Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130203
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , de Lázzari , Soria , Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.203, "Tiseira, Daniel Osmar s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 74.877 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 27 de abril de 2017 -luego de las vicisitudes procesales de las que se dan cuenta en el anterior pronunciamiento de fs. 77/80 vta.-, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Daniel Osmar Tiseira contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, que lo condenó a la pena de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, como partícipe necesario del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego (arts. 12, 19, 29 inc. 3, 40, 41, 41 bis, 45 y 165, Cód. Penal) –ver fs. 112/117-.
El señor defensor oficial adjunto ante ese Tribunal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 119/147), el que fue concedido por el a quo (v. fs. 151/154 vta.).
Oído el señor Procurador General a fs. 179/183 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 184) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La defensa denuncia la errónea aplicación del art. 165 del Código Penal y la inobservancia de lo normado en los arts. 45, 46 y concordantes del mismo cuerpo legal, con afectación de las garantías del debido proceso, defensa en juicio y culpabilidad. Asimismo entiende que se ha violado la doctrina legal de esta Corte, sentada en las causas P. 74.499 y P. 79.326 (v. fs. 122).
Luego de reproducir la plataforma fáctica tal como quedó establecida en el fallo de primera instancia, alega que la defensa cuestionó desde un comienzo el grado de participación penal de su asistido en el hecho calificado como homicidio en ocasión de robo, destacando que "...reconoció su participación" en el mismo "...pero con voluntad de participar en un delito menos grave, esto es, el robo" (fs. cit./123) y también que había manifestado que "...resultaba desacertada la incorporación del resultado culposo (muerte accidental) en el tipo penal del art. 165 CP.", lo que si bien fue compartido por el Tribunal casatorio, sin embargo sentenció que "...en el caso no ha acontecido un obrar culposo sino doloso, cuanto menos a título de dolo eventual" (fs. cit. vta.).
Estima que esa respuesta encierra un fundamento meramente aparente, ya que fue acreditado que Tiseira nunca ingresó al domicilio donde tuvo lugar el robo, que reconoció participar únicamente en el desapoderamiento y que no se determinó ni acreditaron las circunstancias concretas en que se produjera el homicidio dentro de la vivienda. No es factible recurrir a la categoría del dolo eventual -aduce- para atribuir a su defendido un homicidio del que resulta ajeno tanto objetiva como subjetivamente (v. fs. 124 y vta.).
Considera que la naturaleza jurídica de la figura delictiva en cuestión merecía una interpretación restrictiva, lo que resulta incompatible con el método utilizado por el Tribunal casatorio al recurrir al dolo eventual como "...solución residual" para efectuar la imputación del caso (fs. 125 y vta.).
En ese sentido, sostiene que los magistrados efectuaron una afirmación dogmática sin motivación de los aspectos objetivos y subjetivos del dolo eventual "...sin enrolarse siquiera en alguna de las posturas que lo sustentan y en las circunstancias del caso" (fs. cit. vta.). Agrega que "...el dolo no se presume".
Por otra parte, sostiene que la norma en cuestión no es clara en su descripción típica, pues recurre solamente al verbo "resultare" y tal indefinición, "...si se desea evitar la inconstitucionalidad" conduce a una interpretación restrictiva (fs. 126 y vta.).
Con tal premisa, considera arbitrario el razonamiento del tribunal revisor en tanto afirmó que la base fáctica había llegado firme a esa instancia, pero a la vez la modificó, ya que el primer votante reinterpretó los hechos sin referirse a ninguna prueba en concreto, por lo que entiende el recurrente que carecen de sostén las conclusiones referidas a la precisión y distancia del disparo y al tipo de arma empleado, más aún en el caso de una escopeta que dispara perdigones que se dispersan (v. fs. 127 vta. y 128). Asimismo la valoración efectuada por el tribunal intermedio de los dichos del imputado Carella en cuanto dijo que a "...Sánchez se le escapó un tiro" y la de todos los imputados en tanto "...admitieron haber ido armados pero sin intención de matar" (fs. cit.).
Añade que resulta demostrativo "...del grado de orfandad probatoria" que uno de los jueces votantes afirmó que la comisión del delito había sido dolosa, mientras que el otro sostuvo que se produjo en circunstancias no aclaradas, para luego ambos coincidir en la existencia cuanto menos de dolo eventual, lo que demuestra el intento por sortear "...ese estado insuperable de duda" (fs. 129).
En función de todo lo expuesto y partiendo de la premisa de que el homicidio resultó accidental o fortuito y que "...en rigor no se ha podido esclarecer de qué modo ocurrió", denuncia que el fallo en crisis viola la doctrina legal de esta Corte sentada en el precedente "Mendez", desarrollando sus fundamentos a continuación, y luego sostiene que pese a las diferencias entre los hechos de aquél y los de autos, sus postulados son los que rigen el caso (v. fs. cit. vta./131).
Añade, a partir de lo sentado en dicho precedente, que a su defendido no se le ha reprochado ninguna acción que creara o elevara el riesgo para la vida de la víctima (v. fs. 135 vta.).
Agrega que en el mismo se dejó sentada la insuficiencia de la previsibilidad de la muerte cuando se interviene en un robo armado para asignar responsabilidad a quién no mató, como así que allí se había efectuado una interpretación del término "resultare" que, aplicada a estos obrados, debería llevar a la desvinculación de su asistido respecto del delito contra la vida (v. fs. 136/137).
De tal manera, estima que ante la imposibilidad de determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte, el caso debe resolverse -a fin de respetar el principio de culpabilidad-, asignándole responsabilidad al imputado sólo en orden al delito de robo calificado por el uso de arma apta para el disparo (v. fs. 141).
En subsidio, denuncia que la sentencia es arbitraria por efectuar afirmaciones dogmáticas del reclamo concreto de la defensa acerca de la intervención de Tiseira como partícipe primario en el hecho y la consecuente errónea aplicación del art. 45 del Código Penal e inobservancia del art. 46 del mismo ordenamiento legal, con afectación de los arts. 18, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. fs. 141).
Recuerda que el órgano de grado cimentó la calidad de cómplice primario del nombrado sobre la base del aporte previo de datos y el traslado a la ida y de regreso del lugar del hecho, estimando que el mismo incurrió en la errónea aplicación del art. 45 del Código Penal al no ser posible "...tener por acreditado el aporte previo de información que habría realizado Tiseira" (fs. cit. vta.).
Luego de recrear las respuestas del Tribunal intermedio sobre dichas cuestiones, en particular en tanto se consideró que aún sin el primero de los presupuestos (datos aportados) la contribución del traslado había resultado "...necesaria, esencial e indispensable", señala que aquél "...omitió expedirse sobre el carácter indispensable del aporte" en contradicción con la normativa que invoca (fs. 143).
II. Coincido con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 179/183 vta.), el recurso no prospera.
III. La materialidad ilícita que se tuvo por acreditada da cuenta que "...en horas de la noche, el señor Lino Francisco Merino, de 62 años de edad, regresó a la vivienda de su propiedad, conduciendo su automóvil [...] luego de haber salido a comprar pan. Un tiempo antes, al mismo predio arribó [un] automóvil [...] con tres sujetos del sexo masculino en su interior, quienes con claros fines de robo se arrimaron al sitio sabiendo que en dicha morada había dinero. Mientras, el que aportó los datos y puso el rodado esperó en las inmediaciones, los dos restantes -uno armado con una escopeta [...] y el otro con un machete-, descendieron y sorprendieron a Merino cuando, ya en el interior del predio, descendió de su [automóvil]. Fue en ese momento cuando arma en mano intentaron reducirlo, más Merino se resistió, produciéndose un forcejeo con el sujeto del arma larga que finalizó cuando el otro lo golpeó en la cabeza, logrando así los malvivientes desestabilizarlo y reducirlo, atándole sus manos con un trozo de nylon y colocándole una bolsa del mismo material en la cabeza. Seguidamente lo trasladaron hasta la finca propiamente dicha y allí luego de obligar a su única moradora, la esposa del nombrado, María Esther Barrionuevo, a que les abriese la puerta bajo la amenaza de ultimar a su cónyuge, los condujeron a los dos al baño de la morada, atándole las manos a Barrionuevo con [un] cable. Interrogando y exigiéndole a Merino la entrega de todo el [...] dinero, uno de estos sujetos lo golpeó con la culata del arma en el rostro, sustrayéndole la suma de setecientos cincuenta pesos en efectivo, y un teléfono celular [...]. Luego uno de los asaltantes trasladó al varón al dormitorio en busca de más objetos, lo golpeó e interrogó para que dijese donde había más dinero, hasta que en un momento dado dejó a éste en la cocina, mientras revolvía y tiraba todo en la búsqueda de más objetos de valor, sustrayéndole así entre otras cosas un cuchillo y un par de anteojos [...]. Barrionuevo siempre fue mantenida en el baño de la casa atada de manos al cuidado del restante [asaltante], llorisqueando y pidiendo que no golpeasen más a su marido. En un momento determinado y sin causa aparente o determinada, la nombrada fue alcanzada por un disparo con la escopeta, tiro que impactó en su cráneo [...], que le generó un paro cardio respiratorio traumático secundario y [produjo] su deceso en forma casi inmediata, dándose inmediatamente a la fuga los malvivientes" (fs. 10 vta. y 11).
Asimismo, y en lo que interesa destacar, el sentenciante de origen tuvo a Tiseira como partícipe necesario del hecho en cuestión (calificado homicidio en ocasión de robo) en razón de que "...sin su aporte previo de datos y posterior ayuda al trasladarlos de ida y vuelta al sitio del hecho, el ilícito no se habría podido cometer" (fs. 17 vta.).
IV. Me referiré, en primer lugar al agravio principal acerca de la calificación legal adoptada por los juzgadores.
IV.1. Frente a los planteos esgrimidos por la defensa en torno a la calificación legal ante la Casación, dicho tribunal sostuvo que "De la descripción efectuada [...] surge con claridad que el propósito que inició el desarrollo causal fue el de robo, y que a consecuencia del modo como se desarrolló el desapoderamiento se habría producido el disparo, dolosamente" (fs. 114).
Agregó que "...no hay motivo para suponer que el disparo [...] fue accidental", pues como se tuvo acreditado, la víctima "...se encontraba reducida en el baño del lugar, atada de manos y al cuidado permanente de uno de los imputados" al momento de producirse "...el impacto en su cráneo que la condujo inevitablemente a su deceso" (fs. cit.).
Señaló que "...la precisión del disparo, la distancia desde donde se efectuó y el tipo de arma empleada para ejecutarlo (escopeta calibre 20), en un contexto de violencia que también se acredita, contradicen la mera alegación que trae el veredicto -y no se desarrolla- en cuanto sólo afirma que no existió causa aparente para su concreción" (fs. cit.).
Adunó a ello que "...la huérfana mención de Carella que expuso que a 'Sánchez se le escapó un tiro' y la insistencia de los imputados en cuanto admitieron haber ido armados pero sin intención de matar, no resulta suficiente para dar certeza a aquello que afirma el recurrente, máxime cuando tampoco se advierte ninguna circunstancia que permita, al menos, suponer lo que no surge de las constancias" de la causa y que fueran detalladas (fs. cit. vta.).
IV.2. El recurrente denuncia la errónea aplicación de la ley sustantiva e inobservancia de la doctrina legal aplicable a partir de su disconformidad con el modo en que se tuvieran por probados determinados extremos fácticos, en particular los referidos al carácter doloso del homicidio de María Ester Barrionuevo.
Así, afirma que no puede tenerse por acreditado el dolo eventual en el homicidio, ya que su defendido resulta ajeno tanto objetiva como subjetivamente al hecho de marras. Para sostener tal premisa alega que el imputado reconoció su participación en el hecho pero con voluntad de hacerlo en un delito menos grave (robo); que quedó acreditado que Tiseira nunca ingresó al domicilio; que no se han podido precisar las circunstancias en las que ocurriera el delito contra la vida; que el tribunal intermedio reinterpreta los hechos sin referirse a ninguna prueba en concreto, careciendo de sostén las conclusiones referidas a la precisión y distancia del disparo y al tipo de arma empleado; al descarte de los dichos del imputado Carella y de todos los imputados en cuanto admitieron haber ido armados pero sin intención de matar, remarcando la orfandad probatoria y que el propio tribunal de mérito indicó que ello había ocurrido "sin causa aparente", estando desprovista de apoyatura probatoria la afirmación del juez Violini en sentido contrario.
IV.3. Frente a lo resuelto por el Tribunal intermedio, las discrepancias del recurrente, tal como han sido planteadas no pueden ser atendidas, pues aunque denunció la errónea aplicación de la ley sustantiva por parte del Tribunal de Casación, sus críticas se asientan en una diferente valoración de la prueba que dio sustento a la subsunción de la conducta en el tipo penal cuestionado -dando para ello una particular interpretación del grado de participación que le cupo a Tiseira en el hecho-, temática que se encuentra marginada del ámbito de competencia de esta Corte (doctr. art. 494, CPP).
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conducir a una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la subsunción legal, salvo un supuesto de absurdo o arbitrariedad, claramente invocados y demostrados no le corresponde a este Tribunal revisar los supuestos errores facti alegados (conf. doctr. P. 92.219, sent. de 12-VII-2006; P. 114.722, sent. de 3-X-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 110.540, sent. de 12-VI-2013; P. 116.825, sent. de 18-VI-2013; P. 111.032, sent. de 10-VII-2013; P. 110.347, sent. de 23-XII-2013 y P. 127.974, sent. de 21-II-2018).
La tacha de arbitrariedad que también efectúa la parte, por el modo en que se tuvo por acreditado el dolo eventual en el caso concreto, carece de asidero, pues constituye una mera discrepancia con lo fallado por el Tribunal casatorio, lo que sella la suerte adversa del reclamo.
Es doctrina consolidada que no configura ese supuesto excepcional la disconformidad del apelante con el pronunciamiento impugnado, sino que atiende a omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que producen, a causa de ellos, que las sentencias queden descalificadas como actos jurisdiccionales.
Luego, quedan vacíos los planteos del recurrente en torno a la eventual transgresión de precedentes de esta Corte, toda vez que más allá de las diferencias causídicas entre los invocados y las concretas circunstancias del caso en trato, su razonamiento parte de una premisa errónea, cual es la de suponer que no está acreditado el elemento subjetivo (v. fs. 129 vta.), y ello lleva a que su conclusión también lo sea.
En síntesis, la queja sólo revela un criterio divergente al del sentenciante que, por su insuficiencia, amerita su rechazo (doctr. art. 495, CPP).
IV.4. De conformidad con todo lo expuesto, no se han verificado en el caso las transgresiones constitucionales que se denuncian.
V.1. En cuanto al agravio articulado en subsidio, debe señalarse que en lo que respecta al grado de participación del imputado en el hecho, el Tribunal casatorio recordó el criterio que guiara su decisión en casos como el presente "...en el que medió acuerdo para perpetrar un robo mediante el empleo de armas aptas y en condiciones inmediatas de ser disparadas", lo que implica que no resulte "...esencial la identidad de la persona que finalmente disparara, puesto que en ese marco de situación, resulta legítima [...] la inferencia de que todos los partícipes del hecho previeron y aceptaron de antemano la eventualidad del uso de dichas armas y de la producción de la muerte, cuanto menos a título de dolo eventual" (fs. 114 vta.).
Aclaró que, sin perjuicio de que quepa no aplicar el art. 165 del Código Penal cuando "...conforme las particularidades que pueda presentar cada caso concreto, surja la ajenidad subjetiva y objetiva del imputado con el resultado de muerte", en el caso no se observaban tales extremos (fs. cit./115).
En cuanto al tipo de intervención atribuida a Tiseira en el delito enrostrado, sostuvo que a contrario de lo planteado por el recurrente, "...ha sido debidamente acreditado en autos aquello que diera fundamento a lo que se cuestiona" (fs. cit.).
Agregó que, si bien el señor defensor oficial considera que sólo pudo probarse uno de los extremos mencionados en el fallo de primera instancia (que Tiseira llevó a los coimputados al lugar donde se produjo el hecho y que los esperó en la ruta para trasladarse luego al campo de Sánchez los tres juntos) y que "...dicha contribución no puede considerarse esencial a los efectos de la producción del ilícito [...], el Tribunal tuvo por acreditados los negocios previos entablados por la víctima y el [...] imputado, fundamentalmente, a partir de los dichos de ambas partes" (fs. cit. vta.).
Añadió que "Luego el propio Tiseira admitió haberle vendido dólares varias veces a Merino y haber recibido dinero del nombrado a modo de préstamo" ( ibidem ).
Consideró que, sin perjuicio de la circunstancia que enarbola el recurrente, esto es, si efectivamente Tiseira -conocedor del dinero que la víctima tenía en su poder- informó aquello a sus consortes, la "...contribución del imputado", aun descartando aquella circunstancia, "...resultó necesaria, esencial e indispensable al hecho, conforme las características [...] descriptas en la materialidad ilícita" que llegó firme a esa instancia.
Estimó que "En efecto, posibilitó la llegada de los coautores al lugar del hecho, la huida de aquellos después de ejecutado el mismo y los trasladó, luego, al campo que [é]l [...] alquilaba, por cuanto, y aún cuando su cooperación no es propia de la ejecución del tramo central del hecho, sí lo hizo posible, que es precisamente allí donde radica la esencialidad de la contribución que se le reprocha" (fs. cit. vta./116).
V.2. De tal forma, cae el argumento de la defensa acerca de que el fallo contiene sólo afirmaciones dogmáticas, pues el grado de participación asignado al imputado fue establecido -como se reseñó- en base al comportamiento de Tiseira, con expresa referencia a las constancias de la causa. Tampoco se evidencia que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores, o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconcili
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