Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 117566
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 117.566, "Sivo, César Raúl -apoderado del particular damnificado- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 32.586 y sus acum. causas 32.591, 32.595, 32.597 y 32.598, del Tribunal de Casación Penal, Sala II, seguidas a Perrone, Barral, Larrieu y Ferreira" y su acumulada causa P. 117.570, "Perrone, Rubén David s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 32.586 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
El Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mar del Plata, mediante el pronunciamiento dictado el día 5 de febrero de 2008 (v. fs. 490/599), condenó a Esteban Luis Barral a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas como autor penalmente responsable de los delitos de defraudación por administración infiel continuada (hechos 2 y 3, IPP 56.359), en concurso material con defraudación por administración infiel cometida en forma reiterada y continuada (hechos 2, 6, 7, 12, 17, 21, 26 y 29, IPP 91.835), en concurso material con defraudación por administración infiel cometida en forma reiterada (hechos 10, 15, 19, 25 y 30, IPP 91.835), en concurso material con defraudación por administración infiel y turbación de reunión lícita, en concurso ideal (hecho 28, IPP 91.835), en concurso material con libramiento de cheques a sabiendas de que no serían pagados en forma reiterada en ochenta y siete oportunidades (hecho 32, IPP 91.835), y como colaborador necesario del delito de defraudación por administración infiel cometida en forma reiterada (hecho 22, IPP 91.835). También lo absolvió en orden a los hechos 8, 11, 16, 18 y 23 de la IPP 91.835.
Asimismo, condenó a Oscar Roberto Ferreyra a la pena de tres años de prisión y costas (cuya ejecución se dejó en suspenso al imponérsele reglas de conducta por el plazo de tres años) como autor penalmente responsable del delito de defraudación por administración infiel (hecho 10, IPP 91.835) en concurso material con defraudación por administración infiel cometida en forma continuada (hecho 17, IPP 91.835), absolviéndolo por el hecho 24 de la IPP 91.825.
Con relación a Rubén David Perrone, lo condenó a la pena de nueve años de prisión, accesorias legales y costas como autor penalmente responsable de los delitos de defraudación por administración infiel continuada (hechos 1, 2 y 3, IPP 56.359), en concurso material con defraudación por administración infiel cometida en forma reiterada y continuada (hechos 2, 4, 6, 7, 12, 17 y 19, IPP 91.835). A su vez, lo absolvió por los hechos 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20 y 28 de la IPP 91.835.
Por su parte, la Sala II del Tribunal de Casación Penal, merced a la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2011, rechazó los recursos articulados por el representante de la particular damnificada y por el Fiscal, e hizo lugar parcialmente a los deducidos a favor de los imputados. Así las cosas, absolvió a Barral en orden a los hechos identificados como 2 y 3 de la IPP 56.359 y 6, 7, 12, 15, 17, 30, 32 y 22 de la IPP 91.835, descartó como agravantes la extensión del daño patrimonial causado, la caracterizada complejidad y sofisticación de las maniobras desplegadas, el pretenso ocultamiento casi sistemático a los órganos de administración y control que habrían determinado el tardío descubrimiento de los delitos y un estado de indefensión mayor del sujeto pasivo, el alcance del daño que habrían provocado los delitos, la mayor intervención en los hechos por razones de función y a la extensión temporal de varios de los delitos, condenándolo -en definitiva- a la pena de tres años de prisión, accesorias legales y costas.
A Ferreyra lo absolvió respecto del hecho 17 de la IPP 91.835 y fijó la pena en un año y ocho meses de prisión, en suspenso.
Por último, absolvió a Perrone por los hechos 1, 2 y 3 de la IPP 56.359 y 4, 6, 7, 12 y 17 de la IPP 91.835, descartó como agravantes la pluralidad de hechos cometidos, la extensión del daño patrimonial causado, la caracterizada complejidad y sofisticación de las maniobras desplegadas, el pretenso ocultamiento casi sistemático a los órganos de administración y control que habrían determinado el tardío descubrimiento de los delitos y un estado de indefensión mayor del sujeto pasivo, el alcance del daño que habrían provocado los delitos, la mayor intervención en los hechos por razones de función y la extensión temporal de varios de los delitos, imponiéndole -en consecuencia- la pena de dos años de prisión con costas.
Contra esta decisión, y en lo que aquí interesa, se alzó el representante legal de la particular damnificada "Obra Asistencial para agentes Municipales", doctor César Raúl Sivo, merced al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 737/801 vta.), el que fue concedido por esta Corte a fs. 859/862 vta.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 983/988), dictada la providencia de autos (v. fs. 989) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Debe declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción en orden a los delitos de defraudación por administración infiel, libramiento de cheques a sabiendas que no van a ser pagados y autorización de actos contrarios a la ley o a los estatutos de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona colectiva siendo el director, gerente, administrador o liquidador?
En caso negativo:
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El doctor César Raúl Sivo, representante de la particular damnificada -Obra Asistencial Mutual para Agentes Municipales- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 737/801).
Luego de destacar -en lo que aquí interesa- que Barral y Perrone desempeñaron los cargos de Tesorero y Secretario de la Mutual -respectivamente- (v. fs. 746 vta.), explicó que el primero de los nombrados ocupó cargos directivos al menos desde 1988 hasta 2001, al igual que el segundo, en forma ininterrumpida desde su fundación hasta el año 1999, revistiendo ahora el carácter de secretario (v. fs. 747 vta.). Ello a los fines de establecer que "...no es posible que se sostenga que los mismos fueran sorprendidos reiteradamente por una situación que desembocó en la realización de malos negocios, y en consecuencia no supieran cómo administrar la Mutual, más cuando, en parte, por su actividad, la misma llegó a tener más de 23.000 afiliados, siendo la opción N° 1 de los trabajadores Municipales" (fs. 747 vta.).
De seguido, cuestionó las absoluciones dispuestas por el Tribunal de Casación respecto del imputado Perrone en los hechos 1, 2 y 3 de la IPP 56.359 (C&T International Advisers S.A.; Equitas Medica y Diaxon). Lo propio hizo con relación a la absolución de Barral resuelta por el a quo en orden a los hechos 1 y 2 de la citada IPP (v. fs. 752/769 vta.).
En el mismo sentido, se ocupó de aquellas absoluciones que el tribunal de mérito dispuso respecto de ambos imputados por los hechos 11 (IPP 91.835: Gastos de representación, honorarios y viáticos -v. fs. 769 vta./775 vta.-), 18 (IPP 91.835: Bienestare y Edicient -v. fs. 776/781-) y 8 (IPP 91.835: Préstamos personales -v. fs. 781/784 vta.-). Sus cuestionamientos respecto de los tres hechos se centraron en la absurda valoración y errónea aplicación del art. 173 inc. 7 del Código Penal por parte del órgano intermedio en cuanto confirmó la decisión de grado.
Más adelante, ingresó al examen del hecho 32 (IPP 91.835: Cheques) y cuestionó la ponderación de la prueba realizada y, en consecuencia, la errónea aplicación del art. 302 inc. 2 del Código Penal, lo que derivó en la absolución de Barral por parte del órgano intermedio (v. fs. 784 vta./787).
También se encargó del hecho 15 (IPP 91.835: Interlab); tachó de absurda la valoración efectuada por la casación y denunció la errónea aplicación del art. 173 inc. 7 del Código Penal. Ello en razón de la absolución dispuesta respecto de ambos imputados (v. fs. 787/789).
En cuanto al hecho 22, "Los Naranjos", volvió sobre la errónea ponderación llevada a cabo por el órgano casatorio que motivó la absolución del encausado Barral (v. fs. 789/792 vta.).
Con relación al hecho 4, "Hogar de día para la tercera edad", por el que fuera absuelto Perrone, transcribió la decisión del a quo y solicitó que todos los sucesos fueran examinados a la luz de la conducta particular que guio a todos los imputados en autos. "Nuevamente se analiza un acto abiertamente contradictorio a los fines de la mutual, y perjudicial para la misma como si se tratara de un hecho aislado, y es por ello que esta parte entiende que en este extremo la sentencia debe también ser revocada" (fs. 793 vta.).
En orden al hecho 6, "Fintravel", atacó la valoración efectuada por el tribunal revisor, en tanto ello motivó la absolución de Perrone (v. fs. 793 vta./795 vta.).
También cuestionó los hechos 7, 12 y 17 por los que fueran absueltos tanto Barral como Perrone y Ferreyra (éste último sólo en lo que hace al hecho 17) en la instancia casatoria (v. fs. 795 vta. y 796).
En cuanto al hecho 30, "Honorarios Abogado Pannoni", por el que se absolvió a Barral, entendió que el mismo tenía que valorarse a la luz del resto de los hechos (v. fs. 796/799 vta.).
Por último, criticó que el a quo haya modificado el modo en que concursaron los hechos (lo que tendría incidencia en las condenas de los imputados) y descartado para Perrone la pluralidad de hechos (atento a quitar la ilicitud típica de varias de las conductas reprochadas). También se agravió de que se haya descartado (tanto para Perrone como Barral) la extensión del daño patrimonial causado, el alcance del daño que habrían provocado los delitos, la mayor intervención en los hechos por razón de la función que desempeñaban y la extensión temporal de varios de los eventos dañosos (v. fs. 800 y vta.).
II.1. Pero esta Corte se encuentra imposibilitada de abordar los planteos con relación a los delitos de defraudación por administración infiel (hechos 2 y 3, IPP 56.359 y hechos 11, 8, 18, 15, 22, 6, 7, 12, 17 y 30, IPP 91.835, respecto del imputado Barral; hechos 1, 2 y 3, IPP 56.359 y hechos 11, 18, 8, 15, 4, 6, 7, 12 y 17, IPP 91.835, en orden a Perrone y hecho 17, IPP 91.835, con relación a Ferreyra), libramiento de cheques a sabiendas que no van a ser pagados (hecho 32, IPP 91.835, respecto de Barral) y autorización de actos contrarios a la ley o a los estatutos de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona colectiva siendo el director, gerente, administrador o liquidador, con relación a Barral y Perrone, ya que las respectivas acciones penales se encuentran extinguidas (arts. 55, 173 inc. 7, 301 y 302 inc. 2, Cód. Penal).
II.2. Tal como sostuviera en el precedente "Vasallo" (causa P. 79.797, sent. de 28-V-2003), cuyas demás argumentaciones doy aquí por reproducidas, la cuestión relativa al cómputo del plazo de prescripción en los casos de concurso real de delitos sólo puede resolverse desde el andarivel del art. 62 inc. 2 del Código Penal. En nuestra legislación no existe suma o acumulación de acciones, pues las reglas del concurso real que estatuye el art. 55 del Código precitado entran en juego únicamente a los efectos de regular la especie y la medida de la pena en los casos de pluralidad de delitos. Cada delito origina, desde esta perspectiva, una acción distinta para reprimirlo y, si bien el art. 55 ibidem fija la pena especial que le corresponde al concurso material de tipos (la suma de los máximos), el art. 62 inc. 2 premencionado se remite para fijar el plazo de la prescripción de la acción al máximo de la "pena señalada para el delito", expresión singular que indica que la ley se está refiriendo al máximo de la pena hipotizada para "cada delito" y no para "los delitos" que hubiese cometido el reo.
Esa interpretación jurisprudencial ha sido consagrada expresamente por la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005) en el art. 67 quinto párrafo del Código Penal.
Dicha ley también modificó las causales de interrupción del curso de la prescripción por actos de procedimiento (art. 67, cuarto párr., incs. "b" a "e", Cód. Penal).
II.3. El principio de retroactividad de la ley penal más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el mentado art. 2 del digesto sustancial (CSJN Fallos: 287:76).
II.4. Sentado ello, en autos se observa que en lo que atañe a los hechos 8, 11 y 18 de la IPP 91.835 por los que Barral y Perrone fueran absueltos en primera instancia, desde el llamado a citación a juicio de fecha 22 de febrero de 2007 (v. fs. 1.054 vta./1.058 vta.) hasta el presente, ha transcurrido el plazo establecido por el art. 62 inc. 2 del Código Penal para el delito previsto en el art. 173 inc. 7 del mismo ordenamiento -seis años-, sin que haya mediado en su transcurso ninguna causal interruptiva de la prescripción, conforme surge de los informes agregados a fs. 1.032/1.035 y 1.040 por el encausado Barral y fs. 1.029/1.031 y 1.044 por el procesado Perrone (art. 67, cuarto párr., inc. "a", Cód. Penal).
En igual sentido, y tomando como último hito la sentencia del Tribunal de Casación de fs. 658/735, dictada el día 29 de diciembre de 2011, hasta el presente también ha transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2, en relación con los delitos tipificados en los arts. 173 inc. 7 -seis años- (hechos 2 y 3, IPP 56.359 y hechos 15, 22, 6, 7, 12, 17 y 30, IPP 91.835 respecto a Barral; hechos 1, 2, 3, IPP 56.359 y hechos 15, 4, 6, 7, 12 y 17, IPP 91.835 respecto de Perrone; hecho 17 en cuanto al encausado Ferreyra); arts. 302 inc. 2 -cuatro años- (hecho 32 por Barral) y 301 -dos años- (por Barral y Perrone), todos del Código Penal, sin que hubiera actuado la causal prevista en el art. 67 cuarto párrafo inc. "a", primera parte del Código Penal, a tenor de los informes del Registro Nacional de Reincidencia y Estadísticas Criminal y de la Dirección de Antecedentes Personales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires mencionados en el párrafo anterior respecto de los imputados Barral y Perrone. Los correspondientes a Ferreyra lucen a fs. 1.049.
Por ello, habiéndose constatado el cumplimiento de todos los requisitos legales del instituto de la prescripción de la acción penal, corresponde declarar de oficio su extinción respecto del imputado Barral (hechos 2 y 3, IPP 56.359 y hechos 11, 8, 18, 15, 22, 6, 7, 12, 17 y 30, IPP 91.835), del procesado Perrone (hechos 1, 2, 3, IPP 56.359 y hechos 11, 8, 18, 15, 4, 6, 7, 12 y 17, IPP 91.835) y del encausado Ferreyra (hecho 17, IPP 91.835) en orden al delito de defraudación por administración infiel; con relación a Barral (hecho 32, IPP 91.835) en orden al delito de libramiento de cheques a sabiendas que no van a ser pagados; y respecto de Barral y Perrone en orden al delito de autorización de actos contrarios a la ley o a los estatutos de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona colectiva siendo el director, gerente, administrador o liquidador (arts. 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990-, 173 inc. 7, 301 y 302 inc. 2, Cód. Penal).
Finalmente, cabe aclarar que los presentes actuados deberán volver a la instancia de origen para que gradúe la pena a imponer a los aquí imputados, teniendo en cuenta los delitos que llegaron firmes a esta sede extraordinaria, a saber: en orden a Esteban Luis Barral, los hechos 2, 21, 26 y 29 de la IPP 91.835 (defraudación por administración infiel cometida en forma continuada en concurso real); hechos 10, 19 y 25 de la IPP 91.835 (defraudación por administración infiel en concurso real) y hecho 28 (defraudación por administración infiel en concurso ideal con turbación de reunión lícita). Con relación al encausado Rubén David Perrone, hecho 2 de la IPP 91.835 (defraudación por administración infiel cometida en forma continuada en concurso real) y hecho 19 de la IPP 91.835 (defraudación por administración infiel en concurso real). Y respecto de Oscar Roberto Ferreyra, hecho 10 de la IPP 91.835 (defraudación por administración infiel en concurso real).
III. Con relación a la regulación de honorarios y conforme los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8.904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I. 73.016, resol. de 8-XI-2017).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
De conformidad con el criterio que tuve oportunidad de plasmar al votar la causa P. 64.341 (sent. de 6-VIII-2003), respecto de que la prescripción de la acción penal corre y opera paralela y separadamente para cada delito, aun cuando exista entre ellos una relación concursal -material o formal-, interpretación que entiendo consagrada en el art. 67 quinto párrafo del Código Penal -según texto de la ley 25.990, Boletín Oficial de 11-I-2005-, adhiero a lo resuelto en el voto del señor Juez doctor de Lázzari, y por tanto doy el mío con igual alcance también por la afirmativa.
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la cuestión previa también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Dado como ha sido resuelta la cuestión previa, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud, Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Subprocurador General, se declara de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Esteban Luis Barral en orden a los delitos de defraudación por administración infiel (hechos 2 y 3, IPP 56.359 y hechos 11, 8, 18, 15, 22, 6, 7, 12, 17 y 30, IPP 91.835), libramiento de cheques a sabiendas que no van a ser pagados (hecho 32, IPP 91.835) y autorización de actos contrarios a la ley o a los estatutos de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona colectiva siendo el director, gerente, administrador o liquidador; respecto de Rubén David Perrone en orden a los delitos de defraudación por administración infiel (hechos 1, 2, 3, IPP 56.359 y hechos 11, 8, 18, 15, 4, 6, 7, 12 y 17, IPP 91.835) y autorización de actos contrarios a la ley o a los estatutos de una sociedad anónima, o cooperativa o de otra persona colectiva siendo el director, gerente, administrador o liquidador; y respecto de Oscar Roberto Ferreyra en orden al delito de defraudación por administración infiel (hecho 17, IPP 91.835; arts. 55, 59 inc. 3, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990-, 173 inc. 7, 301 y 302 inc. 2, Cód. Penal).
Se remiten los autos a la instancia de origen para que gradúe la pena a imponer a los nombrados, teniendo en consideración los de
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