Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130130
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Corresponde poner en conocimiento de la Procuración General las manifestaciones del acusado, a sus efectos.
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.130, "Cardozo García, Esteban Leandro. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 78.031 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal mediante el pronunciamiento dictado el 16 de mayo de 2017, rechazó los recursos homónimos interpuestos por los señores defensores oficiales de Esteban Leandro Cardozo García y de Leandro Javier Ierino, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza que condenó al primero a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidente, por resultar autor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real; y al segundo a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas, como partícipe secundario del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y autor del delito de resistencia a la autoridad, ambos en concurso real (v. fs. 151/171).
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta del Tribunal de Casación penal -doctora Susana Edith De Seta- interpuso en favor de Cardozo García recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 177/183 vta.), el que fue declarado admisible por la sala interviniente a fs. 187/189.
A fs. 209/214 y 224 se agregaron presentaciones formuladas por el acusado Cardozo, de las cuales se confirió vista a la defensa oficial (v. fs. 219 y 225).
Oído el señor Procurador General a fs. 197/201 vta., dictada la providencia de autos (v. fs. 202) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La defensa, como primer agravio, sostuvo que la sentencia recurrida es arbitraria por indebida fundamentación y apartamiento de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e inobservancia de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y debido proceso legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 14.5, PIDCP; 8.2."h", CADH; v. fs. 179 vta.).
Alegó que la decisión del tribunal intermedio restringió la capacidad de rendimiento del recurso, en particular con relación a los reclamos que la defensa introdujera oportunamente acerca de la acreditación de la autoría de su asistido.
Puntualizó que el órgano casatorio consideró que la declaración de un único testigo no era óbice para contar con un grado de conocimiento afirmativo, cuando el planteo de la defensa no sólo pretendía que se ponderara la declaración de su defendido sino también apuntaba a la omisión por parte de la fiscalía de investigar de manera suficiente lo relatado por Cardozo, toda vez que no es la defensa quien debe aportar pruebas de su inocencia, ya que se presume (art. 18, Const. nac.; v. fs. 180 vta.).
Cuestionó además que no se dio respuesta a la insuficiencia de lo declarado por el personal policial, el cual formuló conclusiones erróneas, al considerar que fue su asistido quien cometió el delito contra la propiedad por su actitud de mirar "hacia todos lados" antes de subir al vehículo que aparentemente conducía Ierino (v. fs. cit.).
Con cita del fallo "Casal" y "Martínez Areco" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisó que la decisión del Tribunal de Casación no fue revisada ampliamente afectando así las garantías del imputado.
Solicitó se case la sentencia atacada y se disponga el reenvío para que se cumpla con el debido control de la sentencia de condena.
I.2. En segundo término, denunció la vulneración a los principios de culpabilidad, ne bis in idem e inocencia, entre otros, al momento de valorar las pautas agravantes.
Encontró vulneradas garantías constitucionales de su asistido, al haber sido ponderados sus antecedentes condenatorios como circunstancia aumentativa del reproche. Más aun al no haber motivado la fiscalía su petición al respecto.
Señaló que "...no es proporcional una pena que se viera incrementada por los antecedentes penales, cuando la afectación de los bienes jurídicos fuere la misma y sólo se viera agravada por la diferencia temporal existente entre las fechas de comisión de los ilícitos, con independencia de [...] la lesividad constatada" (fs. 182 y vta.).
Solicitó se rechace la agravante meritada y en su defecto, se declare la inconstitucionalidad del art. 41 del Código Penal por habilitar a ponderar "los demás antecedentes", violentado así pluralidad de garantías constitucionales (v. fs. 182).
II. Comparto el dictamen del señor Procurador General. El recurso no prospera.
III. El primero de los agravios, no tiene acogida favorable.
III.1. La decisión del a quo cumple con los estándares emergentes del fallo "Casal" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de las normas nacionales y supranacionales cuya transgresión se denuncia, en tanto el tribunal intermedio abordó y se expidió sobre los motivos de agravio que habían sido llevados a su conocimiento.
El tribunal del recurso, lejos de limitar su competencia, resolvió la queja otorgando debido tratamiento a los agravios planteados por el señor defensor oficial en oportunidad de interponer el recurso de casación a fs. 75/82.
III.2. La defensa ante el Tribunal de Casación -en lo que aquí interesa- alegó que la sentencia dictada por el órgano de juicio transgredió los principios de la sana crítica racional y aquellos que exigen la debida motivación de las decisiones judiciales, al tener por acreditada la autoría de su asistido valorando el testimonio de la víctima -que solo pudo probar la materialidad ilícita pero no identificar a Cardozo- y las declaraciones policiales -que no estuvieron en el lugar del hecho- (v. fs. 75/76 vta.).
En ese sentido, cuestionó que no hubiera sido rebatido con testimonio alguno lo declarado por Cardozo en oportunidad del art. 308 del Código Procesal Penal y señaló que al haber ordenado el tribunal durante el juicio el extraer copias a fin de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública por parte del personal policial, se pusieron en crisis los testimonios por ellos prestados.
El Tribunal de Casación describió que "...el a-quo tuvo por acreditado [...] que el día 2 de octubre de 2014, siendo aproximadamente las 20:15 horas, un sujeto del sexo masculino ingresó al local comercial denominado Stock sito en la Avenida Rivadavia nro. 14.114 de la localidad de Ramos Mejía, y portando un arma de fuego del tipo revólver marca Italo Gra cal. 32 largo serie n° 11.629 cargada con varios proyectiles del mismo calibre, intimidó a Andrea Soledad Sarrio y a Alejandro Ezequiel Caccaialanza, apoderándose ilegítimamente de la suma aproximada de $ 2.700 en efectivo, dándose posteriormente a la fuga dirigiéndose al vehículo Renault modelo 19 dominio SAG159, en el cual lo aguardaba otro sujeto como conductor y actuando a modo de 'campana', quien emprendió la marcha dándose a la fuga ambos malhechores siendo divisados por efectivos de la Seccional policial de Ramos Mejía, iniciándose una persecución por diversas calles durante la cual los sujetos arrojaron objetos varios desde el vehículo..." (fs. 158 vta. y 159).
Luego, en respuesta a la crítica de la defensa, analizó la prueba con la que se tuvo por demostrada la autoría responsable de Cardozo.
Para ello, en primer término, se refirió al testimonio brindado por la víctima del hecho, el señor Alejandro Ezequiel Caccaialanza, quien no solo había relatado como ocurrió el hecho sino también descripto con claridad al sujeto que ingresó al comercio "...diciendo que era de unos 40 años y vestía jean, zapatillas y un sweater o buzo oscuro, con gorra deportiva oscura con visera..." (fs. 159 vta.), el que al salir de su negocio se retiró en dirección a la Avenida de Mayo, es decir a unos veinte metros del lugar (v. fs. cit.).
Continuó valorando las declaraciones efectuadas por el Comisario Reyes y el Oficial Antelo, quienes relataron que el día del hecho circulaban en un móvil sin identificar, cuando observaron a un sujeto corriendo por calle Rivadavia viéndolo subir a un vehículo Renault 19 estacionado en doble fila sobre Avenida de Mayo, llamándoles la atención por lo que decidieron seguirlo previo solicitar apoyo, pudiendo observar cuando uno de ellos descartaba un arma por la ventanilla. Más tarde pudieron detener el vehículo y aprehender a sus ocupantes, "...uno ahí mismo y el otro a unos metros ya que se resistió" (fs. 160).
Señaló el a quo que Reyes fue quien secuestró en el vehículo una gorra oscura, y Antelo el arma previamente descartada, la que se trataba de un revólver con el martillo roto, ante la presencia del testigo Adrián Marcelo Grossman, que así lo reconoció en el debate.
Explicó con relación al testigo Grossman, que si bien el Tribunal reconoció lo cuestionado por la defensa en cuanto a que el mismo habría incurrido en contradicciones, también valoró que las mismas "...se refirieron a circunstancias colaterales, tales como la denominación de las calles y su sentido, lo cual fue atribuido por el a quo al escaso nivel intelectual exhibido por el testigo, sin que existan razones para sospechar de la veracidad de lo que constituyó el núcleo [...] transcendent[al] de su relato; esto es que presenció el secuestro del arma en la vía pública" (fs. 160 vta.).
Indicó la Casación que el juez de origen dio cuenta en el fallo que de la observación de los videos obtenidos por la filmación de las cámaras del comercio donde ocurrió el hecho, se pudo "...determinar con total nitidez que el sujeto que ingresa con el arma en la mano al comercio reúne todas las características físicas de Cardozo, si bien su rostro no puede verse por estar de algún modo oculto por la visera de la gorra que lucía, por cierto de las mismas características que la incautada en el automóvil en el que se diera a la fuga" (fs. 160 vta. y 161).
Concluyó que el sentenciante se ocupó de analizar y desvirtuar las explicaciones intentadas por los imputados, "...descartando cualquier viso de credibilidad de las mimas no sólo por contraponerse con el resto de la prueba [...] reseñada, sino por resultar manifiestamente inconsistentes y contradictorias entre sí": por ejemplo, el intento por parte de Cardozo de justificar "...su presencia en el lugar diciendo que había ido hasta allí a encontrarse con unos sujetos, los que no sólo nunca aparecieron sino que tampoco pudo identificar..." (fs. 161).
Además, desechó el agravio referido al secuestro del arma (v. fs. 156/158 vta.).
Por lo que finalizó teniendo por acreditada la autoría de Cardozo con las pruebas producidas, y considerando que las críticas del recurrente constituyeron meras discrepancias insuficientes para demostrar que se hubiera incurrido en la arbitrariedad alegada (v. fs. 161 y 162).
III.3. En virtud de lo así resuelto, y como se indicó más arriba, debe darse por cumplido el deber de revisar ampliamente la condena.
Asimismo, con referencia a la arbitrariedad invocada, no se evidencia en lo resuelto por el Tribunal de Alzada la concurrencia de un flagrante desvío del raciocinio o la existencia de un juicio arbitrario que avale la eventual descalificación del pronunciamiento recurrido.
Al respecto, cabe recordar que "...el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado". Y más allá de su discrepancia con el pronunciamiento dictado, la parte no consigue poner en evidencia la existencia de esos graves defectos de fundamentación o razonamiento en el fallo cuestionado.
III.4. Por último, en sus presentaciones de fs. 209/214 y 224, Cardozo alegó como hecho nuevo -con invocación de la regulación legal sobre la acción de revisión- que, según información periodística, se tomó conocimiento de posibles ilícitos cometidos por funcionarios policiales entre los cuales se encuentra uno de los testigos de autos. Asimismo aludió a delitos que habrían sido cometidos por ese personal policial en su perjuicio en esta causa -respecto de lo cual el Tribunal en lo Criminal dispuso la investigación pertinente según fs. 24 vta. y 31 vta., a raíz de los dichos del procesado Ierino-. Cardozo también sostuvo que al momento de la detención se cometieron los delitos de abuso de armas y de autoridad.
Luego discutió el mérito de las pruebas y planteó que no pudo demostrarse su participación en el ilícito.
Al darse intervención a la defensa, ésta manifestó que lo expuesto por el procesado resulta útil con relación a la denuncia sobre la desacertada actuación del a quo en su función revisora, sin encausar la petición bajo ninguna otra forma procesal.
Ahora bien, en materia probatoria corresponde remitirse a las consideraciones ya vertidas en la presente y, además, señalar -sin perjuicio de cualquier otra estimación- que se trata de cuestiones que por regla se encuentran fuera de la competencia de esta Corte a menos que se demuestren los vicios de arbitrariedad o absurdo, lo que en el caso no ha sucedido (arts. 495 y 494, CPP).
No cabe realizar ninguna otra consideración en cuanto a la pretendida acción de revisión, visto el estadio procesal por el cual transitan estos autos y lo actuado por la defensa.
En cualquier caso, debe ponerse en conocimiento de la Procuración General las manifestaciones del acusado, a sus efectos.
IV.1. Respecto al segundo agravio, vinculado a la valoración de los antecedentes penales como pauta aumentativa del monto de la pena y como manifestase el señor Procurador General en su dictamen, advierto que existe una variación argumental de los planteos de la defensa ante esta Sede, que conduce al rechazo de la pretensión.
En efecto, puede verse que al deducirse el recurso de casación a favor de Cardozo, el tema de controversia se sustentó -esencialmente- en que la sanción a determinarse no puede superar la gravedad de la culpabilidad debiendo excluir las consideraciones que ponderen a la personalidad como objeto de reproche (v. fs. 77 vta.); mientras que en el remedio extraordinario, a partir de una crítica al Tribunal de Alzada, el recurrente reclama la falta de debida motivación y fundamentación por parte de la fiscal al solicitar que se le imponga la agravante cuestionada así como la "desproporción" en la pena que la agravante acarrearía (v. fs. 182).
Si bien en ambas ocasiones la pretensión en definitiva fue la misma, esto es, cuestionar la valoración de los antecedentes como pauta agravante, los motivos alegados -ahora- en esa dirección son diversos a los que se formularan ante el órgano casatorio (doctr. art. 451, CPP; conf. causas P. 94.431, sent. de 1-XI-2006; P. 90.955, sent. de 20-XII-2006; P. 128.247, sent. de 21-III-2018; e.o.).
IV.2. Sin perjuicio de ello, el recurrente omite hacerse cargo de los fundamentos brindados por el tribunal impugnado al sentenciar sobre dicho extremo, desentendiéndose de la línea argumental que sostiene el pronunciamiento, lo que evidencia sin más la deficiente técnica formal en la que incurre y sella la suerte adversa de la queja presentada (art. 495, CPP y su doctr.).
Al fallar, el órgano casatorio, resolvió que "...nuestra ley penal recepta expresamente la circunstancia aludida como pauta genérica para determinar la pena, desde que el artículo 41 del Código Penal se refiere a las 'reincidencias y demás antecedentes', y tal previsión no puede reputarse lesiva de principios de mayor jerarquía, como el de culpabilidad por el acto". Y añadió que "No se afecta el principio de culpabilidad por la circunstancia de computar los antecedentes condenatorios del imputado para graduar la penalidad a imponer [...], desde que quien al haber cometido delitos anteriores ha sufrido ya una pena y conoce las consecuencias derivadas de haber delinquido, cuenta en su experiencia vital con una vivencia que configura un factor desfavorecedor de la recaída en el accionar ilícito que debiera facilitar el comportamiento debido..." por lo que la indiferencia a ello implica una mayor culpabilidad (v. fs. 164 y vta.).
En tal sentido, señaló que "Siempre la comprobación de la condena y de la pena debería implicar una ayuda para no incurrir en un nuevo delito cuya inobservancia, mediando una resolución voluntaria de infringir la norma, genera un mayor reproche, por cuanto existe una mayor culpabilidad en quien podría con menor esfuerzo evitar el delito", con lo cual concluyó que "El agravamiento no deriva entonces de reprocharle al imputado su personalidad, sino de la mayor culpabilidad por el nuevo hecho proveniente del desprecio que manifiesta por la amenaza penal quien ya conoce en que consiste la pena por haber sufrido" (fs. 164 vta.).
V. Finalmente, en cuanto a la petición de inconstitucionalidad del art. 41 del Código Penal, no fue sometida a la decisión de la instancia previa cuando ello era posible (v. en esp., recurso de casación de fs. 75/82 y memorial de fs. 95 y vta.), articulándose recién en oportunidad de interponerse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo estudio, por lo que su formulación en esta instancia resulta extemporánea (art. 451, CPP).
Por ello, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Corresponde poner en conocimiento de la Procuración General las manifestaciones del acusado, a sus efectos.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia