Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130957
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.957, "Roa, Nahuel Leandro s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 83.503 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 28 de diciembre de 2017, rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora que condenó a Nahuel Leandro Roa a la pena única de dieciocho años de prisión, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de las dictadas el 29 de abril de 2013 en la causa n° 3816/6 del registro del Tribunal en lo Criminal n° 6 de ese mismo departamento judicial que lo condenó a la pena única de cinco años de prisión, accesorias legales y costas; y de la pena impuesta por el órgano jurisdiccional nombrado liminarmente, en la causa n° 5635/3 el 9 de abril de 2014, de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de homicidio (v. fs. 58/63 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante esa instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 66/71), el que fue concedido por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 82/83 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 89/91), dictada la providencia de autos a fs. 92 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra la sentencia de fs. 58/63 vta., el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el que denunció la errónea interpretación y aplicación del art. 58 del Código Penal, como así también la infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales por haber dictado una sentencia arbitraria y contraria a la doctrina de esta Corte (v. fs. 68 vta. y 69).
Cuestionó que el órgano revisor haya confirmado la unificación de condenas dispuesta en la instancia de mérito contra Nahuel Leandro Roa "...a pesar de reconocer que una de ellas ya se encontraba vencida y cumplida" (fs. 69).
Repasó que su asistido fue condenado el 29 de abril de 2013 en la causa n° 3816/6 del Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora a la pena única de cinco años de prisión, accesorias legales y costas por los delitos de portación ilegal de arma de guerra en concurso real con encubrimiento; que posteriormente fue condenado con fecha 9 de abril de 2014, en causa n° 5635-3 del Tribunal en lo Criminal n° 3 de Lomas de Zamora, a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas por el delito de homicidio. Expuso que "...del cómputo de pena efectuado en la causa n° 3816/6, surge que la pena única de cinco años de prisión venció el día 27 de agosto de 2016, en tanto que el Tribunal en lo Criminal n° 3 dictó la sentencia unificadora que aquí se discute -comprensiva de las condenas antes referidas de cinco y catorce años- con fecha 19 de septiembre de 2016, es decir, luego de haber operado el vencimiento de una de las condenas que se pretendió unificar" (fs. 69 vta.).
Afirmó que al momento de dictarse la sentencia que estableció la unificación de condenas que pesaban sobre Roa, la pena impuesta en la primera ya se encontraba vencida, con lo que se torna improcedente dicha unificación (v. fs. 69 vta.).
Con cita de los precedentes P. 56.880, sentencia de 27-II-2002 y P. 94.132, sentencia de 10-VI-2009, reiteró que en autos "...se ha unificado la pena correspondiente a la primera condena dictada en contra de Roa por el Tribunal Criminal n° 6 de Lomas de Zamora, pese a que la misma ya se encontraba cumplida (desde el 27/08/16) al momento de dictarse esa sentencia unificadora. Es decir, que tal como ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia Provincial en el antecedente citado, nada habría que haber unificado pues una de las condenas ya se encontraba cumplida" (fs. 70 y vta.).
De este modo, entendió que el fallo dictado se trata de un pronunciamiento arbitrario que no satisface la obligación de fundar los fallos judiciales, al haber contrariado la jurisprudencia de este Cuerpo como así también afectar el derecho a la adecuada revisión del mismo (v. fs. 70 y vta.).
Concluyó que, por ello, debía casarse la decisión impugnada, declarar erróneamente aplicado el art. 58 del Código Penal y la doctrina legal citada, dejando sin efecto la unificación dispuesta (v. fs. 70 vta.).
II. Coincido con la Procuración General en tanto el recurso interpuesto deber ser rechazado (v. fs. 89/91).
III.1. En primer lugar debe decirse que si bien luego de dictada la sentencia de unificación en la instancia de origen la defensa se agravió planteando la improcedencia de la fijación de una pena única, previamente al serle conferido traslado para que se expidiera sobre el asunto, opinó que la misma procedía y solicitó su individualización en el mínimo mayor de la escala penal respectiva (v. fs. 19).
Esta posición fue adoptada por la defensa el 14 de julio de 2016, aún a sabiendas de que, según lo manifestó la fiscalía al evacuar el mismo traslado, existía una resolución de cómputo en la causa n° 3816/6 según la cual la prisión de cinco años allí establecida vencería en forma inminente -el 27-VIII-2016-.
Por tal razón, el cambio de postura en las instancias recursivas hace que su reclamo acerca de la inaplicabilidad del art. 58 del Código Penal no pueda prosperar porque nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (Fallos: 307:1227 y 1602 y sus citas; conf. causas P. 126.850, sent. de 19-1V-2017; P. 128.126, sent. de 11-IV-2018).
III.2. En cualquier caso, el planteo también es improcedente desde el punto de vista del derecho de fondo.
Ante el agravio llevado al a quo , similar al formulado en esta instancia extraordinaria, el Tribunal de Casación convalidó la decisión recurrida.
En primer lugar aclaró que el cómputo de pena efectuado en la causa n° 3816/6 que establecía el vencimiento de la prisión el 27-VIII-2016, es decir con anterioridad a la sentencia de unificación emitida el 19-IX-2016, fue considerado pero no tomado en cuenta por el Tribunal unificador porque si lo hubiera hecho habría computado "...de forma separada y en el mismo tiempo dos penas distintas" (fs. 59 vta.), desde que Roa estuvo detenido tanto en la causa n° 3816/6 como en la causa n° 5635/3 simultáneamente desde el 21 de agosto de 2012 (v. fs. cit.).
Por lo tanto, el presupuesto del recurrente según el cual una de las penas había vencido fue puesto en cuestión sin que aquí se haya impugnado tal determinación (art. 495, CPP).
Además, el órgano intermedio explicó que la unificación de penas o de condenas era un imperativo legal que surgía de la manda contenida en el art. 58 del Código Penal y que tenía por finalidad hacer cumplir con el principio de injerencia penal única del Estado, por intermedio de la aplicación de una única condena (principio de unidad de la reacción penal o de pena total).
Agregó que la regla general del Código Penal era que, conforme al "principio de la pena total", no podían coexistir penas impuestas en forma independiente. "Justamente es lo que el sentenciante -al unificar las penas- logró. Es decir, que el encartado no cumpla de forma separada en el mismo ínterin dos condenas diferentes. Por lo tanto, para el cumplimiento de esos fines las condenas que fueran referenciadas resultan materia de unificación. Así las cosas, en la oportunidad en que el pronunciamiento que ahora se cuestiona quede firme, deberá practicarse el cómputo de pena oportuno, a fin de establecer efectivamente el tiempo que le restará cumplir al encausado descontando el período que Roa estuvo privado de su libertad" (fs. 60 y vta.).
Expuso que el Código Penal, en su art. 58 establece como principio general el de la pena total, la cual no sólo alcanza los casos de concurso real -arts. 55, 56 y 57- sino que también se extiende a aquellos supuestos en los que mientras haya otra pena vigente y se deba penar nuevamente al sujeto, se aplique una pena total, impuesta por un único tribunal, con la que se sancionen todos los delitos cometidos por la misma persona, toda vez que conforme a tal principio, no pueden coexistir penas impuestas en forma independiente.
Indicó que la citada norma contemplaba dos hipótesis: la unificación de penas y la unificación de condenas, siendo que en esta última se estaba "...frente a un caso de concurso real resuelto en pluralidad de condenas, dictadas con violación a las reglas que rigen el concurso real, donde corresponde imponer una única condena que se conforma con la pena mínima más alta y la suma de las penas máximas, sin poder exceder el tope de 50 años (contenido en el art. 55 del C.P.)" (fs. 60 vta.).
Más adelante se ocupó de la concreta individualización de la pena -asunto que no mereció reclamos ente esta instancia- y reiteró que la solución arribada en la instancia era ajustada a derecho y a las pautas contenidas en el art. 58 del Código Penal. "El presente caso se trata de un claro supuesto de unificación de condenas, dado que la primera de las condenas referenciadas adquirió firmeza con posterioridad a la comisión del hecho que diera lugar a la segunda de las sentencias enunciadas, en virtud del tránsito recursivo respectivo. Desde otro lugar, el sentenciante meritó las sanciones recaídas que llevaron implícitas la pauta atenuante -informe de concepto- y las severizantes -pluralidad de intervinientes, nocturnidad y art. 41 bis del C.P.-, particulares circunstancias que llegaron firmes a esa instancia. Asimismo, el órgano 'a quo' consideró la aplicación del método composicional de penas para facilitar su reinserción social. Por tanto, en el 'sub lite' se aplicó el método composicional y la pena conminada en la especie aparece fundada, motivo por el cual es que no corresponde hacer lugar a los planteos efectuados por la Defensa Oficial en tal sentido" (fs. 61 vta. y 62).
III.3. El temperamento adoptado por el Tribunal de Casación se encuentra en sintonía con lo resuelto por esta Corte en el precedente P. 101.359, sentencia de 15-VI-2011, donde se dijo que "...la norma del art. 58 del Código Penal prevé dos supuestos en los que corresponde la unificación de penas: I) Cuando 'después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto (parágrafo 1º, 1ª parte, 1ª disposición). II) Si se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación a las reglas de los arts. 55, 56 y 57 del Código Penal (parágrafo 1º, 1ª parte, 2ª disposición). Ahora bien, los requisitos de actuación de ambos casos -evidentemente- son diferentes, ya que en el primero la necesidad de la pena única descansa en el aseguramiento al principio de la acumulación jurídica de las penas, adoptado por el digesto sustantivo, y armoniza eficazmente con el régimen de la libertad provisoria y con el de la condena de ejecución condicional, previsto en los arts. 13, 15, 27 y 58 del Código Penal".
También se estableció que "...los recaudos que se deben reunir son los siguientes (conf. Núñez, 'Manual de Derecho Penal-Parte General', 4ª edición actualizada por Roberto E. Spinka y Félix González, Marcos Lerner, Córdoba, marzo de 1999, pág. 268 y citas 28 y 29): 1) una sentencia condenatoria que no admita recurso; 2) que la persona esté condenada a sufrir una pena en forma efectiva o condicional; 3) que esa persona deba ser juzgada, esto es, que esté sometida a proceso por un hecho distinto, anterior o posterior, al que motivó la condena; 4) que la condena no esté cumplida o extinguida en el momento de la comisión del hecho por el que se deba juzgar nuevamente a la persona; 5) que la pena se unifique de oficio por el juez que deba dictar la nueva sentencia".
Se expuso -además- que de esos elementos era necesario detenerse -por la especial importancia que revestirá para el otro supuesto- en el nominado como 4), esto es la imposibilidad unificatoria frente a condenas cumplidas o extinguidas. "Si se piensa en la finalidad cardinal de este tramo del dispositivo, más allá de que -en su caso- el trámite de unificación deba ser emprendido de oficio por el juez que deba dictar el nuevo pronunciamiento, parece lógico que no se dicte la única condena si la pena primigenia se encuentra cumplida, extinguida o compurgada, ya que se carecería de uno de los vitales elementos activatorios de la medida: que se deba sufrir el total o parte de la anterior condena impuesta".
En lo atinente a la segunda disposición de esa norma sustantiva, se expuso que las exigencias descriptas se disipaban si se inteligía que sólo se trataba de la captación de un supuesto de violación a las reglas del concurso, lo que ameritaba ultrapasar la autoridad de una sentencia firme para que puedan reunirse ambas en un solo fallo, salvándose los principios que gobiernan la acumulación de las penas y los inconvenientes derivados del cómputo de la prisión preventiva, cuando se hubieren seguido simultáneamente, por separado, dos procesos distintos. "La aplicación de ese precepto no requiere que el encausado esté cumpliendo pena, ni interesa a los fines que se persiguen, que la misma se encuentre extinguida o compurgada".
III.4. Como se aprecia, en la sentencia impugnada se dejó en claro que Roa fue detenido desde el 21 de agosto de 2012 para las dos causas que luego iban a ser unificadas, agregando que aun cuando el vencimiento de la pena establecida por el Tribunal en lo Criminal n° 6 de Lomas de Zamora en causa n° 3816/06 se diera con anticipación a la sentencia que dictara la de unificación, el órgano a quo había dejado de lado la fecha del vencimiento de pena pues de lo contrario se habrían de computar de forma separada y en el mismo tiempo dos penas distintas. A lo que sumó la doctrina que sostiene que si el hecho era anterior a aquel por el cual existía condena firme, la unificación procedía aunque estuviera extinguida la pena, ya que entre ambos hechos mediaba un concurso real al que necesariamente debía atender la pena unificada.
En el caso de autos, el hecho de que la causa n° 5635/3 fue cometido en el año 2010 y los hechos de la causa n° 3816/6 se cometieron en el año 2012 y la primera sentencia de condena -referida a estos últimos- se dictó el 29 de abril de 2013 de manera que todos los ilícitos tuvieron lugar antes del dictado de algún fallo condenatorio y es precisamente por esa situación que todos integran un concurso real que requiere una única condena. Por lo tanto, resulta aplicable la segunda de las reglas establecidas en el art. 58 del Código Penal, según la interpretación brindada más arriba.
De este modo, lo resuelto por el Tribunal intermedio en concordancia con la doctrina de esta Corte, impide tener por configurada la arbitrariedad atribuida al fallo, toda vez que el recurrente insiste en que una de las penas integrantes de la unificación se encontraba "vencida", sin rebatir adecuadamente los argumentos dados en la instancia intermedia para la procedencia del procedimiento unificatorio.
Por otra parte, se aprecia que el Tribunal de Casación agotó su capacidad revisora, sin que pueda afirmarse -como alega el señor defensor oficial- que se hayan violentado los arts. 8 inc. 2 apartado "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inc. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda vez que no reparó en lo resuelto por el juzgador, oponiendo -en cambio- su propio criterio discrepante, circunstancia que constituye un mecanismo inidóneo de disenso, ineficaz para conmover lo decidido (art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Negri y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia