Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 124813
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal (doct. art. 288, segundo párrafo, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari , Kogan, Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 124.813, "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 50.479 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Casas, Ramón Arcángel".
La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 15 de agosto de 2014, rechazó, por mayoría, por no encontrarse acreditadas las violaciones legales denunciadas, el recurso homónimo interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, que había resuelto 1) calificar el hecho como doble homicidio culposo, en concurso ideal, descartando en autos la posibilidad de atribuir al imputado la causación de la muerte de las víctimas a título de dolo eventual, 2) declarar extinguida por prescripción la acción penal en orden al delito de doble homicidio culposo en concurso ideal y 3) absolver a Ramón Arcángel Casas en el hecho por el que había sido acusado, sin costas en esa sede (arts. 210, 373, 448, 450, 452, 456 primer párrafo, 531 y 532, CPP; v. fs. 66/78).
Frente a lo así decidido, el señor fiscal ante el aludido Tribunal, doctor Carlos Arturo Altuve, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 94/100 vta.), el que fue admitido por esta Suprema Corte (v. fs. 104/105).
Oída la Procuración General -que mantuvo el recurso y aconsejó que se haga lugar al mismo (v. fs. 107/111 vta.)-, dictada la providencia de autos (v. fs. 112) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
Caso negativo:
¿Es fundado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Frente a la decisión de casación que se detalla en los antecedentes, el fiscal ante ese Tribunal denuncia la inobservancia del art. 79 del Código Penal, cuya aplicación afirma que es la que resulta ajustada al hecho, tal como ha sido descripto y probado por la instancia de mérito (v. fs. 95/100).
Aduce, en prieta síntesis, que el fallo del órgano intermedio presenta un error fundamental in iudicando al mantener la subsunción legal de la conducta reprochada al encausado en los términos del art. 84 del Código Penal. En sostén, describe los elementos convictivos cuya correcta valoración conduciría -ineluctablemente, refiere- a la conclusión de que el autor del hecho actuó con dolo eventual, en tanto asintió a cualquier resultado lesivo, sin importarle qué consecuencias pudiera traer en orden a la vida humana, en pos de su objetivo de desplazarse rápidamente por la vía urbana.
Solicita que se califique el hecho como doble homicidio simple en concurso ideal (arts. 79 y 54, Cód. Penal).
Para el caso de que el agravio no resulte acogido, hace reserva del caso federal, en el entendimiento de que lo resuelto importa arbitrariedad al mediar un manifiesto apartamiento del marco normativo establecido en el Código Penal en punto a la normativa aludida, lo que implica un quebrantamiento pretoriano de la pirámide jurídica establecida por el art. 31 de la Carta Magna (v. fs. 100).
II. Estimo que no corresponde que me expida acerca de la justeza del reclamo, ya que su tratamiento ha devenido abstracto (doctr. art. 488, segundo párrafo, CPP -según ley 11.922 y sus modif.-).
Ello así pues, aun cuando prosperara el encuadre legal propugnado por la recurrente -"doble homicidio simple en concurso ideal" (v. fs. 100)-, la acción penal seguida contra Ramón Arcángel Casas -de todos modos- se encontraría prescripta.
En efecto, el tribunal de juicio, en oportunidad de declarar la prescripción de la acción penal en el delito de doble homicidio culposo en concurso ideal y absolver al imputado sostuvo -entre otras consideraciones- que "el artículo 67 del Código Penal, en su nueva redacción, según ley 25.990, establece que la prescripción solamente se interrumpe por la comisión de otro delito, el llamado del imputado a prestar declaración indagatoria o similar, el requerimiento de elevación a juicio, el auto de citación a juicio y el dictado de una sentencia condenatoria" y que "...el último acto procesal interruptivo de la prescripción [...] ha sido la citación a juicio dictada [...] el 10 de junio de 2004 (fs. 593)" (fs. 22 del veredicto).
Dichas afirmaciones no fueron controvertidas por el recurrente (a excepción de lo ya referido en vinculación al encuadre legal que corresponde al hecho), y el criterio expuesto coincide -en lo pertinente- con la doctrina de este Tribunal sobre la materia (causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005).
El pronunciamiento del tribunal de grado, y el posterior dictado por la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 66/78; 15 de agosto de 2014) -cuyo contenido reseñé al comienzo de mi voto-, carecen de poder interruptor, pues al no imponer pena no revisten la condición de "sentencia condenatoria" con el alcance previsto en el art. 67, letra "e", del Código Penal (conf. doctrina de esta Corte, mutatis mutandis , causa P. 90.959, "Aranda, Martín", sent. de 3-IX-2008 y su prole).
Consecuentemente, el último hito con efecto interruptor del curso de la prescripción lo constituye el auto de citación a juicio (art. 67, letra "d", Cód. Penal), dictado el 10 de junio de 2004 (v. copia digitalizada agregada a fs. 131). Y desde esa fecha ha transcurrido el término de doce años establecido en la ley como tope para los delitos con pena de reclusión o prisión temporal, como es el caso del tipificado en el art. 79 del Código Penal -cuya aplicación reclama la recurrente-, sin que la información sobre los antecedentes penales obrantes a fs. 121/123 permitan tener por configurada la comisión posterior de otro delito que pudiera tener entidad interruptiva de aquel término (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 2 y 67, Cód. Penal).
Así las cosas, el reclamo de que sea revisada en esta sede la calificación legal sustentada por el juez de mérito en oportunidad de declarar la prescripción de la acción penal, confirmada por el Tribunal de Casación Penal, deviene inoficioso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 488, segundo párrafo, del Código Penal y la doctrina de esta Corte (causas P. 99.565, resol. de 2-IX-2009; P. 104.981, resol. de 4-XI-2009; P. 104.636, resol. de 18-XI-2009; P. 105.011, resol. de 23-III-2010; P. 106.894, resol. de 7-IV-2010; P. 106.005, resol. de 11-VIII-2010; P. 107.735, resol. de 16-II-2011; P. 112.497, resol. de 15-VI-2011; entre muchos otros).
En esta misma dirección, también se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al señalar que "...los jueces no pueden realizar declaraciones en abstracto..." (CSJN Fallos: 304:1088; 306:914) y que "...no compete a los jueces hacer declaraciones generales abstractas, al ser de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos..." (CSJN Fallos: 303:1633; 304:759; 305:518 y muchos otros).
III. Por último, en atención a que de acuerdo a las constancias obrantes en el presente legajo existió una demora de más de siete años entre la citación a juicio (10 de junio de 2004; v. fs. 131) y el inicio del debate (8 de agosto de 2011; v. fs. 1), que culminó con el dictado de la sentencia de primera instancia del 29-VIII-2011, que tras calificar al hecho como doble homicidio culposo, en concurso ideal, declaró la extinción de la acción penal por prescripción y, en consecuencia, absolvió al imputado Ramón Arcángel Casas (v. fs. 15/23 vta.), propongo al Acuerdo dar intervención a la Subsecretaría de Control Disciplinario de esta Suprema Corte, quien, merced a las completas contingencias del expediente, discernirá lo que estime corresponder en el ámbito de Superintendencia, incluso eventualmente sobre la pertinencia de correr vista a la Procuración General para que determine si en el marco de sus atribuciones es menester formular denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan, y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión previa también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto .
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Subprocurador General, se declara abstracto el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal (doct. art. 288, segundo párrafo, CPP).
Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo ordenado en el apartado III de la presente, y -oportunamente- devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia