Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130249
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.249, "Martínez, Gastón Alberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 65.674 del Tribunal Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 16 de diciembre de 2014, rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro que luego de las vicisitudes procesales de las que luego se dará cuenta- condenó a Gastón Alberto Martínez a la pena de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor responsable de los delitos de robo agravado por el homicidio resultante en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra, éste último según texto ley 25.086, manteniendo incólumes las restantes cuestiones que fueron oportunamente materia de condena (v. fs. 45/51 vta.; arts. 40, 41, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 letra "e", 165 y 189 bis, tercer párr. según ley 25.086- del Cód. Penal).
El señor defensor oficial ante ese Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 57/70) el que declaró parcialmente admisible (v. fs. 78/81). Contra dicha decisión dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 152/156), la que se hizo lugar y se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con el alcance fijado en dicha resolución (v. fs. 157/159).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 161/165), dictada la providencia de autos (v. fs. 166) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En primer lugar, a fin de alcanzar un adecuado entendimiento del presente proceso, he de realizar una breve reseña de los distintos estadios por los que atravesó el caso bajo examen hasta arribar a esta instancia extraordinaria:
I.1. El 22 de noviembre de 2004, el Tribunal en lo Criminal n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, condenó a Gastón Alberto Martínez, a la pena de veintitrés años de prisión, accesorias legales y costas, con la declaración de reincidencia, por ser autor responsable del delito de homicidio en ocasión de robo agravado, por haber sido cometido con un arma de fuego en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra (arts. 41 bis, 45, 50, 55, 165 y 189 bis inc. 4 del Cód. Penal, redacción anterior a la ley 25.886; v. fs. 1/20).
I.2. Ante el recurso de casación presentado, el día 25 de agosto de 2009, la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, casó parcialmente la sentencia impugnada suprimiendo la agravante del art. 41 bis del Código Penal y calificó el hecho como robo agravado por el homicidio resultante en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra según ley 25.886-, disminuyendo la pena impuesta en diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas, sin que ello perjudique la declaración de reincidencia oportunamente dispuesta (arts. 55, 165, 166 inc. 2 y 189 bis cuarto párr., Cód. Penal) (v. reseña de fs. 21 vta.).
I.3. Frente a lo allí resuelto, el Fiscal adjunto ante dicho órgano, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que esta Suprema Corte de Justicia con fecha 17 de abril de 2013, legajo P. 108.915- acogió parcialmente y restableció la calificación legal efectuada por el Tribunal respecto del hecho "C" en los términos del art. 189 bis tercer párrafo del Código Penal según texto de la ley 25.086. Devolviendo los autos a la instancia para graduar la pena (v. reseña de fs. 21 vta.).
I.4. El 22 de noviembre de 2013, el Tribunal Criminal n° 6 (v. fs. 21/23) le impuso al nombrado la pena de veintiún años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor de los delitos de robo agravado por el homicidio resultante, en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra, este último por ley 25.086 (v. fs. 21/23). Contra dicha sentencia, el señor defensor oficial departamental, dedujo recurso de casación, en el que solicitó la prescripción de la acción en orden al delito de tenencia de arma de guerra (v. fs. 25/30).
I.5. El 16 de diciembre de 2014, la Sala IV del Tribunal de Casación, rechazó el recurso interpuesto (v. fs. 45/51 vta.). El señor defensor oficial ante ese Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 57/70) el que fue declarado parcialmente admisible (v. fs. 78/81). Contra dicha decisión dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 152/156), la que se hizo lugar y se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley con el alcance fijado en dicha resolución (v. fs. 157/159).
II.1. Frente a lo resuelto por la Sala IV del Tribunal de Casación, el señor defensor de casación penal dedujo recurso de inaplicabilidad de ley, en el que tildó a la sentencia recurrida de arbitraria por errónea interpretación del art. 67 inc. "e" del Código Penal, en función del principio de legalidad (arts. 1, 18, 28 y 75 inc. 22, Const. nac., en relación con los arts. XXVI del DADDH, arts. 10 de la DUDH y 11 y 25 de la Const. prov.) e inobservancia de la doctrina de la Corte federal (v. fs. 57 vta.).
Argumentó que la Casación no declaró la prescripción por el delito de tenencia de arma de guerra sin la debida autorización que encuadró en el texto del art. 189 bis cuarto párrafo del Código Penal plazo de seis años- a contar desde el dictado de la sentencia condenatoria de fecha 22 de noviembre de 2004, por lo que prescribió el 22 de noviembre de 2010 (v. fs. 60 y vta.)
El recurrente fundó su aserto en que únicamente puede atribuirse entidad interruptiva de la prescripción al fallo de origen, invocando precedentes de esta Corte y lo fallado por el máximo Tribunal nacional, en particular, en las causas "Tello...", "Santander..." y "Giuliano...", doctrina cuya aplicación reclamó para el caso (v. fs. 63).
Alegó que la interpretación que a su entender- surge del Tribunal de Casación Penal, deviene contraria al principio de legalidad, desde que esos seis años previstos se renovarían automáticamente con el dictado de las correspondientes sentencias por parte de los tribunales superiores. "Ésta posibilidad (contra legem) perjudica manifiestamente al imputado, que se verá eternamente perseguido por los órganos encargados de resolver su situación procesal, que incapaces de hacerlo en un tiempo prudencial, obtendrían un plazo de tiempo triplicado por creación jurisprudencial, prolongando el sufrimiento del imputado sometido a enjuiciamiento penal" (fs. 65).
Tildó de arbitrario al fallo del Tribunal de Casación porque desconoce los criterios establecidos por la Corte federal como "Salas Jara...", "Squilario...", "Giuliano...", entre otros. Afirmó, que de los fallos mencionados surge que, a partir del reenvío dispuesto, el único acto con capacidad interruptiva de la prescripción art. 67 inc. "e", Código Penal- resulta la sentencia de condena dictada por el órgano de juicio, sin que las decisiones adoptadas como consecuencia de los recursos deducidos contra aquella tengan esa entidad.
II.2. En segundo término, denunció la "inobservancia de la doctrina legal de [esta Corte] dictada en P. 110.833, respecto de la correcta aplicación de los arts. 40 y 41 del C.P." (v. fs. 66).
Luego de reseñar sucintamente lo fallado por el Tribunal de Casación y el precedente citado, destacó que en autos no se discute que la tramitación del proceso ha sido excesiva, sino que el error por parte del órgano recurrido se produce cuando "afirma que ese dato de la realidad resulta un factor exógeno a las circunstancias a considerarse a los efectos mensurativos de la pena, dado que no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la normativa (arts. 40 y 41 del C.P.)" (fs. 69).
Solicitó se haga lugar a lo peticionado y se reenvíen los autos al inferior para que incorpore "la excesiva duración del proceso" como circunstancia atenuante y reduzca la pena impuesta (v. fs. 69 vta.).
III. Como lo dictaminó el señor Procurador General (v. fs. 161/165) debe rechazarse al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa.
III.1. Es pertinente señalar que esta Corte consideró que el fallo del tribunal revisor que fiscaliza la sentencia de condena y efectúa un pronunciamiento de mérito sobre el asunto, queda atrapado por esa previsión legal y por ello interrumpe el curso de la prescripción (ver lo resuelto en P. 121.979, "Salinas", resol. de 16-VIII-2015, y sus citas; y particularmente en P. 118.658, sent. de 11-II-2016).
III.2. En lo que atañe al instituto de la prescripción de la acción penal si bien la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) vino a establecer un catálogo de actos procesales susceptibles de enervar su curso a fin de superar la ardua determinación de aquellos abarcados por la indeterminada expresión "secuela del juicio" otrora vigente, no debe soslayarse que cuando quiso asignarle efecto interruptor con carácter exclusivo a sólo uno de los diversos actos de la misma especie que podrían replicarse en el trámite procesal expresamente así lo consignó, v.gr.: al referir en el inc. "b" del cuarto párrafo del mentado art. 67 "al primer llamado a prestar declaración indagatoria", restándole ese efecto interruptor a otros que eventualmente también podrían concretarse.
Luego, con referencia a la diversidad propia de los regímenes procesales producto del sistema federal de organización judicial, en los siguientes incs. "c" y "d" del precepto que venimos haciendo referencia, aludió "al requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente" y al "auto de citación a juicio o acto procesal equivalente", permitiendo otra fluidez interpretativa.
Y, finalmente, al aludir al supuesto de sentencia condenatoria (inc. "e"), pudiendo ceñirlo sólo a la primera, tal como lo hizo respecto del inc. "b" antes señalado, no efectuó ninguna limitación.
Cabe recordar también que, según la propia jurisprudencia de la Corte federal, cuando la letra de la ley no exige un esfuerzo de interpretación, la norma debe ser aplicada directamente con prescindencia de consideraciones que limiten o excedan los supuestos comprendidos en ella y procurando dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos 306:940; 313:1007; 321:2894; e.o.) y que la exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se le asigne no pueda llevar a la pérdida de un derecho, o que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos 303:578).
La interpretación que aquí se propone le ha asignado a la expresión "sentencia de condena" la caracterización de la "primera sentencia de condena", añadiendo al precepto un contenido temporal y de exclusividad que no surge de su letra, puesto que de haberlo así querido el legislador lo hubiera consignado expresamente, tal como lo subrayó en el inc. "b" antes aludido (conf. causas P. 120.157, sent. de 6-VII-2016 y P. 123.565, sent. de 19-X-2016).
III.3. En cuanto a los demás precedentes federales que cita la parte, no surge de ellos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se haya referido específicamente al tema aquí debatido, máxime cuando reenvió la causa para que el punto fuera resuelto en la instancia previa.
III.4. Consecuentemente, en el caso, las sentencias condenatorias dictadas por el Tribunal de Casación Penal, de fecha 25-VIII-2009, como la dictada por el Tribunal Criminal n° 6, de 22 de noviembre de 2013, poseen carácter interruptivo del curso de la prescripción; aun cuando no lo sea la intermedia dictada por esta Corte (causa P. 108.915, sent. de 14-IV-2013) sin influencia en lo que aquí importa (conf. mutatis mutandi, causa P. 90.959, "Aranda, Martín", sent. de 3-IX-2008).
III.5. Por ello, desde el último hito con efecto interruptor sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Criminal n° 6 (art. 67, letra "d", Cód. Penal) el 22 de noviembre de 2013- (v. fs. 21/23) hasta la actualidad, no transcurrieron los seis años necesarios para la prescripción del delito de tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal, a tenor del art. 189 bis del Código Penal (en el cual la ley posterior 25.886 mantuvo el máximo de la pena prevista por la ley 25.086).
IV.1. Por último, la petición para que la excesiva duración del proceso sea valorada en carácter de atenuante de la pena, no puede ser atendida en virtud de su manifiesta insuficiencia (art. 495, CPP).
IV.2.a. Ante similar planteo llevado a revisión, el tribunal intermedio desechó el agravio pues "el excesivo tiempo que lleva el proceso no implica un menor grado de injusto o culpabilidad por el hecho cometido, por lo que no corresponde su cómputo" (fs. 48 vta.).
Por otro lado, sostuvo que el recurrente tampoco "...brinda las razones tendientes a explicar acabadamente de qué modo la 'prisionización' sufrida por el condenado durante aproximadamente doce años se relaciona con las reglas de determinación de la sanción punitiva, su vínculo con la magnitud del injusto o la culpabilidad de los autores".
Estimó "...que la situación a que hace referencia el recurrente resulta un factor exógeno a las circunstancias a considerarse a los efectos mensurativos de la pena, dado que no se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el art. 41 del Código Penal". "Así es que de la lectura simple de dicha norma emerge sin dificultad el hecho de que el establecimiento de la pena debe realizarse atendiendo a circunstancias puntuales [...] salvo en un caso excepcional que se haya explicado en forma debida lo cual no ocurre en el 'sub lite'-, las circunstancias posteriores a la comisión del delito (v.g. sujeción o no al proceso por parte del imputado, condiciones carcelarias, etc., no tienen incidencia en la cuantificación de la pena)" (fs. 48 vta. y 49).
IV.2.b. Pero ocurre que la base argumental del reclamo pasa por la invocación de la doctrina de la Corte en la causa P. 110.833 y los arts. 40 y 41 del Código Penal (v. fs. 66), sin debida réplica a los argumentos del a quo (Media, pues, insuficiencia; art. 495, CPP); por sobre todo, ante las notables diferencias que distinguen este caso del precedente resuelto por esta Corte, y de las que el recurrente no se hizo cargo.
Tampoco ha realizado intento alguno para que sus afirmaciones trasciendan del plano meramente dogmático, ya que no las ha relacionado con dato verificable alguno de la causa, ni menos aún justificado la situación de hecho que motivaría la aplicación de la pauta morigeradora pretendida. En esa misma sintonía, se pronuncia el señor Procurador General por remisión a lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Mémoli vs Argentina", sentencia de 22-VIII-2013, considerando 172 y sus citas, sobre el análisis aquí no realizado de los parámetros que deben tenerse en cuenta para determinar la razonabilidad o no de la duración del juicio (v. fs. 164 y vta. del dictamen de la Procuración).
Por ello, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al doctor Soria y, en lo que respecta a la pretensión de que sea valorada como atenuante la excesiva duración del proceso, la genérica mención efectuada por el recurrente no logra evidenciar que pudiera tener cabida en el marco de las disposiciones que regulan la determinación de la pena, ni eventualmente- que concurrieran los presupuesto que en esta materia han sido delineados por la jurisprudencia interamericana (art. 495, CPP) (causa P. 129.334, sent. de 26-IX-2008).
Voto por la negativa.
El señor juez doctor Negri y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión planteada también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia