Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128775
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Antonio Javier Ortiz Encina, dejar sin efecto el pronunciamiento de fs. 34/35 vta. y devolver la causa al Tribunal de Casación para que, por donde corresponda, se dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (art. 496, C.P.P., art. 31 bis de la ley 5827).
P. 128.775-RC - “Ortiz Encina, Antonio Javier s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 71.330 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”.
///Plata, 14 de junio de 2017.-
La presente causa P. 128.775-RC, caratulada: “Ortiz Encina, Antonio Javier s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 71.330 del Tribunal de Casación Penal, Sala II”,
1. La Sala Segunda del Tribunal de Casación Penal, el 11 de febrero de 2016, rechazó -por inadmisible- el recurso de queja interpuesto por la defensa contra la resolución del Tribunal en lo Criminal N° 5 de San Martín que había denegado el recurso de casación articulado en oposición a la sentencia que impuso a Antonio Javier Ortiz Encina la pena única de once años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas (fs. 34/35 vta.).
2. Frente a lo así resuelto, la señora Defensora Oficial Adjunta ante la aludida instancia, doctora Ana Julia Biasotti, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 48/54).
En cuanto a su admisibilidad, sostuvo que en el supuesto de autos aparecen inobservados los precedentes vinculados al excesivo rigor formal y a la defensa en juicio en la etapa recursiva, como así también las garantías constitucionales a la doble instancia y al debido proceso (fs. 48 vta.). A todo evento, solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. y citó, con relación al carácter constitucional de los agravios, los fallos “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” de la C.S.J.N. (fs. 49).
En punto a la procedencia, afirmó que su asistido no obtuvo la revisión de su sentencia por cuestiones ajenas a su responsabilidad procesal y principalmente atribuibles a obstáculos construidos por el Tribunal de Casación. Agregó que la aplicación de un excesivo rigor manifiesto por parte del a quo conculca los derechos constitucionales a la revisión del pronunciamiento condenatorio por un tribunal superior, a la defensa en juicio y al debido proceso (fs. 50 vta.).
De seguido, explicó que el órgano revisor desconoció que la mayor parte de las constancias documentales que reputa faltantes, en rigor, estaban agregadas a las actuaciones. Así, la resolución contra la que la defensa se alzaba en casación y sus notificaciones -v. fs. 2/5, 7 y 8-, como así también el auto que declaraba formalmente inadmisible el recurso de casación y su notificación al defensor -fs. 23 y 24-. A lo expuesto, añadió que conforme surge de las constancias de autos, dicho Tribunal tuvo los autos principales a la vista al momento de resolver, en tanto los había requeridos a esos fines y los devolvió a su origen luego del dictado de la sentencia -v. fs. 31 y 39- (fs. 52 y vta.).
Así, manifestó que la adopción de una solución formulista, constitutiva de un excesivo rigor formal sustentado únicamente en exigencias rituales determina la frustración de la garantía del doble conforme, la arbitrariedad de la decisión recurrida y su nulidad. Para fundar lo expuesto, citó numerosa jurisprudencia de la Corte nacional, como así también el fallo Ac. 81.109 de este Tribunal (fs. 52 vta./53).
3. El Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de marzo de 2017, declaró la admisibilidad del carril impugnativo.
Para así decidirlo, previo indicar que los planteos desarrollados en la impugnación no satisfacían los recaudos contenidos en el art. 494 del C.P.P., evaluó la existencia de agravios de naturaleza federal y, en ese carril, advirtió que la articulación extraordinaria presentaba la aptitud y la carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, podrían eventualmente encontrarse involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa y que puedan resultar conducentes para sortear el aludido requisito objetivo (fs. 57 y vta.).
Conforme lo dicho, concluyó que en atención a la materia que trae la impugnación corresponde admitirla para que sea resuelta por el Máximo Tribunal provincial a fin de posibilitar, en su caso, el tránsito de la causa hacia la instancia federal en cumplimiento de la doctrina emergente de los fallos “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” de la C.S.J.N. (fs. 57 vta.).
4. El juicio de admisibilidad positivo debe confirmarse (art. 486 del C.P.P. -t.o. según ley 14.647-) y analizar, sin más, la procedencia del reclamo (art. 31 bis de la ley 5827).
5. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 48/54 vta. resulta procedente.
Como primer punto, cabe recordar que el Tribunal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de queja en razón de que “el impugnante ha[bía] incumplido la manda contenida en el artículo 433, segundo párrafo del Código Procesal Penal, conforme la cual debía acompañar junto con su reclamo copias del recurso denegado y de su denegatoria, y de la decisión mediante aquél atacada con sus respectivas notificaciones” (fs. 34 vta.).
En este contexto, le asiste razón al quejoso en cuanto el auto desestimatorio del recurso previsto en el art. 433 de ritual hace aplicación de un exceso ritual manifiesto en las exigencias formales, afectándose la garantía a la doble instancia y los derechos de defensa en juicio y debido proceso.
En efecto, conforme surge de las constancias de la causa, el órgano revisor el 1° de septiembre de 2015 solicitó al Tribunal en lo Criminal N° 5 de San Martín la remisión de los autos principales N° 2533 seguidos a Antonio Javier Ortiz Encina “a los fines de resolver la presente” (v. fs. 31), remitiéndose a dicha instancia con posterioridad al dictado de la sentencia ahora impugnada (v. fs. 39).
6. En función de lo antedicho, la decisión del Tribunal de Casación Penal de desestimar el recurso de queja por haber incumplido el presentante la carga de adjuntar las copias requeridas por el art. 433 del C.P.P. cuando contaba con el expediente principal para resolver, configura un exceso ritual incompatible con una recta aplicación del derecho que emana de normas internacionales incorporadas a nuestra Constitución nacional (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H., 15 del P.I.D.C. y P., y 75 inc. 22 de la C.N.), con el derecho de defensa y el debido proceso (cfe. Ac .81.109, res. del 20/XI/2002).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido a favor de Antonio Javier Ortiz Encina, dejar sin efecto el pronunciamiento de fs. 34/35 vta. y devolver la causa al Tribunal de Casación para que, por donde corresponda, se dicte un nuevo fallo ajustado a derecho (art. 496, C.P.P., art. 31 bis de la ley 5827).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia