Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 130251
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 13 de marzo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.251, "M., M. G.. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 78.433 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el día 7 de septiembre de 2017, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de M. G. M. contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de San Martín que lo había condenado a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado en al menos tres oportunidades, agravados por la situación de convivencia con una menor de dieciocho años de edad, hechos ocurridos entre los años 2010 y 2014 (arts. 55 y 119 primero, tercero y cuarto párrs. incs. "b" y "f", Cód. Penal; v. fs. 30/53). En consecuencia, disminuyó la pena impuesta al imputado, en función de las atenuantes oportunamente valoradas y la agravante subsistente referida a la extensión del daño causado y le impuso la pena de trece años de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 95/109).
El señor defensor oficial adjunto interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 116/123 vta.), el que fue concedido por el órgano intermedio (v. fs. 124/125 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 132/135 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 136) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El recurrente denunció la violación a la garantía de la revisión amplia e integral de la sentencia de condena y el derecho a ser oído, toda vez que el tribunal casatorio no ingresó al tratamiento de los nuevos motivos de agravios llevados por la defensa en la oportunidad prevista por el art. 458 del Código Procesal Penal, al considerarlos extemporáneos (v. fs. 118 vta./119 vta.).
Efectuó consideraciones respecto a la garantía de la doble instancia, la revisión amplia y el derecho a ser oído, como también efectuó cita de los fallos "Casal", "Martínez Caballero", "Martínez Areco" y "Baldivieso", entre otros, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los casos "Herrera Ulloa c/ Costa Rica" y "Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia", ambos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 120).
Entendió que en el sub lite se le ha restado utilidad a la defensa pública en orden a su ejercicio ante el tribunal intermedio e imposibilitado al imputado el acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena.
Destacó que la fragmentación de los agravios de la defensa por parte del tribunal revisor, deviene arbitraria pues desnaturaliza y deja vacía de contenido la actuación de la defensa pública en esa etapa intermedia (v. fs. 122).
Finalmente, para el supuesto de que su pretensión no tenga éxito, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal, en tanto veda la posibilidad de invocar otros motivos de agravios distintos a los llevados en el recurso de casación (v. fs. 122 y vta.).
I.2. La defensa alegó también la violación del derecho del condenado a ser oído (arts. 8.1, CADH; 14.1, PIDCP y 41, Cód. Penal; v. fs. 122 vta.), al no llevar el Tribunal de Casación a cabo la audiencia de visu, con anterioridad a la fijación de la pena al imputado. Invocó, en sustento de su parecer, lo resuelto por el Máximo Tribunal nacional en el fallo "Maldonado" y lo dispuesto por la regla del art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal.
Arguyó que, en el mismo sentido que en los precedentes citados, esta Corte ha establecido la necesidad de que los jueces tomen conocimiento directo y de visu del imputado cuando la nueva individualización de la pena se produzca trascurrido un lapso de tiempo considerable entre el hecho delictivo y la fijación de aquella (recuerda que en el caso de autos los hechos imputados se produjeron desde el año 2010), pues tal circunstancia "...impone no omitir el cumplimiento de la regla del art. 41 inc. 2 del código Penal según la cual se tendrán en cuenta para fijar la pena, entre diversas circunstancias, ‘las condiciones personales’ del agente del delito" (conf. causas P. 73.366 y P. 85.467; fs. 122 vta. y 123).
Solicitó se declare la nulidad de la sentencia impugnada, con reenvío de los autos a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento respetando el derecho en crisis (v. fs. 123).
Conviene aclarar que, al contrario de lo expuesto en la resolución de admisibilidad dictada por el a quo (v. fs. 124/125), los reclamos de la parte se circunscriben a los pretendidos planteos federales así reseñados, y no al derecho de fondo en materia de calificación legal.
II. El señor Procurador General dictaminó por el rechazo de la impugnación (v. fs. 132/135 vta.).
III. Coincido con él, en que el recurso no puede prosperar.
III.1. El Tribunal de Casación entendió que el nuevo motivo de queja esgrimido ante esa instancia en la oportunidad prevista por el art. 458 del Código Procesal Penal -vinculado a cuestionar la calificación legal de uno de los hechos según el art. 119 del Código Penal-, no podía atenderse debido al carácter extemporáneo del planteo (art. 451, CPP). Agregó que excedía su competencia la cual estaba limitada a los puntos incluidos en el recurso (v. fs. 107). Para fundar lo expuesto citó el art. 434 del Código Procesal Penal en cuanto a que "Sobre cada punto de una resolución impugnada pueden recaer varios motivos de agravio. Lo que la ley solamente permite, bajo determinadas condiciones, es ir más allá de dichos motivos, pero nunca exceder el punto de la resolución que circunscribe el conocimiento del Tribunal de Alzada en todos aquellos casos en que no corresponda el dictado de una nulidad absoluta (art. 434, in fine , CPP)" (fs. 107 vta.).
"En el recurso originariamente deducido no se invoca ningún motivo casatorio vinculado con el encuadre legal aplicado a los hechos, de modo que no mediando un supuesto de nulidad absoluta el cuestionamiento de tal aspecto en forma originaria ante esta sede excede la competencia de este tribunal limitada por la regla del art. 434 del CPP, a los puntos de la resolución a los que se refieren los motivos del agravio y por tanto la pretensión de que esta alzada incursione en el análisis de esa parte de la sentencia resulta extemporánea" (fs. cit.).
El reclamo de la defensa no puede prosperar pues, conforme lo ha resuelto reiteradamente esta Corte desde mucho antes de la interposición del recurso extraordinario por la Defensoría de Casación, el art. 451 del Código Procesal Penal establece el límite temporal para la formulación de los agravios que se pretende aborde el órgano intermedio, sin que la oportunidad prevista en el art. 458 del mismo habilite la deducción de otro nuevos (doctr. art. 451, tercer párr., CPP; conf. causas P. 78.901, sent. de 7-XI-2001; P. 75.534, sent. de 21-XI-2001; P. 77.329, sent. de 10-IX-2003; P. 81.725, sent. de 16-IX-2003; P. 83.841, sent. de 9-X-2003; P. 89.368, sent. de 22-XII-2004; P. 99.549, sent. de 8-VII-2008; e.o.).
El citado art. 451 establece el cumplimiento de mínimos requisitos para el ejercicio del derecho a la revisión del fallo condenatorio por un tribunal superior (art. 8.2.h, CADH), y en ello no se advierte irrazonabilidad alguna, máxime cuando no se ha demostrado que tal previsión pudiera eventualmente conducir a su frustración.
Por lo demás, las argumentaciones tributarias del concepto de la revisión suficiente acuñado in re "Casal" deben armonizarse con el dictamen del Procurador Fiscal en la causa "Delfino, Martín Fernando y otros s/ lesiones graves en agresión -causa 57.038/04-" -D.1624.XLI- en cuanto se dijo que la doctrina de dicho precedente no exime de cumplir con el recaudo relativo al momento en que deben interponerse los agravios, sino que lo torna aún más exigible, "...pues mal puede afirmarse un menoscabo al derecho de obtener una revisión de la condena en relación a un aspecto que la misma parte no sometió al examen del tribunal de instancia superior" (causa cit., sent. de 1-IV-2008). Este criterio, a su vez, fue luego ratificado por el Superior Tribunal de la Nación en el caso "Godoy, Gustavo Ezequiel y otro s/ causa 1499/1514", sentencia de 22-XII-2008, oportunidad en la que al hacer suyos los argumentos del señor Procurador General estimó que "Si bien el derecho de una persona a obtener una revisión de su sentencia por un tribunal superior es innegable, el deber [...] de agotar el esfuerzo por revisar todo aquello que resulte motivo de agravio, queda enmarcado dentro de las exigencias formales que resultan insoslayables y cuya omisión impide el tratamiento de determinadas cuestiones, como ocurre con la introducción tardía de nuevos agravios".
En definitiva, no se evidencia la restricción cognoscitiva denunciada a tenor de la doctrina y jurisprudencia que cita (CSJN, in re "Casal", Fallos: 328:3399; e.o.). Ello en tanto el órgano intermedio desplegó su competencia revisora sin mallas formales desnaturalizadoras, abordó los agravios llevados por la parte y los descartó brindando las razones por las cuales asumía tal temperamento decisorio, en el caso -como se dijo- en el entendimiento de que el planteo sobre calificación introducido en la oportunidad prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal era inaudible por extemporáneo.
La disconformidad de la parte con la solución adoptada por el a quo no es eficaz para demostrar la violación del derecho al recurso con los alcances que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgara, a partir del ya citado precedente "Casal" -que este Tribunal también ha hecho propio- (conf. causas P. 91.308, sent. de 3-V-2006; P. 86.183, sent. de 12-VI-2006; e.o.).
En consecuencia, la impugnación no consigue evidenciar la argüida arbitrariedad (v. fs. 119 vta.), ni la violación a los principios y garantías citados, toda vez que la decisión recurrida comporta la recta aplicación de la solución legal expresamente delimitada para una situación como la del caso.
En lo que toca al planteo subsidiario por el que solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal (v. fs. 122 y vta.), los argumentos que anteceden son, asimismo, idóneos para desestimarla. En particular resultan relevantes los fundamentos del citado precedente "Godoy", a los que cabe remitirse.
En cuanto a la denuncia de que se ha afectado la utilidad de la defensa en la instancia intermedia, corresponde desestimar la alegación de conformidad, además, con las razones expuestas en el precedente P. 124.480 (sent. de 15-XI-2016).
III.2. El segundo planteo tampoco prospera.
La parte alegó que se violó el derecho de su asistido a ser oído ante el Tribunal de Casación antes de determinar la pena que su parte había recurrido. Citó los precedentes invocados y requirió se declare la nulidad de la sentencia (v. fs. 122 vta. y 123).
Sin embargo, la defensa desistió del debate oral que prevé el art. 458 del Código Procesal Penal, reemplazándolo con el memorial que consta a fs. 76/84, oportunidad que pudo haber utilizado para ejercer el derecho que ahora alega se le ha negado.
Por ésta, y varias razones más, el reclamo no puede progresar conforme lo ha resuelto reiteradamente esta Corte (conf. causas P. 126.664, sent. de 5-IV-2017; P. 126.190, sent. de 19-X-2016; e.o.) con fundamentos a los que cabe remitirse. En efecto, la objeción concierne a un supuesto déficit en el procedimiento anterior a la sentencia del Tribunal de Casación que se vincula -en principio- con cuestiones típicamente procedimentales sin evidenciar adecuadamente el compromiso directo de garantías constitucionales y tampoco se ha señalado un concreto gravamen.
Por lo demás, los precedentes invocados (causas P. 73.366, sent. de 31-VIII-2007 y P. 85.467, sent. de 10-IX-2008) -en lo que atañe a los costados federales de la problemática en examen- exhiben notas fácticas y jurídicas que los diferencian sustancialmente de la situación planteada en la presente, de las cuales la defensa se desentiende por completo. En cuanto interesa, fueron allí analizados recursos extraordinarios interpuestos ante esta Corte por la Fiscalía que, declarados procedentes, originaban la necesidad de una nueva mensuración punitiva -una y casi dos décadas después de ocurridos los hechos de tales procesos, respectivamente- por lo que se consideró pertinente poner de resalto lo establecido en el art. 41 inc. 2, última parte del Código Penal. Mas, en modo alguno, lo allí resuelto implicó adoptar un criterio general acerca del alcance de tal disposición.
En el escenario descripto y en función de las previsiones del art. 41 inc. 2 del Código Penal que condiciona la exigencia del contacto directo y de visu con el acusado, a través de la locución "en la medida requerida para cada caso" -esto es, conforme el razonable margen de apreciación del magistrado de estimar la necesidad, conveniencia y medida de ese conocimiento (conf. doctr. causa P. 79.495, sent. de 15-III-2002)-, a lo que se aduna lo dispuesto en el régimen procesal local al estipular el art. 458 que "...no [será] necesaria la comparecencia del imputado, salvo expreso pedido de éste o de su Defensor", la presencia del procesado ante el estrado intermedio devino facultativa para el sentenciante.
En cuanto a los precedentes federales que cita la parte, se refieren a situaciones que son diversas de las ahora en juzgamiento, no en sus detalles sino en aspectos que son determinantes de la solución.
En el fallo "Maldonado", el Tribunal de Alzada había agravado considerablemente la pena impuesta a un menor haciendo lugar a un recurso fiscal; en el caso de autos la ha reducido en función de las atenuantes oportunamente ponderadas y la única agravante subsistente referida a la extensión del daño causado.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo.
Sólo he de efectuar dos precisiones, una en lo atinente a la pretensión de inconstitucionalidad del art. 451 del Código Procesal Penal alegada, pues lo decidido se corresponde con el criterio de este Tribunal, en cuanto a que el último párrafo del apartado 4 de la norma cuestionada marca el límite temporal para expresar los motivos de casación: hasta la interposición del recurso. Una vez vencido ese término el recurrente no podrá invocar otros motivos distintos. Las posteriores ocasiones procesales (como las previstas en el art. 458, CPP -audiencia de informes o la presentación de memorial-) están contempladas para que la parte complete, con argumentos y citas legales, el planteo originario del recurso, sin que quepa ampliar el espectro del material sobre el cual el Tribunal de Casación debe ejercer su control de legalidad.
Y, frente a lo así resuelto, los motivos que esgrime el recurrente no conmueven lo allí establecido, ni tampoco identifico otros que conduzcan a esa declaración de ultima ratio .
Otra, en orden a la denunciada infracción del derecho a ser oído, considero que esa alegación no puede ser encuadrada como una mera cuestión procesal pues fue fundamentada por la defensa en los arts. 41 del Código Penal; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (v. fs. 191).
No obstante, el art. 41 inc. 2 del Código Penal condiciona la exigencia del contacto directo y de visu con el acusado, a través de la locución "...en la medida requerida para cada caso" -esto es, conforme el razonable margen de apreciación del magistrado de estimar la necesidad, conveniencia y medida de ese conocimiento (conf. doctr. causa P. 79.495, sent. de 15-III-2002)-, a lo que se aduna lo dispuesto en el régimen procesal local al estipular el art. 458 que "...no será necesaria la comparecencia del imputado, salvo expreso pedido de éste o de su defensor".
En el caso, como lo señala el colega, la defensa desistió del debate oral previsto en el art. 458 del Código Procesal Penal, oportunidad en la que pudo ejercer el derecho que reclama (art. 495, CPP; conf. causas P. 109.016, resol. de 31-X-2012; P. 109.167, resol. de 10-X-2012; P. 122.421, sent. de 11-IV-2018; e.o.).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia