Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129883
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Mario Rolando Vera, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.883, "Vera, Mario Rolando s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 77.850 del Tribunal de Casación Penal, Sala II".
La Sala II del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 25 de abril de 2017, hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de General San Martín que condenó a Mario Rolando Vera a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por la relación de pareja (víctima Johana Escobar) y por alevosía (víctima Pedro Duarte), en concurso real. En consecuencia, recalificó el último hecho referido, en los términos de la figura simple de homicidio, sin que ello implicara modificar la pena impuesta al acusado. Sin costas en esa instancia (v. fs. 66/73 vta.).
La señora defensora oficial adjunta ante el tribunal casatorio dedujo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley obrante a fs. 77/87 vta., que dicho órgano admitió parcialmente a tenor de lo que surge de la resolución de fs. 90/93, esto es, para el tratamiento únicamente de los agravios vinculados desde distintas perspectivas con la aplicación del art. 80 última parte del Código Penal. Respecto de la parcela recursiva dirigida a controvertir la inadmisibilidad declarada del planteo formulado extemporáneamente en el memorial ante esa casación, consideró que el reclamo involucra una temática procesal -la interpretación y aplicación de la normativa prevista en los arts. 451 y 458 del Código Procesal Penal para la regulación del trámite impugnativo ante dicha sede-, y por tanto ajena a la competencia federal pretendida sin que se hubiese establecido la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales invocadas.
Contra ello, la defensa presentó la queja pertinente ante esta sede extraordinaria registrada como causa P. 129.772-RQ, la cual fue rechazada por resolución de 18 de abril del año en curso. Frente a esa nueva decisión dedujo recurso extraordinario federal y esta Corte lo denegó a tenor de lo resuelto el 21 de noviembre de 2018.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 102/105), dictada la providencia de autos (v. fs. 106) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Según fue indicado en la reseña de antecedentes, corresponde a esta Corte examinar el planteo que la defensa ha fundado en la errónea aplicación del art. 80 in fine del Código Penal, agraviándose de la revisión efectuada en la sentencia casatoria, por considerar infringidos los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, además de los principios de legalidad y máxima taxatividad de la ley penal (v. fs. 79/83 vta.).
Explica que esa parte había cuestionado la aptitud de la prueba meritada para tener por configurados los anteriores "...actos de violencia contra la mujer víctima (Johana Escobar), de acuerdo al sentido que corresponde atribuirle a la expresión introducida en el art. 80 in fine del C.P. por la ley 26.791, a los fines de excluir la aplicación de la escala atenuada del homicidio agravado"; y que la respuesta del a quo se limitó a reproducir los argumentos de la judicatura de grado, con el agregado de "...alguna apreciación propia mediante la utilización de frases dogmáticas" (fs. 79 vta./80 vta.).
Sin perjuicio de ello, en función de afirmar la necesidad de delimitar el alcance "...por demás amplio e indeterminado" de la fórmula que incorporó la ley aludida al párrafo final del art. 80 mencionado, el señor defensor sostiene que lo resuelto atenta contra la seguridad jurídica y el principio nullum crimen sine lege certa , a la par de incurrir en arbitrariedad, por ser producto exclusivo de la voluntad de los jueces y no la aplicación de los principios que rigen la materia según el criterio sentado en el fallo "Acosta" de la Corte federal (v. fs. 80 vta. y 81).
En su parecer, la casación incurre en el error de considerar la "actitud de violencia" que tuvo acreditada con los testigos Melgarejo y Escobar Oviedo, con el refuerzo de las apreciaciones contenidas en la pericia psicológica del acusado; aduce que la norma alude a actos de violencia, esto es, a una acción en sentido estricto, "...sin que resulte admisible asimilar ese concepto a una actitud y, menos aún, recurrir a las características de la personalidad del imputado para perfeccionarlo" (fs. 81 vta.)
Asevera que los conceptos vertidos en la sentencia no logran disipar la vaguedad de la fórmula legal, además de que ninguna de las instancias previas habría precisado los actos de violencia que con anterioridad habría sufrido la víctima, teniendo en cuenta "...la entidad que requiere la ley, conforme los principios de legalidad, taxatividad, inocencia, última ratio y pro homine , para imposibilitar la aplicación de la escala privilegiada" (fs. 82 y 83, respectivamente).
Por lo expuesto, reclama que se case el fallo impugnado y se declare erróneamente aplicado el último párrafo, segunda parte del art. 80 del Código Penal.
II. El señor Procurador General se pronunció por el rechazo de la impugnación. Comparto ese dictamen.
En las instancias anteriores se tuvo por acreditado que Mario Rolando Vera se presentó por la tarde del día 30 de setiembre de 2013, en el domicilio de Johana Escobar -con quien había mantenido una relación de concubinato- y tras una discusión, con intención de causarle la muerte, le aplicó trece puñaladas en diversas partes del cuerpo, provocándole lesiones que originaron su fallecimiento de forma instantánea; y que en idénticas circunstancias de tiempo, modo y lugar, el mencionado imputado, con igual intención de matar, aplicó quince puñaladas en el cuerpo de Pedro Duarte, de trece años de edad, ocasionándole lesiones, algunas de tal magnitud que determinaron su óbito (v. fs. 19 y vta. del fallo originario con relación a fs. 68/71 de la sentencia revisora).
En cuanto aquí interesa, el tribunal de juicio, a contracara de lo postulado por la defensa, tuvo por demostrada la existencia de hechos de violencia anteriores de Vera en perjuicio de la víctima Johana Escobar, conforme su examen de los elementos probatorios que a esos fines ponderó; de igual modo expuso las razones fácticas y jurídicas por las que cabía descartar la concurrencia en el caso de circunstancias extraordinarias de atenuación que pudieran llegar a neutralizar el fundamento de la agravante prevista en el inc. primero del art. 80 del Código Penal. En especial, desestimó que pudiera reputarse tal, la aducida con sustento en la personalidad obsesivo compulsiva de Vera que lo habría conducido a cometer el homicidio en un estado de ira. Según los jueces, en ello no se advertía nada de extraordinario, sino antes bien, dicha actitud, a la luz de lo informado por la perito psicóloga "...resultó un accionar totalmente compatible con su personalidad obsesivo compulsiva y egoísta, que antepone la acción a la razón" (fs. 30/31).
En su recurso de casación, la defensa se agravió de la que consideró una interpretación restrictiva en perjuicio del imputado de la referida norma del art. 80 in fine , insistiendo con su postura de que las serias dificultades de aquél para motivarse en las normas y dirigir sus acciones constituye una situación de semiimputabilidad que impone una atenuación punitiva haciendo regir el mentado dispositivo legal. Por otra parte, sostuvo que los actos de violencia contra la víctima que impedirían aplicar aquella disposición no aparecían acreditados por ninguna de las probanzas tenidas en cuenta a tal fin en la sentencia de juicio, a tenor del análisis que efectuó sobre ellas (v. fs. 42/43).
III. A su turno, el Tribunal de Casación, no obstante poner de manifiesto que "...no puede afirmarse genéricamente que las particularidades que presente la personalidad del victimario impidan necesariamente la aplicación de la escala privilegiada del último párrafo del art. 80", coincidió con el órgano de juicio en que en este particular caso debía operar la última parte del párrafo legal citado "...en tanto establece que esa reducción del reproche no será aplicable 'a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima'" (fs. 68).
Ello así, pues consideró comprobado el ejercicio de violencia de Vera contra Johana Escobar con anterioridad al hecho juzgado, mediante los indicios plurales, concordantes y graves que se erigían en contra del acusado sin que la defensa hubiese cuestionado globalmente el categórico señalamiento que su valoración conjunta producía.
Señaló que ese complejo probatorio se integraba con el relato creíble de María Celeste Melgarejo -quien había declarado, entre otras expresiones, que la víctima le había contado acerca de que el acusado la maltrataba y le pegaba, lo cual había ocurrido varias veces-, en consonancia con los datos aportados por Oscar Leonel Escobar Oviedo sobre que dicha circunstancia era de conocimiento de la gente del barrio, siendo escuchadas varias discusiones graves entre ambos y que Johana había sido vista golpeada y con moretones; la declaración de la perito psicóloga "...en tanto sostuvo, en el análisis de la personalidad del acusado que la impulsividad, agresividad y hostilidad, eran indicativos vinculados con la violencia"; las transcripciones de mensajes de texto que corroboraban la relación conflictiva, siendo también que la denuncia formulada en la Investigación Penal Preparatoria n° 15-00-000170-12, más allá de no haber prosperado, constituía un indicio más en la dirección sostenida por el fallo originario (v. fs. 68 vta. y 69).
De tal forma, ante la imposibilidad de aplicar la escala atenuada por hallarse acreditado el ejercicio de violencia anterior sobre la mujer víctima, el a quo consideró innecesario analizar las restantes alegaciones encaminadas a demostrar la existencia de circunstancias extraordinarias de atenuación (v. fs. 70).
IV. Lo que se lleva expuesto permite concluir que las objeciones ahora formuladas respecto del texto del último párrafo, segunda parte, del art. 80 del Código Penal, con apoyo en que por su vaguedad e imprecisión lesiona los principios de legalidad y taxatividad de la ley, no fueron sometidas a conocimiento del tribunal intermedio; tampoco la defensa discutió ante esa instancia que no se hubiesen determinado los actos de violencia necesarios por entidad y cantidad para imposibilitar la aplicación de la escala privilegiada como ahora postula; de modo que la introducción de tales cuestiones recién en la pieza que aquí se examina deviene el fruto de una reflexión tardía y por tanto inatendible en esta sede revisora (doctr. art. 451, CPP).
También ha quedado evidenciado el análisis efectuado por el tribunal del recurso de la problemática probatoria llevada a su consideración, cuyo fracaso desplazó el tratamiento del agravio restante sobre la aplicabilidad de la ley sustantiva, sin que el recurrente logre justificar que la revisión emprendida haya importado un menoscabo de la garantía prevista en los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni que hubiese afectado el debido proceso y la defensa en juicio del acusado (art. 495, CPP).
Con lo cual, desde esa perspectiva, resulta infructuoso el intento por descalificar lo resuelto sobre la aplicabilidad al caso del último párrafo, segunda parte, del art. 80 del Código Penal, en cuanto establece que la reducción del reproche allí previsto no será aplicable a "...quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima"; pues al respecto el a quo no se ha pronunciado con el dogmatismo que el defensor le atribuye, ni padece su decisión de arbitrariedad por falta de fundamentación, como asevera sin demostrarlo.
Por otro lado, más allá de la censura infundada a expresiones aisladas del fallo en cuanto determinó el plexo indiciario con el cual convalidó la decisión de grado de tener por comprobada "...la configuración de aquella violencia" exigida por la ley, la impugnación no se ha ocupado de controvertir dicha construcción por algún cauce de excepción que pudiera habilitar la competencia revisora de esta Corte en dicha materia (art. 495, cit.).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a favor de Mario Rolando Vera, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia