Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128339
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.339, "B., B. G. y R., J. D. s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 13.429 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala II de San Martín".
La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín, mediante el pronunciamiento dictado el 9 de noviembre de 2015 hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la señora defensora oficial de B. G. B. y J. D. R. contra la sentencia del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 2 departamental que los había condenado, al primero a la pena de tres años y nueve meses de prisión -que se dio por cumplida con el tiempo de encierro que llevaba-, accesorias legales y costas, por encontrarlo coautor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de armas reiterados (tres hechos) y asociación ilícita, todos en concurso real; y al segundo a la pena de siete años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor responsable de los delitos de robo calificado por el uso de armas reiterados (cuatro hechos) y asociación ilícita, todos en concurso real. En consecuencia, eliminó la agravante de la pluralidad de intervinientes y le impuso a B. G. B. la pena de tres años y ocho meses de prisión -pena agotada-, y a J. D. R. la de siete años y cinco meses de prisión, en ambos casos más accesorias legales y costas, por los delitos antes referidos (v. fs. 91/104 del incidente de apelación).
Frente a ello, la señora defensora oficial de los imputados interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 116/124 del incidente referido), el que fue inicialmente declarado inadmisible por la Sala interviniente (v. fs. 141/142 vta. del incidente). La defensa formuló recurso de queja, que fue declarado procedente por esta Suprema Corte, la que anuló la resolución sobre admisibilidad, y reenvió la causa para que se dictara una nueva en el sentido indicado (v. fs. 97/98 vta. del principal), lo que cumplió la Cámara mediante resolución de fs. 135/137 del principal.
La Procuración General dictaminó a fs. 146/150 vta. del principal, aconsejando que el recurso sea rechazado. A fs. 151 del principal se dictó la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La señora defensora oficial de los jóvenes B. G. B. y J. D. R. denuncia la inobservancia y violación de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 171 de la Constitución provincial; 3, 37 inc. "b" y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; 40 y 41 del Código Penal; 6, 7, 33, 36 y 58 de la ley 13.634; 1, 4, 5, y 10 de la ley 13.298; fallos "Maldonado", Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos 328:4343; "Mendoza", Corte Interamericana de Derechos Humanos; Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, causas P. 84.985, sentencia de 2-IV-2003 y P. 98.562, sentencia de 12-IX-2007; ver fs. 116 vta. del incidente de apelación (en lo sucesivo, las fojas citadas remiten a tal incidente, salvo indicación en contrario).
Transcribe algunos de los párrafos con los que el a quo fundó la decisión de aplicar pena a sus asistidos y considera que los razonamientos allí vertidos vulneran las normas antes citadas. En primer lugar, destaca que en ningún párrafo de la sentencia de Cámara se mencionó el art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño -que determina que la privación de la libertad debe ser la ultima ratio -, lo que a su entender, evidencia la arbitrariedad del pronunciamiento. Entiende que, si bien lo resuelto en principio resultaría acorde al bloque constitucional, el a quo no ponderó el principio de excepcionalidad de las penas que rige al fuero penal juvenil. Agrega que conforme a lo que establece el art. 4 de la ley 22.278, sólo debe imponerse sanción cuando se haya acreditado la necesidad de su imposición (v. fs. 117).
Destaca, en relación con B. B., que los informes obrantes en la causa demuestran que ha alcanzado con creces los fines buscados por el fuero penal juvenil (v. fs. 118 vta.), realizando una breve reseña de cada uno de ellos. Entiende por esta razón que el a quo , al fundar la necesidad de imposición de pena en la gravedad y pluralidad de los delitos cometidos, ha desatendido la interpretación que ha fijado la Corte nacional en el mencionado precedente "Maldonado". Asimismo, sostiene que la sentencia que impugna incurrió en absurdo valorativo al afirmar que "...el joven no ha alcanzado conforme se desprende de los informes obrantes en autos, un umbral mínimo que permita tener por cumplidos los fines buscados y haga innecesaria la aplicación de la misma [sanción penal].", y no explicar a qué se refiere con "umbral mínimo" (fs. 118 vta.).
Luego, la defensa detalla la situación de J. R. y sostiene que la necesidad de imposición de pena no puede fundarse en la gravedad de los delitos cometidos , "...sino que debe analizarse el período de cesura de juicio en su conjunto, con el fin de evaluar aquella necesidad" (fs. 119 vta.). Además, expresa que el recorrido del joven por diversas instituciones durante el período de su tratamiento distó de ser el ideal, habiendo sido trasladado en reiteradas oportunidades a distintos centros, uno de ellos a más de 600 kilómetros de su domicilio, vedándole toda posibilidad de continuidad laboral y vinculación familiar; quedando finalmente alojado en el Centro de Recepción de Virrey del Pino, un instituto de régimen cerrado supervisado por personal del servicio penitenciario que en nada se diferencia de una unidad penal de adultos (v. fs. 120/122).
En definitiva, la defensa entiende que el a quo ha incurrido en arbitrariedad y no ha ponderado el principio de excepcionalidad de las penas que rige al fuero penal juvenil por lo que solicita se case la sentencia impugnada, absolviendo de imposición de sanción penal a los jóvenes B. B. y J. R..
II. Subsidiariamente, para el caso en que se rechace su petición acerca de lo innecesario de imponer pena, la recurrente solicita que se fije la correspondiente al mínimo legal de dos años y seis meses de prisión (arts. 42, 166 inc. 2, primer párrafo y 210 del Cód. Penal; v. fs. 122 vta./123 vta.).
III. El agravio principal no prospera.
IV. La señora defensora oficial no logra evidenciar los vicios que alega.
V. Ante similares agravios a los aquí traídos (v. recurso de apelación, fs. 47 vta.), la Cámara luego de reseñar la normativa aplicable a los menores (v. fs. 95 vta./98), señaló que -como regla para la determinación de la necesidad de aplicación de pena- el juez tendrá en cuenta: "...la modalidad del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión recogida por el juez [...] (Ley Nro. 22.278, artículo 4, inc. 3)" . Conforme a ello, expresó: "De tal manera, el sentenciante, no debe limitarse simplemente, a la determinación de la culpabilidad por el hecho y a la participación que le cupo al menor, como sucede en el proceso de mayores; sino que, tiene que ponderar la situación emocional del joven al llevar a cabo el hecho, su posibilidad real de dominar el acontecimiento y la influencia que pudieron ejercer otros coimputados, entre otros factores que pudiesen tener incidencia en aquella" (fs. 98 vta.).
Por las razones expuestas, el Tribunal de Alzada entendió que la evaluación de la necesidad de imposición de pena o su reducción, no se relaciona en forma automática con la gravedad del hecho o la peligrosidad evidenciada por la conducta desplegada por el joven; sino antes bien, con el imperativo de asegurar que la pena a imponer se dirija a la reforma y la readaptación social (conforme arts. 5.6, CADH y 10."b".3, PIDCP.; v. fs. cit.).
Abordando en particular la situación del joven B. B., el a quo dijo: "Efectivamente; conforme los argumentos que he desarrollado respecto al marco normativo nacional e internacional que rige en la materia, las circunstancias relevadas por la Sra. Defensora oficial respecto al tratamiento, con un evidente proceso favorable a partir de los informes institucionales y sociales en relación al joven, no constituyen el único aspecto que el Magistrado de grado debe tener en consideración a los efectos de determinar si corresponde aplicar sanción, sino, que se exige la evaluación conjunta con otros requisitos previstos en el Art. 4 de la ley 22.278.
En esta dirección, ha sostenido el Sr. Juez que el proceso de reeducación del menor no ha alcanzado el grado suficiente requerido para eximirlo de sanción penal, afirmación que comparto y, que encuentra basamento en los hechos por los cuales fuera declarado responsable, sus características y modalidad y, finalmente, en la impresión personal que le causó B..
En efecto; no puedo dejar de considerar la gravedad y la pluralidad de los delitos cometidos por el imputado, teniendo en cuenta la modalidad comisiva de los mismos, donde se han visto afectados los Bienes Jurídicos Propiedad y el Orden Público; caracterizado por una pluralidad de intervinientes con activa actuación y, a partir de lo cual, han dotado al conjunto de los sujetos participantes de un mayor poder de acción para lograr sus fines ilícitos. Estas circunstancias, me inclinan como al Juez de grado a sostener la necesidad de aplicación de sanción penal, aun cuando se evidencia un proceso superador del joven que, coincido también en este aspecto, el joven no ha alcanzado conforme se desprende de los informes obrantes en autos, un umbral mínimo que permita tener por cumplidos los fines buscados y haga innecesaria la aplicación de la misma, por lo que cuadra confirmar la sentencia por encontrarse ajustada a derecho" (fs. 99 y vta.).
Con relación a J. R., la Cámara dijo: " No comparto, como sostiene la Sra. Defensora, que los informes puedan ser considerados favorables en cuanto se ha logrado la resocialización del joven; todo lo contrario, los avances y retrocesos de instituciones donde se encontraba alojado de regímenes más laxos a otros más rígidos y las tres sanciones: 20/04/2014 de 4 (cuatro) días art. 44 inc. 1 y 2 de la ley 12.256; 28/07/2014 de 7 (siete) días Art. 47 inc. 3 de la ley 12.256 y 4/10/2014 de 7 (siete) días que registra (ver fs. 1656), son prueba elocuente del fracaso del tratamiento tutelar que se le ha dado al joven" (fs. 100 vta.) Tal como en el caso de B. B., el a quo no pudo dejar de considerar "...la gravedad y pluralidad de los delitos cometidos por el imputado, teniendo en cuenta la modalidad comisiva de los mismos", en los que se vieron afectados los bienes jurídicos de la propiedad y del orden público, caracterizados por una pluralidad de intervinientes con activa actuación, lo que provocó que el conjunto de sujetos participantes tuviera un mayor poder de acción para lograr sus fines ilícitos. A juicio del Tribunal de Alzada " Estas circunstancias, me inclinan como el Juez de grado a sostener la necesidad de aplicación de sanción penal, en la inteligencia que el joven no ha alcanzado conforme se desprende de los informes obrantes en autos, un umbral mínimo que permita tener por cumplidos los fines buscados y haga innecesaria la aplicación de la misma, por lo que cuadra confirmar la sentencia por encontrarse ajustada a derecho" (fs. cit.).
VI. De lo reseñado precedentemente, surge que la sentencia recurrida cuenta con motivación suficiente como para ponerla a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada y que se ha fundado la necesidad de fijar una pena de efectivo cumplimiento en línea con la normativa que rige el fuero de menores.
En rigor, la defensa no logra evidenciar la existencia de la arbitrariedad que invoca. La propia recurrente alega que en materia penal juvenil sólo debe imponerse pena cuando se haya acreditado la necesidad de su aplicación (conforme art. 4 de la ley 22.278) y que en función de ello "...debe entonces acreditarse la necesidad de su imposición, y tener especial consideración en que no puede haber reinserción social desde el encierro" (fs. 117), extremo que ha sido tenido en cuenta por el Tribunal de Alzada.
Es decir, la Cámara cumplió con el precepto legal entendiendo que el proceso de reeducación de ambos menores no alcanzó el grado suficiente requerido para eximirlos de sanción penal y por ello fundó la necesidad de imposición de pena en la gravedad y pluralidad de los delitos cometidos por ambos imputados, teniendo en cuenta la modalidad comisiva de los mismos, donde se han visto afectados los bienes jurídicos de la propiedad y del orden público, caracterizado por una pluralidad de intervinientes con activa actuación y a partir de lo cual, dotaron al conjunto de sujetos participantes de un mayor poder de acción para lograr sus fines ilícitos. Con relación a B., al igual que el juez de grado, el Tribunal entendió que conforme se desprende de los informes obrantes en autos, el aquí imputado no alcanzó el grado suficiente requerido para eximirlo de sanción penal, basándose en los hechos por los cuales fuera declarado responsable, sus características y modalidad y finalmente, en la impresión personal que le causó B. al órgano de origen (v. fs. 99).
En lo que atañe a R., la Cámara utilizó los mismos fundamentos que para B. y además hizo referencia a las sanciones que fueron aplicadas al joven durante su institucionalización, que en palabras del Tribunal de Alzada "...son prueba elocuente del fracaso tutelar que se le ha dado al joven" (fs. 100 vta.).
Cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad tiene por objeto el resguardo de la garantía del debido proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias efectivamente comprobadas en la causa (conforme causas P. 121.590, sent. de 5-VII-2017 y P. 127.583, sent. de 11-IV-2018).
Así las cosas, la sentencia se encuentra fundada en las constancias de la causa, por lo cual no resulta arbitraria, como lo afirma la defensa.
VII. En cuanto al planteo subsidiario presentado por la defensa, el mismo resulta abstracto ya que se encuentra remediado por el cumplimiento de la pena de cada uno de los imputados, por lo que resulta improcedente un pronunciamiento con relación al mismo.
En efecto, la propia sentencia del Juzgado de Responsabilidad Juvenil n° 2 que impuso pena al joven B. G. B. aclaró que ella debía darse por agotada con el tiempo en que el nombrado había estado detenido (v. fs. 11 vta. del principal). A su vez, en la resolución obrante a fs. 83 del mismo expediente, el señor juez a cargo del juzgado referido, dio por cumplida la pena impuesta a R., para lo cual se remitió al informe actuarial de fs. 72 vta. de ese cuerpo en el que se indicó que la pena vencería el 4 de abril de 2016 a las 12 horas.
Como lo ha señalado esta Corte "El derecho o interés de quien acciona, que es un presupuesto del conflicto, debe subsistir al momento de dictarse la sentencia: mal podría ésta procurar componer un conflicto inexistente; de allí que los jueces están en condiciones de pronunciarse sobre el contenido de la relación procesal sólo mientras se mantenga un real interés del accionante" (causas A. 68.601, sent. de 14-XI-2007; A. 71.338, sent. de 27-VI-2012; B. 61.504, sent. de 28-XII-2016; B. 66.638, sent. de 4-V-2016; e.o.).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia