Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129187
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 27 de febrero de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud , de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.187, "Castellani Marcelo Enrique, Carril Cristian Hernán y Sanabria Sosa Juan Ramón s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa n° 63.353 y sus acumuladas n° 63.355 y 63.356, del Tribunal de Casación Penal, Sala VI".
La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 13 de octubre de 2016, rechazó los respectivos recursos interpuestos en favor de los imputados Gerardo Mereles, Juan Ramón Sanabria Sosa, Marcelo Enrique Castellani y Cristian Hernán Carril, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, que había condenado a los dos primeros nombrados a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas; al siguiente Castellani a dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas; y al último referido a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautores responsables del delito de homicidio en ocasión de robo agravado por la utilización de arma de fuego (v. fs. 147/164, con relación a fs. 27/56).
Frente a lo así decidido, la señora defensora oficial adjunta ante esa instancia intermedia dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de Marcelo Enrique Castellani, Cristian Hernán Carril y Juan Ramón Sanabria Sosa (v. fs. 177/184), que fue concedido el 16 de mayo de 2017 por la aludida Sala interviniente (v. resol. de fs. 192/193 vta.).
Mediante la resolución de fs. 206 y vta., el tribunal a quo tuvo por desistida la impugnación deducida por la defensa del enjuiciado Sanabria atento la voluntad expresada en ese sentido a fs. 188. Por otra parte, dado que el imputado Mereles no había recurrido la sentencia, por la Secretaría Penal de esta Corte se proveyó la devolución de las actuaciones para que el órgano revisor resolviera lo pertinente (v. fs. 203). Asimismo, por resolución de este Tribunal de fs. 235 se tuvo por desistido el recurso articulado respecto del imputado Cristian Hernán Carril González, en virtud de lo que al respecto quedó plasmado en el acta de fs. 230 y de lo expuesto por la defensa oficial a fs. 233.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 220/223), dictada la providencia de autos (v. fs. 224), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto respecto de Marcelo Enrique Castellani?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
De conformidad con lo indicado en la reseña de antecedentes, el recurso de la defensa subsiste sólo con relación al imputado Castellani, y en tal medida, comparto el rechazo que propicia el dictamen de la Procuración General.
I. La recurrente denuncia la errónea aplicación del art. 41 bis respecto del art. 165, ambos del Código Penal.
Sostiene que el delito de homicidio en ocasión de robo "...contiene dentro del tipo, la utilización de armas de fuego, ya que, cuando el legislador ha querido agravar los modos comisivos del homicidio lo ha hecho expresamente en el art. 80 del C.P."; por ello entiende que en el caso debe operar la regla de exclusión prevista en la última parte del mentado art. 41 bis que prohíbe su imposición cuando la figura actuada "...contemple como elemento constitutivo o calificante la específica utilización de un arma de este tipo", so pena de vulnerar el principio de ne bis in idem . Argumenta además, que no interesa cuanto se elevó el riesgo, "...si, en definitiva, la figura en cuestión se configura con la realización del riesgo en el resultado" (fs. 179 vta. y 180).
Tras mencionar lo fallado por esta Corte en causa P. 113.790, sentencia de 26-IX-2012, solicita que se excluya la agravante en cuestión con la consecuente disminución de la pena impuesta a su asistido.
Este primer motivo de agravio es improcedente. Si bien la parte no lo llevó al conocimiento del tribunal revisor (v. fs. 60/71 vta. del leg. n° 63.355), la circunstancia que así lo hiciera la asistencia letrada de otros de los consortes de causa motivó su examen y rechazo por la decisión mayoritaria de la casación, la cual se ajusta a la doctrina legal sobre la posibilidad de aplicar la agravante genérica del art. 41 bis del Código Penal a la figura del homicidio en ocasión de robo.
El juez Kohan, cuyo voto sobre el punto concitó la adhesión del doctor Natiello, sostuvo, entre otras consideraciones, que "...del texto de la ley surge con claridad que el empleo del arma de fuego no está inscripto en el tipo legal consagrado en el art. 165 del digesto represivo", sin que nada impida valorar el mayor reproche y peligro derivado de la utilización de dicho adminículo como medio para consumar el homicidio (v. fs. 162 vta.). Apuntó luego que en igual sintonía se ha manifestado esta Corte en los precedentes que citó P. 117.092 y P. 116.227 (v. fs. 163 vta.).
Ciertamente, la doctora Kogan se pronunció en la citada causa P. 117.092, sentencia de 13-VIII-2014, con argumentaciones a las que tuve oportunidad de plegarme al votar el expediente P. 112.550, sentencia de 10-XII-2014, en que señalé la naturaleza compleja de la tipicidad prevista en el art. 165 del Código Penal, en la cual el legislador reunió dos delitos independientes, que como tales conservan sus características propias, conformando un tipo más grave a los efectos punitivos.
En consonancia con ello, y tal como sostiene el dictamen de la Procuración, dicha figura no contempla como parte constitutiva o calificante de su estructura típica a la violencia o intimidación en las personas conformadas por el uso de arma de fuego; lo cual permite la aplicación del art. 41 bis sin incurrir en una doble valoración prohibida.
De forma que no se observa que el elemento "arma de fuego" se encuentre absorbido por la figura "robo con resultado homicidio". Y prueba de ello es que un robo con resultado homicidio puede ocurrir sin armas de por medio. De ahí que puede concluirse que ambas figuras son independientes en cuanto a sus elementos configurativos, no obstante el modo en el que concurran.
En efecto, el art. 165 del Código Penal hace referencia al tipo básico pues se vale de la fórmula "...con motivo y ocasión del robo" y no "de un" robo, remitiendo así a la acción base descripta en el art. 164 del Código Penal, sin relevar más elementos típicos que los allí estipulados. Son las notas comunes del "robo simple" las contempladas en el art. 165, que por la comisión de un homicidio lo "agravan", del mismo modo que se agrava la punibilidad cuando se producen lesiones graves o gravísimas, o incluso de manera análoga a como lo hacen otras figuras calificadas (que aunque no "complejas" como las mencionadas si dependientes del tipo básico) receptadas en los arts. 166 y 167, cuando el "robo" es cometido mediante la utilización de un arma blanca, de un arma inepta o de utilería (conf. reforma de la ley 25.882), en banda, en despoblado, con perforación o fractura de pared, etcétera (conf. voto de la doctora Kogan en la causa P. 117.092 mencionada).
Dicho precedente explicó asimismo que no resulta lógico que la agravante en ciernes pueda operar con relación al homicidio cometido mediante la utilización de un arma de fuego -tal la doctrina legal vigente que a su vez coincide con la establecida en forma plena por el órgano casatorio respecto de la aplicación del art. 41 bis al art. 79, ambos del Código Penal; conforme causas P. 102.647, sent. de 19-VIII-2009, entre otros; plenario 36.328, del 22-V-2013-, pero no hacerlo cuando el mismo injusto tiene lugar en ocasión de un robo perpetrado con tales armas.
También en sentido contrario al pretendido por la defensa se expresó que lo no graduable es la vida, como bien jurídico tutelado, contando el legislador con la potestad de determinar que objetivamente, ciertas modalidades, medios, fines y móviles de dar muerte a una persona resultan comprensivas de un comportamiento de mayor gravedad a los fines de justificar una punibilidad diferenciada (v.gr. incs. 2, 4, 5, 6 del art. 80, Cód. Penal; confr. mutatis mutandi, arg. voto del doctor Soria en P. 100.072, sent. de 12-XI-2008).
La señora defensora oficial no se ha hecho cargo de la doctrina legal que rige el tópico sin brindar fundamentos valederos que pudiera ponerla en jaque, como tampoco ha justificado el sentido de la cita del fallo P. 113.790, teniendo en cuenta que en esa ocasión el planteo procedía de la fiscalía y fue rechazado por esta Corte por razones de insuficiencia vinculadas con las características propias del caso.
II. En subsidio, la impugnante pretende que se declare inconstitucional el art. 41 bis del Código Penal con sustento en que dicho precepto vulnera el principio de legalidad, dado que -a su entender- no respeta el principio de máxima taxatividad y certeza (v. fs. 180 vta./181 vta.).
Sin embargo, el reclamo, por su formulación tardía, no puede ser atendido en esta sede extraordinaria. Pues habiendo sido dicha agravante aplicada en la sentencia originaria, la parte, que como ya dije no cuestionó esa decisión, tampoco argumentó sobre su inconstitucionalidad ante la sede revisora (v. fs. 60/71 vta.); haciéndolo recién ahora en la presentación bajo examen. Y según doctrina de este Tribunal, la extemporaneidad del planteo del caso constitucional es suficiente para su desestimación (conf. CSJN Fallos: 330:1759; 331:418; "Rodríguez Pereyra", sent. de 27-XI-2012; causas P. 104.710, sent. de 25-VIII-2010; P. 107.711, sent. de 6-X-2010; P. 110.375, sent. de 21-IX-2011; P. 109.772, sent. de 4-IV-2012; entre muchos otros, a cuyos fundamentos cabe remitir en honor de brevedad).
III. En la última parcela del escrito recursivo, la defensa postula que la sentencia de casación incurre en arbitrariedad al no fundamentar la pena aplicada, en violación a la doctrina sentada por esta Corte en los precedentes P. 81.527, "Laportilla"; P. 83.260, "Ruiz" y P. 90.327, "Spíndola"; de los que acompaña transcripciones parciales (v. fs. 182/183 vta.).
En su decir, el órgano intermedio convalidó una sanción excesiva aún con la falta de atenuantes, en violación al principio de proporcionalidad (arts. 18, 75 inc. 22, Const. nac.), ya que "...no se ha fundamentado debidamente cuál es la relación entre los 17 - rectius 16- años de prisión impuestos con la sanción punitiva y el principio de dignidad humana" (fs. 183 vta.). Por ello solicitó la anulación de esta parcela del fallo y el reenvío de las actuaciones a la instancia para que se imponga una nueva pena debidamente fundada (v. fs. 183 vta.).
Ahora bien, desde tal perspectiva constitucional ninguna alegación fue desarrollada por la defensa de Castellani en el recurso de casación, siendo que allí su reclamo sobre este extremo de la imputación estuvo centrado en que fuesen eliminadas dos de las agravantes computadas, las relativas a "...la extrema violencia desplegada" y "...la pluralidad de intervinientes" -no discutió la valoración en tal carácter del antecedente condenatorio que registra el nombrado-, con la consecuente rebaja de pena (v. fs. 71 y vta.; doctr. art. 451, CPP).
El tribunal del recurso se ocupó de la materia de agravio sometida a su consideración, detallando las razones por las que estimó correcta la valuación en calidad de severizantes de la pena de las referidas circunstancias, conforme puede leerse a fs. 159 vta./161 de su decisorio, apreciaciones que no le han merecido a la aquí recurrente censura alguna.
Por otra parte, en contestación a planteos formulados por la defensa de otros coimputados, el a quo reflexionó sobre las dificultades que afronta el juez en la tarea de individualizar la respuesta punitiva en el marco del sistema de penas relativas escogido por nuestro legislador, y de la evaluación conjunta del ilícito, el grado de culpabilidad del imputado con el correctivo de la peligrosidad y las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal.
En ese contexto general, desestimó que las penas establecidas resultasen irrazonables o desproporcionadas en orden a la magnitud del injusto, los bienes jurídicos motivo de tutela, su grado de afectación a raíz de las conductas de los inculpados, y las pautas de mensura justipreciadas (v. fs. 161 vta., último párrafo, y adhesiones de fs. 162 y vta. y 163 vta.).
Frente a lo fallado por el tribunal del recurso sin cortapisas formales ni restricción cognoscitiva alguna de los agravios propuestos a su escrutinio, resulta infructuoso el intento de la señora defensora oficial por evidenciar la arbitrariedad que por falta de fundamentación atribuye a lo decidido sobre la pena impuesta (art. 495, CPP). La impugnación en el punto se basa en meras generalizaciones de tinte dogmático ineficaces para justificar la vulneración de la doctrina legal que fue simplemente enunciada sin procurarse demostrar que la ratio decidendi de las causas P. 81.527, P. 83.260 y P. 90.327 pudiera ser trasladable a la presente, a pesar de las notas sustanciales que las diferencian, por lo que el reclamo deviene manifiestamente insuficiente tal como sostiene el señor Procurador General a fs. 223 en su dictamen.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Adhiero al doctor Genoud y, en lo que respecta a la aplicación del art. 41 bis del Código Penal con relación al delito del art. 165 del mismo, corresponde reiterar aquí que, conforme la doctrina de esta Corte, aquella norma opera con las figuras que no contemplan un modo comisivo específico, en razón de la mayor contundencia y vulnerabilidad para la víctima del homicidio cuando se emplea un arma de fuego (conf. causas P. 100.033, sent. de 16-IX-2009; P. 117.092, sent. de 13-VIII-2014; P. 112.550, sent. de 14-X-2012; e.o.).
Por ello, la pretensión de la defensa no puede prosperar.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia