Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129707
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Negri, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.707, "González, Leandro Daniel e Ibarra, Juan Pablo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 75.354 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de octubre de 2016, rechazó por improcedente el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial de Leandro Daniel González y Juan Pablo Ibarra contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza que los condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas (v. fs. 64/76 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor defensor de casación adjunto -doctor Daniel Aníbal Sureda- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 80/88), el que fue concedido por resolución de la sala interviniente del 8 de agosto de 2017 (v. fs. 103/105).
Oída la Procuración General, que aconsejó el rechazo del recurso (v. dictamen de fs. 115/118 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 119) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La impugnación de la defensa que aquí se examina se compone de dos agravios.
Por un lado, tildó de arbitrario el fallo de casación por indebida fundamentación y apartamiento de los precedentes del Máximo Tribunal federal, en quebranto de la defensa en juicio -derecho a ser oído- y el debido proceso penal, con cita de los arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8.1 y 8.2."h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.5 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos; 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 82 vta.).
Concretamente le objetó haber constituido un tránsito aparente por esa instancia, que frustra el derecho al doble conforme. En particular, porque a su decir, los planteos por los cuales esa parte abogara por la absolución de Juan Pablo Ibarra al no haberse probado su intervención en el homicidio endilgado, y para que el reproche a González lo fuese en los términos del art. 79 del Código Penal, fueron rechazados por el tribunal a quo mediante la réplica de los fundamentos vertidos en la condena originaria, reiterando que las declaraciones de los imputados no trascendieron de intentos exculpatorios.
Sostuvo que las quejas no tuvieran respuesta ni tratamiento alguno por el órgano revisor, más que afirmaciones dogmáticas desentendidas del contenido de los agravios sometidos a su consideración, lo que importa la configuración de un supuesto de arbitrariedad, además de los menoscabos constitucionales referidos ab initio y el consecuente incumplimiento del deber de revisión que le atañe, conforme los lineamientos fijados en el precedente "Casal" por la Corte federal, entre otros que citó (v. fs. 83/84 vta.).
Pidió que se case el fallo en crisis y el reenvío de las actuaciones a la instancia anterior para el dictado de un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (v. fs. 85 y vta.).
A título subsidiario, la defensa denunció la afectación a los principios de culpabilidad por el acto, pro homine , proporcionalidad y razonabilidad de la pena; y la inconstitucionalidad de la de prisión perpetua (v. fs. 85 vta.).
En su entender, el órgano intermedio confirmó la sanción a perpetuidad impuesta en la sentencia de juicio, sin efectuar la revisión que le compete de acuerdo con la doctrina sentada por este Tribunal en el precedente P. 87.172, sentencia de 3-VI-2009, y lo fallado en la referida causa "Casal".
Afirmó que la casación se apartó de los alcances de los principios de culpabilidad por el acto, proporcionalidad e igualdad ante la ley, en cuanto a la imposibilidad de la existencia de penas fijas, sin brindar fundamentos válidos para ello (v. fs. 86).
Con base en la relevancia que cabe asignar a la magnitud del contenido ilícito del hecho en el proceso de mensura penal, arguyó que el art. 80 del Código Penal no permite al juzgador diferenciar entre sujetos ni hechos de diversa característica o envergadura, trayendo a colación lo resuelto en el caso "Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago" por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros mencionados (v. fs. 86 vta.).
Por ello consideró que, al no evaluarse elementos atenuantes ni agravantes, la pena es determinada siempre de forma arbitraria, con afectación del principio de culpabilidad por el acto, pues la judicatura se vio sometida a tratar a sus defendidos como una homogeneidad -y no como seres únicos- mediante "...la aplicación ciega e indiferente de la pena", contraviniendo la prohibición de privar del derecho a la libertad en forma arbitraria, al no fijarse la sanción en razón de las características del hecho, la participación y la culpabilidad del acusado (v. fs. 87 vta. y 88).
II. Coincido con el señor Procurador General. La impugnación no prospera.
El Tribunal de Casación, tras reseñar los motivos de agravios llevados a su consideración, compartió las conclusiones establecidas en la condena de grado, desestimando de ese modo las críticas formuladas en materia de prueba, con la consecuente ratificación del encuadre jurídico establecido en la condena de grado, como los planteos articulados respecto de la pena impuesta.
Tuvo así por acreditado que el día 14 de julio de 2014, alrededor de las 22.15 hs., en el patio de una finca de González Catán, tuvo lugar el fallecimiento de Nahuel Alejandro Bernal, mediante el concurso premeditado de tres personas, dos del sexo masculino y otra femenina, munidos con una cuchilla tipo "carnicero", que lo agredieron, junto con otras, con golpes de puño, piedras y una botella de vidrio, y luego le asestaron en el tórax y en el abdomen, al menos en dos oportunidades, con la intención de darle muerte, ocasionándole lesiones de tal magnitud que produjeron indefectiblemente el resultado deseado (v. fs. 67).
También que Leandro Daniel González fue quien recibió de su madre el cuchillo que luego "...ahincó a Nahuel", mientras "...otro sujeto le arrojó una piedra y otro lo golpeó con una botella"; que cuando dos de los atacantes se retiraron, permanecieron pegándole, los hermanos Juan Pablo Ibarra y el referido González (v. fs. cit. vta.).
El tribunal a quo puso de manifiesto su concordancia con el sentenciante de grado en el mérito convictivo asignado a las declaraciones que reseñó de las vertidas durante el juicio por los testigos de los hechos narrados (Leopoldo Maximiliano Gómez, Luis Ángel Gabriel Spagchetti, Pablo Leonel Díaz Nieto, Ezequiel Nazar, María del Carmen Amaya y Brian Cristopher Piccirillo), y a las piezas incorporadas por lectura (acta de inspección, pericia planimétrica y de levantamiento de rastros), que evidenciaban la presencia de tejido hemático en el lugar exacto en que según las testimoniales recibidas, la víctima había recibido las puñaladas, una botella de vidrio rota y una piedra con rastros del mismo tejido (v. fs. 67/69).
En función de ello, acordó con el órgano de grado en que González había declarado a fin de exculpar a su hermano Juan Pablo, mientras que la versión brindada por éste estuvo orientada a mejorar su situación procesal, siendo que sus relatos aparecían desvirtuados por la fuerza incriminante del material probatorio al que previamente refiriera, sin que la defensa hubiese justificado la existencia de vicio alguno que pudiera invalidarla (v. fs. 69/70).
En definitiva, entendió demostrado que ambos concurrieron junto con otros a agredir a Nahuel, y que Ibarra tomó la cuchilla ofrecida por su madre para entregársela a González y asestarla contra la víctima (v. fs. 70).
De igual modo, la casación juzgó adecuada la decisión de encuadrar los hechos probados en la figura del homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80 inc. 6, Cód. Penal).
A tal fin fundamentó su postura coincidente con la sostenida en la sentencia originaria de que ese tipo objetivo "...no exige [...] la preordenación reflexiva y fríamente calculada, producto de una prolongada deliberación, siendo suficiente el acuerdo previo para matar entre todos. La conducta acreditada denota un grado de planificación y preordenación a cometer el hecho de esa manera que confirma la certeza de este encuadramiento legal" (fs. 71 vta. y 72). En cuanto a la exigencia de la norma de que "...el autor debe matar con el concurso de dos o más sujetos", puntualizó que "Los que concurren pueden [...] actuar como coautores o como cómplices necesarios o secundarios, en tanto se debilita la defensa de la víctima", manifestando su coincidencia en este caso con lo determinado por su antecesor en cuanto a que "...la progenitora de los inculpados cooperó de modo imprescindible en la ejecución del homicidio" (fs. 72 y vta.).
En suma, concluyó que "El acuerdo para matar entre todos quedó evidenciado con el pasamanos del arma efectuado instantes previos a la herida mortal, cuando la víctima se hallaba caída como producto del botellazo que Juan Pablo arrojó en su cabeza. En ese contexto, aún cuando haya sido uno sólo el que ejecutó la puñalada final, ello en nada obsta a interpretar, a partir de la actuación conjunta que antes se describió, que todos estuvieron de acuerdo con el ejecutor en matar a la víctima mediante el ataque conjunto" (fs. 72 vta.).
Por otra parte, el a quo desechó los cuestionamientos al cómputo de la nocturnidad como pauta agravante, y a la sanción impuesta.
Sobre esto último, descartó la posibilidad de la aplicación del mínimo legal propuesto por el señor defensor oficial, por tratarse de una pena fija, al igual que el cuestionamiento incorporado recién en la memoria relativo a la validez constitucional de las penas perpetuas.
Tras recordar que una declaración de la naturaleza de la pretendida debe considerarse la ultima ratio , por cuanto las normas correctamente sancionadas y promulgadas llevan en principio la presunción de su validez, explicó que la determinación de la sanción -en sus tres fases, legislativa, judicial y ejecutiva- constituye la progresión de un único proceso para obtener una respuesta punitiva para el caso concreto, en el que el principio resocializador se encuentra siempre presente, resultando de especial relevancia en la última etapa mencionada.
Y que en esa inteligencia, los regímenes de ejecución penal desarrollan "...un programa caracterizado por una progresiva flexibilización del tiempo y las condiciones del encierro carcelario para permitir su adecuación a la situación concreta del penado"; respecto de la aducida falta de adecuación de la penalidad al Estatuto de Roma, señaló que su art. 12 "...deja a salvo la soberanía del legislador argentino para imponer penas más graves a las allí establecidas" (fs. 74 y vta.).
Dicho ello, el tribunal intermedio discrepó con la defensa en que la fijada en el caso por aplicación de lo dispuesto por el art. 80 inc. 6 del Código Penal resulte desproporcionada, lesiva del principio de culpabilidad por el hecho o del fin de la pena, "...desde que no implica el encierro de por vida de los imputados" (fs. cit. vta.).
Excluyó, asimismo, su incompatibilidad con la garantía de igualdad ante la ley, en el entendimiento de que el tratamiento diferencial se funda en "...el mayor disvalor de acción, consistente en la mayor gravedad que comporta la acción llevada a cabo por tres o más personas puestas de acuerdo para perpetrar el homicidio e incrementa la posibilidad de éxito para obtener ese resultado dado que disminuye el poder de defensa de la víctima" (fs. 75).
De allí que para el revisor, tal discriminación no deviene arbitraria, sino antes bien, "...responde a un claro y racional designio del legislador de desvalorar de manera más severa estos casos en que la pluralidad preordenada de autores para ejecutar el delito, importa una mayor peligrosidad que la del que obra por sí solo, a la par que al disminuir la posible defensa de la víctima impone que la protección social sea más enérgica a través de la pena acentuada" (fs. 75).
Esas razones de mayor gravedad del injusto que justifican la mayor severidad de la pena llevan a concluir, según la interpretación del sentenciante, que la norma observa las exigencias del principio de proporcionalidad; además de proclamar que el fin resocializador de la sanción tenido en cuenta por la ley nacional 24.660 y provincial 12.256, no excluye otros propósitos de la pena, y dado que según nuestra legislación, la perpetuidad no significa la "prisión de por vida", declaró que el argumento de pérdida de virtualidad del derecho a la resocialización pierde contenido (v. fs. 75 vta.).
III. Conforme lo adelantado, el recurso debe ser rechazado, pues frente al contenido resolutivo antes detallado, las alegaciones del recurrente son insuficientes para evidenciar en el pronunciamiento impugnado los defectos que le atribuye (art. 495, CPP).
De un lado, porque el razonamiento expuesto por el órgano casatorio para validar la atribución de coautoría respecto de los imputados en autos, ciertamente hizo pie en el mérito atribuido en origen al material convictivo reunido, aunque ratificado con apreciaciones basadas en las normas que rigen la materia y que atienden a las circunstancias del caso puestas en jaque; sin que la defensa logre evidenciar que los reclamos planteados hayan quedado por fuera de la revisión emprendida ni que en esa tarea se hayan empleado meras afirmaciones dogmáticas como postula.
Tampoco lo resuelto en el terreno de los hechos y su prueba le ha merecido al señor defensor oficial crítica alguna que pudiera habilitar la competencia excepcional de esta Corte en cuestiones de esa índole.
En lo que atañe al planteo articulado en subsidio, ante la argumentación que sustenta la confirmación de la pena de prisión perpetua establecida en la instancia de juicio, el recurso exhibe la generalidad que le atribuye al pronunciamiento del revisor.
Según quedó indicado, el tribunal intermedio examinó y rechazó fundadamente los agravios que sobre ese acápite de la sentencia fueron presentados para su control en el recurso de casación, como también los introducidos novedosamente en el memorial que obra a fs. 56/61.
Las respuestas en tal sentido dadas, a tenor de la reseña efectuada en el punto anterior, demuestran la amplitud de la revisión llevada a cabo por la casación, contrariamente a la falta de tratamiento dogmáticamente denunciada en el escrito bajo estudio; el que además desatiende las concretas motivaciones con las que el a quo desestimó las temáticas sometidas a su apreciación, sin exponer desarrollo alguno que pudiera ponerlas en crisis.
En particular, cabe advertir que silenció todo análisis de las constancias del expediente en procura de evidenciar que la condena perpetua ratificada no conserve una relación de proporcionalidad y racionalidad con el desvalor de acto que se aprecia en las conductas en este caso reprochadas, tal como concluyó el a quo , sosteniendo incluso su validez constitucional con argumentos que permanecen enhiestos por falta de impugnación, lo que torna el planteo de la defensa en puramente dogmático y por ello ineficaz para demostrar que la reacción punitiva indivisible impuesta al autor contraríe la normativa constitucional que citó.
Lo dicho sin perjuicio de recordar que aún tratándose de una pena perpetua -en el caso la menos gravosa de prisión- deberá fijarse, eventual y oportunamente, el momento de su agotamiento (conf. causa P. 84.479, "Giménez Ibáñez", sent. de 27-XII-2006, en función de lo resuelto por la Corte Suprema en el pronunciamiento del 4 de junio del mismo año; P. 94.377, sent. de 18-IV-2007, entre otras más).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Soria por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos por los colegas que me preceden en la votación y, en lo relativo al planteo subsidiario, remito a lo expresado por esta Suprema Corte en reiteradas oportunidades en sentido contrario al pretendido por la parte (conf. causas P. 106.226, sent. de 15-XII-2010; P. 102.300, sent de 30-XI-2011; P. 107.104, sent. de 6-VI-2012; P. 127.827, sent. de 27-XII-2017; P. 128.177, sent. de 8-VIII-2018; P. 123.347, sent. de 29-VIII-2018, entre muchas otras).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia