Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130597
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.597, "Villalba, Lucas David y Jiménez, Gladys s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 77.636 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 23 de mayo de 2017, rechazó el remedio de la especialidad interpuesto contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal n° 4 de Lomas de Zamora que condenó a Lucas David Villalba a la pena de catorce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y unificó la pena oportunamente impuesta en la causa del Juzgado Correccional n° 6 departamental, en la que se lo sancionó con una pena de tres años de prisión, costas y pago de una multa de mil pesos, con la impuesta en la presente, condenándolo en definitiva a la pena única de quince años de prisión, accesorias legales y costas, más mil pesos de multa, omnicomprensiva de ambas condenas; y a Gladys Estela Jiménez a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar partícipe necesaria del delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego (v. fs. 54/64).
El señor defensor oficial adjunto ante dicha instancia -doctor Nicolás Agustín Blanco- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 81/93), el que fue concedido parcialmente por el órgano inferior merced a la resolución de fs. 95/97.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 108/111 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 112 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. Preliminarmente corresponde destacar que el señor defensor oficial adjunto, en oportunidad de presentar el recurso extraordinario, denunció -por un lado- la revisión aparente de la sentencia de condena respecto de la participación necesaria de Gladys Estela Jiménez (infracción a los arts. 8 inc. 2 apdo. "h", CADH; 14 inc. 5, PIDCP y 75 inc. 22 y 18, Const. nac.) y -por el otro- la inobservancia del art. 34 incs. 6 y 7 del Código Penal respecto del imputado Lucas David Villalba.
La Sala IV del Tribunal de Casación, al realizar el juicio de admisibilidad, concedió parcialmente la vía extraordinaria intentada en lo que hace a "...la errónea interpretación del art. 34 del CP..." (fs. 96 vta.), toda vez que "...el contenido de dicha impugnación encuadra perfectamente en las previsiones del mencionado art. 494 del Código Procesal Penal" (fs. 97).
I.2. Sentado lo anterior, y sólo en orden al planteo por el que fue admitido el remedio extraordinario, el señor defensor oficial adjunto, cuestionó el rechazo por parte del tribunal de juicio de la causal de justificación prevista en el art. 34 incs. 6 y 7 del Código Penal que amparaba el actuar de Lucas David Villalba en relación con los hechos por los que recayera condena; planteo que también fue desestimado por el Tribunal de Casación (v. fs. 90).
Sostuvo que, de la lectura de los fallos dictados en las respectivas instancias, surge que ambos efectuaron una errónea desconsideración de la justificante contenida en el citado precepto legal (v. fs. 75 vta.).
Expuso que los fundamentos dados por el a quo demuestran la indebida inobservancia del art. 34 del Código Penal. "En el fallo atacado el sentenciante consideró que no se daba en el caso uno de los presupuestos de la legítima defensa, pues a su entender se encontraba acreditado el dolo homicida requerido por la figura, sin mediar duda que la intención de Villalba era darle muerte a Gómez" (fs. 90 vta.), lo que fue confirmado por el órgano intermedio al considerar que no hubo agresión ilegítima.
Indicó que el razonamiento llevado a cabo pierde de vista la naturaleza de este tipo de situaciones (dinámicas y estresantes), donde las decisiones se toman en fracciones de segundo y se encuentra en juego la vida de los intervinientes (v. fs. 91).
Repasó que F. -hermano del imputado- estaba siendo agredido a golpes por la víctima y su núcleo familiar, que Lucas Villalba se acercó a dicho grupo de personas -junto con su madre- a fines de separarlos y hacer cesar el ataque desmedido y sin razón que estaba sufriendo su hermano de dieciséis años de edad (con retraso madurativo).
Señaló que este cuadro de situación demuestra que sobre la integridad física del hermano se cernía un peligro real, concreto e inminente, que justificó su intervención para defenderlo.
También afirmó que la agresión por parte de Gómez fue actual en su relación con la defensa en la que obraba Villalba, pues "...teniendo en consideración un ataque eventual por parte de Gómez que se encontraba -junto a su familiares- agrediendo desmedidamente a F. V., no hizo caer su conducta [...] fuera de la justificante en relación a la defensa ensayada por el hecho de haber terminado Gómez y su familia agredidos mediante un arma de fuego" (fs. 92).
Alegó que además se hallaba presente el requisito de falta de provocación suficiente por parte del encausado, "...ya que el hecho de haber ido junto a su madre a interceder para que la familia de Gómez cese en su golpiza a su hermano F., no constituyó una provocación, sino antes bien, fue el ejercicio de un derecho" (fs. 92). Sumó a ello que si Villalba se desbordó frente a la golpiza que estaba sufriendo su hermano y por ello agredió a Gómez, dicha situación no transforma en provocadora su conducta.
Por último, cuestionó que el Tribunal de Casación haya dicho que el testimonio de la hermana e hija de los imputados denotaba la intención de favorecerlos, toda vez que la misma salvedad debió hacerse respecto a las declaraciones de los familiares del fallecido Gómez, lo que no fue así (v. fs. 92 vta.).
En consecuencia, solicitó que se case el fallo en crisis y se disponga la absolución de Lucas David Villalba por haber obrado amparado en el tipo permisivo previsto por el art. 34 incs. 6 y 7 del Código Penal.
Para finalizar, requirió que en caso de no compartirse el criterio sustentado por esa parte respecto de la encausada Gladys Estela Jiménez (esto en cuanto denunció la revisión aparente de la sentencia de condena), "...la misma solución a la que se peticiona se arribe sobre Lucas David Villalba corresponde se haga extensiva a la nombrada, ya que entendiendo que efectivamente la misma le proveyó de un arma de fuego, esto fue al sólo efecto de defender a su hijo menor F. que [...] estaba siendo agredido sin razón por Gómez y su familia" (fs. 92 vta. y 93).
II. Al igual que el señor Procurador General, que dictaminó a fs. 108/111, estimo que el recurso intentado debe desestimarse.
III.1. El reclamo por el que cuestiona la inobservancia del art. 34 incs. 6 y 7 del Código Penal no progresa en razón de la insuficiencia con la que fue formulado (art. 495, CPP).
III.2. En primer lugar, el Tribunal de Casación, señaló que "...el 'a quo' tuvo por acreditado que '[...] el día 22 de noviembre de 2014, siendo aproximadamente las 21:30 horas, en las inmediaciones de la intersección de las calles Alsina y Santa Fe, de la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, un sujeto de sexo masculino, mantuvo una discusión con Jorge Héctor Gómez, en cuyo transcurso, y con un arma de fuego del tipo escopeta denominada 'tumbera', le efectuó a Gómez, con evidentes y claras intenciones de segar su vida un disparo a escasísima distancia que impactó en el pecho del nombrado produciéndole heridas que fueron causa determinante de su posterior fallecimiento, accionar que no habría podido concretar sin el aporte de su progenitora, quien le proporcionó el arma de fuego con la que concretó el ilícito'" (fs. 57 vta. y 58).
En lo que hace al extremo cuestionado, y ante el mismo planteo llevado a su conocimiento, el órgano intermedio a contramano de lo afirmado por la defensa, dio razones fundadas para rechazar el agravio. Sostuvo que el tribunal de mérito "Ponderó correctamente que no hubo una agresión ilegítima por parte de Héctor Gómez hacia F., hermano del aquí imputado y, de esta forma, no hubo razones o motivos por los cuales Villalba debiera defenderlo. Tal como afirmaron los Magistrados: 'Se desconoce con exactitud la génesis de la disputa entre Villalba y Gómez, como así tampoco la cantidad exacta de participantes en la pelea [...] por los testimonios oídos en el debate habría sido una discusión entre ambos por nimiedades, más allá de lo cual ninguno de los testigos describió agresión ilegítima alguna por parte de la víctima. Si bien varios testigos se refirieron a que el hermano del imputado, F., fue lesionado, ello lo fue en circunstancias en que se tomaba a golpes de puño con familiares de la víctima sin advertirse que esta pelea haya sido inevitable para el mismo como para todos los que se enfrentaron en la gresca. En torno a la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, no caben dudas que la utilización de un arma de fuego en una discusión o pelea de puños resulta a las claras absolutamente desproporcionada e innecesaria [...] en orden a la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, entiendo que la discusión o pelea de puños podría haber finalizado con la sola voluntad del agresor, quien podría haberse retirado del lugar sin más[...]'..." (fs. 62).
Explicó que los argumentos expuestos no fueron eficazmente controvertidos por el recurrente, quien debió hacerse cargo de ellos y evidenciar su absurdo o arbitrariedad. Aclaró que nada de ello había acontecido y que, contrariamente, los mismos se encontraban respaldados en el testimonio de Miguel Ángel Acosta, en cuanto sostuvo que la discusión era protagonizada por Jorge y F., que se acercó para sacarlo a Jorge de allí y llevarlo a su casa, y en eso observó que Lucas Villalba estaba en la parte delantera de la casa de la madre; que F. se acercó al deponente a pelearlo cuando en ese momento escuchó que Lucas decía "pasame eso, pasame eso" y la madre le entregó un arma envuelta en una toalla, con la que Villalba amenazaba una y otra vez diciendo "te voy a matar" y disparó a Jorge en el pecho, a menos de un metro de distancia. "Asimismo Acosta afirmó que la víctima no tenía ningún arma, que no sabe por qué se inició la discusión y que Jorge solo discutió de palabra..." (fs. 62 vta.).
Adunó que ello era coincidente con las expresiones vertidas por Cristian Marcelo Gómez, Laura Vanesa Gómez, María Luisa Ignes y José Alejandro Gómez en sus respectivas declaraciones.
De este modo, entendió que el tribunal de juicio sopesó los testimonios precedentes y, lo cierto era que no se advertía la agresión ilegítima pretendida en la medida que no se desprendía de las probanzas de la causa que F. hubiera sido atacado por Jorge y que se hubiera puesto en peligro su integridad, sino que existió una discusión en la cual no se pudo determinar quienes participaron de la misma ni quien inició la gresca (v. fs. 62 vta.).
Asimismo, consideró que el uso del arma por parte de Villalba fue irracional y desproporcionado, en función de la disputa acaecida, una discusión o pelea de puños, la cual podría haber sido resuelta en esos mismos términos o, tal como alegaron los sentenciantes, retirándose del lugar del hecho.
En definitiva, concluyó que "...el hermano del imputado no se hallaba amenazado por una agresión ilegítima actual e inminente que lo habilitara a éste a accionar el arma de fuego con el que le quitó la vida a Gómez" (fs. 63).
Por último, destacó que en el caso la única persona que manifestó que la víctima tenía en su poder un arma fue Jesica Saucedo, hija y hermana de los encartados, quien testimonió incluso contradiciéndose con los dichos de su propia madre, lo cual denotaba su intención de favorecer a sus familiares con su declaración.
De ahí que, no encontrándose reunidos en el caso los presupuestos que habilitaban la causal de justificación alegada, el planteo defensista no podía prosperar.
III.3. Ahora bien, tal contenido resolutorio sobre el análisis emprendido por el tribunal revisor con base en las constancias reunidas en el expediente no fue materia de controversia adecuada en la impugnación examinada. Es que una disconformidad de ese tenor constituye asunto marginado de la competencia reglada de esta Corte, sin que el recurrente haya alegado y mucho menos acreditado un supuesto de absurdo o arbitrariedad que justifique un diferente temperamento (doctr. art. 494, CPP).
En efecto, la parte no hace otra cosa que desentenderse por completo del análisis íntegro y razonado de la prueba que llevó al Tribunal a formar su convicción certera sobre la ocurrencia de los hechos.
Tan así, que ni siquiera se hace cargo del contenido de las declaraciones analizadas por el a quo que permitieron concluir en la ausencia de la causal de justificación invocada. En tal sentido, lo narrado por Miguel Ángel Acosta, cuya declaración coincidió con lo relatado por Cristian Marcelo Gómez, Laura Vanesa Gómez, María Luisa Ignes y José Alejandro Gómez.
Fue así que consideró que en el caso no se apreciaba la existencia de una agresión ilegítima dado que ninguna de las pruebas aportadas a la causa daba cuenta de que Jorge atacó a F. poniendo en peligro su integridad, sino que hubo una discusión en la cual no se pudo determinar quiénes participaron ni quién la inició tampoco.
En este orden de ideas, cabe destacar que esta Corte tiene dicho que la agresión ilegítimaáes una conducta antijurídica que ocasiona peligro de daño para un derecho (conf. causa P. 38.519, sent. de 17-IV-1990) y que ella existe "...si el occiso incurrió en una conducta antijurídica que ocasionó peligro de daño para el derecho a la integridad" (conf. causa P. 34.042, sent. de 3-III-1987).
Asimismo, el a quo afirmó que el uso del arma por parte de Villalba fue irracional y desproporcionado, pues tratándose de una pelea de puño, la misma pudo ser resuelta en esos mismos términos o bien podría haber elegido retirarse del lugar.
En este sentido, viene al caso recordar que este Cuerpo ha establecido que "El 'medio empleado' para repeler la agresión está constituido por la conducta defensiva y el daño ocasionado por ella" (conf. doctr. causa P. 34.042, cit.) y que su necesidad racional "...en la legítima defensa debe juzgarse conforme la agresión, y la reacción desde el punto de vista del sujeto que quiere evitar dicho ataque" (conf. causa P. 40.351, sent. de 27-XII-1991).
De ahí que el Tribunal de Casación concluyó en que el hermano del imputado no se encontraba amenazado por una agresión ilegítima actual e inminente que habilitara a Villalba a accionar un arma de fuego con la que le quitó la vida a Gómez.
En consecuencia, no es posible acompañar al recurrente cuando sostiene que en el caso se encuentran presentes los requisitos exigidos para la configuración de la justificante pretendida; puesto que, según las piezas procesales analizadas en la instancia de mérito y revisadas por el órgano intermedio, el imputado y su hermano no sufrieron ninguna agresión actual por parte del occiso que pudiera hacer nacer la necesidad de repulsa.
De este modo, la tesis defensista procura evidenciar la errónea aplicación de la ley sustantiva en función del resultado de su particular análisis sobre cómo ocurrieron los hechos, expresando -entonces- una discrepancia subjetiva que no halla eco en la valoración conjunta de los elementos probatorios que permitieron al juzgador descartar su pretensión.
Así las cosas, su crítica se presenta -más allá de la reiteración de los planteos esgrimidos en las instancias previas- como una opinión discrepante con el plexo probatorio valorado por el a quo , insistiendo en su criterio sin controvertir los motivos que llevaron al Tribunal de Casación a confirmar tanto la ausencia de agresión ilegítima como la desproporcionalidad del medio empleado para resistir el ataque, conforme lo exige la justificante requerida
III.4. Por otra parte, el cuestionamiento vinculado al valor convictivo otorgado a los dichos de la hermana e hija de los imputados, solicitando la defensa que en el mismo sentido fueran ponderados los testimonios de los familiares de Gómez, escapa al ámbito de conocimiento de esta Corte en tanto se trata de cuestiones que -de consuno con su naturaleza probatoria- resultan privativas de los tribunales locales y ajenas como regla a esta sede extraordinaria (doctr. Ac. 69.407, resol. de 29-IX-1998; Ac. 77.462, resol. de 20-III-2002; Ac. 83.246, resol. de 24-III-2004; e.o.; CSJN Fallos: 327:361; 327:4121; e.o.).
III.5. Por último, resulta inatendible el reclamo del impugnante que peticiona la aplicación de la justificante en ciernes para la imputada Gladys Estela Jiménez, pues -sin perjuicio de la oportunidad procesal en que ahora pretende introducir el agravio (art. 451, CPP)- la parte sujeta su suerte de lo resuelto en orden al encausado Lucas David Villalba. Y siendo que su planteo fue desestimado (de acuerdo a los argumentos arriba expuestos), ello coadyuva, junto con su presentación tardía, a su rechazo.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero a la doctora Kogan.
La alegación de la defensa, según la cual tanto la víctima fatal -Jorge Gómez- como miembros de su familia agredieron a golpes al joven F. V. -hermano del imputado, de 16 años de edad y con retraso madurativo- (v. fs. 91) no se corresponde con los hechos que se tuvieron por probados.
Según fue establecido en las sentencias previas, no fue Jorge Gómez quien golpeó a F. -quien sufrió lesiones, según fs. 24- sino los hijos del primero. Incluso el testigo Walter Araya -a quien la defensa asigna especial credibilidad por cuanto no era ni pariente ni amigo de la familia Gómez- manifestó que los hijos del fallecido fueron quienes peleaban con F. -por lo cual intervino la madre del último- (v. fs. 18 vta./19 vta.).
Por lo tanto, y sin perjuicio de cualquier otra consideración, no ha sido demostrado que la acción del acusado estuviera dirigida a contrarrestar una agresión ilegítima de quien resultó muerto en la ocasión (arts. 495, CPP y 34 incs. 6 y 7, Cód. Penal).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la distinguida colega doctora Kogan, con las consideraciones adicionales que surgen del emitido por el doctor de Lázzari.
En consecuencia, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero a los votos precedentes.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia