Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130914
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Kogan, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.914, "Benavidez, Jonatan Emanuel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en la causa 76.731 del Tribunal de Casación Penal, Sala III".
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 21 de febrero de 2017, rechazó el recurso interpuesto por la señora defensora oficial de Jonatan Emanuel Benavidez contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio criminis causa , robo calificado por el uso de arma, tentativa de homicidio criminis causa y abuso sexual con acceso carnal, todos en concurso real (arts. 40, 41, 42, 44, 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 y 119 tercer párr., Cód. Penal; v. fs. 77/84).
La señora defensora oficial adjunta ante el Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 94/107 vta.), el que fue concedido por la Sala recurrida (v. fs. 108/110 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 124/126 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 127) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Denuncia la defensa que la sentencia de casación que impugna resulta arbitraria por falta de fundamentación, al apartarse de la doctrina elaborada por esta Corte en materia de revisión de la pena, sin brindar razones valederas para ello, en violación de los derechos de defensa en juicio y debido proceso del imputado Jonatan Emanuel Benavídez, a quien se le reprocha la autoría de los delitos de homicidio criminis causa -víctima E. G.-, tentativa de homicidio criminis causa y abuso sexual agravado -víctima M. Y. M.- y robo agravado por el uso de armas de fuego en perjuicio de ambas damnificadas, en concurso real entre sí (v. fs. 99/104 vta.).
Según argumenta, el tribunal intermedio no habría examinado dicho extremo de la condena con la amplitud que corresponde, a tenor de lo que prescriben los arts. 8.2. "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; a su entender, más allá de la indivisibilidad de la pena de prisión perpetua impuesta, el a quo debió exponer las razones por las cuales no era factible una sanción menor, de acuerdo con el principio de culpabilidad por el acto y del sistema reglado en los arts. 40 y 41 del Código Penal a los que alude, destacando las variables de atenuantes y agravantes que permiten al juez justipreciar el grado de injusto y reproche de pertinencia según cada supuesto fáctico.
En ese contexto, el recurrente se explaya sobre la necesidad de efectuar una interpretación constitucional de la pena de prisión perpetua que prevé el art. 80 del Código Penal, consistente en fijarle un alcance temporal que no podrá superar el término de 25 años, trayendo a colación lo concluido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los autos Hilaire Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago ; caso contrario, postula se declare la inconstitucionalidad de esa forma de prisionización por contrariar lo normado en los arts. 1, 4, 5, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. fs. 101/102).
Respecto del aquí imputado, señala que la situación de encierro se torna desproporcionada y perjudicial para su resocialización, pues si al momento de los hechos tenía 21 años de edad, la posibilidad de obtener la libertad surgiría recién finalizada la etapa más trascendente de su vida, en transgresión de los principios de culpabilidad por el acto y proporcionalidad de las penas (v. fs. 102 vta.).
Con consideraciones sobre el control de convencionalidad que según expresa la defensa, el juez debe llevar a cabo sin que resulte preciso la introducción oportuna del planteo federal, reclama que se dicte una nueva decisión que fije a la pena de prisión perpetua el alcance numérico pretendido, o bien se declare su inconstitucionalidad, valorándose como atenuante "...la respuesta favorable en el medio de encierro y [...] determinándose una pena que no supere el mínimo legal" (fs. 104 vta.).
En el siguiente apartado de la impugnación, la señora defensora oficial alega que la prisión efectivamente perpetua impide toda posibilidad de acceder a la libertad, lo que importa vulnerar el principio de proporcionalidad entre la sanción aplicada y el bien jurídico lesionado, y el derecho a la integridad de la persona condenada de que la pena persiga como finalidad su reforma y readaptación social; con comentarios sobre el fallo antes aludido -entre otros- de la Corte Interamericana y de precedentes del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, reclama una exégesis constitucional que determine que la pena impuesta a Benavídez resulta desproporcionada en violación del principio en cuestión (v. fs. 105/107).
II. El dictamen de la Procuración General aconsejó el rechazo del recurso en el entendimiento de que sus deficiencias técnicas, por basarse en consideraciones dogmáticas desvinculadas de lo resuelto en función de las particularidades del caso, impiden evidenciar falencia o vicio alguno en la decisión atacada tanto desde la vertiente de la doctrina sobre arbitrariedad de las sentencias como desde la perspectiva del derecho que asiste al imputado de obtener una revisión amplia de la sentencia de condena (v. fs. 124/126 vta.). Coincido con ello.
En cuanto aquí importa, la señora defensora oficial cuestionó ante la casación que el tribunal de juicio hubiese rechazado su pedido de inconstitucionalidad de la pena perpetua impuesta a Jonatan Emanuel Benavídez, no obstante estimarla lesiva de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, culpabilidad, prohibición de exceso y mínima suficiencia (v. fs. 52/57). Refirió que la ingesta alcohólica del acusado al momento de los hechos redujo su ámbito de autodeterminación para motivarse en el cumplimiento de las normas, por lo que solicitó se tuviera en cuenta esa circunstancia al momento de determinarse la nueva sanción, que según postuló, no debía apartarse en mucho del mínimo de la escala que prevé el art. 79 del Código Penal, "...teniendo en cuenta las reglas del concurso del art. 55 del Código Penal y la joven edad" del acusado (v. fs. 57).
A su turno, el Tribunal de Casación, tras desechar las críticas a las calificaciones legales de los ilícitos contra la vida, convalidó igualmente la penalidad impuesta, juzgando que su indivisibilidad tornaba académico el tratamiento de los parámetros individualizadores de los arts. 40 y 41 del Código Penal dado que éstos se vinculan con las penas divisibles que no es la naturaleza de la perpetua de autos. Además de disentir con la defensa en que contraviniera disposiciones constitucionales, en la medida que "...con paulatinas atenuaciones de las restricciones inherentes a la pena y posibilidades de lograr salidas transitorias, e incorporaciones a regímenes de liberación no se trata de una pena de por vida", a lo que agregó que la denominada interpretación constitucional del art. 80 del Código Penal remite a una cuestión de cómputo que, como tal, es conjetural y prematura, y por tanto improcedente (arg. art. 421, CPP) y que, conforme tiene dicho esta Corte, la necesidad de fijar un término de agotamiento de la pena surgiría si se negara al condenado la posibilidad de acceder al período de prueba previsto para su ejecución, con invocación de lo establecido en el precedente "Ibáñez" que citó (v. fs. 81 vta. y 82, voto del señor Juez doctor Borinsky que obtuvo en el punto la adhesión de sus colegas doctores Violini y Carral, a fs. 83 vta.).
De tal modo, frente a lo llevado y lo resuelto con el alcance indicado respecto de la determinación de la pena, la parte no logra evidenciar que en este aspecto de la sentencia la misma carezca de la fundamentación necesaria para dar sustento a la invocación de un caso excepcional, como lo es el de la arbitrariedad (arg. arts. 495, CPP y 15, ley 48).
En cuanto a la pretendida interpretación constitucional de la pena de prisión perpetua a que da lugar la aplicación del art. 80 del Código Penal, con el argumento de que ella no podrá superar los veinticinco años de encierro, sin perjuicio de la oportunidad de su articulación, pues el a quo dio las razones de su rechazo con fundamento en lo normado por el art. 421 del Código Procesal Penal y doctrina legal de esta Corte, ninguna réplica idónea ha sido efectuada en la impugnación para contradecir lo así resuelto en el acotado marco de la habilitación revisora del Tribunal; media pues insuficiencia (doctr. art. 494, CPP y los antes citados).
Por otra parte, que el tribunal intermedio -tras confirmar las calificaciones legales controvertidas- haya mantenido la especie de pena menos gravosa de las indivisibles aplicada al acusado, considerando inoficioso cualquier examen a tenor de lo que reglan los arts. 40 y 41 del Código Penal, en modo alguno importó desoír la concepción revisora que quedó establecida en el precedente P. 87.182 - rectius : P. 87.172-, como dogmáticamente asevera el recurrente, sin hacerse cargo de las circunstancias tenidas allí en cuenta y lo acontecido en estos autos (doctr. art. 495, Cód. cit.).
Recuérdese que en aquella causa la defensa había postulado ante la instancia casatoria la revisión de las pautas agravantes apreciadas en la imposición punitiva -de dieciséis años- y el juzgador se limitó a sostener que la sentencia en ese aspecto no aparecía arbitraria o absurda; sobre ello dijo luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decidir el recurso federal llevado ante su sede, que esa "...sola conclusión resultó insuficiente para responder a los agravios planteados", a la luz del derecho al recurso y con cita del precedente "Casal" (CSJN Fallos: 328:3399).
Aparecen evidentes los presupuestos que distinguen la situación descripta de la plasmada en la especie, tales, la naturaleza divisible de la pena fijada y el indebido ejercicio de la competencia fiscalizadora respecto de cuestiones particularmente explicitadas cuyo tratamiento resultaba relevante a los fines de la cuantía determinada.
Se suma a lo dicho, que en razón de los delitos que en este juicio son motivo de incriminación y condena -dos homicidios criminis causa (uno en grado de tentado), abuso sexual agravado y robo calificado por el uso de armas de fuego, todos en concurso real entre sí-, el sentenciante impuso a Benavídez la pena menos onerosa de prisión perpetua solicitada por la Fiscalía, conforme surge a fs. 7 del acta de debate; ello a pesar que para estos supuestos en que concurren materialmente (art. 55, Cód. Penal), hechos reprimidos con pena de prisión perpetua (art. 80, inc. 7, Cód. Penal) y reclusión temporal (arts. 119 tercer párr. y 166 inc. 2 segundo párr., Cód. Penal), el art. 56 segundo párrafo del Código Penal establece "...que se aplicará reclusión perpetua", situación en la cual la defensa no ha reparado.
Asimismo, deviene aplicable al presente lo ya resuelto por esta Corte en aquellos precedentes (causas P. 121.698, sent. de 13-IX-2017; P. 120.920, sent. de 11-V-2016; P. 120.347, sent. de 14-X-2015; e.o.) en los que no fueron acreditadas las violaciones constitucionales e internacionales citadas por la parte, decisión que torna por tanto innecesario expedirse sobre la valoración de la atenuante solicitada a fs. 104 vta. de esta pieza recursiva.
Frente al desvalor de los referidos injustos que se aprecia en el caso concreto, la señora defensora oficial no ha realizado un análisis particular de sus constancias con miras a demostrar que la condena perpetua que fundó la sentencia de juicio en atención a la plataforma fáctica que luego confirmó la casación y arriba aquí firme, resulte desproporcionada a los hechos motivo de reproche y contraria a los principios que estima afectados.
Voto, por las razones expuestas, por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (doctr. art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia