Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128914
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Juan Manuel Martínez en la suma de … pesos -$...-, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.914 "Soria, Sergio Ariel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 64.364 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de octubre de 2016, rechazó el recurso del defensor particular del señor Sergio Ariel Soria -doctor Juan Manuel Martínez- contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por la relación de pareja y convivencia y por mediar violencia de género.
Contra esa decisión, el mencionado defensor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 90/99 vta.), el cual fue concedido por la sala interviniente (v. fs. 100/102).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 108/111 vta. aconsejando que el recurso sea rechazado. Dictada la providencia de autos a fs. 112 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El defensor particular del señor Sergio Ariel Soria sostuvo que la sentencia que recurre resulta arbitraria por carecer de fundamentación. Afirmó que violó el derecho de defensa (art. 18, Const. nac.) e inobservó los arts. 40 y 41 del Código Penal. Consideró que debió haberse aplicado lo estipulado en el último párrafo del art. 80 del mismo código (circunstancias extraordinarias de atenuación). Criticó que se haya juzgado que en el caso medió violencia de género (art. 80 inc. 11, Cód. Penal, incorporado por el art. 2 de la ley 26.791).
Cuestionó que la sentencia haya descartado que la infidelidad de la víctima fuera en el caso una circunstancia extraordinaria de atenuación por ser "pública y conocida", y alegó que el imputado desconocía que ella continuara tras una reconciliación en la que aparentemente su pareja -la víctima- había "blanqueado" la situación y roto con su amante (v. fs. 90 vta. y 91).
Hizo consideraciones generales sobre el deber de fundar los fallos judiciales y destacó su raigambre constitucional. Transcribió párrafos de precedentes federales sobre el punto (v. fs. 91/92).
Afirmó que "La resolución impugnada compromete el derecho al recurso pues no se explicitó el razonamiento lógico que se ha recorrido para arribar a la conclusión incriminante, lo cual impide a la defensa analizar críticamente los fundamentos de la decisión de los sentenciantes" (fs. 92 y vta.).
Indicó que el tribunal dio por acreditada la relación paralela que mantenía la víctima, así como que la mantuvo a escondidas luego de volver con el imputado, lo que fue acreditado por el testimonio del amante involucrado, Marcelo Rodríguez, y de la tía de la víctima Silvia Irusta. Señaló que esta última declaró que el nombrado fue "...quien destruyó una familia; lo que demuestra la entidad relevante que la presencia del amante había generado en el núcleo familiar SILVA-SORIA" (fs. 93).
Dijo que el tribunal también tuvo por probadas las agresiones que el imputado dirigía a la víctima en el último tiempo de la relación, lo que acreditó con el testimonio de las hermanas de esta última (v. fs. 93).
Objetó que el carácter público de la infidelidad de Silva -dada la reducida cantidad de habitantes de la ciudad de Punta Alta, en la que ocurrieron los hechos- haya sido descartado por el tribunal como factor generador de anomalía alguna en la persona de Soria (v. fs. cit.).
Cuestionó que se haya aplicado la calificante del inc. 11 del art. 80 del Código Penal pues a su entender no surge de la causa que Soria haya matado a Silva por su calidad de mujer, por rencor y desprecio hacia el género opuesto. Añadió que su defendido no desvalorizaba a su concubina por ser mujer, sino por la aparición de un amante (v. fs. 95 y vta.).
Citó doctrina autoral según la cual la calificante mencionada no abarca toda violencia contra una mujer, sino que ella debe ser ejercida por el hecho de pertenecer al género femenino (v. fs. 95 vta.).
Tras ello retornó a sus críticas a la decisión de descartar la presencia de circunstancias extraordinarias de atenuación. Citó fallos que justificaron su aplicación cuando el afecto, respeto y consideración que naturalmente deben existir entre los parientes escapan por determinadas circunstancias al curso ordinario de esas relaciones (v. fs. 98 vta.).
II. Coincido con la Procuración General en que los agravios antes resumidos deben ser rechazados.
El hecho que motivó la condena recurrida ocurrió el 19 de febrero de 2014. Le resulta aplicable en consecuencia lo dispuesto por el texto añadido al art. 80 por el art. 3 de la ley 26.791 (B.O. 14-XII-2012). La norma establece que "Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima".
La sentencia en recurso indicó que las violencias ejercidas por el imputado contra su pareja con anterioridad al homicidio constituían un escollo legal para la aplicación de las circunstancias extraordinarias de atenuación, a lo que sumó su convicción en el sentido de que el hecho cometido no presentaba un menor grado de injusto (v. fs. 76).
El Tribunal de Casación indicó que la sentencia de juicio había establecido que "...seis hermanas de la víctima dieron cuenta que el acusado vivía pegándole a la damnificada delante de los chicos, amenazándola que la iba a matar. Afirmaron que Silva [la víctima] les expresó que quiso separarse varias veces porque era hombre golpeador pero no lo concretaba" (fs. 79).
A ello agregó detalles de las violencias, citando esas declaraciones testimoniales (v. fs. cit. y vta.).
No puede sostenerse entonces que la sentencia recurrida haya omitido fundar su decisión de rechazar la posibilidad de aplicar al caso la escala reducida con base en circunstancias extraordinarias de atenuación. Al contrario, es el recurrente el que omite siquiera intentar refutar este argumento decisivo (art. 495, CPP).
III. Tampoco es procedente la objeción acerca del encuadre en el inc. 11 del art. 80 del Código Penal.
También en este caso se observa que el Tribunal de Casación fundó acabadamente la confirmación de la subsunción hecha en el fallo primigenio (v. considerando IV, fs. 80 vta./82 vta.). Citó las definiciones contenidas en el art. 4 de la ley 26.485 sobre Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en los que Desarrollan sus Relaciones Interpersonales, el que prevé:
"Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón".
Se advierte que la norma pone el acento en la "relación desigual de poder" que comprende obviamente la mayor fuerza física que aprovecha el agresor varón para ejercer violencia sobre una mujer.
En un caso similar (causa P. 123.125, sent. de 10-V-2017) he destacado que "... la enorme incidencia que sobre el grave hecho tuvo la situación previa de permanente sometimiento de la víctima a tratos violentos por parte del imputado [...] contexto insoslayable que debe ser apreciado como una progresión violenta cuyo lamentable corolario lo conforma el hecho aquí juzgado.
Ese contexto decisivo al igual que la vulnerabilidad en que la víctima se encontraba habitualmente, como consecuencia de la situación a la que venía sometiéndola el encartado debe ser atendido, conforme lo señalé anteriormente en P. 126.186 (sent del 17/VIII/2016 entre otras; perspectiva que se ve reforzada en función del art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional al incorporar la CEDAW, así como la ratificación de la Convención de Belém do Pará mediante la ley 24.632, B.O. del 5 de julio de 1996) e impone aquí el rechazo de los planteos ensayados por el defensor pretendiendo la aplicación del párrafo final del art. 80 del Código Penal. Un dispositivo que, por otra parte, requiere circunstancias extraordinarias de atenuación que no se verifican en este caso y de las características que he puntualizado en ocasiones anteriores al expedirme sobre ese tema (P. 104.120, sent. del 7/V/2014; P. 116.768, sent. del 13/V/2015 y P. 111.487, sent. del 3/VI/2015, entre otras) a las que me remito en honor a la brevedad".
IV. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Negri por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Se regulan los honorarios profesionales del doctor Juan Manuel Martínez en la suma de … pesos -$...-, por los trabajos realizados ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8.904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017), con más el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia