Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129890
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.890, "M., N. E. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 28.924 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, Sala I".
La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Morón, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de septiembre de 2017, rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 que condenó a N. E. M. G. a la pena única de nueve años de prisión, accesorias legales y costas, omnicomprensiva de la de un año de prisión y costas impuesta en estos obrados n° J2239, por el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro reiterado -dos hechos- en concurso real -v. fs. 200/205-; de la de tres años y seis meses de prisión bajo arresto domiciliario y costas aplicada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 departamental, dictada en razón del juicio abreviado acordado en causa n° 728 y en el cual resultara condenado como autor del delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de guerra (hecho I) y coautor de robo calificado por el uso de arma (hecho II), en concurso real -v. fs. 212/216 vta.-; y de la de cinco años y dos meses de prisión impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental en causa n° 4.084, en la que fuera condenado en carácter de coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego –v. fs. 219/226 vta.- (v. fs. 1/4).
La señora defensora oficial -doctora Juliana Patricia Oliva- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 12/31) el que fue concedido por el órgano inferior merced a la resolución obrante a fs. 33/34.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 39/43), dictada la providencia de autos a fs. 44, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes, la señora defensora oficial -doctora Juliana Patricia Oliva- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 12/31).
Denunció que la resolución impugnada resulta huérfana de fundamento, limitándose a afirmar que como el joven M. adquirió la mayoría de edad debe ser tratado como adulto, sin mencionar ningún dispositivo legal que lo autorice (v. fs. 15 vta.), en contravención a lo normado por la Convención sobre los Derechos del Niño.
Alegó que en autos se le negó al imputado su calidad de niño, conforme lo prescribe el art. 1 de la citada Convención y demás legislación aplicable (arts. 18, 28, 31 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8, 19 y 29, CADH; 9, PIDCP; 3, 37, 40 y 41, CIDN; 27, ley 19.865; 1, 2 y 3, ley 26.001) que establece que debe tenerse como tal a toda persona menor de dieciocho años de edad (v. fs. 16).
Adujo que cuando cometió el hecho por el cual fue condenado por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1, N. E. M. tenía menos de dieciocho años, por lo que correspondía que en dicha sentencia se mantuviera su carácter de niño.
Expuso que "...el fundamento utilizado para justificar la unificación de condenas entre el fuero de adultos y el fuero de responsabilidad penal juvenil deviene absurdo" (fs. 16 cit.).
De seguido se ocupó del art. 1° de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la jerarquía constitucional de dicho tratado a partir de su incorporación al art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 16 vta.). Afirmó que el aludido precepto legal "...no hace distinción entre niño, niña, adolescente, joven, o joven adulto, sino que indica que todas las personas de menos de 18 años son consideradas niños" (fs. 17); y que juntamente con aquél, otros integran el compendio normativo del Derecho Penal Juvenil, v.gr.: las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de La Habana) del año 1990; las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) del año 1990; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio) del año 1990; y las Reglas mínimas de la Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) del año 1985 (v. fs. 17 vta.)
Sumó a lo expuesto que el art. 10 de la ley 13.298 toma como principios interpretativos de la presente a las Reglas de Beijing, las Resoluciones 40/33, 45/112, 45/113 de la Asamblea General y las Directrices de Riad (v. fs. 18).
En lo que hace al tema en cuestión, mencionó y transcribió las Reglas 5, 8 y 17 de las Reglas de Beijing en cuanto consagran el principio de proporcionalidad y culpabilidad, garantizando que éste tiene mayor entidad y peso en un joven que en un adulto. También aludió al principio de encarcelamiento como último recurso y por el plazo más breve posible como así también que el fin de la pena es la reinserción social del joven (v. fs. 21).
Refirió al art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que prescribe que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado y concluyó que la calidad de niño modificaba notoriamente el derecho aplicable al caso, y consecuentemente, la forma de resolverlo.
Por otra parte, trajo a colación los fallos "Maldonado" de la Corte federal (v. fs. 21/22) y "Mendoza y otros vs. Argentina" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 22/25 vta.). Afirmó que dicho Tribunal fue claro al momento de definir qué se consideraba niño, sin establecer excepciones a tal carácter. "El hecho de que luego sea condenado por un delito como mayor de edad, entonces, es una construcción pretoriana violatoria de los derechos humanos de las personas menores de edad" (v. fs. cit).
A su vez, aludió a la obra del médico especialista en Medicina Legal y Psiquiatría y Jefe del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación, doctor Ezequiel Mercurio, titulada "Cerebro y Adolescencia: Implicancias Jurídico-Penales", a los fines de demostrar que el cerebro de los adolescentes funciona de manera diferente al de los adultos "...con mayor activación de las regiones relacionadas con la emoción y menor actividad de las regiones relacionadas con la valoración de las conductas y la inhibición de respuestas" (fs. 28, con destacado en el original). Sostuvo que, desde el punto de vista estructural, el crecimiento, el desarrollo y la maduración cerebral no se encuentran completos hasta el final de la adolescencia, y es la corteza prefrontal una de las últimas regiones en madurar.
De ahí que aseguró que "...las diferencias entre la mente-cerebro joven y la adulta justifican, en la primera medida la existencia de sistemas penales diferentes desde una perspectiva netamente científica. Cabe decir que, en un contexto social, político y periodístico en el que se empeñan por encrudecer las consecuencias penales contra este grupo de riesgo, esta afirmación tiene peso propio..." (fs. 28).
Luego, denunció la violación al principio de legalidad y retroactividad de la ley penal más benigna contenido en el art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Expuso que al joven M. se le aplicaron ambos sistemas de leyes: primero, el de responsabilidad penal juvenil y con posterioridad, el de adultos; por lo que de existir una ley más beneficiosa, al pretender unificar las condenas impuestas en ambos procesos debió aplicarse la ley que regula las disposiciones referidas a los menores por resultar menos gravosa (v. fs. 28 vta.).
Así las cosas, indicó que "...la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Morón, al negarle la calidad de niño que gozaba M. en la causa que se le seguía en el fuero de responsabilidad penal juvenil, le está aplicando retroactivamente la ley más gravosa, por imponerle el derecho penal de adultos a los hechos que fueron cometidos cuando M. era una persona menor de edad, negándole el plus de derechos que le correspondía por su condición" (fs. 28 vta., el énfasis en el original).
Alegó que ello implicaba negarle la posibilidad de la libertad anticipada, que habilita el art. 79 de la ley 13.634, que permite la liberación de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran niños sin tener que esperar a la condición temporal de la libertad condicional (art. 13, Cód. Penal) ni de la libertad asistida del fuero de adultos (arts. 104 y 105, ley 12.256 y 54, ley 24.660).
Consideró que bajo el falaz argumento de que el entonces niño ahora es adulto, se le impedirá gozar de los derechos propios de su condición de niño al momento del hecho, aplicándosele de manera retroactiva las leyes del fuero de adultos, violándose así las garantías y derechos indicados (v. fs. 29).
Por último, denunció una flagrante transgresión a la seguridad jurídica, dado que el juzgado de origen, al decidir unificar una condena de adultos con una del fuero de menores dejó sin efecto una sentencia judicial que había adquirido firmeza y pasado en autoridad de cosa juzgada (v. fs. 29 y vta.).
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso intentado (v. fs. 39/43).
III. Coincido con lo dictaminado, pues en mi opinión el carril extraordinario articulado debe ser desestimado.
IV. En primer lugar, el Tribunal de Alzada recordó que el Juez en lo Correccional basó su decisión de unificar las penas dictadas respecto de N. E. M. en que nada impedía que se acumularan las sanciones impuestas a una misma persona en ambos fueros, ya que dicho procedimiento no se encontraba vedado por la ley, a la vez que dicha unificación podía resultar más beneficiosa para el enjuiciado, pues si se utilizaba el método de composición de penas resultaba posible la aplicación de una menor. Asimismo, descartó que no se vulneraba la garantía constitucional del juez natural ni el principio de especialidad, toda vez que ya no existía el presupuesto fáctico del sistema de justicia penal juvenil, al haber alcanzado M. la mayoría de edad.
Dijo que el magistrado de grado unificó las condenas impuestas en los tres pronunciamientos registrados por M., por aplicación de lo normado por los arts. 55 y 58 del Código Penal y 18 del Código Procesal Penal, utilizando el sistema de composición de pena y las circunstancias atenuantes y agravantes valoradas en cada una de ellas (v. fs. 1 vta. y 2). Luego, reseñó los agravios de la parte y abocado a decidir la cuestión traída a estudio reputó correcta la unificación de las tres condenas de la manera en que se hizo, toda vez que, por un lado, M. ya había alcanzado la mayoría de edad, habiendo sido juzgado por delito cometido como menor siendo adulto, y con posterioridad cometió otros en dicha calidad, por lo que correspondía considerarlo como tal.
Sostuvo que el presupuesto fáctico del sistema de justicia penal juvenil -como lo había expresado el a quo- ya no existía, dado que el condenado no era más un niño, sino un adulto, careciendo de sentido ofrecerle los derechos propios del sistema penal juvenil.
Concluyó que lo expuesto lo persuadía, en el caso particular, de la conveniencia de sustituir el régimen penal por el de mayores, por entender que así se lograba satisfacer más adecuadamente el principio de proporcionalidad en relación con la función de la pena y que, al mismo tiempo, acrecentaba las posibilidades de lograr la resocialización del encartado, a través de un tratamiento penitenciario eficaz (v. fs. 2 vta.).
Finalmente señaló que el siguiente argumento del apelante tampoco resultaba viable, pues al tratarse "...de procesos paralelos, donde existen tres sentencias condenatorias dictadas contra el mismo imputado N. E. M., las cuales han adquirido firmeza, y que dos de ellas lo fueron respecto de hechos anteriores y posteriores a la primera condena firme, con más la inobservancia a las reglas del concurso real, es que nos encontramos ante un caso de 'unificación de sentencias' en el que correspondía que sea el Tribunal en lo Criminal N° 1 Departamental quien dicte el pronunciamiento unificatorio ya que fue éste quien, en el caso, dictó la pena mayor (art. 58 -segunda regla- del Código Penal)" (fs. 2 vta. y 3); aunque frente al hecho consumado de la unificación por parte del último juez que dictó sentencia (el correccional), y no haberse verificado circunstancias perjudiciales para el condenado, siendo que además utilizó el sistema de composición, con la aplicación de una sensible reducción del monto respectivo, no se advertía afectación de garantía constitucional alguna (fs. 3).
V. Ahora bien, la inteligencia del sistema de unificación de penas interpretada y entendida en la instancia de mérito -y que fuera confirmada por el Tribunal de Alzada- en tanto concluyó en su aplicación al caso, no viene debidamente replicada, lo cual obsta, por insuficiencia impugnativa (arg. art. 495, CPP), a la viabilidad del reclamo.
En efecto, la recurrente desinterpreta el argumento que avala la unificación de las tres condenas al considerar que M., si bien había cometido uno de los hechos cuando era menor, al momento de ser juzgado -incluso por dicho evento- ya había adquirido la mayoría de edad, por lo que, teniendo en cuenta que las otras dos condenas también fueron cometidas siendo adulto, correspondía tenerlo como tal.
Frente a ello, la defensa insiste en que a su defendido se le quitó dicha condición, cuando en rigor debía mantenerse, sin rebatir adecuadamente lo expuesto con anterioridad. En definitiva, no hace otra cosa que traer a colación, y sólo de modo genérico, principios del bloque de constitucionalidad propios del sistema penal juvenil, limitándose a su transcripción sin vinculación alguna con las constancias propias de la causa.
Tampoco explica por qué la pena dictada en el fuero de responsabilidad penal juvenil debería quedar al margen de las previsiones del art. 58 del régimen de la materia, inaplicando las reglas que regulan el instituto en el Código Penal y de las cuales no emerge la solución diferenciada que se pretende (conf. causa P. 123.476, sent. de 31-V-2017).
En la misma técnica deficitaria incurre al invocar el precedente "Maldonado" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que no se ha hecho cargo de las diferencias existentes entre lo allí resuelto y lo acontecido en autos. Cabe recordar que, en el citado caso, el Alto Tribunal nacional resolvió la especial situación de un menor de edad condenado a una pena de prisión perpetua en el marco del procedimiento previsto por la ley 22.278 y la incidencia que la Convención sobre los Derechos del Niño tenía a su respecto. Además, la sentencia recurrida había sido dictada a partir de un recurso fiscal contra un pronunciamiento de la instancia anterior que había impuesto al joven la pena de catorce años de prisión.
Ninguna de estas circunstancias se advierten en la especie, toda vez que -en lo medular- no se trata aquí del juzgamiento de un menor punible sujeto a un régimen normativo especifico, sino que lo que se debate -puntualmente- es la unificación de las condenas que registra M., siendo que uno de los hechos juzgados fue cometido cuando aún era menor de edad y condenado habiendo adquirido la mayoría, mientras que las demás condenas lo fueron cuando ya era adulto.
Igual temperamento corresponde adoptar respecto de la cita del caso "Mendoza y otras vs. Argentina".
Lo así resuelto deja sin sustento la mera afirmación de la impugnante que sostiene la falta de fundamentación del fallo recurrido, como así también el vicio que le atribuye al fundamento utilizado para justificar la atacada unificación. Pues, teniendo en cuenta lo dicho inveteradamente por este Cuerpo en cuanto a que el "absurdo" es un error grave y manifiesto (conf. causas P. 75.987, sent. de 8-VI-2005; P. 75.863, sent. de 21-V-2008; P. 92.582, sent. de 9-IV-2008; P. 79.778, sent. de 23-IV-2008; P. 98.546, sent. de 12-X-2011; P. 108.476, sent. de 29-V- 2013), tampoco se aprecia aquí la existencia de un defecto de tales características que permita descalificar el pronunciamiento en crisis.
Coadyuva a la desestimación del reclamo la circunstancia de que la defensa tampoco demuestra el perjuicio que lo resuelto le causaría a su asistido desde que la propia decisión impugnada alude a la conveniencia de sustituir aquél régimen por el de mayores a los fines de satisfacer de manera correcta el principio de proporcionalidad en relación con la función de la pena, pues se acrecentaba la posibilidad de lograr la resocialización del nombrado por medio de un tratamiento penitenciario eficaz. Asimismo, se dijo que habiéndose utilizado el método composicional "...se aplicó una sensible reducción al monto respectivo" (fs. 3).
Este argumento fue obviado por la parte desde que ni siquiera intentó rebatirlo. Si se entendiera que su crítica radica en el segmento del recurso que refiere a que la aplicación del régimen de adultos impediría a M. gozar del beneficio de la libertad anticipada (art. 70, ley 13.634), lo cierto es que en esta ocasión -en la que le corresponde pronunciarse a esta Corte- la situación descripta por la señora defensora no se encuentra configurada en autos (art. 421, CPP).
Por último, los planteos por los que denuncia la violación a los principios de legalidad, retroactividad de la ley penal más benigna y seguridad jurídica, formulado este último ahora desde una perspectiva federal, son el fruto de una reflexión tardía en la medida que no fueron llevados ante el tribunal revisor, sobre todo, teniendo en cuenta -como ya se dijo- que la unificación cuestionada fue resuelta originariamente por el Juzgado en lo Correccional. Y en tanto resulta exigible a la parte, como condición indispensable para su abordaje en el tránsito recursivo, la tempestividad del planteo constitucional, la ausencia de este presupuesto impide su progreso.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia