Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128441
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y revocar el pronunciamiento atacado (art. 496 y concs. del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
P. 128.441-RC - “Altuve, Carlos Arturo -Agente Fiscal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 76461 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 28 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.441 RC, caratulada: “Altuve, Carlos Arturo - Agente Fiscal- s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 76461 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 7 de noviembre de 2016, concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia dictada por ese mismo órgano que, a su vez, casó la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín que hizo lugar a la aplicación del instituto de suspensión del proceso a prueba a favor de Ezequiel Eduardo Gómez, acusado de la comisión del delito de lesiones culposas gravísimas agravadas por la conducción de un vehículo automotor (fs. 54/57).
Para arribar a tal pronunciamiento, afirmó que la sentencia en crisis es definitiva y que la impugnación se presentó en tiempo y forma (arts. 481, 482 y 483 del C.P.P.).
De seguido, estimó que también se abastecieron las exigencias formales del art. 494 del C.P.P. en tanto la parte denunció la infracción a la ley sustantiva al tachar de arbitrario el fallo por haber efectuado una interpretación desnaturalizadora del art. 76 bis, anteúltimo párrafo del C.P., entre otros agravios de pretensa índole federal.
2. Previo ingresar al fondo del reclamo, resulta pertinente aclarar que el agravio referido a la arbitraria aplicación del art. 76 bis anteúltimo párrafo del C.P. -contrariamente a lo sostenido por el a quo - no encuadra dentro de las causales propias del art. 494 del C.P.P. sino que es un tópico de cariz constitucional que debe examinarse a la luz de establecido en los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional, por ser el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley el carril para el tratamiento de tales problemáticas a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal.
Sentado lo anterior, se analizará sin más trámite la procedencia del reclamo por resultar este caso sustancialmente análogo al resuelto por esta Corte en causa P. 125.430 (sent. del 7/IX/2016), tal como lo advirtió la parte al solicitar la aplicación de su doctrina (fs. 44; art. 31 bis de la ley 5827, t.o. por la ley 13.812).
3. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es procedente (art. 496 del C.P.P.).
a. Teniendo en especial consideración el agravio por el cual fue concedida la vía del art. 494 del ritual, la denuncia de arbitrariedad en la interpretación del art. 76 bis, anteúltimo párrafo, del C.P. por haberse otorgado la suspensión de juicio a prueba en un caso donde se investiga un delito reprimido con pena de inhabilitación en forma conjunta con la privativa de libertad (art. 94 del C.P.) debe tener acogida favorable.
En efecto, en el citado precedente P. 125.430, a cuyos fundamentos se hace expresa remisión, esta Corte juzgó que tanto la interpretación literal, como la histórica (análisis del debate parlamentario de la ley 24.316 y de los proyectos parlamentarios de reforma), la teleológica y la sistemática del art. 76 bis del C.P., permite concluir, sin margen de duda, que la suspensión de juicio a prueba no procede para delitos reprimidos con pena de inhabilitación , sea ésta única, conjunta o alternativa (v. punto III. 1. y 2. a., b., c. y d. del voto del Juez Soria en causa P. 125.430 op. cit.).
El motivo por el cual este tipo de delitos queda excluido radica en que la pena de inhabilitación contempla un interés social específico vinculado con la incompetencia del imputado en el desempeño de una actividad, arte o profesión cuyo ejercicio depende de una licencia o habilitación del poder público -en el presente, licencia para conducir vehículos automotores-. Se advierte que al impedir la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en estos supuestos, se otorga una especial preponderancia a la investigación de los hechos en los que existe una autorización estatal para la actividad reglada en base a la cual se configura el obrar imprudente que da origen al delito reprochado (v. punto III. 2. e. y f. del voto citado).
b. Por otra parte, también asiste razón al apelante en cuanto sostiene que de los precedentes “Acosta” y “Norverto” de la Corte nacional no puede inferirse que la suspensión de juicio a prueba se pueda aplicar a delitos reprimidos con pena de inhabilitación (v. carril extraordinario de inaplicabilidad de ley a fs. 52/vta.).
Tal como se explicó en la citada causa P. 125.430, la correcta exégesis de tales fallos indica que ambos se ciñeron a sostener la “tesis amplia”, superadora de la restrictiva fijada por la Cámara Nacional de Casación Penal en el plenario “Kosuta”.
En efecto, en ellos se resolvió que el instituto en cuestión procede respecto de los delitos cuyo máximo excede los tres años de prisión pero que las circunstancias particulares del caso permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena. Ninguna implicancia tiene en lo que concierne a los ilícitos sancionados con pena de inhabilitación (v. punto III. 2. g. del voto citado).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal y revocar el pronunciamiento atacado (art. 496 y concs. del C.P.P. y 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Hilda Kogan
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia