Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128234
En la ciudad de La Plata, a 27 de junio de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.234, "Quiroga, Javier Edgardo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 67.323 y sus acumuladas 67.325, 67.326, 67.324 y 67.321 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV" y su acumulada P. 128.080-RQ, "Quiroga, Javier Edgardo. Recurso de queja en causa 67.323 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 18 de febrero de 2016 y la resolución aclaratoria de 24 de mayo de 2016, resolvió rechazar -sin costas en esa sede- los recursos de la especialidad deducidos por el representante del Ministerio Público Fiscal -doctorÁlvaro Garganta (causa 67.325 )-; por los particulares damnificados: Miguel Ángel Pereyra (causa 67.323) , Zunilda Carmen De Barttole, Pablo Gabriel Padrós y Lorena Noelia Padrós (causa 67.326 ) y Daniel Galle (causa 67.324 ) y, finalmente, por la defensa oficial a favor del imputado Javier Edgardo Quiroga (causa 67.321 ), contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata que había resuelto condenar al procesado arriba mencionado a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo autor responsable del delito de homicidio simple (un hecho) en concurso real con homicidio calificado por haberse perpetrado para procurar la impunidad (tres hechos) y absolver a Osvaldo Emir Martínez con relación a los citados ilícitos. El mencionado fallo casatorio se integró con la aclaratoria dictada el 24 de mayo de 2016 que -en lo que resulta pertinente destacar- enmendó un error material al consignar el número del Tribunal en lo Criminal n° 3 de La Plata que había dictado el pronunciamiento de condena originario (v. fs. 401/433 y 556/557 del legajo casatorio 67.323 y sus acumuladas: 67.325, 67.326, 67.324 y 67.321 ).
Contra esta decisión, la letrada apoderada del particular damnificado Miguel Ángel Pereyra y el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal a favor del imputado Javier Edgardo Quiroga, dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 467/475 vta. y 529/544 vta., respectivamente).
El tribunal intermedio declaró, de un lado, inadmisible la vía extraordinaria promovida por el mencionado particular damnificado y, del otro, parcialmente admisible el remedio extraordinario deducido por la defensa (v. fs. 623/630, del referido legajo 67.323 -y acum.-, cuerpo IV).
Frente a esa decisión que le fue adversa a la defensa oficial en tanto concedió parcialmente su recurso, la parte articuló recurso de queja a favor del imputado Quiroga - P. 128.080 RQ - (v. fs. 914/926 vta.), siendo resuelto por esta Corte el 30 de noviembre de 2016, haciéndole lugar parcialmente, sin ser ello objeto de cuestionamiento (v. fs. 928/931 vta. del legajo cit., cuerpo V).
Por su parte, surge de las actuaciones P. 128.046-RQ que tramitan ante esta Sede que la defensa de confianza del particular damnificado Miguel Ángel Pereyra dedujo el recurso de queja previsto en el art. 486 bis del Código Procesal Penal -texto según ley 14.647- (v. fs. 20/22 vta., causa supra cit.), contra la aludida decisión de la Casación que declaró inadmisible el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 623/630), resolviendo este Tribunal con fecha 30 de noviembre de 2016 desestimar -por improcedente- la vía incoada -ver resolución 3.195/16-, decisión esta última que no devino impugnada (v. fs. 23/24 vta. y 35 de la citada causa P. 128.046-RQ ).
En su dictamen, el señor Subprocurador General aconsejó rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley de la defensa oficial en tratamiento (v. fs. 947/954 vta.). A fs. 955, se llamaron autos para sentencia respecto de tal vía recursiva en función de lo decidido en la etapa de admisibilidad por el a quo a fs. 623/630 -punto II del dispositivo- y por este Tribunal a fs. 928/931 -apartado 1 de la parte dispositiva-. Encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial a favor de Javier Edgardo Quiroga?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes se alzó la asistencia técnica de Javier Edgardo Quiroga mediante la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, en la que formuló cuatro motivos de agravio (v. fs. 529/544 vta.).
I.1. En primer lugar, denunció que el fallo dictado en la instancia casatoria incurrió en una errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal al encuadrar legalmente los hechos que tuvieron por víctimas a M. G. S., Bárbara Santos y Marisol Pereyra (v. fs. 530 vta. y 531).
En ese contexto, procuró poner en evidencia que las propias circunstancias que se tuvieron por acreditadas resultan demostrativas por si mismas del criterio erróneo empleado por el tribunal revisor para confirmar el encuadre normativo que rige en el caso (v. fs. 531 vta.).
Aludió a la ponderación que efectuó el tribunal revisor del testimonio brindado por la testigo Catalina Céspedes en cuanto narró que "...al ser interrogado [Javier Edgardo] Quiroga acerca del por qué de la ‘cagada’ que se había mandado, incluida la nena de once años [-en referencia a la víctima M. G.-], el imputado respondió que ‘ esa era la consigna’ " –el destacado figura en el original- (fs. última citada vta.).
En función de ese testimonio, la defensa concluyó en que "...todos los homicidios habían sido planeados con anterioridad a la ejecución del primero, dado que fueron parte de una ‘consigna’ dada a Quiroga, sin que pueda sostenerse entonces que éste se vio de algún modo sorprendido por testigos a los que decidió matar para procurar la impunidad del delito primeramente cometido. Ello es así aun cuando la motivación de su obrar -si existió efectivamente- haya quedado como una incógnita no despejada en la causa" (fs. ídem).
A su vez, como decantación del razonamiento expuesto, consideró que "...para llevar a cabo ese plan el autor necesariamente debió ejecutar los homicidios uno por uno, lo cual demuestra que la aplicación de la calificante consistente en la procura de la impunidad del primero por haber sido posteriores o haber sucedido al mismo [tiempo], ha sido errónea, por lo que solicit[ó] a [esta] Corte que case el fallo impugnado, declare erróneamente aplicado el art 80 inc. 7º del C.P. e inobservado el 79 del mismo cuerpo legal, en relación [con] las muertes de M. Galle, Bárbara Santos y Marisol Pereyra y se remita la causa a la instancia de origen a fin de fijar una nueva sanción, en el caso, divisible" (fs. cit. y 532).
I.2. En segundo término, adujo que el fallo en revisión al convalidar la aplicación de la figura calificada prevista en el art. 80 inc. 7 del Código sustantivo, incurrió en violación de la garantía del imputado a obtener una revisión amplia de la sentencia de condena, como así también al derecho de defensa en juicio, al debido proceso legal, a la presunción de inocencia y al in dubio pro reo , conforme lo normado por los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 532/533, 535 y 537).
Con ese norte, expuso que a partir de "...la prueba producida y valorada" por la Casación no puede predicarse la certeza necesaria para el dictado de un fallo condenatorio que confirmó la responsabilidad de Quiroga como autor de tres homicidios calificados para procurar la impunidad a tenor de las previsiones del citado art. 80 inc. 7, resultando tal pronunciamiento "infundado" y, por ende, "arbitrario" (fs. cit.).
Adujo que los argumentos empleados por el a quo respecto de la existencia del "...tipo subjetivo de la norma cuya aplicación se cuestiona [-art. 80 inc. 7, Cód. penal-]", se sustentaron en una "...afirmación dogmática producto exclusivo de la voluntad del Tribunal [recurrido]" y que dichos requisitos subjetivos "...no [son] más que una hipótesis cuya verificación no se ha comprobado con certeza" (fs. ídem y vta.).
En particular, sostuvo que aquél no brindó debida respuesta a los planteos sometidos a su consideración acerca de la falta de certeza respecto de que "...luego del homicidio simple de Susana de Bártole, Quiroga haya dado muerte a M. G., Bárbara Santos y Marisol Pereyra para procurar la impunidad del primer delito", ello así en la medida que también pudieron estar presentes -a su modo de ver- otras hipótesis posibles, como aquella que alude a que "...el plan del autor haya consistido en dar muerte a las cuatro mujeres, para lo cual necesariamente debió ejecutar los homicidios uno por uno", o bien a que "...en el plan del autor, pudo estar presente cualquier[a] otra de las ultrafinalidades o motivaciones del inc. 7º, o de las que prevén otros incisos del art. 80 [del] C.P., que no haya[n] consistido en la procura de la impunidad" o, en su defecto, que "...sencillamente hubiera carecido de los mismos", frustrando de tal modo el derecho del procesado a obtener la revisión amplia e integral del fallo condenatorio en sintonía con los postulados de la doctrina de la Corte federal en el caso "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399) y la garantía de la doble instancia (v. fs. 532 vta., 533/vta. y 536 vta.).
Afirmó, en síntesis, que de acuerdo a la prueba valorada -especialmente lo declarado por la ya referida testigo Catalina Céspedes- existe "...igual o mayor grado de probabilidad, que todos los homicidios habían sido planeados con anterioridad a la ejecución del primero", no resultando aquella suficiente para sostener que las tres muertes que sucedieron a la primera las hubiera ejecutado "para procurar la impunidad" (fs. 534 vta.).
De tal modo, descalificó la entidad de la labor revisora emprendida por la Casación al momento de encuadrar los ilícitos juzgados en los términos antes descriptos, desde la perspectiva de que tal proceder significó incurrir en una "reedición" de lo resuelto en la instancia de origen sobre esa temática (v. fs. 533 vta.).
Añadió, que el pronunciamiento en revisión incumplió la tarea de aplicar el "...método histórico en la reconstrucción de los hechos" y, consecuentemente, transgredió el límite normativo cuando corresponde decidir in dubio pro reo frente a la existencia de una duda razonable al momento en que la decisión revisora construye su propio juicio de mérito mediante una reiteración de lo expuesto en el fallo de origen, como aconteció en el caso a su criterio, incurriendo por tal motivo en el vicio de arbitrariedad (v. fs. 535/536 vta.), abundando luego en apreciaciones de similar tenor (v. fs. cit. y 537).
I.3. Como tercer motivo de agravio, entendió que se incurrió en una violación al principio de legalidad al imponerse al procesado Quiroga una clase de pena derogada como es -a su entender- la de "reclusión", configurándose por ello el vicio de arbitrariedad al apartarse injustificadamente el sentenciante de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre ese punto (v. fs. 537 vta.).
Puntualizó que la Casación pasó por alto -sin brindar razones novedosas- la doctrina sostenida por la Corte federal en las causas G.1171.XLI, "Gorosito Ibáñez, Carlos Ángel s/ causa Nº 6284"; E.475.XLI, "Esquivel Barrionuevo, Víctor Carlos s/ causa Nº 6372"; M.447.XXXIX, "Méndez, Nancy Noemí s/ homicidio atenuado. Causa Nº 862"; S.783.XLVII, "Spósito, Oscar Edelmiro s/ causa Nº 63.038" y E.253.XLII, "Equitanti, Jorge Raúl s/ recurso de casación" (v. fs. 537 vta./539), referida a que "...la pena de reclusión debe considerarse virtualmente derogada por la ley 24.660 de ejecución penal puesto que no existen diferencias en su ejecución con la de prisión" -conforme lo expuso en el mencionado precedente "Méndez"- (v. fs. 537 vta.), razón por la cual coligió que el dispositivo cuestionado "...resulta arbitrario por carecer el mismo de debida fundamentación" (fs. 538).
Solicitó, por lo expuesto, que esta Corte "...case el fallo impugnado y declare erróneamente aplicada la pena de reclusión impuesta a Quiroga" (fs. 539 vta.).
I.4. Alegó, finalmente, que el pronunciamiento cuestionado incurrió en causal de arbitrariedad al rechazar por extemporáneo el planteo formulado por la defensa referido a la inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta (v. fs. 539 vta.).
En esa dirección, recordó que al presentar el memorial previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal había argumentado ante la sede intermedia que la pena perpetua que se le fijó a su asistido significaba "...efectivamente una condena de por vida, lo cual es inadmisible para el orden normativo constitucional y convencional [...,] que importa el agotamiento de su vida en la cárcel, lo cual desconoce el derecho a la vida [...] y el fin resocializador [... de] la pena [...], como consecuencia del derecho a la dignidad e integridad personal. Asimismo, la sanción impuesta importa la conculcación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N. y 5.1. y 2. de la C.A.D.H., en cuanto vedan la imposición de toda pena cruel, inhumana, degradante, o infamante" y, por las consideraciones teóricas expuestas, requirió -en esa misma oportunidad- la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 del Código de fondo al considerar que esa norma veda la concesión del instituto de la libertad condicional en casos como el debatido en la presente causa donde recayó condena por el delito tipificado en el art. 80 inc. 7 del Código Penal. A su vez, había indicado que aun en el supuesto de hacerse lugar a tal declaración de inconstitucionalidad "...el plazo de treinta y cinco años previsto en el art. 13 del mismo cuerpo legal impedirá a Quiroga reintegrarse a la sociedad a sus 70 años de edad y poder llevar a cabo un proyecto de vida" (fs. 539 vta. y 540).
En función de ello, argumentó que la respuesta brindada en el fallo recurrido para desestimar este planteo -en razón de considerar extemporánea su articulación ante esa sede-, resultó arbitraria por asentarse en un fundamento aparente y contrariar la doctrina de esta Corte vertida en el precedente P. 80.280 (v. fs. 541 y vta.).
Recordó que el memorial de agravios presentado por la defensa de Quiroga había incluido la denuncia de afectación de garantías constitucionales-convencionales, por lo que el tribunal a quo tenía "...la obligación de ejercer ex officio un 'control de convencionalidad' entre las normas internas y los tratados de derechos humanos de los cuales es Parte el Estado [argentino], para lo cual deben tener en cuenta no solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino también la interpretación que de estos ha hecho la Corte Interamericana", frente a lo cual entendió que "...la exigencia del planteo oportuno de una cuestión tal, no existe en el sistema interamericano", por lo que "...no pudo el Tribunal de Casación recurrir a la reglamentación del recurso de casación a fin de negarse a dar tratamiento a las violaciones constitucionales-convencionales denunciadas por [esa] parte, sin esbozar, siquiera mínimamente, el razonamiento realizado" (fs. 542 vta. y 543).
Relacionó, además, este planteo con el derecho a la revisión integral de las sentencias reconocido en los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a fin de poner en evidencia que el órgano casatorio -en su carácter de tribunal revisor- "...no brindó una respuesta fundada a [la] cuestión sometida a su consideración", afectando el derecho del imputado a que un juez o tribunal superior revise el fallo de condena con los alcances constitucionales establecidos por la Corte federal en el caso "Casal", sent. de 20-IX-2005 (CSJN Fallos: 328:3399; v. fs. 544 y vta.).
II. Liminarmente corresponde aclarar que el planteo de la defensa vinculado con la aducida vulneración del derecho a la doble instancia por insuficiente revisión de la sentencia de condena reseñado in extenso en el apartado I.2 de la presente, no sorteó el juicio de admisibilidad del inferior (v. resol. de fs. 623/630 -punto II-), decisión que resultó convalidada -en ese tramo específico- por esta Corte al momento de resolver el recurso de queja interpuesto -causa acumulada P. 128.080 RQ -, sin que recibiera tal tesitura objeción alguna del recurrente, lo que me exime de su tratamiento (v. resol. de fs. 928/931 vta. -apdo. 2-).
III. En ese acotado continente revisor, comparto el rechazo del recurso que propicia el dictamen del señor Subprocurador General.
IV.1. A fin de dar respuesta al primer segmento de la impugnación bajo estudio, destinado a controvertir el encuadre normativo asignado a los hechos en juzgamiento, resulta pertinente realizar previamente una breve descripción -en lo que resulta de interés- de la materialidad infraccionaria que llega firme a esta instancia.
Se tuvo por acreditado que "Entre las últimas horas del 26 de noviembre y las primeras horas del 27 de noviembre de 2011, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 28 número 467 entre 41 y 42, departamento 5, de La Plata fueron muertas Susana de Bartolle [sic], M. G. Santos, Bárbara Santos y Marisol Pereyra tras reiteradas agresiones propinadas por una persona" (fs. 168).
Que la primera en ser agredida fue Susana De Barttole -quien contaba al momento de fallecer con 62 años de edad- cuando se encontraba en la cocina del departamento, después de haber compartido mates y cigarrillos con quien la agrediera de manera intempestiva o impulsiva. La víctima recibió primero un golpe de puño en la boca que le descolocó su dentadura y lesiones contusas en región craneal del lado izquierdo (región anterior) y del lado derecho (región posterior), con aptitud para provocarle la muerte. Luego el autor le propinó doce heridas de arma blanca: cuatro en el cuello, cuatro en el tórax y cuatro lesiones en brazo derecho, quedando un cuchillo tipo tramontina clavado en la región lateral izquierda del cuello de la víctima. También pudo verificarse que Susana intentó defenderse de este ataque, pues presentó herida cortante que casi le amputó el dedo índice de mano derecha. Se determinó que las posiciones entre víctima y victimario fueron inicialmente enfrentadas y luego cambiantes y que para agredirla el autor utilizó entre dos y tres armas blancas: el referido cuchillo tramontina, probablemente un destornillador buscapolos y una cuchilla de similares características a la utilizada en las otras víctimas, compatible con la encontrada en la bacha de la cocina de cuyas características se da cuenta en el fallo. Tres de las lesiones en la cara anterior del tórax fueron las que provocaron su muerte por shock hipovolémico (v. fs. 167 vta. y 168).
De seguido fue agredida M. G. S., de tan sólo 11 años de edad, cuando se hallaba en el dormitorio de su abuela mirando televisión. Desde la cama donde fue atacada por el autor de los homicidios se verificó que era posible percibir los movimientos que tuvieron lugar en la cocina, que culminaron con la muerte de Susana De Barttole. También inicialmente recibió un golpe de puño en la boca y contusiones en la cabeza con golpes contra una pared lindante al respaldo de la cama, además de la contusión que recibiera en la mano izquierda con un elemento duro y romo empleado con fuerza y sin filo como un palo, más golpes de puño y pie. M. sufrió luego veintitrés heridas de arma blanca: once en región torácica, axilar y brazo izquierdo, cuatro en región axilar, hombro y torácica derecha, siete en antebraz
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