Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127550 RC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRemitir la causa a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, deberá llevar a cabo -a la mayor brevedad posible- la revisión integral de la sentencia de la Sala Tercera del mismo órgano que condenó a Rodrigo Edgardo Dábalos a la pena de dos meses de prisión de ejecución condicional por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de defraudación por administración infiel en concurso real con defraudación por administración infiel en grado de tentativa.
P. 127.550-RC - “Dábalos, Rodrigo Edgardo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nro. 22.342 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala III de San Martín”.
///Plata, 7 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.550-RC, caratulada: “Dábalos, Rodrigo Edgardo s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nro. 22.342 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala III de San Martín”,
1. Conforme surge de las presentes actuaciones, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, revocó el veredicto absolutorio dictado por el Juzgado en lo Correccional Nº 3 del mismo Departamento Judicial y condenó a Rodrigo Edgardo Dábalos a la pena de dos meses de prisión de ejecución condicional por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de defraudación por administración infiel en concurso real con defraudación por administración infiel en grado de tentativa en los términos del art. 173 inc. 7° del Código Penal (fs. 13/18).
2. Contra dicho pronunciamiento, la señora Defensora Oficial ante la aludida instancia, doctora Diana Birch, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 2/11 vta.).
3. El aludido Tribunal de Alzada, el 2 de junio de 2016, concedió el recurso articulado por aplicación de lo normado en los arts. 481, 483, 494 y 495 del C.P.P. (fs. 22).
4. Más allá de cualquier consideración que pudiera efectuarse en cuanto a la fundamentación del auto de fs. 22 (que habilitaría su declaración de nulidad, conforme los fundamentos expuestos en P. 125.340, resol. del 19/II/2015; P. 125.418, resol. del 26/III/2015; P. 125.981, resol. del 7/X/2015; P. 125.850, resol. del 21/X/2015; P. 126.313, resol. del 9/XII/2015; P. 126.611, resol. del 9/III/2016; P. 127.596, resol. del 14/XII/2016, entre otras), por razones de economía y celeridad procesal, siendo que en autos se presenta un supuesto en el cual el órgano revisor -revocando el veredicto absolutorio pronunciado en la instancia de mérito- condena al imputado por primera vez, corresponde que una nueva Sala de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín lleve cabo la revisión integral de dicho fallo de condena a los fines de garantizar el cumplimiento del derecho al recurso emergente de los arts. 8. 2. h. de la C.A.D.H. y 14.5 del P. I. D. C. y P. (cfe. P. 108.199, res. del 24/VI/2015, de esta Corte y su progenie; "C. 382. XLIX. Carrascosa, Carlos Alberto s/recurso de casación”, sent. del 27/XI/2014, "D. 429.XLVIII. Duarte, Felicia s/recurso de casación", sent. del 5/7/2014 de la Corte nacional e.o.; “Mohamed c/ Argentina”, sent. del 23/XI/2012 de la Corte I.D.H.).
Cabe destacar que los recursos locales previstos ante esta Suprema Corte, según el diseño constitucional de la Provincia (art. 161 y su desarrollo en el C.P.P.), son extraordinarios y, en consecuencia, no han sido organizados para proveer una fiscalización amplia, sencilla e integral de la condena. En efecto, por un lado, se hallan regulados precisos carriles estructurados según los motivos de impugnación -de inconstitucionalidad, de nulidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal-; por otro, en cuanto a este último recurso, las normas que lo disciplinan consagran limitaciones en razón del monto de condena y de los motivos de agravios (sólo se revisa el alcance de la aplicación de ley sustantiva o la doctrina legal referida a ella, con exclusión -por regla- de las cuestiones fácticas y probatorias, salvo la pretoriana doctrina del absurdo o la arbitrariedad).
Por eso, con el objeto de dotar de la mayor amplitud a la garantía en juego, pese a ser esta Corte el “tribunal superior” en la línea de impugnación, no está habilitada para ejercer la revisión de esa primera sentencia de condena con el estándar fijado en el fallo “Casal” del Máximo Tribunal nacional en razón de las antedichas limitaciones en su quehacer revisor, contando, por el contrario, el recurso de la especialidad, con mejores herramientas para la satisfacción de ese cometido.
En definitiva, como la garantía del derecho al recurso debe regir respecto de todo aquél que es condenado, aun cuando recién lo sea por primera vez por un tribunal superior al revocársele el originario veredicto absolutorio, corresponde devolver el expediente a la Cámara de la que proviene para que, por quien corresponda, se designare una nueva Sala que revise la sentencia condenatoria.
5. En razón de todo lo expuesto, siendo que en el presente intervino la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín -por tratarse de un fallo correccional (art. 21 inc. 4 del C.P.P.)- es que corresponde la remisión de la causa a la Presidencia de dicho tribunal de alzada para que desinsacule los jueces hábiles que conformen la nueva Sala revisora (Resolución Nº 1456/08 de la S.C.B.A del 11/VI/2008) y, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, lleve a cabo a la brevedad el examen integral de la sentencia impugnada merced a los agravios postulados y las reglas que la gobiernan (cfe. cfe. P. 120.113, resol. del 18/XI/2015; P. 126.099, resol. del 16/XII/2015; P. 121.511, resol. del 22/12/15; P. 120.876, resol. del 22/XII/2015; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Remitir la causa a la Presidencia de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial San Martín para que desinsacule los jueces hábiles integrantes de la nueva Sala que, de acuerdo con los lineamientos aquí trazados, deberá llevar a cabo -a la mayor brevedad posible- la revisión integral de la sentencia de la Sala Tercera del mismo órgano que condenó a Rodrigo Edgardo Dábalos a la pena de dos meses de prisión de ejecución condicional por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de defraudación por administración infiel en concurso real con defraudación por administración infiel en grado de tentativa.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia