Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 125235
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 125.235, "F., M. Y. s/ Recurso extraordinario de Inaplicabilidad de ley en causa N° 64.566 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV."
El Tribunal en lo Criminal n° 5 de San Martín, el 9 de diciembre de 2013, dictó sentencia de unificación de condenas respecto de M. Y. F., imponiéndole la pena única de ocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, comprensiva de la de seis años de prisión recaída en la causa n° 3.074 respecto del delito de robo calificado por el uso de arma; y de la de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y costas, impuesta el 5 de marzo de 2012 por el Tribunal Oral de Menores n° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en causa n° 6.737 y sus acumuladas n° 6.147, 6.394, 6.414, 6.824, 6.839 y 6.843, revocando dicha condicionalidad, por considerarlo autor responsable de los delitos de tentativa de robo agravado por su comisión en poblado y en banda -causas n° 6.737/6.824-; robo simple reiterado en dos oportunidades, uno en calidad de autor, que concurren en forma real entre sí -causas n° 6.839 y 6.843-; tentativa de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda -causa n° 6.147-; robo tentado agravado por su comisión con armas -causa n° 6.394- y tentativa de robo -causa n° 6.414- en concurso real entre sí (v. fs. 36/37 vta. con rel. a fs. 5/9 y 16/27 vta.).
Con motivo del recurso de casación deducido por la defensa oficial, la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal se pronunció el 18 de noviembre de 2014, excluyendo las agravantes computadas en el marco de la causa n° 3.074 por fuera del acuerdo de juicio abreviado en violación de lo normado por el art. 371 del Código Procesal Penal, con la consecuente readecuación de la pena única, la que fijó en ocho años y dos meses de prisión, accesorias legales y costas, manteniendo las restantes declaraciones del fallo de grado (v. fs. 94/102 y vta.).
El defensor oficial ante la aludida instancia intermedia interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 127/134 y vta.) el que fue concedido por esta Suprema Corte para el tratamiento de los pretensos agravios federales alegados (v. fs. 143/145 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 147/149 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 150), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Genoud dijo:
I. Denuncia la defensa la inobservancia de los principios específicos, constitucionales y convencionales, que orientan el sistema penal juvenil, con cita de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y 18 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
Refiere que su crítica se dirige contra la decisión mayoritaria del tribunal intermedio que habría sostenido "...la constitucionalidad de la unificación de penas impuestas en fueros penales diferentes", desconociendo el contenido de los especiales principios que gobiernan el correspondiente a los menores de edad, tales como el encarcelamiento como último recurso, reinserción, mínima intervención, proporcionalidad, especialidad y reeducación del infractor, a los que esa parte hiciera alusión en su recurso ante esa sede revisora (v. fs.130).
Considera que no es posible justificar la viabilidad del procedimiento del art. 58 del Código Penal con base en que dicho digesto resulta de aplicación subsidiaria al régimen de la minoridad, dado que sus preceptos específicos impiden tácitamente la unificación realizada. Aduce que el fallo definitivo dictado respecto de jóvenes en conflicto con la ley penal "...no tiene -en principio- carácter punitivo", dado que según la Convención de los Derechos del Niño, aun cuando se demuestre su culpabilidad, la pena constituye una excepción de última ratio que puede ser prescindida (v. fs. 131vta.).
Resalta además que las reglas mínimas de las Naciones Unidas restringen al máximo el registro de la información relativa a los procedimientos penales que los involucran; por lo que entiende que si el art. 50 del Código Penal veda expresamente la valoración de delitos cometidos durante la minoría de edad a los efectos de la reincidencia, la unificación deviene improcedente pues en ella está implícita la consideración de aquel antecedente penal (v. fs. 133 vta.).
Por lo expuesto, concluye que parte de la sanción única impuesta a su defendido resulta constitucionalmente improcedente, requiriendo se case el fallo y se reenvíen los autos a la instancia anterior para el dictado de uno nuevo ajustado a derecho (v. fs. ídem).
II. En el estricto marco en que la impugnación ha sido concedida, para el examen de los agravios federales involucrados, coincido con la Procuración en cuanto postula su insuficiencia para evidenciar transgresión constitucional alguna (v. fs. 147/149 vta.).
II.1. La postura mayoritaria del Tribunal de Casación desestimó similar planteo al aquí traído, en función de considerar que la naturaleza de la punición que se impone en el fuero de menores, que no deja de ser una pena, no constituye impedimento alguno para unificar, conforme las previsiones del art. 58 del Código Penal, una condena dictada por ese fuero y otra por un órgano jurisdiccional de mayores; con la aclaración de que la única limitación legal se relaciona con la prohibición de aplicar las disposiciones del instituto de la reincidencia a jóvenes en conflicto con la ley penal, de acuerdo con los términos estipulados en el art. 5 de la ley 22.278, punto que estaba fuera de discusión en este caso.
Explicó que el presupuesto fáctico del sistema de justicia penal juvenil, que daba soporte al principal argumento de la defensa, había desparecido, dado que el condenado no era ya una persona menor de edad, sino un adulto, con todas las consecuencias que ello implica; con lo cual resultaban abstractas muchas de las declaraciones que la justicia de menores reserva exclusivamente para ellos; no obstante lo cual, expuso que las finalidades de la respuesta punitiva no son muy distintas de las que se persiguen con la establecida respecto de mayores, a tenor de los postulados imperantes en los respectivos plexos normativos a los que refirió.
II.2. Ahora bien, dicho contenido resolutorio no ha sido controvertido por ninguna de las alegaciones que integran el recurso que aquí se examina, lo que impide demostrar que en la unificación de penas realizada respecto de M. F. se hubiese incurrido en infracciones de la envergadura de las denunciadas.
En efecto, para oponerse a que la pena de prisión dictada respecto del nombrado (de ejecución condicional luego revocada) por el Tribunal Oral de Menores n° 2 de Capital Federal quede sometida a las previsiones del art. 58 del Código Penal, la defensa insiste en señalar genéricamente el carácter tuitivo de la sanción y la vulneración de los principios constitucionales propios del régimen de la minoridad; no obstante que tal tesis fue rechazada por la decisión mayoritaria del a quo afirmando que la impuesta es "una pena", resultando un contrasentido reclamar la aplicación de preceptos reservados específicamente a las personas comprendidas en aquella franja etaria, cuando el aquí condenado ya no era menor de edad, con lo cual su condición de adulto hacía que perdieran virtualidad muchas de las declaraciones reservadas a aquéllos (art. 495, CPP).
Despejada dicha cuestión, la defensa no ha formulado cuestionamiento alguno contra la decisión del a quo de considerar que aquella disposición de la ley penal gobierna la solución del caso, con sustento en la necesidad de la respuesta punitiva única, de modo que tampoco ha sido evidenciado que lo resuelto de tal forma se aparte de un modo inequívoco de la solución normativa prevista para la situación planteada (CSJN, Fallos 306:262; 320:2957; 327:2273, e.o.).
Por último, el antecedente penal no ha sido valorado en los términos que contempla el art. 50 del Código Penal sino para unificar las sanciones impuestas, por lo que carece de asidero lo afirmado a fs. 133 vta. de la pieza recursiva aquí examinada.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia