Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128309
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.309, "Guzman, Javier Rolando. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 65.546 y su acumulada n° 65.267 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires mediante el pronunciamiento dictado el 26 de mayo de 2015, más allá de las consideraciones que efectuó en cuanto a la absorción del homicidio calificado criminis causae respecto del robo, el desplazamiento de la agravante del art. 41 bis por tratarse de una pena indivisible y la aumentativa por la condición de policía de la víctima, sin incidencia en la pena (v. fs. 57 vta. y 58), rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que había condenado a Javier Rolando Guzmán a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa en concurso material con homicidio agravado por la causa, ser la víctima funcionario policial y el uso de arma de fuego, y declaración de reincidencia (v. fs. 55/63 vta.).
Frente a ello, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal antedicho dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, a fs. 94/101 vta., el que fue concedido por la Sala interviniente, a fs. 107/109.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 146/149), dictada la providencia de autos de fs. 150 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el escrito bajo estudio, la defensa como primer motivo de agravio denunció arbitrariedad de la sentencia, la violación a los arts. 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y al principio de culpabilidad y el debido proceso legal (v. fs. 97 y vta.).
Señaló que el a quo resolvió "rechazar" el recurso de la especialidad oportunamente incoado, sin perjuicio de que de la lectura de los considerandos se advertía la admisión de algunos de los agravios llevados al inaplicar la agravante del inc. 8 del art. 80 y la genérica del 41 bis, ambas del Código Penal, así como el concurso real entre el homicidio calificado y el robo. Y, luego, en ocasión de decidir la aclaratoria deducida, pese a advertir el error material en el que se incurriera en la parte resolutiva del fallo al no ajustarse a los fundamentos expuestos en los considerandos; juzgó que "...dichas modificaciones carecían de impacto en la pena finalmente impuesta", por lo que dispuso mantener lo resuelto con la arbitrariedad que emana de esa autocontradicción (v. fs. 98).
Alegó que no resulta indistinto condenar a un sujeto por un delito que por dos y una agravante, sin que se violente el principio de culpabilidad (art. 18 Const. nac.; v. fs. cit.).
Sostuvo que, de ese modo, se ratificó una sentencia arbitraria, por autocontradictoria (v. fs. cit.); recordó que el concepto de absurdo "'[...]hace referencia a la existencia [...] de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o a una interpretación groseramente errada de la prueba producida, que autoriza a dejarla sin efecto'. (SCBA, Ac. 2078, causa A. 71.077, Sent. 29-V-2013)" (fs. 98 vta.).
Entendió que se arribó a una conclusión desconectada de los argumentos brindados en los considerandos, lo cual violentó no sólo el acceso a la justicia sino el derecho de defensa y a una revisión amplia de la sentencia de condena; y que la falta de certeza respecto de los tipos penales finalmente impuestos, impidió determinar el alcance del objeto recursivo (v. fs. cit.). En definitiva, solicitó que se case la sentencia impugnada y, se proceda a rectificar la decisión conforme a derecho (art. 496, CPP).
I.2. En segundo lugar, denunció la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal, por apartamiento de las constancias probatorias del caso; violación de los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 99).
Denunció que no se acreditó la ultrafinalidad típica de la figura endilgada, en tanto que en autos "...la ultraintencionalidad que el juzgador encontró probada es la de pretender cometer un homicidio a fin de concretar el otro delito (robo)", y dicho elemento debe ser estrictamente probado a fin de poder desechar la aplicación del art. 165 del Código Penal. Dijo que "...la sola existencia de un homicidio en el marco de un robo, no conlleva ineludiblemente la existencia de los elementos propios del homicidio criminis causae pues, la conformación fáctica podrá denotar tanto la subsunción de la conducta en las previsiones de los arts. 165 o del art. 80 inc. 7 Cód. Penal" (fs. cit. y vta.).
Reiteró que, el matar dolosamente nada dice sobre la conexión subjetiva entre el robo y la muerte, ya que esa modalidad de la conducta también es típica del homicidio en ocasión de robo; y que, en definitiva, "...lo expuesto evidencia la ausencia de fundamentación por parte del a quo al momento de calificar el hecho en los términos del art. 80 inc. 7 del Cód. Penal, omitiendo la comprobación de un aspecto fundamental del mismo -su elemento subjetivo-" (fs. cit. y 100).
Adujo, que la sentencia carece de motivación suficiente y precisa, con ausencia de fundamentación razonable, por lo que no cabe menos que su tacha por arbitrariedad (v. fs. 100 vta.).
Solicitó que se case la sentencia impugnada y, asumiendo competencia positiva, califiquen la conducta atribuida a Guzmán en las previsiones del art. 165 del Código Penal.
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto propició el rechazo del recurso (v. fs. 146/149).
III. En primer lugar, la referida tacha de arbitrariedad dirigida contra el pronunciamiento de la casación por haber incurrido en un error material en la sentencia, en tanto los considerandos del pronunciamiento no coincidieron con la parte dispositiva, no prospera.
Ello así, puesto que el impugnante se desentiende de la respuesta brindada por el Tribunal intermedio al momento de abordar el pedido de aclaratoria introducido por la parte, y que completó la sentencia aquí impugnada, donde sostuvo que el reclamo "...resulta[ba] una mera cuestión académica, puesto que como él mismo lo señala no tiene ninguna incidencia en el monto de la pena indivisible impuesta, es decir no deja de ser una diferente interpretación sin consecuencias jurídicas que ameriten rectificar la sentencia de la sala". Y añadió que no dándose el supuesto del art. 109 del Código Procesal Penal, la sentencia de Sala solamente podía ser cuestionada a través de los recursos extraordinarios previstos en la Constitución y el Código Procesal Penal (fs. 91 vta. y 92).
De lo reseñado en los párrafos anteriores emerge que la sentencia cuenta con fundamentación suficiente para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Además, tal como lo expresa el señor Procurador General, la parte no identifica cuál sería el perjuicio concreto de la falta de correspondencia entre los fundamentos de la decisión y su parte dispositiva, en tanto el imputado resultó condenado a una pena indivisible (perpetua), y en su caso, la menos gravosa dentro de su especie. Tampoco se advierte que, aun prescindiendo de las figuras calificantes específicas (arts. 41 bis y 80 inc. 8, Cód. Penal), fuera posible una determinación de pena más benigna, por lo que resulta inoficioso cualquier consideración jurídica sobre el punto (arts. 421 y 481, del CPP).
III.1. En cuanto al segundo agravio, relativo a la denuncia de ausencia del elemento subjetivo del tipo endilgado, art. 80 inc. 7 del Código Penal, frente a lo decidido por el Tribunal que revisó la sentencia de la instancia, el reclamo discrepa con la valoración efectuada por el a quo , respecto a los elementos probatorios merituados, lo cual escapa a la competencia del Tribunal.
Así, la Casación sostuvo que "...de la mera lectura de la testifical de Matías David Nicoló -hermano del coautor que perdió la vida-, y lo declarado por el partícipe Barrera, surge claramente que los fines de robo en el comercio aludido eran evidentes".
"En efecto, Matías David Nicoló, evocó que esa noche fue a verlo Barrera, quien muy acongojado le contó que habían ido a robar a un Supermercado chino y mataron a su hermano". Por su parte Barrera, al momento de declarar, "...reconoció que los dos que bajaron de su vehículo, se dirigieron al comercio", y "...el contexto en que se produce el descenso de Guzmán y Nicoló del automóvil, esto es armados y a una cuadra del lugar, lejos de ir a comprar alguna mercadería, aquellos se dirigían a robar", y en definitiva "...lo que aquí tenemos es a tres hombres que a bordo de un automotor deciden robar en un Supermercado. Uno permanece en el vehículo para poder huir rápido, y los otros van por el botín, pero al encontrarse con un oficial de policía le disparan, y ante la resistencia de aquél, el que pudo -Guzmán- huyó del lugar" (fs. 57 y vta.).
A partir de lo expuesto, el a quo , juzgó que "Tal conducta se encuentra contemplada en el inciso 7 del artículo 80 del Código Penal, cuando castiga al que mata por no haber logrado el fin que se propuso, de esa forma el encaje es correcto al igual que el enlace concursal con el robo tentado". Seguidamente, con cita de doctrina de este Tribunal en la causa P. 100.416, recordó que "...del art. 80 inc. 7 del Código Penal no resulta, ni expresa ni implícitamente, que su elemento subjetivo del tipo deba concurrir antes de iniciarse la ejecución del otro delito (P. 34.495, sent. de 6-II-1987) tal como lo interpreta la defensa al exigir la concurrencia de premeditación, planeamiento o preordenación (P. 111.820 y su acumulada P. 111.335)" (fs. 57 vta.).
Frente a lo así resuelto, el recurrente, más allá de expresar su oposición a la actividad valorativa, y de su enfática discrepancia con el a quo respecto del material probatorio invocado para acreditar la ultrafinalidad exigida por el art. 80 inc. 7 del Código de fondo, omite rebatir la concreta respuesta dada por el revisor a los planteos llevados ante su sede. Tampoco ha puesto en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento que alega, ni que en la sentencia concurra alguno de los supuestos descriptos en la doctrina elaborada en torno de la arbitrariedad (doctr. art. 495, cit.).
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (conf. causas P. 95.796, sent. de 16-IX-2009; P. 106.496, sent. de 14-IV-2010; P. 109.162, resol. de 25-VIII-2010; P. 109.453, sent. de 17-VIII-2011; P. 125.511, sent. de 4-V-2016; P. 118.169, sent. de 27-V-2015; P. 105.613, sent. de 15-V-2013; P. 103.533, sent. de 11-VII-2012; e.o.).
En razón de lo expuesto, corresponde rechazar este tramo de la queja y mantener la calificación legal tal como llega a esta instancia extraordinaria (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
Por ello, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia