Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130076
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari , Soria , Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.076, "Díaz, Bruno Javier. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 68.868 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, mediante el pronunciamiento dictado el día 5 de noviembre de 2015, rechazó el recurso deducido por la defensa de Bruno Javier Díaz contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata que -por mayoría- condenó al nombrado a la pena de diez años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (v. fs. 124/131 vta., en relación con fs. 57/63).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 133/137), el que fue declarado admisible por el tribunal intermedio (v. fs. 143/144 y aclaratoria de fs. 152).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 164/166), dictada la providencia de autos (v. fs. 167) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La defensa denuncia la inobservancia del art. 35 del Código Penal y la arbitrariedad de la sentencia por violación de los arts. 1, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional.
Afirma que el órgano intermedio incurrió en una errónea aplicación de la ley sustantiva al confirmar el fallo de la instancia de origen en cuanto a la calificación legal allí adoptada. Considera que aquel órgano jurisdiccional descartó la mutación propuesta por esa parte realizando un análisis fáctico que no se corresponde con el desarrollo de los hechos traídos.
Describe la respuesta dada por el a quo , para luego insistir con su planteo vinculado a la existencia de un exceso en la justificación en el caso bajo estudio. Manifiesta que el sujeto que se excede no puede cargar con la antijuridicidad propia del que nunca estuvo amparado en una permisión.
Aduce que quien comenzó su acción justificadamente y luego incurre en un exceso, no transita el mismo nivel de antijuridicidad que aquél que nunca estuvo habilitado. Seguidamente, destaca que, si bien el tribunal revisor reconoce los elementos propios del exceso, no subsume la materialidad ilícita en tal supuesto.
Cuestiona que los sentenciantes, por un lado, afirman que el accionar de Díaz no tuvo justificativo y al mismo tiempo sostienen que el hecho se inició a raíz de una persecución con finalidad de captura de quien presumiblemente había cometido un delito.
Finalmente, señala que el tribunal intermedio no abordó concretamente los planteos llevados a su conocimiento, fundando su fallo mediante afirmaciones generales sin correlato en la prueba e inobservando la ley de fondo aplicable, cuestión que convierte al mismo en arbitrario.
II. Coincido con el señor Procurador General en cuanto aconsejó el rechazo del recurso deducido (v. fs. 164/166).
III. El Tribunal de Casación reseñó la materialidad ilícita que se tuvo por debidamente acreditada en los siguientes términos "...el 15 de junio de 2012, a las 13.48 horas aproximadamente, dos oficiales de policía, se encontraban afectados a tarea de patrullaje, cuando en las inmediaciones de Guanahani y Brumana procedieron a interceptar la circulación de un automóvil Ford K, que al sospechar que podía ser sustraído se disponían a identificar a sus ocupantes. Que los sospechosos al verse rodeados por la autoridad, emprendieron la huída a pie en distintas direcciones. El acusado fue tras uno, que corrió por la calle Guanahami, y luego dobló por la Numuncurá en dirección a Hermendarias -todas de Mar del Plata-, sitio en donde le apuntó con su pistola y le efectuó dos disparos desde una distancia no determinada, pero superior a 0,50 metros, impactando en la cabeza, provocando su muerte casi inmediatamente. Finalmente se determinó que la víctima se llamaba Mauro Maximiliano Villarruel y el vehículo en el que se movilizaba había sido sustraído el 14 de junio de 2012 a su propietaria María Martínez Mamone Astrid" (fs. 124 vta. y 125).
Luego el doctor Borinsky, al que adhirió el doctor Violini, rechazó -en lo que aquí interesa destacar- el planteo de la defensa que pretendía que se encuadre la conducta de Díaz en los términos del art. 35 en relación con el art. 79 del Código Penal.
Señaló que "...es una circunstancia probada que Bruno Javier Díaz fue tras los pasos de Mauro Maximiliano Villarruel, en quien hasta ese momento recaía una mera sospecha de la probable comisión de un delito [...] Villarruel no portaba arma alguna, y no hizo ademanes como para suponer que llevara alguna consigo, no trasladaba efectos sustraídos ni mucho menos a una persona a modo de rehén. En otras palabras, Villarruel se escapaba de la autoridad [...] En ese contexto Díaz se detuvo y de una corta distancia, le efectuó dos disparos, uno le dio en la nunca y lo mató" (fs. 129 y vta.).
Sostuvo que "...no está demás recordar el texto del artículo 13 de la ley 13.482 -ley de policía-, cuyo inciso i) establece, entre los principios básicos de actuación, 'recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa propia o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas, o para evitar la comisión de un delito que entrañe ese peligro, debiendo obrarse de modo de reducir al mínimo los daños a terceros ajenos a la situación. Cuando exista riesgo de afectar la vida humana o su integridad, el policía debe anteponer la preservación de ese bien jurídico al éxito de la actuación o preservación del bien jurídico propiedad" (fs. cit.).
Consideró que "...aún en el extremo de que Díaz hubiera comenzado la persecusión cumpliendo su deber de policía, no fue por un exceso que se produjo la muerte, sino por el abandono liso y llano de la función que le es propia. Puesto que si un Oficial le dispara a un hombre a la cabeza, sin que aquél hubiera puesto en peligro la integridad física de terceras personas ni del propio policía, comete un homicidio agravado por el arma de fuego, y recurrir a la reducción del artículo 35 del Código Penal, no es más que una petición de principios; Díaz no se excedió en los límites impuestos por la ley, sino que directamente, los incumplió sin justificativo alguno" (fs. 130).
IV. Como bien señala el señor Procurador General en su dictamen, el recurrente no se ocupa de rebatir la escisión de la secuencia fáctica que realiza el órgano revisor para distinguir entre el comienzo de una persecusión funcionalmente justificable y la ejecución posterior de un homicidio desvinculado por completo del ejercicio de su función policial y que no puede reputarse como un exceso comprendido en el art. 35 del ordenamiento sustantivo, lo que torna el reclamo en insuficiente (art. 495, CPP).
Por otra parte, de la lectura del fallo -transcripto aquí en forma parcial- surge la justificación de la cual deriva la resolución final. La afirmación de la defensa en torno a que la Casación se limitó a responder mediante afirmaciones dogmáticas, resulta indemostrada, desde que se limita a alegar la existencia de arbitrariedad pero en modo alguno evidencia el vicio que le atribuye cuando el órgano apelado dio puntual respuesta al planteo de la parte en relación con la figura cuestionada (art. 495, CPP).
En efecto, las meras afirmaciones genéricas del impugnante no evidencian que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia.
Cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado" (conf. causas P. 95.796, sent. de 16-IX-2009; P. 106.496, sent. de 14-IV-2010; P. 109.162, resol. de 25-VIII-2010; P. 109.453, sent. de 17-VIII-2011; P. 125.511, sent. de 4-V-2016; P. 118.169, sent. de 27-V-2015; P. 105.613, sent. de 15-V-2013; P. 103.533, sent. de 11-VII-2012; e.o.).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Coincido con la solución que propone el magistrado que abre este acuerdo, de conformidad con los antecedentes del caso reseñados en los puntos I a IV de su voto.
La defensa se limita a invocar un supuesto de "exceso", a secas, sin indicar de cuál de las causas de justificación se trataría de modo de demostrar la concurrencia inicial de los requisitos que le son propios, a partir de lo cual pudiera haberse configurado una acción excesiva en los términos del art. 35 del Código Penal (art. 495, CPP).
"El requisito de que se inicie justificadamente se desprende de que nadie puede exceder el límite de un ámbito en el que nunca ha estado" (D’Alessio; Código Penal Comentado y Anotado , Parte General , 1ra. Edición, La Ley, Buenos Aires, 2005, pág. 413, citando a Zaffaroni, Alagia y Slokar, entre otros autores). En sentido concordante se ha expedido esta Suprema Corte (conf., en lo pertinente, causas P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 75.534, sent. de 21-IX-2001; e.o.).
En la nota presentada ante el Tribunal de Casación la defensa había alegado un supuesto de exceso en el ejercicio de la autoridad (v. fs. 120 vta./122 vta.) y el revisor analizó la causal de cumplimiento del deber.
En cualquier caso, la parte no logra rebatir la conclusión del a quo según la cual aun considerando que el acusado comenzó la persecución -de quien huía de la autoridad- amparado por la ley, la producción de la muerte no constituyó un exceso en el cumplimiento del deber (art. 34, inc. 4, Cód. Penal) sino el liso y llano incumplimiento de sus deberes funcionales, es decir una actuación sin justificación alguna.
Teniendo en cuenta las disposiciones específicas que regulan el uso de la fuerza y de armas de fuego por parte de funcionarios policiales, que propenden a la adopción de conductas respetuosas de los derechos humanos, tales como la ley 13.482 citada por la Casación, el recurrente no pone en evidencia que su desconocimiento haya importado únicamente un caso de exceso en la justificación (v., en lo pertinente, causa P. 122.394, sent. de 20-XII-2017).
Finalmente, comparto con el doctor Negri, por sus fundamentos, la desestimación de la denuncia de arbitrariedad.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Coincido con el voto del ponente. Y al igual que adiciona el doctor de Lázzari en el suyo, estimo que corresponde hacer hincapié en la insuficiencia del reclamo. Pues, el recurrente se ha limitado a invocar un supuesto de "exceso" que encajaría en las previsiones del art. 35 del Código Penal, sin indicar a cuál de las causas de justificación establecidas en ese precepto se estaría haciendo alusión.
Máxime cuando dicha parte no ofreció ninguna defensa vinculada a alguna eximente de ese tipo en oportunidad de alegar ni al recurrir en casación, y recién en ocasión de celebrarse la audiencia ante el tribunal intermedio indicó, de un lado, que en el memorial incorporaría "...el agravio referido al exceso en el cumplimiento de un deber" (fs. 117 vta.), para en el escrito de fs. 120/123 aludir promiscuamente a, al menos, dos diferentes causales, al señalar que "...su conducta no constituyó otra cosa que un exceso de los límites que la ley le imponía de cumplir con su deber" y a que "...el imputado se ha excedido en el ejercicio de su autoridad, al ocasionar la muerte de uno de los sujetos perseguidos" (fs. 122 vta.). En tanto, el órgano revisor analizó este extremo desde el atalaya de la causal de cumplimiento del deber.
En cualquier caso, como se señala en los votos que me preceden, el recurrente no logra replicar idóneamente la conclusión de la casación referida a que la producción de la muerte del perseguido en las condiciones que detalló no constituyó un exceso en el cumplimiento de un deber (conf. art. 35 en relación con el art. 34 inc. 4, ambos del Cód. Penal), sino un liso y llano incumplimiento de sus deberes funcionales, sin justificativo alguno, con expresa mención de cuál era la conducta que la regulación específica establecía para la ocasión (v. fs. 129/130). Todo lo cual no ha sido, insisto, debidamente controvertido (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia