Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129545
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.545-RC, "Taborda, Karina Mariel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 693 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala I".
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, el 29 de junio de 2017, admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por los defensores particulares de Karina Mariel Taborda, doctores Raúl Mario Amor, Natalia Beatriz Andreu y Brian Hugo Vidal, con el patrocinio letrado de Carlos A. Irisarri, contra el fallo de dicho órgano que, el 4 de mayo de 2017, en lo que aquí interesa, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental que la condenó a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la medicina, con costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio culposo (v. fs. 65/67).
Luego de afirmar que no se cumplieron los recaudos del art. 494 del Código Procesal Penal, señaló que la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba y en la interpretación del art. 84 del Código Penal, permitían superar las limitaciones de la citada norma formal por haberse planteado con la debida fundamentación.
En cuanto a los planteos vinculados con la violación de las garantías del debido proceso y defensa en juicio, los descartó por entender que no contaban con un mínimo desarrollo argumental que les diera sustento (conf. "Strada" y "Di Mascio" de la Corte nacional; art. 14, ley 48).
Oído el señor Procurador General quien propició el rechazo del recurso (v. fs. 89/93 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 94) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Contra el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 4 de ese Departamento Judicial que condenó a Karina Mariel Taborda a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la medicina y costas, por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio culposo (v. fs. 1.659/1.680 vta. y 1.752/1.777, causa principal), la defensa particular presentó carril extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/31, del legajo de recurso extraordinario).
Ciñéndonos a la extensión con la cual fue admitida la impugnación en cuestión, se reseñarán los agravios allí expuestos:
I.1. La defensa tachó de arbitraria la sentencia por considerar que carece de fundamentación adecuada, prescinde de prueba pericial decisiva e invoca elementos de convicción inexistentes (v. fs. 3).
I.1.a. En primer lugar, sostuvo que se dio preeminencia a las pericias efectuadas por médicos generalistas por sobre las de especialistas en cuanto al objeto de investigación (v. fs. 12/14).
Explicó que los peritos oficiales Palucito y Alonso son especialistas en obstetricia y ginecología y traumatología, respectivamente, ambos ajenos al campo de la cirugía y la emergentología, disciplinas esta últimas específicas y propias para las que fueron requeridos.
Resaltó que las conclusiones de los citados peritos fueron priorizadas por sobre las de los expertos en la materia integrantes del Comité Científico del Colegio de Médicos de Buenos Aires, sin que el juez haya explicado el motivo por el cual optó por la de los primeros por sobreéstos.
Lo expuesto, según la defensa, implicó prescindir de prueba decisiva, en desmedro de la sana crítica razonada pues se dio preeminencia a la pericia del generalista por sobre la del especialista, sin motivación alguna (arts. 244, 210, 373, CPP; v. fs. 14 y vta.).
Destacó que fueron desconsiderados los dichos de tres especialistas en emergentología y cirugía general: doctores Martín Enrique Garaycoechea (jefe de cirugía del Hospital Zonal descentralizado de agudos "Evita Pueblo" de Berazategui y cirujano encargado de cirugía bariátrica en el Hospital "El Cruce" de Florencio Varela); Adrián Aníbal Padín (cirujano especialista en emergentología, cirujano del Hospital de Quilmes, cirujano emergentólogo en el Hospital "El Cruce" de Florencio Varela); Rubén Máximo Zelaya Cuellar (médico especialista en cirugía con treinta y dos años de experiencia profesional) y Juan Carlos Raffa (v. fs. 14 vta. y 15).
Concluyó que se violó el debido proceso legal en tanto de modo absurdo y dogmático se dio preeminencia a quienes no acreditaron especialidad en la materia (doctores Palucito y Alonso) en desmedro de quienes sí la tenían (art. 18, Const. nac.; v. fs. 15 y vta.).
Acto seguido, trascribió textualmente las declaraciones de los doctores Garaycoechea, Padín, Zelaya Cuellar y Raffa brindadas en la audiencia de debate, conforme registro de CD "día tres" y "día cuatro". En tal sentido, según la defensa, arbitrariamente se desestimaron estos testimonios que coincidieron en los siguientes puntos: Rato presentaba cuatro lesiones combinadas de las arterias aorta, ilíacas y la vena cava producto del accidente ocurrido en la vía pública; éstas eran incompatibles con la vida; no existía ninguna posibilidad de supervivencia ya que las lesiones múltiples y combinadas son mortales pues es imposible evitar la hemorragia cataclísmica; si la intervención quirúrgica con laparotomía exploradora se hubiera practicado con anterioridad a lo acontecido en los hechos, ello tampoco hubiera evitado el desenlace fatal porque la víctima se hubiera muerto de todas formas (v. fs. 15/22 vta.).
Resaltó que, por su parte, Padín destacó que no constaba en la historia clínica que el paciente hubiera sido pisado por un camión, sólo surgía que era un politraumatizado y como tal se lo trató en el hospital (v. fs. 17/18).
A su vez, Zelaya Cuellar, puso de manifiesto que, si la lesión hubiera sido en un solo vaso, podría haber existido alguna posibilidad de sobrevida "...pero cuando es de cuatro vasos y de este calibre es imposible". Dicho profesional agregó que si se hubiera sabido al momento del ingreso al hospital que la víctima había sido pisada por un camión no se hubiera perdido tiempo y lo hubieran metido a quirófano directamente. Aclaró que "...cuando el hematoma retroperitoneal responde a un solo vaso la posibilidad de sobrevida es mayor que cuando se producen lesiones combinadas de cuatro vasos grandes, eso es incompatible con la vida" (v. fs. 18/20 vta.).
Frente a ello, el apelante denunció que arbitrariamente se prescindió de dicho plexo probatorio decisivo y conducente para determinar si la conducta de Taborda ocasionó o no la muerte de Ratto o si elevó el riesgo de muerte sin dar motivo alguno (v. fs. 21 vta. y 22).
I.1.b. Nuevamente tachó de arbitraria la sentencia de la Cámara por considerar que se efectuaron afirmaciones que no se corresponden con lo expuesto por los peritos en la audiencia de debate, valiéndose -de este modo- de prueba inexistente (v. fs. 22 vta.).
En tal sentido, puntualizó que el argumento relativo a que los médicos de la defensa en el informe de fs. 1.583 expresaron que las lesiones sufridas por el paciente tenían un porcentaje de mortalidad del cincuenta y dos al setenta y cinco por ciento se contrapone con lo declarado por éstos mismos en la audiencia de debate, oportunidad en la que se aclaró que la bibliografía citada en dichas pericias es genérica y que sólo acredita que el hematoma retroperitoneal posee en sí mismo una muy alta mortalidad. Sin embargo, en el juicio oral se aclaró que cuando las lesiones que producen dicho hematoma son combinadas, como en el caso de autos, este cuadro es incompatible con la vida (v. fs. 22 vta./23 vta.).
De este modo, nuevamente trajo a colación los dichos textuales de Padín expuestos en el juicio (CD "día tres" y "día cuatro") oportunidad en la que se explicó que el caso de autos no encuadra en la bibliografía citada en las pericias pues ésta explica casos generales, dentro de los cuales no encaja el presente atento sus particularidades. En cuanto a los porcentajes de mortalidad oportunamente señalados en los libros, manifestó que ellos se aplican a lesiones puntuales y determinadas mientras que en el hecho investigado las lesiones son de grandes vasos, múltiples y combinadas, situación distinta a la prevista en la bibliografía (v. fs. 23 vta. y 24).
A su vez, hizo referencia a los dichos del doctor Zelaya prestados en la audiencia, quien se manifestó en los mismos términos que Padín y concluyó que las lesiones sufridas por la víctima eran incompatibles con la vida y que la bibliografía citada en las respectivas pericias no era aplicable a un caso de lesiones múltiples como el investigado (CD "día cuatro", minutos 20/28; v. fs. 24 y vta.).
En igual sentido, reprodujo las manifestaciones del doctor Raffa que señaló que la chance de sobrevida de Ratto era nula y que el porcentaje de mortalidad era del cien por ciento por ser una lesión combinada y múltiple (v. fs. 24 vta.).
Alegó que el voto de la mayoría ponderó arbitrariamente el informe de fs. 1.538 y la opinión de los expertos cirujanos en lo que respecta a la aplicación al caso de bibliografía especializada pues en el debate los mismos profesionales se encargaron de aclarar que los porcentajes de sobrevida que emergen de los libros oportunamente citados no eran aplicables al presente por sus especificidades (v. fs. 24 vta. y 25).
Consideró que no se explicó por qué motivo se dio preeminencia a las manifestaciones de los peritos de parte y del especialista Valiño por sobre los de expertos especialistas en la problemática a resolver (v. fs. 25).
En función de lo expuesto, afirmó que, de conformidad con la prueba producida durante el debate, las lesiones sufridas por la víctima, indefectiblemente derivaban en su muerte, independientemente de las omisiones achacadas a Taborda -que la defensa estima no fueron tales- (v. fs. 25 vta.).
Entendió que la conducta médica de Taborda no aumentó el riesgo en el resultado muerte. Si hubiera llamado a cirugía antes de la descompensación del paciente en el tomógrafo, su suerte hubiera sido la misma. Cualquiera hubiera sido el momento en que se llevara a cabo la laparotomía, la hemorragia cataclísmica se iba a producir indefectiblemente, impidiendo la cantidad de lesiones desgarrantes combinadas producto del accidente, que se salvara su vida (v. fs. 26 y vta.).
En cuanto a los porcentajes de mortalidad, reiteraron que se invocó prueba inexistente pues los libros citados en su apoyo se aplican a una sola arteria/vena lesionada y no hay ningún trabajo que haga referencia a lesiones combinadas, conforme lo depusieron los testigos en el juicio (v. fs. 27).
I.2. Inexistencia de tipicidad. Falta de relación causal entre la omisión y el resultado. Aplicación inconstitucional del art. 84 del Código Penal y violatoria del principio in dubio pro reo (art. 18, Const. nac.; v. fs. 27).
Según la defensa, debió explicarse si la presunta omisión en la que incurrió su asistida fue la determinante en el resultado muerte. Expuso que, si bien no se puede exigir absoluta certeza de la causalidad normativamente considerada, se requiere la configuración de un grado de probabilidad de producción del resultado típico rayano a la certeza (v. fs. 27 vta.).
Denunció arbitrariedad por falta de motivación suficiente. Sostuvieron que el hecho descripto no encuadra en el art. 84 del Código Penal pues no se encuentra acreditado el nexo de evitación entre la presunta omisión y el resultado típico. A todo evento, solicitó la aplicación del principio in dubio pro reo (v. fs. 29 vta./30 vta.).
II. El recurso es procedente.
Asiste razón a la defensa en cuanto denuncia arbitrariedad en la valoración de la prueba en dos aspectos:
Por un lado, en lo que respecta al modo en que se otorgó preeminencia a los dichos de los peritos oficiales Palucito, Alonso y Valiño por sobre los de parte Garaycoechea, Padín, Zelaya Cuellar y Raffa, sin dar motivos suficientes para ello.
Por otra parte, por haber dado prioridad a la pericia producida como instrucción suplementaria por los doctores Raffa, Garaycoechea, Padín y Russo, e incorporada por lectura al debate (v. fs. 1.097/1.102 y 1.581/1.593) por sobre las declaraciones y especificaciones hechas por algunos de estos mismos en el marco del juicio oral, sin exponer razones que justifiquen tal elección, como a continuación se demostrará.
III. A tales fines, resulta imprescindible reseñar el fallo en crisis en tanto ello permitirá individualizar con mayor claridad los déficits de los que adolece:
III.1. El voto de la mayoría, integrada por el juez Cascio y la jueza Patanella, de modo preliminar, aclararon que en el caso no estaba en discusión la condición de garante de Taborda (estaba a cargo de la guardia y atendió a la víctima al momento de su ingreso al hospital) ni que ésta obró negligentemente (no verificó el cuadro de real gravedad del paciente; no siguió el protocolo de actuación médico en situaciones en que una persona ingresa herida producto de un accidente de tránsito vehicular y demoró en realizar un diagnóstico adecuado y derivarlo para la realización de una tomografía; v. fs. 1.770 vta. y 1.771).
Sentado ello, puntualizaron que el conflicto a dirimir radicaba en determinar si más allá del incremento del riesgo creado por Taborda, la muerte de la víctima se hubiese producido de todas formas (v. fs. cit.).
En dicho marco, pusieron de resalto que si bien los peritos de parte Garaycoechea, Padín, Zelaya Cuellar y Raffa sostuvieron que, conforme su experiencia y dadas las lesiones de la víctima al ingreso al hospital, aunque Taborda hubiese actuado de acuerdo a las normas de cuidado debidas, el fallecimiento de ésta hubiera ocurrido de cualquier forma, sin embargo, también declararon en el juicio los expertos oficiales Palucito, Alonso y Valiño quienes sostuvieron que existía una chance de sobrevida del veinticinco por ciento (v. fs. 1.771 y vta.).
A continuación, agregaron que Valiño manifestó que, según la bibliografía consultada, la mortalidad en lesiones complejas se produce en alrededor de un cincuenta a un setenta por ciento de los casos, máxime si la intervención se hubiera producido dentro de la primera hora (v. fs. 1.771 y vta.).
Adunaron que del informe de fs. 1.583 emerge que los médicos de la defensa expresaron que "...el estado clínico de ingreso no posee por sí mismo morbimortalidad, en cambio, teniendo en cuenta los hallazgos de la autopsia y de acuerdo a la bibliografía especializada y los diferentes autores que se puedan consultar, las lesiones sufridas por el paciente tienen un porcentaje de mortalidad del 52 al 75 %..." (fs. 1.772).
Los citados magistrados afirmaron que las conclusiones de los médicos propuestos por la defensa fueron desvirtuadas por los restantes peritos que declararon y la bibliografía citada. Concluyeron que al menos existía un veinticinco por ciento de probabilidades de sobrevida y que no era posible descartar que la actuación debida de la imputada podría haber reducido el riesgo de producción del resultado. Aclararon que se trataba de una posibilidad hipotética, no real y que alcanzaba con que la acción exigida, al menos, hubiese podido disminuir el riesgo de su producción (v. fs. 1.772 vta.).
Estimaron que la conducta debida (correcta evaluación del paciente y pronta intervención quirúrgica) podría haber reducido en al menos un veinticinco por ciento el resultado lesivo, por ello juzgaron que no correspondía excluir de la producción del resultado al riesgo creado por la autora (v. fs. 1.772 vta. y 1.773).
Reiteraron que en el caso se comprobó el nexo de evitación pues el riesgo de producción del resultado podría haber sido considerablemente reducido por la médica si se hubiera llevado a cabo la conducta debida.
En definitiva, consideraron acreditados todos los requisitos de la omisión impropia: Taborda fue negligente en tanto omitió verificar el estado de salud del paciente y derivarlo prontamente para la intervención quirúrgica que el caso ameritaba (art. 84, primer párr., Cod. Penal; v. fs. 1.773-).
III.2. Por su parte, el voto minoritario emitido por la jueza Alimonti, propició hacer lugar al recurso de la especialidad.
III.2.a. En primer lugar, estimó que el fallo de primera instancia efectuó una correcta valoración de los elementos probatorios en cuanto a que la acusada no obró conforme a las reglas del arte de curar (v. fs. 1.761/1.763).
III.2.b. En segundo término, en lo que respecta a la comprobación del nexo de evitación entre la infracción de la conducta debida y el resultado, afirmó que éste no se demostró por lo que el accionar de Taborda fue erróneamente subsumido en el art. 84 del Código Penal (v. fs. 1.763 vta.).
En tal sentido, explicó que la controversia a dirimir consistía en la disparidad de criterios en relación con los índices de mortalidad que presentaban las lesiones padecidas por Ratto. Explicó que mientras los médicos Palucito y Alonso sostuvieron que en este tipo de casos el setenta y cinco por ciento de los pacientes fallece aun interviniéndolos quirúrgicamente en tiempo y con métodos eficaces; por el contrario, los galenos Garaycoechea, Padín y Raffa, aseveraron que las lesiones padecidas por Ratto eran incompatibles con la vida (v. fs. 1.764).
Destacó que luego de escuchar los CDs, verificó que dichos galenos cirujanos y uno de ellos experto en emergentología fueron contundentes y con base científica al explicar que "...por resultar lesiones combinadas de los cuatro vasos más importantes del organismo son incompatibles con la vida y que cualquiera hubiese sido el momento de la intervención quirúrgica, el resultado hubiera sido la muerte, por lo que no puede afirmarse una pérdida de chances, aclarando además que lo señalado en la bibliografía respecto al porcentaje de mortalidad (52 a 75 porciento) se refiere a la lesión de un solo vaso y no como aconteció en el caso en análisis" (fs. 1.764 y vta.).
Frente a ello, recordó que el delito de homicidio culposo es un ilícito de resultado material y que es imprescindible la demostración con probabilidad rayana en la certidumbre que ese riesgo o peligro no permitido se concrete en la producción o evitación del resultado muerte. Si ese resultado lesivo aparece como posible o meramente probable aún en el caso de haber existido un actuar diligente del sujeto, debe necesariamente resolverse mediante la aplicación del principio in dubio pro reo (v. fs. 1.764 vta. y 1.765).
Sostuvo que, del fallo de primera instancia, no se advierte cuál fue el nexo causal entre la conducta infractora al deber de cuidado empleada por Taborda y el fallecimiento. Solo se hizo referencia a la posición de garante de la imputada sin explicar cómo su conducta u omisión indebida incidió en el resultado. Resaltó que la sentencia de condena tuvo por cierto que las chances de vida eran muy pocas y "...aun así aseguró la existencia del nexo de causalidad sin otra razón que sus afirmaciones y la invocación de la teoría de la imputación objetiva" (fs. 1.766 vta.).
Concluyó que el elemento típico del art. 84 citado "causar la muerte" no puede ser equiparado o confundido con pérdida de chance de sobrevida ya que de lo contrario se afectaría el principio de legalidad. La pérdida de chance de sobrevida sólo puede tener asidero en el fuero civil pero no en lo penal (v. fs. 1.766 vta.).
En definitiva, juzgó que al equipararse la mera y esc
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.