Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 122328
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 122.328, "Roldan, Jorge Armando -Fiscal adjunto- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 47.088 del Tribunal de Casación, Sala I, seguida a Duarte Prette, Joel David", y sus acumuladas P. 122.331, "Radaelli, Jorge Arnaldo y Radaelli, Jorge Alberto s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad en causa Nº 47.081 del Tribunal de Casación Penal, Sala I" y P. 123.573, "Duarte, Joel David s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 47.081 -y su acum. 47.088- del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante pronunciamiento dictado el 26 de noviembre de 2013, casó parcialmente el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino que había condenado a Jorge Arnaldo Radaelli y a Joel David Duarte Prette a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, y a Jorge Alberto Radaelli a la pena única de trece años de prisión, accesorias legales y costas -comprensiva de la de once años y seis meses de prisión recaída en la presente y de la de tres años de la misma especie de pena impuesta en el marco de la I.P.P. 4240-08-, por resultar coautores penalmente responsables del delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego (v. fs. 35/50). El Tribunal de Alzada rechazó las impugnaciones articuladas a favor de Jorge Arnaldo y Jorge Alberto Radaelli, mas hizo lugar a la deducida en beneficio de Joel David Duarte Prette en el rubro atenuantes y readecuó el monto de la sanción, fijándola en nueve años de prisión, accesorias legales y costas para el último de los nombrados (v. fs. 109/117 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor fiscal adjunto ante el órgano casatorio, doctor Jorge Armando Roldán, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 136/138 vta.); el defensor particular de Jorge Arnaldo y Jorge Alberto Radaelli, doctor Aquilino José Giacomelli, las vías extraordinarias de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 142/176); y el señor defensor ante la instancia anterior, doctor Mario Luis Coriolano, el remedio contemplado en el art. 494 del Código de Procesal Penal a favor de Joel David Duarte Prette (v. fs. 180/186 vta.). Todos ellos fueron concedidos por esta Corte (v. fs. 194/198 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 200/214 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 215), presentada la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 222 y vta.), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 136/138 vta. por el señor fiscal adjunto ante el Tribunal de Casación Penal?
2ª) ¿Es fundada la vía extraordinaria de nulidad interpuesta a favor de Jorge Arnaldo y Jorge Alberto Radaelli?
3ª) ¿Lo es el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado a favor de Jorge Arnaldo y Jorge Alberto Radaelli?
4ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa de Joel David Duarte Prette?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. El señor fiscal adjunto ante el Tribunal de Casación Penal denuncia la errónea aplicación de los arts. 40 y 41 del Código Penal, al haberse ponderado como atenuante la excesiva duración del proceso (v. fs. 137).
Expone que, en dichas disposiciones, el legislador nacional ha delineado el sistema para la individualización judicial de la pena. Luego de referirse a las previsiones de esas normas manifiesta que "...el análisis de una supuesta atenuante cuya verificación tiene lugar con posterioridad al hecho, nada puede tener que ver con las características del acontecer ilícito ni con lo reprochable que el mismo resulte para el concreto autor" y que "Igual de extraña resultará al ámbito de la peligrosidad; cuestión con la cual no podría siquiera forzarse algún punto de contacto" (fs. 137 vta.).
Destaca que "...así como la superación del término de duración razonable de un proceso se asocia a específicas consecuencias en nuestro sistema penal (arts. 1 y 4 de la ley 24.390 -según ley 25430-; arts. 2, 141 y 142, 169 inc. 11, 282 y 283 del C.P.P.), no resulta computable desde la óptica de la determinación de la pena antes que cualquier otra cosa por carecer de una plataforma legal que lo habilite" (fs. 138).
En definitiva, requiere que se case la decisión en crisis y se restablezca la pena en su momento impuesta (v. fs. cit. vta.).
II.2. El señor Subprocurador General sostiene la impugnación y propicia su acogimiento (v. fs. 200/214 vta.).
III. El recurrente no ha puesto en tela de juicio que la duración del proceso haya sido en el caso excesiva (v. fs. 138). La discusión se centra en determinar si esa circunstancia puede ser considerada como atenuante al momento de realizar la determinación judicial de la pena, siendo que para el impugnante ello no es factible.
Ahora bien, tiene dicho esta Suprema Corte que el inadecuado tratamiento procesal al que se vio sometido un imputado puede hallar apropiada reparación en las reglas de individualización de la pena y en las que legislan lo relativo a las condiciones de su ejecución, sin perjuicio de las enmiendas que se ofrecen desde otros ámbitos (v.gr.: indulto o conmutación, conf. arts. 103.5 y 144.4, Const. prov.; 118, ley 12.256), cuya utilidad, de ser necesario, no deberá ser menospreciada por los jueces de la causa (v. causas P. 88.303, sent. de 25-III-2009 y las citas doctrinarias y jurisprudenciales a las que remite y P. 110.833, sent. de 4-V-2011; e.o.).
Las diferentes expresiones de los arts. 40 y 41 del Código represivo, en cuanto permiten ponderar en la determinación judicial de la pena, entre otros factores, las "condiciones personales" del sujeto, imponiéndole a los jueces el deber de "tomar conocimiento directo y de visu" de aquel (art. 41 inc. 2, Cód. Penal), pueden servir de guía para encauzar la solución pretendida. Pues, al contemplar esa fórmula la posibilidad de que circunstancias posteriores a la ejecución del hecho repercutan menguando la pena proporcional a la culpabilidad, brinda un medio adecuado para reparar los efectos de la exorbitante morosidad judicial (causa P. 110.833, cit.).
De esta forma queda sin sustento la afirmación del señor fiscal adjunto del Tribunal de Casación relativa a que no puede ser valorable la circunstancia en examen al momento de determinar la pena "...por carecer de una plataforma legal que lo habilite" (fs. 138).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Debo disentir con los distinguidos colegas preopinantes respecto de la procedencia del recurso.
Ello en cuanto considero que asiste razón al señor fiscal adjunto ante el Tribunal de Casación Penal respecto de la errónea aplicación al caso de los arts. 40 y 41 del Código Penal, al haberse ponderado como atenuante de la pena la excesiva duración del proceso.
Según lo he señalado en diversas oportunidades (conf. causas P. 90.308, sent. de 10-VI-2009; P. 82.670, sent. de 14-VI-2010; P. 94.880, sent. de 17-III-2010; e.o.) no comparto tal criterio en tanto su fundamento no resulta sólido, desde que no se evidencia el por qué una contingencia ajena al hecho y al autor puede influir en la culpabilidad del mismo y en el monto de pena que merece. Ello es lo que me ha llevado a descartar tal posición en otras ocasiones y me convence de hacer lo propio en este caso.
Diferente es la necesidad que surge ante una nueva individualización de pena en un proceso alongado, de verificar con carácter actual las circunstancias referidas al autor en la faz subjetiva así como las objetivas, que debe llevarse a cabo siempre dentro de las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, especialmente de este último in fine , lo que lleva a la necesidad de volver a tomar conocimiento directo con el sujeto (conf., mi voto en adhesión en P. 73.243, sent. de 19-III-2008; e.o.), pero ello no significa que la alongada duración del proceso pueda funcionar como atenuante de la pena.
Voto así por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Negri.
II.1. El agravio del representante fiscal sobre la ponderación por parte del tribunal intermedio de la dilación indebida del proceso sufrida por el encartado con cariz atenuante no es de recibo.
De un lado, porque -como bien dice el ponente- no pone en entredicho que aquel resultara excesivo (v. fs. 138).
También, porque el recurrente no logra demostrar que lo decidido se haya apartado de la doctrina legal sentada por esta Corte que -por mayoría- tiene dicho que el inadecuado tratamiento procesal a que se vio sometido un imputado (en cuanto a la indebida alongación del proceso penal) puede hallar apropiada reparación en las reglas que individualizan la pena, sin perjuicio de las enmiendas que se ofrecen desde otros ámbitos (conf. doctr. causas P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 110.833, sent. de 4-V-2011; e.o).
II.2. Por último, la pretensión de que se restablezca respecto del coimputado Duarte Prette el monto punitivo oportunamente impuesto (v. fs. 138 vta.), en tanto se desentiende de lo efectivamente resuelto en el caso, tampoco procede.
La casación junto con la circunstancia cuestionada reputó que debía asignársele mayor significación al factor atenuante reconocido: la difícil experiencia de la vida pasada desde su niñez por Duarte Prette.
Dijo que era claro que "...el ámbito de autodeterminación de este imputado ha sido mucho más estrecho que el otro y ello amerita la reducción de la sanción impuesta por esa mayor significación" (fs. 115 y vta.), apoyándose fundamentalmente en este tópico la reducción de la sanción, sin que esta parcela del pronunciamiento fuera cuestionada por el impugnante.
En consecuencia, siendo que no prospera el primer motivo de agravio y, además, el señor fiscal dejó incólume lo dicho respecto de la otra pauta atenuante de pena, no es posible restablecer el monto punitivo reclamado.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En la resolución que concedió los recursos extraordinarios ahora en análisis esta Corte entendió que, si bien la defensa de los coimputados Radaelli había articulado conjuntamente las vías previstas en los arts. 491 y 494 del Código Procesal Penal, era posible discernir los agravios vinculados con cada una de ellas.
De modo que los planteos formulados en orden a la falta de fundamentación legal en la aplicación del art. 41 bis del Código Penal y a la invocación en este tramo del art. 171 de la Constitución provincial y los dirigidos a evidenciar una supuesta omisión de tratamiento, resultan canalizables en el recurso extraordinario de nulidad (art. 161 inc. 3 "b", Const. prov.).
II. Sostiene el recurrente que el a quo omitió dar tratamiento a las cuestiones planteadas por la defensa en cada uno de los agravios volcados al impugnar la sentencia de primer grado (v. fs. 143 vta.).
En particular adujo que aquel "...no trat[ó] el formal pedido efectuado [...] en cuanto a la participación criminal de los imputados" (fs. 143), así como los vicios señalados respecto de las declaraciones testimoniales de familiares y amigos de la víctima.
III. Coincido con la opinión del señor Subprocurador General, el recurso no prospera.
De los desarrollos argumentales expuestos en la sentencia recurrida a fs. 113 vta./115 vta. se observa que el tribunal se abocó al tratamiento de los agravios llevados a su revisión por parte de las defensas de los imputados Radaelli. Tal como se podrá corroborar al efectuar el análisis de los planteos canalizados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad, las cuestiones que se dicen preteridas han recibido debido tratamiento o bien han resultado desplazadas por la decisión adoptada. Entonces, los agravios no llevan como destino "la omisión", sino la forma en que tales cuestiones fueron tratadas, sellando de manera adversa la suerte del reclamo. Pues el acierto o la amplitud con que se resolviera, escapa al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (conf. doctr. causas P. 69.388, sent. de 13-XII-2000; P. 70.628, sent. de 28-VIII-2002; P. 88.249, sent. de 8-VII-2008; P. 115.066, resol. de 12-III-2014; e.o.). En su caso, cabe recordar que es doctrina de esta Suprema Corte que aun cuando el a quo no haya respondido directamente cada uno de los argumentos de la parte, si el análisis valorativo conlleva un implícito rechazo del planteo, no se configura la indebida preterición que da lugar al recurso de nulidad (doctr. causas P. 93.196, sent. de 29-X-2008; P. 106.168, sent. de 17-III-2010; e.o).
IV. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto, entonces, por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari , Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la defensa de Jorge Arnaldo y Jorge Alberto Radaelli se agravia por considerar que el órgano a quo restringió su competencia indebidamente al no ingresar al análisis de las declaraciones testimoniales, con fundamento en que debía denunciarse absurdo o arbitrariedad, contrariando, de tal modo, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Carrera, Fernando Ariel" (v. fs. 143 y vta.).
Expone que el pronunciamiento de primera instancia utilizó prueba testimonial mendaz y contradictoria, dejando de lado el principio in dubio pro reo . Agrega que el fallo del órgano revisor, en cuanto convalidó ese razonamiento, resulta arbitrario (v. fs. 144).
Especifica que la ausencia de un control adecuado de la forma en que los jueces del Tribunal en lo Criminal de Pergamino efectuaron la construcción lógica que culminó con la condena a sus defendidos ha provocado que aquella primera sentencia -nula de nulidad absoluta e irrazonable- fuera confirmada en la posterior instancia, sin apreciar que se fundaba en groseras violaciones al debido proceso y derecho de defensa en juicio (v. fs. cit.).
Reedita las contradicciones surgidas de las testimoniales producidas en la vista de causa y de las cuales se utilizaron extractos para conformar el plexo probatorio que llevó al dictado de una sentencia condenatoria (v. fs. 145/148).
Advierte que no pretende retrotraerse a un sistema de prueba tasada, sino que el fundamento probatorio en el cual sostiene la certeza el a quo sea valorado en forma conjunta, integral y con especial atención en los testimonios utilizados para justificar la condena, que fueron mendaces y cargados de animosidad manifiesta (v. fs. 149 vta.).
Entiende procedente la aplicación del principio procesal acordado por el art. 1 del Código Procesal Penal "atento la disparidad en los testimonios vertidos en autos y ausencia de elementos de cargo que de manera indubitable indiquen la autoría de [sus] defendidos".
I.2. Por otra parte, afirma que el tribunal intermedio efectuó una errónea aplicación de precepto legal, en cuanto confirmó el encuadre del hecho como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en los términos de los arts. 79 y 41 bis ambos del Código Penal (v. fs. 153).
Se refiere a la ausencia del ejecutor del disparo fatal que, en su criterio, debe llevar a la subsunción de la conducta dentro de las previsiones del art. 95 del citado digesto (v. fs. cit.).
Relata que en el suceso juzgado participaron varias personas y que la muerte fue producto de un único impacto de proyectil disparado por un arma de fuego que no fue secuestrada, a lo que agrega que tampoco se acreditó que hubiera estado en poder de alguno de los imputados.
Explica que ante la ausencia de comprobación fehaciente de un plan intencional para acabar con la vida de alguno de los integrantes de la familia Chapuy, debe ceder la calificación legal propuesta (v. fs. 153 vta.). Luego se ocupa de la figura del homicidio en riña y solicita su aplicación al caso (v. fs. 154 vta.).
Subsidiariamente, peticiona la adecuación de la participación de sus defendidos por considerar erróneamente aplicado el art. 45 del Código Penal (v. fs. 155 vta.).
Expone que el uso de otra arma de fuego distinta a la que diera muerte a la víctima no quedó demostrado, por lo que el dominio funcional del hecho lo tuvo una sola persona y aquella que reconoció haber efectuado disparos con su arma de fuego, conforme surge de su propia declaración indagatoria, fue el menor Deris Iván Prette (v. fs. 156 vta.).
Por tal motivo, requiere que se readecúe el grado de participación de sus asistidos dentro de lo normado por el art. 46 del Código Penal (v. fs. 158).
I.3. Luego solicita que, ante el cambio operado respecto del consorte de causa de sus asistidos, se modifique la pena.
Plantea que a Duarte Prette se le impuso un monto de pena inferior a la escala penal aplicable, pues el art. 41 bis del digesto fondal establece un aumento de un tercio de las penas y, por ende, con la aplicación de aquella agravante la escala legal para el homicidio simple se eleva a diez años (10) y ocho (8) meses de prisión en su mínimo.
Expresa que si se redujo la sanción a nueve años de prisión ello significa que no se aplicó la agravante del art. 41 bis del Código Penal, por lo que reclama que idéntico criterio se adopte para con sus defendidos, con basamento en el principio de igualdad (v. fs. 175 vta.).
II. La Procuración General propicia el rechazo del recurso.
III.1. El agravio por el cual la parte afirma que el Tribunal de Casación restringió indebidamente su competencia en el análisis de la prueba -puntualmente en la compulsa de las declaraciones testimoniales- y plantea arbitrariedad, no prospera.
El voto del juez Sal Llargués, que tuvo la adhesión simple del doctor Piombo, en ocasión de analizar los agravios de la defensa de Jorge Alberto y Jorge Arnaldo Radaelli sobre el punto, expuso que "...tal como el fallo lo sostuviera, en el alegato de bien probado esa defensa trató de inficionar de mendacidad los aportes de los testigos de cargo que habían sido escuchados por el a quo. Ahora, tras la lectura del fallo esos mismos argumentos pretenden que los testigos no pueden ser valorados porque el mismo Tribunal les reconoció su interés en el pleito y la animadversión hacia los
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