Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130704
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Kogan , de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.704, "Aguirre Beteta, Frank Joel; Gorosito, Adrián Alejandro y Galván, Cristian Jesús s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 80.801 y su acumulada n° 81.185 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 3 de agosto de 2017, rechazó -por improcedentes- los recursos homónimos interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, que condenó a Frank Joel Aguirre Beteta y Cristian Jesús Galván, a la pena de trece años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por ser coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, y por la intervención de un menor de edad, en grado de tentativa, declarando a Galván reincidente; y a Adrián Alejandro Gorosito a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable del delito mencionado y del de amenazas (arts. 40, 41, 41 quater, 42, 45, 149 bis y 80 inc. 6, Cód. Penal; v. fs. 116/126, con relación a fs. 19/57 vta.).
Frente a lo así decidido, el defensor particular doctor Cristian Enrique Maximiliano Tamburo, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en beneficio de Frank Joel Aguirre Beteta (v. fs. 138/145 y aclaración de fs. 187), por su parte el señor defensor oficial adjunto, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo igual recurso en favor de Adrián Alejandro Gorosito y de Cristian Jesús Galván (v. fs. 155/161 vta.), los cuales fueron concedidos por la citada Sala (v. fs. 163/166 vta.).
Oído el señor Subprocurador General a fs. 194/199 vta., dictada la providencia de autos a fs. 200, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por el defensor particular a favor de Frank Joel Aguirre Beteta y por la defensa oficial con relación a Adrián Alejandro Gorosito y Cristian Jesús Galván?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Cabe aclarar inicialmente que, conforme la resolución de admisibilidad de los recursos extraordinarios que luce a fs. 163/166 vta., los impugnantes han traído a conocimiento de esta Corte similares agravios (cuestionan la calificación legal aplicada y peticionan un encuadre legal alternativo), y dado que los tres imputados vienen condenados por el mismo hecho ilícito, estimo oportuno, por razones metodológicas y de economía procesal, abordar su tratamiento en forma conjunta, sin perjuicio de que ciertos planteos pudieran tener una respuesta diferenciada.
II. El defensor particular de Frank Joel Aguirre Beteta, denuncia que la decisión del Tribunal de Casación Penal es arbitraria por indebida fundamentación al apartarse de la revisión del procedimiento de determinación judicial de culpabilidad y pena, con afectación a la defensa juicio y debido proceso (v. fs. 138 vta.).
II.1. Sostiene que el a quo no analizó la subsunción legal aplicada por el tribunal de origen la cual tildó de errónea, ni fundamentó cuál habría sido la conducta desplegada por su pupilo como para afirmar que intentó acabar con la vida de Palacios, ello en tanto que -a su juicio- no se ha probado la circunstancia ajena a su voluntad que impidió consumar el hecho. Señala que el haber peleado y perseguido a la víctima para continuar el pleito, no acredita el dolo homicida (v. fs. 138 vta. y 139).
Cita doctrina según la cual la amenaza o los dichos verbales no resultan suficientes para abonar la teoría del dolo, sino que resulta necesario la existencia de una prueba específica de dicha resolución interna en el momento de comenzar la ejecución para dar a los signos exteriores una correlativa fuerza intencional.
Alega que, en el caso, su asistido ha dado explicaciones y justificado la falta de intención de matar y que tal circunstancia ha sido demostrada ya que después de enfrentarse a Palacios se va del lugar tratando de ayudar a su amigo Gorosito (v. fs. 139).
Agrega que tampoco se comprobó la existencia de un plan previo con división de tareas con el fin de acabar con la vida de la víctima, por lo que -a su criterio- el hecho debería encuadrarse como lesiones graves o gravísimas (art. 90, Cód. Penal), o subsidiariamente como lesiones en riña (art. 95, Cód. citado; v. fs. 139 y vta.).
Refiere que el relato de Palacios no es del todo claro, y que no se tuvo en consideración el precario médico realizado a éste y a Gorosito, que da cuenta que ambos presentaban heridas punzocortantes, el primero en su abdomen y la víctima al costado de su cuerpo (v. fs. 139 vta.).
Aduce que la estructura típica del art. 80 inc. 6 del Código Penal, requiere no sólo un aspecto objetivo (la participación de dos o más personas), sino también uno subjetivo, esto es que exista un concurso premeditado o acuerdo previo para matar de un modo concreto, circunstancia -esta última- que considera no probada. Agrega que el único testimonio existente es el de Yésica Albornoz quien refirió que "...escuchó amenazas que le proporcionaron a su padre, pero nunca denunció nada", no probó ni aclaró la participación en el hecho de los sentenciados y menos aún no supo qué papel supuestamente realizó cada uno (v. fs. cit. y 140).
Tacha de "fabuleros" los testimonios ofrecidos por la parte acusadora, pues señalaron a su asistido y a sus consortes de causa como sujetos que portaban cuchillos y otras armas, mientras que en el debate oral quedó claro que el hecho fue por una pelea vecinal (v. fs. 140 vta.).
II.2. Por último cuestiona la agravante del art. 41 quáter del Código Penal, por considerar que la simple "presencia" de un menor de edad no puede ser motivo suficiente para su aplicación, dado que los actos ejecutivos los llevó adelante Gorosito mientras que el menor "...no participó del hecho ni se lo ha utilizado para [su] cometido" (fs. cit.).
Dice que no hay pruebas respecto a que su pupilo hubiera utilizado o servido del menor de edad, y que debe probarse que el sujeto mayor tuvo conocimiento de la minoridad del interviniente, circunstancia no acreditada en autos (v. fs. 142 vta.).
III. El señor defensor oficial de Adrián Alejandro Gorosito y Cristian Jesús Galván denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 6 del Código Penal y la falta de fundamentación en el pronunciamiento judicial, que deriva de la razonabilidad republicana, del debido proceso legal y del derecho de defensa (arts. 1, 18, 28, Const. nac.; v. fs. 157 y vta.).
Sostiene que de la prueba producida no surge acreditada la intención homicida atribuida a los acusados, y que la plataforma fáctica sobre la cual se asentó el fallo no permite calificar los hechos de acuerdo a las previsiones de la citada figura calificada, pues más allá de las lesiones constatadas en la víctima, de ellas no puede inferirse la intención de dar muerte a Palacios (v. fs. 157 vta.).
Tacha de arbitraria la decisión de Casación por haber considerado que a Palacios le provocaron numerosas heridas en el cuerpo y tenían una finalidad homicida, cuando -en rigor- tuvo una sola con entidad suficiente como para poner en riesgo su vida; también que habían sido consensuadas por los atacantes de un modo previo y que los agresores no consumaron el homicidio por la intervención de los vecinos, circunstancia esta última que no encuentra respaldo en las constancias comprobadas de la causa -conforme mención del testimonio de Yésica Valeria Albornoz- quien dijo "...los vecinos miraban y nadie se metió", y que los testigos Ramírez, Olguín y Giovanonni mencionaron que vieron huir a los atacantes, elementos que acreditaban la no intervención de los vecinos para poner freno al ataque (v. fs. 158 vta. y 159).
En definitiva afirma que los hechos deberían ser calificados como una tentativa de homicidio simple (arts. 79 y 42, Cód. Penal).
Agrega que "...los autores de las agresiones, al igual que en otras oportunidades, deseaban molestar y agredir a Palacios para amedrentarlo", pero no tenían la finalidad de matarlo. En consecuencia, sostiene que a raíz de que la hipótesis fáctica tenida por cierta por el Tribunal de Casación revela sólo la existencia de agresiones verbales y físicas sobre la víctima, y la producción de diversas lesiones -una de las cuales por su entidad puso en peligro su vida-, resultan aplicables los tipos penales previstos por los arts. 89 y 90 del Código Penal, pero de ningún modo abastecen los requisitos exigidos por el art. 79 y mucho menos por la figura del art. 80 inc. 6 del Código citado (v. fs. 160 vta. y 161).
IV. En su dictamen de fs. 194/199 vta., el señor Subprocurador General aconsejó el rechazo de los recursos deducidos; como él, entiendo que los planteos no pueden prosperar.
V.1. El tribunal revisor, en primer lugar, evaluó que los planteos llevados (v. fs. 66/83, legajo casatorio n° 80.801 en relación con Beteta; y v. fs. 67/72, legajo casatorio n° 81.185 respecto de Gorosito y Galván), eran similares por lo que le brindó un tratamiento conjunto a la crítica relativa a la orfandad probatoria y el encuadre legal (v. fs. 118).
Comenzó por reseñar la materialidad ilícita del hecho cuestionado acreditada por el a quo , dando cuenta que "El día 20 de junio de 2014, a las 09:00 horas aproximadamente, en las calles Los Ombúes y Santa Ana, de la localidad de Manuel Alberti, partido del Pilar, tres sujetos de sexo masculino, mediante un plan previo con división de tareas, interceptaron a Juan Carlos Palacios (vecino de lugar, quien ya había sido amenazado anteriormente por algunos de los aquí mencionados) en ocasión que ésta salía de su domicilio para irse a trabajar; así las cosas comienzan a pegarle todos los masculinos citados mayores de edad, piñas, patadas, sobre su rostro y su cuerpo. Como la víctima logró retirarse del sitio, los imputados, junto con un menor de edad, siguieron a la víctima, llevando consigo armas blancas y otros objetos contundentes, dándole alcance a Palacios en las calles Los Olmos y Santa Elena, de la localidad de Manuel Alberti, partido del Pilar, lugar éste en donde lo golpearon salvajemente con objetos contundentes, lo patearon, y lo hirieron en el tórax con un arma blanca en el claro fin de quitarle la vida, no logrando su cometido por razones ajenas a su voluntad, toda vez que los coautores fugaron cuando el damnificado quedó tendido en el piso" (fs. 22 vta. y 23, sent. de condena).
V.2.a. Seguidamente, se refirió a los elementos de prueba a partir de los cuales el sentenciante de origen formó su convicción sobre el hecho materia de crítica. Se ocupó del relato brindado por el damnificado Juan Carlos Palacios Marsella quien contó que "...al salir de su casa junto a su hijo y a su yerno, observó que se encontraban en la esquina 4 o 5 sujetos en 'ranchada' y que al pasar por allí, Adrián le pone un arma en la cabeza, le gatilló pero no salió el tiro, entonces decide no continuar a su trabajo, dirigiéndose nuevamente a su domicilio, comenzándolo a perseguir las mismas personas que intentaron agredirlo y al alcanzarlo le pegan cañazos y lo arrinconan junto a un auto, apuñalándolo varias veces, siendo salvado por unos vecinos que observan la agresión contra su humanidad", mencionando en la audiencia de debate que decían que lo iban a matar (v. fs. 119 y vta.).
Expresó que de la testimonial de Yésica Valeria Albornoz (hija de la víctima), surge que en la semana previa al ataque se había enterado que a su padre lo querían lastimar, y que el día del hecho le pidió que no fuera a trabajar por temor a que algo malo le sucediera. Asimismo, Cristopher Carlos Albornoz (hijo del damnificado) ratificó el relato de su padre y destacó que "...Adrián era quien gatillaba y pegaba piñas en la boca, mientras que el resto gritaba '... te voy a matar, gato, puto ...'" (fs. 119 vta., el destacado figura en el original); el testimonio de una vecina -Carolina Alejandra Giovanonni- quien llamó a la policía a través del 911, el de Gustavo Eduardo Arena -yerno de la víctima- (v. fs. 119 vta. y 120), quien relató que los imputados dirigían los insultos a su suegro, estaban ensañados con él, y que la relación conflictiva había comenzado en el año 2010 cuando Palacios evitó que Adrián se llevara de su terreno un lavarropas (v. fs. 120 vta.); las declaraciones de Claudina Cristaldo Ramírez, Frida Lucy Coronel Cárdenas, Ángel Adrián Melgar, Daniel Alfredo Tisot, Pablo Damián Buzzo, Luis Alberto García y Daniel Oscar Puiz, como también se ponderó el acta de procedimiento, croquis ilustrativo, precario médico informe médico del doctor Fuente, informes socio-ambientales, el reconocimiento en rueda de personas y las actuaciones del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 de Pilar, respecto a la participación del menor J. A. G. en el hecho (v. fs. cit./121 vta.).
Concluyó que los requisitos del tipo penal endilgado se encontraban cumplidos, pues la agravante se configura cuando concurren al evento al menos tres personas, respondiendo a una convergencia de voluntades previamente establecidas, en donde la acción de cada uno de los participantes se vincule, y en el caso "...los agresores advirtieron previamente a la víctima que lo iban a matar y al tomar conocimiento de que éste continúa en la calle, una vez que Adrián Gorosito ingresa en su domicilio y vuelve a la vereda junto a los coimputados, lo persiguieron munidos de armas blancas (cuchillas), provocándole numerosas heridas en partes letales de su cuerpo, [no] logrando su cometido al emprender la fuga ante la presencia de vecinos que salieron en defensa de Palacios" (fs. 122 y vta.).
Por lo expuesto confirmó el encuadre legal del hecho en los términos del art. 80 inc. 6 del Código Penal, en grado de tentativa rechazando, en consecuencia, las recalificaciones pretendidas por las partes en los términos de los arts. 89, 90 o 91 del Código citado.
V.2.b. Se advierte que el tribunal revisor abordó el planteo -similar al ahora traído-, y lo descartó, y si bien los recurrentes cuestionan la aplicación de la ley sustantiva (art. 80 inc. 6, Cód. Penal) en rigor se disconforman con asuntos relativos a los hechos ocurridos y la prueba valorada en las instancias anteriores.
Y si bien es cierto que una incorrecta apreciación de los aspectos fácticos de la sentencia puede conllevar una aplicación errónea de la ley sustantiva, en especial, respecto de la exactitud de la subsunción legal salvo los casos de absurdo o arbitrariedad, no le corresponde a la Suprema Corte revisar los supuestos errores sobre los hechos alegados por las defensas (causas P. 92.917, sent. de 25-VI-2008; en el mismo sentido: P. 75.228, sent. de 20-X-2003; P. 77.902, sent. de 30-VI-2004; P. 71.509, sent. de 15-III-2006; P. 75.263, sent. de 19-XII-2007; e.o.). Han señalado su opinión diversa y sugerido interpretaciones alternativas de la prueba, pero no han demostrado con ese proceder la concurrencia del vicio de arbitrariedad que le atribuyen a la sentencia.
Por otro lado, el contenido de las impugnaciones -que en definitiva, supone la mera expresión de una posición discrepante- no consigue desvirtuar los fundamentos brindados por el Tribunal de Casación para justificar la responsabilidad que le cupo a Frank Joel Aguirre Beteta, Adrián Alejandro Gorosito y a Cristian Jesús Galván en el hecho endilgado en los términos del art. 80 inc. 6 del Código Penal.
En el caso se detalló el suceso, se ponderó la prueba -especialmente las testimoniales-, se acreditó la enemistad existente, la circunstancia de que eran cuatro los agresores y que tenían cuchillos, que siguieron con la golpiza pese a que la víctima se hallaba en el suelo sin defensa y que los golpes eran dirigidos a zonas vitales de su cuerpo mediante la utilización de elementos idóneos como para causar su muerte, cesando en su actuar cuando intervinieron los vecinos. Todo ello, no dejó margen de duda alguna respecto al dolo de matar y la preordenación de un plan, apuntalando el encuadre legal aplicado.
Ninguna de las afirmaciones expuestas por los impugnantes resultan idóneas para evidenciar los vicios y las trasgresiones legales denunciadas (art. 495, CPP).
En consecuencia, manteniéndose incólumes sus presupuestos corresponde confirmar la calificación legal actuada.
Finalmente, conforme lo decidido, queda sin sustento los encuadres legales alternativos propuestos por las defensas de los encartados.
V.3.a. En lo que respecta al agravio relativo al art. 41 quáter del Código Penal formulado por la defensa de Beteta (v. agravio apdo. "II.2."), y ante similar planteo llevado (v. fs. 66/83, recurso casatorio), el Tribunal de Casación Penal se remitió a lo dicho por el sentenciante de origen en cuanto había expresado -en consonancia con las pautas establecidas por esta Corte en causa P. 111.446, sentencia de 9-IV-2014, que la sola circunstancia de que se haya verificado la minoridad del consorte alcanza para echar mano a la pena aumentada en un tercio, y que ninguna duda cabía respecto a que los mayores conocían la condición de menor de J. G. y que consintieron su intervención; además no olvidó que los testigos relataron que lo vieron correr juntos a todos los sujetos; si en verdad los mayores no hubieran querido que el menor participara, podían haber impedido su comportamiento (v. fs. 123 y vta.).
Dijo el a quo que la agravación de la pena procede cuando el acontecimiento se ha cometido con la "sola" intervención de menores de dieciocho años de edad y que dicha severizante genérica debe extenderse a todos los imputados que intervinieron en el suceso, siendo innecesario el haber utilizado al menor para descargar la responsabilidad penal (intervención objetiva) (v. fs. 123 vta.).
V.3.b. En coincidencia con lo resuelto, esta Corte ya tuvo oportunidad de fijar doctrina legal en la materia.
En diversos precedentes (causas P. 111.446, sent. de 9-IV-2014; P. 117.092, sent. de 13-VIII-2014; e.o.) se precisó que el art. 41 quáter del Código Penal establece que: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad, la escala penal correspondiente se incrementará en un tercio del mínimo y del máximo, respecto de los mayores que hubieran participado en el mismo".
Desde el aspecto semántico la interpretación que reclama la concurrencia de elementos subjetivos es errónea, por cuanto la literalidad de la norma no exige otros condimentos por fuera del conocimiento de cualquier circunstancia que integra el tipo objetivo del delito doloso del que se trate.
Según se expuso en la citada causa P. 111.446, de todas las fórmulas puestas a consideración por los legisladores en los diferentes proyectos que antecedieron a la ley, prevaleció la que expresaba como común denominador la agravación del hecho cuando "...sea cometido con la intervención de menores de dieciocho años de edad", quedando relegadas las que especificaban el "valerse" o "servirse" de un menor, inimputable o no, con el fin de descargar la responsabilidad criminal en él, o las de inducción o instigación (el que determinare a un menor de 18 años directamente a cometer un delito determinado).
Ha sido el criterio amplio el preferido por el propio legislador frente a otras fórmulas más restrictivas que se discutieron en ocasión de sancionarse la ley 25.767 que incorporó dicha agravante genérica al régimen penal, sin que quede alguna duda al respecto.
Ni de la letra de la ley, ni desde los antecedentes p
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