Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129972
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.972, "Aranda, José Luis. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en causa 79.009 acumulada a causa 79.012 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV".
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 4 de abril de 2017, en lo que aquí interesa, rechazó por improcedentes los recursos interpuestos contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de Mercedes que había condenado a Christian Gustavo Amato a la pena de prisión perpetua, mil pesos de multa, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente, por resultar coautor funcional penalmente responsable de los delitos de encubrimiento por receptación sospechosa y por el ánimo de lucro, homicidio agravado criminis causa y por el uso de arma de fuego y robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo en concurso ideal y autor material de tenencia ilegal de arma de guerra y de uso civil, todos en concurso real; y a José Luis Aranda, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor material penalmente responsable de los delitos de encubrimiento por receptación sospechosa y con ánimo de lucro, coautor funcional de los delitos de homicidio criminis causa y por el uso de arma de fuego y robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo en concurso ideal y secuestro coactivo de mujer embarazada, en concurso real (v. fs. 66/82 vta.).
El señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en favor de José Luis Aranda (v. fs. 101/107 vta.), el que fue declarado admisible por aquel Tribunal (v. fs. 109/111 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 116/119), dictada la providencia de autos (v. fs. 120) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Contra el pronunciamiento reseñado en los antecedentes, la defensa denuncia la errónea aplicación del art. 80 inc. 7 del Código Penal e infracción a la obligación de fundar los pronunciamientos judiciales que deriva de la razonabilidad republicana, del debido proceso legal y del derecho de defensa (v. fs. 103).
Sostiene que la prueba en la que se asienta el fallo no permite establecer con el grado de certeza que exige una sentencia condenatoria, que el homicidio de Patterson hubiera perseguido alguna de las ultrafinalidades previstas por el art. 80 inc. 7 del Código Penal. Señala que, por el contrario, el análisis de la prueba efectuado tanto por el tribunal de juicio como por el órgano revisor sólo permitiría acreditar la intención homicida de Aranda, pero de ningún modo sostener que el fin último de esa muerte era apoderarse del motovehículo (v. fs. 103 y vta.).
Alega que quedó acreditado que Aranda concurrió al domicilio de Patterson para matarlo, que ese fue el objetivo de su visita, no así apoderarse de la moto, ya que la supuesta compra de la misma sólo era una excusa para justificar su presencia en el lugar, por lo que no pudo probarse que el homicidio cometido haya sido para facilitar o consumar el robo y mucho menos para procurar su impunidad, ya que fueron vistos por numerosos testigos en el lugar del hecho, por lo que si esa hubiera sido la ultrafinalidad perseguida, hubieran intentado dar muerte también a otras personas (v. fs. 105 y vta.).
Finalmente, esgrime su hipótesis de cómo ocurrieron los hechos basado en el testimonio de Asti, refiere que se puede suponer que ambos agresores tenían previsto retirarse del lugar en la camioneta en la que habían arribado, y ante la imposibilidad de darle arranque es que Amato decidió sustraer la moto para huir de la escena del crimen, dejando abandonado a Aranda a su suerte en el lugar (v. fs. 106).
Concluye que la hipótesis fáctica tenida en cuenta por el Tribunal de Casación reveló sólo la existencia de un homicidio doloso y, a lo sumo, la existencia de un robo posterior; solicita se case el pronunciamiento impugnado y se declare erróneamente aplicado el art. 80 inc. 7 e inobservado el art. 79, ambos del Código Penal, reenviándose las actuaciones al a quo para que fije pena de acuerdo a la calificación legal pretensa (v. fs. 106/107).
II. El señor Procurador General propició el rechazo del recurso interpuesto (v. fs. 116/119).
III. Coincido con él.
III.1. El tribunal intermedio, en respuesta a un planteo similar de esa parte, se ocupó, contrariamente a lo dicho por la defensa, de explicar y fundar la calificación legal aplicada y la configuración del elemento subjetivo.
En este entendimiento, en lo que interesa destacar, coincidió con el sentenciante de origen en que "...ambos encausados ingresaron al interior de la vivienda de la víctima Patterson, en la que no hubo otras personas salvo los niños que, con excusas, fueron retirados de aquélla lo que ninguna razón de ser tendría si de realizar una operación de compraventa se trataba. [...] Aranda tenía intenciones de vengarse de Patterson quien, según lo admitido, en el año 2011, lo había estafado en la venta de un lote. Comenzó a reclamarle la devolución del dinero y luego de que la víctima se mudase, encontró a Paula Castillo ex mujer del occiso- y le espetó que a su marido se lo comería con cuchillo y tenedor. [...] Finalmente, con la excusa de que su amigo 'el gordo' Amato deseaba adquirir una moto, acordaron acudir al domicilio de aquél, el 26 de septiembre de 2013 arribaron en una camioneta Fiat Fiorino blanca robada con la clara voluntad por parte de Amato de 'adquirir la moto' de Patterson y resultando Aranda, amigo del vendedor, el nexo. [...] Sin embargo, con división de funciones, ambos en el interior de la vivienda, munidos de un cuchillo de mesa y un arma de fuego calibre 22 arremetieron contra Patterson, quien encontrándose agachado o de cuclillas recibió dos disparos en la zona occipital y parieto-occipital del cráneo, con lo cual estamos en presencia de una clara ejecución. [...] En el interior de la vivienda el dinero de la supuesta compra, nunca fue hallado, del mismo modo que tampoco nunca apareció el boleto de compraventa. [...] Posteriormente, Amato egresó de la propiedad con la moto..." (fs. 76 vta. y 77).
Afirmó el Tribunal: "El apoderamiento ilegítimo resultó funcional a ambos encausados. Amato obtuvo el vehículo, Aranda su revancha" (fs. 77). Para luego analizar que no resulta descabellado haber montado una escena de compra para justificar el ataque mortal contra Patterson, que resultó claro que Christian Amato dominó el hecho desde su inicio hasta su consumación, tomando parte en su ejecución y cumpliendo su rol, conforme lo declararon los testigos presenciales, que señalaron a ambos sujetos ingresando a la casa de la víctima y a Amato como egresando de la misma manejando la moto ilegítimamente apoderada, así como quedó en claro que, dadas las dificultades físicas de Aranda, era necesaria la existencia de dos personas para llevar adelante lo acordado (v. fs. 77 vta.).
Asimismo, destacó que "...la secuencia de los hechos evidenció la existencia de un acuerdo mínimo de voluntades en pos de un designio común y una división de tareas para llevarlo a cabo: llegaron juntos a bordo de la Fiorino robada, ambos simultáneamente ingresaron a la propiedad uno munido de un cuchillo y otro de un arma calibre 22, ejecutando a Patterson." (fs. 78).
Frente a las objeciones formuladas oportunamente por la defensa, analizó que, si se hubiera firmado el boleto de compraventa, este debió haber aparecido en la escena del hecho o en el lugar donde fue incautada la moto; de igual manera si se abonó en concepto de pago la suma de $18.000 "...¿por qué no se encontró el dinero en la casa de la víctima? La respuesta se impone, nunca existió compraventa" (fs. 78 vta.). Y prosiguió preguntándose por qué Amato llevó la moto a un taller en San Martín y no en el pueblo, para luego concluir que fue desapoderado al acabar con la vida de Patterson. Concluyó así que existió conexidad entre el desapoderamiento de la moto y el homicidio de Patterson (v. fs. cit.).
Finalmente, el tribunal sentenciante encontró adecuada la calificación legal del art. 80 inc. 7 del Código Penal expresando que si bien "...requiere una necesaria vinculación subjetiva con otro delito, la preordenación no es indispensable, pudiendo surgir el designio motivante de la conducta sin una previa reflexión, como decisión adoptada en el curso de la ejecución del hecho [...] Aranda sació su sed de venganza, Amato se apropió de la moto" (fs. 78 vta.).
III.2. Ante los fundamentos empleados por la Casación para estimar adecuada la calificación legal discutida, en la medida de las impugnaciones esgrimidas y con referencia específica a las circunstancias de la causa, el señor defensor oficial no procura evidenciar que esa motivación resulte incompatible con el debido proceso legal.
La defensa si bien centra su crítica en la errónea aplicación de la norma de fondo, sus desarrollos dan cuenta de una interpretación de los hechos y un relato particular de los mismos distinto a cómo se los tuvo por configurados en las instancias anteriores para desestimar las pretendidas figuras en ciernes (conf. causas P. 104.926, sent. de 21-X-2009; P. 108.608, resol. de 17-II-2010; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 116.425, resol. de 10-X-2012; P. 111.758 y P. 116.681, resols. de 19-XII-2012; P. 112.443, resol. de 30-X-2013; P. 117.877, resol. de 18-XII-2013; e.o.).
Y tales consideraciones, referidas a cuestiones relativas a la valoración de las pruebas, además de no ser propias del ámbito de conocimiento de esta Corte, no pasan de ser una oposición personal divergente a la del juzgador- que no plasma la concurrencia de la arbitrariedad que invoca (doctr. arts. 494 y 495, CPP; conf. causas P. 81.789, sent. de 13-V-2009; P. 105.012, sent. de 15-VI-2011; P. 102.300, sent. de 30-XI-2011; P. 97.262, sent. de 28-XII-2011; P. 110.446, sent. de 18-IV-2012; P. 109.534, sent. de 3-V-2012; P. 109.476, sent. de 22-VIII-2012; P. 102.196, sent. de 14-XI-2012; P. 113.916, sent. de 20-III-2013; P. 119.412, resol. de 21-VIII-2013; P. 112.724, resol. de 30-X-2013; P. 117.588, resol. de 5-III-2014; e.o.).
En efecto, las meras afirmaciones genéricas del impugnante referidas a que no se encuentran acreditadas las ultrafinalidades requeridas por el tipo aplicado en el caso, no evidencian que el reproche practicado contra el imputado sea fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (doctr. art. 495, cit.).
Las deficiencias apuntadas sellan la suerte adversa del remedio interpuesto, lo que conlleva invariablemente a su rechazo.
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Coincido con los magistrados que me anteceden, a cuyas consideraciones añadiré las siguientes.
La defensa alega que no resulta aplicable el art. 80 inc. 7 del Código Penal ya que se tuvo por establecido que la muerte de Patterson se debió a un "ajuste de cuentas" porque la víctima había estafado tiempo antes a Aranda con la venta de un terreno. Según el recurrente, ese fue el móvil del crimen y no el apoderamiento de la moto por parte de Amato, con lo cual el encuadre en aquella norma sería erróneo.
Con relación a este argumento comparto la respuesta brindada por la Procuración General en su dictamen: los juzgadores afirmaron que se dio muerte a Patterson para que Amato se apoderara de la moto del occiso, aun cuando ello fuera aprovechado por Aranda para ajustar cuentas con aquél (v. fs. 117 vta. y 118).
En estas condiciones, no se ha demostrado la incompatibilidad en la decisión común de los coautores de la concurrencia de ambos propósitos: el apoderamiento del vehículo y el de vengarse por una afrenta anterior (doctr. art. 495, CPP).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al ponente con más las apreciaciones que aporta el doctor de Lázzari en su voto.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia