente formulación.
Cabe consignar que la entonces defensa oficial departamental había planteado en su oportunidad la arbitrariedad -a partir de la errónea aplicación del art. 13 del Código Penal- de la sentencia dictada por la Sala I de la Cámara de San Martín que confirmara a su vez la de primera instancia que fijó la pena de prisión perpetua en treinta años, y por tal motivo la violación del principio pro homine al efectuarse una interpretación en perjuicio del condenado y "...más extensiva de punibilidad" (fs. 17); puntualmente, en dicho remedio se quejó de la utilización de un precedente en el que se había declarado la reincidencia, siendo que -además de no resultar en el caso aplicable a su pupilo- "...la valoración de la reincidencia como pauta para incrementar la pena colisiona con el régimen constitucional que impone un derecho penal de acto basado en el principio de culpabilidad por el o los hechos cometidos" (fs. cit. vta.); luego criticó la remisión efectuada por el sentenciante "...a lo que serían las características propias de la prisión perpetua sin una descripción de las mismas" que permitiera seguir el razonamiento, lo que consideró como una "...fundamentación que imp[edía] ejercer correctamente el derecho de defensa" (íd.); cuestionó la aplicación del art. 53 del Código Penal, en función del cual se agregaron cinco años más a la pena de veinticinco años de prisión, cuando la reclusión por tiempo indeterminado del art. 52 del mismo ordenamiento fue declarada inconstitucional por el Máximo Tribunal por ser violatoria al principio de culpabilidad -conforme precedente "Gramajo"- (v. fs. 18); así como la construcción realizada por el tribunal de origen consistente en considerar que "...un sujeto condenado a una pena divisible debe cumplir las dos terceras partes de la pena de prisión para acceder a la libertad condicional, una interpretación armónica de ese requisito temporal con el plazo de veinte años que debe cumplir en detención el penado a prisión perpetua para obtener ese beneficio" permite tomarse como baremo a fin de establecer el lapso máximo de duración de la pena en 30 años, lo que constituye una interpretación contraria al principio pro homine , haciendo referencia al alcance otorgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al mismo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación al de legalidad; finalmente desarrolló la postura de esa defensa en cuanto a que el límite máximo de la pena debía ser el de veinticinco años, citando en apoyo fallos del Tribunal casatorio (v. fs. 19 y vta.).
III.2. La Sala II del órgano intermedio, al abordar el tratamiento de tales cuestiones, conforme lo indicado por este Tribunal en la resolución respectiva, señaló que "La parte se limitó a exponer su particular punto de vista sobre el quantum de pena en que se traduciría la prisión perpetua, sin establecer en el caso la imprescindible relación directa e inmediata entre lo decidido en la resolución recurrida y las garantías invocadas" (fs. 75 vta.). Agregó que "...no se observan [...] circunstancias de especial relevancia que habiliten excepcionar la regla general [...], toda vez que no se encuentra demostrada la arbitrariedad de la resolución impugnada, ni la violación del principio pro homine ", recordando a continuación, y en apoyo de lo así decidido, los criterios sentados en la materia por esta Suprema Corte (causa P. 107.574, resol. de 23-XII-2009) siguiendo los lineamientos de la Corte federal (v. fs. cit. vta. y 76).
IV. La reseña practicada sobre la forma en que el tribunal revisor consideró que las cuestiones federales no habían sido articuladas con la suficiencia que se requiere para que se habilite su tratamiento y -por ende- declaró la improcedencia del remedio casatorio, lleva a darle razón a la defensa, en cuanto denuncia que el fallo es arbitrario por falta de motivación, toda vez que abordó las cuestiones federales limitándose a formular afirmaciones genéricas y dogmáticas sin explicar las razones que lo llevaron a decidir del modo en que lo hizo; en especial no explicó en forma circunstanciada, es decir, tomando en cuenta el fallo puesto en crisis por el recurso casatorio -cuyos agravios han sido reseñados-, el por qué estimó que el recurrente no conseguía demostrar la relación directa e inmediata entre lo decidido en la resolución recurrida y las garantías invocadas.
Lo expuesto basta a los fines de evidenciar en el pronunciamiento impugnado el vicio endilgado, lo que determina su descalificación como acto jurisdiccional válido.
V. Corresponde, por consiguiente, hacer lugar al recurso incoado, dejar sin efecto la sentencia impugnada de fs. 74/76 vta. y remitir la causa al órgano casatorio para que, con la premura del caso, por donde corresponda se proceda a dictar una nueva, de conformidad con la presente (art. 496 y concs., CPP).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, se deja sin efecto la sentencia impugnada y se remiten los autos al órgano casatorio para que, con la premura del caso y por donde corresponda, se proceda a dictar una nueva, de conformidad con la presente (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia