Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 123273
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Soria, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 123.273, "Castro Reyes, Carlos Alberto. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa N° 55.078 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal hizo lugar parcialmente al recurso de la especialidad interpuesto en favor de Carlos Alberto Castro Reyes. En consecuencia, descartó la aplicación como pauta aumentativa de la pena el antecedente condenatorio (que interpretó que así había sido computado) y la escala agravada del art. 41 bis del Código Penal, condenando al nombrado a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas de primera instancia como coautor penalmente responsable del delito de robo con homicidio, robo agravado por el empleo de un arma cuya aptitud para el disparo no se ha podido acreditar, y autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real con violación de domicilio, todos ellos en concurso real entre sí (v. fs. 104/123 vta. y resolución de fs. 125/126 desestimatoria de una aclaratoria). No hizo lugar, en cambio, al agravio de la defensa sobre la declaración de reincidencia.
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial -doctor Mario Luis Coriolano- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 135/141), el que fue concedido por esta Suprema Corte (v. fs. 153/154 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 156/159 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. El recurrente -como cuestión previa- solicitó que se analice la subsistencia de la acción penal respecto del delito de violación de domicilio (art. 150, Cód. Penal) por el que, junto a otros ilícitos, fuera condenado su asistido (v. fs. 137 y vta.).
Sostuvo que la prescripción opera de pleno derecho por el solo transcurso del plazo pertinente, siendo declarable incluso de oficio, en cualquier instancia y por cualquier tribunal (v. fs. cit.).
En función de ello, afirmó que conforme el art. 67 inc. "e" del Código Penal, la prescripción se interrumpe solamente por "El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme" y que, en el caso, "...el último acto interruptivo de la prescripción lo constituye el dictado de sentencia condenatoria de fecha 20 de marzo de 2012" (fs. cit. y 138). En apoyo de su postura invocó los fallos "Giuliano", "Santander" y "Tello" del máximo Tribunal nacional y destacó que transcurrieron más de dos años a partir del dictado de la sentencia condenatoria no firme, solicitando -en consecuencia- que se declare la extinción de la acción penal respecto del delito mencionado (v. fs. cit.).
I.2. En orden a la procedencia del recurso, denunció la violación a los principios de progresividad y culpabilidad (arts. 18 y 19, Const. nacional), por mantener el a quo la declaración de reincidencia sin demostrar "efectivo tratamiento" (fs. 138).
Recordó los argumentos expuestos por el órgano intermedio para desestimar el planteo y afirmó que, como bien señala el dictamen del señor Procurador General en el precedente "Gómez Dávalos" de la Corte nacional, el fundamento de la reincidencia es la mayor insensibilidad a la pena de aquel que la soportó efectivamente y tomó conciencia de haberla sufrido (v. fs. cit. y vta.). Así, aludió a lo dicho por la ley de ejecución (ley 24.660) en punto al régimen aplicable al condenado, como también a lo establecido por la legislación provincial (ley 12.256) respecto a la finalidad de la pena, señalando que "...recién, con motivo de la sentencia firme, se deber[á] comenzar un ‘tratamiento penitenciario’ destinado a intentar ‘resocializar’ al penado..." (fs. 139).
En ese sentido, afirmó que "...es requisito indispensable para la declaración de reincidencia que haya cumplido ‘pena’ como penado y durante un plazo significativo donde se lo haya sometido al ‘tratamiento penitenciario’ efectivo y útil, en búsqueda del cumplimiento del fin último de la pena" (fs. cit. y vta. -subrayado en el original-).
Agregó que objetiviza el instituto en cuestión el Tribunal de Casación Penal, al considerar reincidente a su asistido por el solo hecho del cumplimiento de una condena anterior a pena de prisión, generando de esa manera una presunción iure et de iure, que no toma en cuenta si en el periodo en cuestión a Castro Reyes le fue brindado el tratamiento necesario, demostrativo de un mayor índice de culpabilidad (v. fs. 139 vta.).
Sostuvo que "...si el fin de la pena es la resocialización del sujeto a través de la progresividad del régimen en el cumplimiento de la misma y, en consecuencia, el objeto de la declaración de reincidencia es agregar un plus punitivo a aquel que, pese a los esfuerzos del sistema por ‘readaptarlo’; vuelve a ‘caer’ en el delito evidenciando así un mayor grado de culpabilidad; de ninguna manera se puede interpretar la norma del art. 50 vaciándola de contenido, aplicándola arbitrariamente a personas sobre la base simplemente -tal como lo hizo el ‘a quo’- de que han cumplido pena en calidad de ‘penados’; ya que es indispensable demostrar que han atravesado el programa resocializador" (fs. 140 y vta.).
Por todo lo expuesto, señaló que la sentencia recurrida que declaró a Castro Reyes reincidente por el solo hecho de haber cumplido en calidad de penado -dos días- sin verificar la existencia de tratamiento recibido -resultando lógico que el mismo fue inexistente-, vulnera los principios de culpabilidad y progresividad (arts. 18 y 19, Const. nac.; 5.6, CADH y 10.3, PIDCP; -fs. cit.-).
II. El señor representante del Ministerio Público, al emitir su dictamen, propició el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 156/159 vta.).
III. La impugnación no puede prosperar.
III.1. En el caso, el Tribunal de Casación Penal mantuvo la declaración de reincidencia respecto a Carlos Alberto Castro Reyes. Para así decidirlo, expuso que "...surg[ía] a partir del informe de fs. 597/598 que con fecha 31 de julio [ rectius : Octubre] de 2007 el imputado fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor de robo calificado por su comisión con arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con abuso de armas, que concurren en forma real con portación ilegal de arma de guerra y robo simple, cuyo vencimiento operó el 10 de marzo de 2010 y respecto de la cual obtuviera la libertad asistida". Así, añadió que "...Castro Reyes cumplió parcialmente pena privativa de libertad por sentencia firme, y así sea los días mencionados por el Defensor Oficial, es suficiente para considerarlo reincidente, si no transcurrió el lapso establecido en el artículo 50 parte final del Código Penal cuando volvió a la senda del delito doloso objeto del presente juicio" (fs. 121 vta. y 122).
Según lo indicó el Tribunal de juicio, la condena se dictó el 31 de octubre de 2007 y la pena vencía el 10 de marzo de 2010, aunque discreparon la minoría y la mayoría de ese órgano en cuanto a la fecha en que fue otorgada la libertad asistida: el 5 de junio de 2008, para la primera y el 23 de noviembre de 2007, para la segunda (v. fs. 49 y 56 vta.) -lo que en cualquier caso no coincide con los dos días de cumplimiento de pena aludidos por la defensa-.
Frente a ello, el recurrente no logra demostrar la afectación a los principios de progresividad y culpabilidad denunciados.
Cabe destacar inicialmente que, en el caso, no se encuentra en discusión que Castro Reyes haya cumplido pena privativa de libertad en calidad de penado. Aclarado lo anterior, considerando la expresa regulación empleada por nuestro Código Penal para el sistema de la reincidencia, en tanto exige cumplimiento total o parcial, no surgen del texto legal -art. 50- inconvenientes en su interpretación, sino una clara referencia a la posibilidad de efectuar la declaración en el caso de una condena anterior cumplida parcialmente.
Ello encuentra fundamento en la necesidad de reforzar la respuesta penal ante quien vuelve a delinquir, al comprobarse que la pena prevista no ha resultado suficiente para dicho sujeto, por lo que resultaría inútil renovar contra él la misma pena.
Así también lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerar suficiente para su procedencia el antecedente objetivo de haber cumplido pena total o parcialmente, independientemente de su duración (CSJN G.198.XX, "Gómez Dávalos, Sinforiano s/recurso de revisión", sent. de 16-X-1986, Fallos 308:1938; e.o.).
Es por ello que no corresponde realizar interpretaciones que pretendan precisar la cantidad de días, meses o años que se requieran cumplir en la condición de condenado en cada caso, bastando que el cumplimiento sea al menos parcial para que resulte la procedencia de la declaración de reincidencia.
De tal modo, debe desestimarse la denuncia de afectación de los principios de progresividad y culpabilidad toda vez que a la luz del criterio expuesto por la Corte federal en el fallo antes citado y la adecuada motivación que exhibe el decisorio en crisis, los planteos no trascienden de una mera discrepancia personal con lo decidido, todo lo cual resulta insuficiente para evidenciar las transgresiones constitucionales denunciadas (art. 495, cit., conf. causas P. 82.940, sent. de 6-X-2010; P. 128.554, sent. de 28-III-2018; e.o.).
III.2. En cuanto a la cuestión previa articulada, en el caso no corresponde emitir ningún juicio sobre la prescripción de la acción respecto del delito de violación de domicilio que viene peticionada, toda vez que la competencia de esta Corte solo fue habilitada por el recurrente en lo referido a la declaración de reincidencia de Castro Reyes, no siendo en modo alguno cuestionados los delitos materia de condena, los que -por ende- han llegado firmes (conf. doctr. causas P. 94.333, sent. de 23-VI-2010).
Voto entonces por la negativa.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
De conformidad con lo resuelto en los precedentes de esta Corte P. 117.563 (sent. de 10-XII-2014) y P. 118.052 (sent. de 26-III-2015), adhiero al voto del doctor de Lázzari.
Según lo señalado por el señor defensor en ocasión de presentar el memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal, Carlos Alberto Reyes "...habría cumplido pena -en sentido estricto- dos días", lo que impediría declararlo reincidente pues para ello, a su criterio, es necesario tener cumplida la mitad de la condena bajo efectivo tratamiento penitenciario para tener satisfecha la exigencia de cumplimiento parcial a que alude el art. 50 del Código Penal (v. fs. 91/96 vta.).
El Tribunal de Casación se pronunció en sentido contrario al pretendido convalidando la declaración cuestionada, más allá del lapso referido por la parte, el cual, como señala el colega en el punto III.1 de su voto, no coincide con los tenidos en cuenta en estos autos (v. sent. fs. 49 y 56 vta. de la sent. orig.), cuestión de la que no se hizo cargo la impugnación que, de tal forma, insiste con la necesidad de demostrar el sometimiento efectivo del penado a un adecuado programa resocializador para hacer jugar el instituto del art. 50 citado, sin ponerse en evidencia que lo resuelto lo haya sido en contra o con prescindencia de los términos de esa disposición legal, incurriéndose en un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso concreto (Fallos: 301:970; 302:236; 306:262; 312:888, entre muchos otros; art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Subprocurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (arts. 495 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia