Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128440
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial a favor de Pamela María Beatriz Navarro obrante a fs. 58/68 (arts. 494 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
P. 128.440-RC - “Navarro, Silvia Cecilia Luz y Navarro, Pamela María Beatriz s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 73.291 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.440-RC, caratulada: “Navarro, Silvia Cecilia Luz y Navarro, Pamela María Beatriz s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 73.291 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
I. El señor Juez doctor Genoud dijo:
1. La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, el 3 de marzo de 2016, rechazó -en lo que aquí interesa destacar- el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Pamela María Beatriz Navarro contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 4 de San Martín que, en el marco de un proceso de juicio abreviado, la había condenado a la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego (fs. 26/30 vta.).
2. Frente a lo así resuelto, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 58/68).
En lo que atañe a la procedencia, denunció arbitrariedad de la sentencia por indebida aplicación de lo dispuesto por el art. 41 bis del C.P., en función de lo normado por el art. 79 del mismo cuerpo normativo, lo que determinó la afectación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso sustantivo (fs. 60).
Afirmó que dicha agravante no es aplicable al delito de homicidio en tanto afecta el principio de legalidad (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., 9 de la C.A.D.H., 15.1. del P.I.D.C. y P., 11 apartado 2 del D.U.D.H., 11 y 25 de la Constitución provincial). Por tal motivo, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del citado art. 41 bis del C.P. (fs. 60 vta./64 vta.).
Puntualizó que el bien jurídico protegido por el art. 79 del C.P. no acepta lesiones graduables, entonces, ninguna agravación de la escala penal in abstracto puede sustentarse en la comisión del evento mediante el empleo de un arma de fuego, por cuanto el tipo base ya ha valorado el peligro en que se sustenta la imaginaria necesidad legisferante de introducción de la calificante en cuestión (fs. 64 vta./65).
Agregó que la valoración de la “naturaleza del medio empleado” y las “circunstancias de modo y lugar” en que se produce el hecho debe efectuarse a la luz del art. 41 del C.P. (fs. cit.).
Concluyó que no existe otra posibilidad que la declaración de inconstitucionalidad del art. 41 bis del C.P. en tanto crea a la par de cada tipo penal una agravante en violación a lo preceptuado por la garantía de legalidad (fs. 66).
Por todo lo expuesto, requirió: 1) se desestime la aplicación de la calificante en estudio por vulnerar el baremo de ne bis in idem; 2) en subsidio, se declare la inconstitucionalidad del citado art. 41 bis por quebrantar el principio de legalidad (fs. 67).
3. La Alzada, el 24 de noviembre de 2016, declaró la admisibilidad del carril impugnativo.
Para así decidirlo, evaluó la existencia de agravios de naturaleza federal y, en ese carril, advirtió que la defensa había postulado suficientes argumentos para su adecuada consideración, tal la conculcación del principio de legalidad establecido en la Constitución nacional al aplicar la agravante del artículo 41 bis del C.P. (fs. 71 vta.).
De seguido, afirmó que cuando se reputa que una norma es contraria a la Constitución nacional la vía idónea es el recurso de inaplicabilidad de ley pues aquélla es “ley sustantiva” a los efectos del citado remedio federal, por lo que dado que el recurrente había formulado agravios que involucran a cuestiones de la naturaleza indicada (en tanto se había denunciado la inobservancia de la ley sustantiva), correspondía concederse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (fs. cit.).
4. La vía extraordinaria fue bien concedida (art. 486 del C.P.P. -t.o. según ley 14.647-).
Sin embargo, el carril impugnativo debe ser rechazado sin más trámite en los términos del art. 31 bis de la ley 5827.
5. Como primer punto, cabe destacar que el defensor oficial de la instancia denunció la errónea aplicación de la agravante prevista en el art. 41 bis del C.P. por afectar el principio de legalidad e incurrir en una doble valoración de una misma circunstancia (fs. 12 y vta.).
Frente a tal embate, el Tribunal de Casación de Penal aclaró que en los arts. 79 y 80 del C.P. no se hace referencia alguna ni al género “armas” ni a la especie “de fuego” y por tal motivo el ilícito en tratamiento no se encuentra atrapado por la excepción que -en el segundo párrafo- contempla la citada norma (fs. 27 y vta.). Agregó que el empleo de un arma letal revela en el homicidio resultante cierto grado de preordenación, incrementa las posibilidades de éxito de la empresa e implica finalmente disposición de medios para delinquir (cfr. causa 9195 "Otegui", Sala I -ley 11.982-) -fs. 27 vta.-.
De seguido, recordó que dicho criterio quedó plasmado en el Acuerdo Plenario de ese Tribunal (causa N° 36.328, sent. del 19/IV/2013), donde se resolvió que dicha agravante genérica resulta aplicable al homicidio, destacando que el presente proceso se había llevado a cabo bajo las normas del juicio abreviado, surgiendo que la imputada y su representante legal habían prestado conformidad a la propuesta efectuada por la señora Agente Fiscal (fs. cit).
6. De la reseña efectuada, cabe señalar que lo resuelto por el a quo se corresponde con la doctrina de esta Corte sobre el punto (cfe. P. 101.124, sent. del 25/III/2009; P. 107.058, sent. del 2/VII/2010; P. 107.276, sent. del 14/VII/2010; P. 99.987, sent. del 22/IX/2010, P. 109.971, res. del 1/VI/2011, entre otros).
Asimismo, tiene dicho este Tribunal que la sola circunstancia de que el art. 41 bis agregue una norma genérica a la Parte General del Código Penal destinada a jugar en relación a los tipos pertinentes de la Parte Especial no constituye una afectación del principio de legalidad (P. 100.072, sent. del 12/XI/2008 y P.107.276, sent. del 14/VII/2010 -anteriormente citada- ; P. 105.689, sent. del 11/XI/2009; entre otros).
Por otra parte, los argumentos expuestos por el a quo para concluir en la aplicación de la circunstancia agravante prevista en el art. 41 bis del C.P. a la figura del homicidio simple no evidencian la infracción al principio del non bis in idem que esta parte expone.
En función de lo antedicho, la tacha de arbitrariedad esgrimida por el recurrente queda huérfana de todo sustento.
7. Por último, en lo que respecta al pedido de inconstitucionalidad del art. 41 bis del C.P., lo cierto es que resulta extemporáneo, toda vez que no fue llevado ante el Tribunal intermedio (fs. 11/14 vta.) y -sin perjuicio de lo que pudiera señalarse respecto de la atribución de los jueces de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas respectivas cuando así corresponda- la tempestividad del planteo constitucional, constituye un recaudo exigible como condición indispensable para su abordaje en el tránsito recursivo (C.S.J.N., “Fallos” 328:4755; 331:419 y 2561; id., causas F.274.XLIII, “Fontenova”, sent. del 3/VII/2007, doct. T.400.XLIV, “Trova”, sent. del 10/XI/2009).
En esa línea, más recientemente, dicha Corte ha reafirmado que “el reconocimiento expreso de la potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control” (“Rodríguez Pereyra, sentencia del 27/XI/2012).
II. Los señores Jueces doctores Soria y Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en igual sentido.
III. El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Dejando a salvo mi opinión establecida en el precedente “Delfabro” (cfe. Ac. 88.623, res. del 28/IX/2005), y habiéndose esta Suprema Corte pronunciado en numerosos precedentes similares al sub lite, postulo mi adhesión al Juez del primer voto por compartir los fundamentos del rechazo del recurso respecto de la aplicación al caso del art. 41 bis del C.P..
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial a favor de Pamela María Beatriz Navarro obrante a fs. 58/68 (arts. 494 del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Hilda Kogan
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia