Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130829
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Kogan, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.829, "Santoiani, Juan Ángel s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Nº 2.989 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea".
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Necochea, mediante el pronunciamiento del 15 de febrero de 2018, declaró la nulidad del veredicto y la sentencia absolutoria dictado por el Juzgado Correccional n° 1 de Dolores respecto de Juan Ángel Santoiani en orden a los hechos materia de imputación ocurridos el 2 de enero y el 9 de octubre, ambos del año 2006, en la localidad de Pinamar, calificados como incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público. En consecuencia, dispuso que debía continuar el trámite de la causa por intermedio de un nuevo juez hábil (arts. 18, Const. nac.; 10 Const. prov.; 144 segundo párrafo, 202 inc. 2, 203 y concs., 209 y 363, CPP; v. fs. 536/544).
El señor defensor particular, doctor Carlos Sebastián Angeleri, dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 564/573), siendo solo concedido el último de los nombrados por el Tribunal intermedio (v. fs. 579/583).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 606/608 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 609), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El señor defensor particular planteó dos motivos de agravio contra el fallo de Cámara que impugna.
I.1. Denunció que la anulación del veredicto absolutorio con reenvió de las actuaciones a la instancia anterior para que un juez hábil dicte un nuevo pronunciamiento vulnera la garantía del ne bis in ídem, desde que su pupilo se vería sometido a la posibilidad de un nuevo juzgamiento en un hecho falso y precluido, al pretender incorporar el testimonio de Mario Tongiani (v. fs. 569/571).
Hizo referencia a los precedentes "Mattei" y "Polak" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto de los cuales reseñó algunas partes pertinentes (v. fs. 571 vta./572).
Adujo que dicha garantía y las de defensa en juicio, debido proceso adjetivo, progresividad y preclusión, impiden retrogradar un proceso, "...al anular una sentencia y mandar a desarrollar un nuevo debate" (fs. 569 y vta.), más aún cuando lleva procesado más de doce años a la fecha y otros tantos años más serán esperables si prospera la queja (v. fs. 571).
Entendió que las justificaciones que llevaron al tribunal intermedio a anular el fallo de origen no superan la disconformidad con el fallo de primera instancia en el gobierno de contingencias procesales previas al debate, antes que una evaluación de lo realmente sucedido en aquél, en el veredicto y la sentencia (v. fs. 567).
Afirmó que se intentó incorporar un testigo "nuevo", en referencia a Mario Tongiani, cuando ya se conocía su versión en la declaración formulada en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal, cuya incorporación por lectura fuera denegada al fiscal, acerca de la cual consideró que no había mérito para su insistencia, en tanto a su criterio- se contradice con la copiosa prueba documental y testimonial obrante en la causa.
I.2. Adujo también la afectación de su derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable, con cita de los arts. 1, 18, 33, 75 inc. 22 de la Const. nac.; 7.5 y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del precedente de esta Corte P. 83.722 y de doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 572).
Expresó que desde la producción del supuesto hecho en el mes de enero del 2006 transcurrieron cerca de doce años sin que la demora pueda atribuirse a la existencia de particularidades en el proceso, por lo que debe declararse la extinción de la potestad punitiva del Estado en orden a su defendido (v. fs. 572 vta.). Con especial énfasis en el cambio de vida de aquél y su inserción en actividades distintas a las que anteriormente llevaba a cabo (v. fs. 568 vta./569).
II. Los planteos deben ser desestimados.
II.1. Preliminarmente cabe aclarar que el tribunal intermedio admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen con la salvedad de que si bien la decisión recurrida no resultaba impugnable por la vía intentada (conf. art. 494, primer párrafo, CPP), teniendo en cuenta que ese organismo no ha revocado la absolución dictada sino que declaró de oficio la nulidad del pronunciamiento, atendiendo a los agravios invocados por el impugnante, la decisión recurrida debe ser considerada en el caso un supuesto de sentencia equiparable a definitiva a tenor de las garantías constitucionales que denuncia conculcadas (v. fs. 581 vta. y 582).
Entonces, en el estricto marco de excepción en que resultó abierta la competencia extraordinaria de este Tribunal, a fin de asegurar al recurrente el eventual tránsito del caso hacia la instancia federal, comparto el rechazo de estos agravios que propicia el dictamen de la Procuración General (v. fs. 606/608 vta.).
II.2. Sentado ello, el recurrente no se encargó de controvertir válidamente la respuesta otorgada por el Tribunal de Alzada en cuanto explicó que en el caso el fundamento con cita del art. 338 segundo párrafo apartados 1 y 3 del Código Procesal Penal no resultó adecuado en relación con el alcance de lo decidido. Pues la intención del Ministerio Público Fiscal de hacer valer como prueba las manifestaciones de Mario Tongiani estuvo presente desde su ofrecimiento en la oportunidad el art. 338 citado aunque por entonces, mediante la incorporación de lo declarado por aquél conforme citación en términos del art. 308 del ritual-. De modo que la pretensión de que ahora ya sobreseído- se lo escuchara en el juicio en calidad de testigo merced a las reglas del art. 363 del Código Procesal Penal, no podía tomar por sorpresa a la defensa, máxime cuando el fiscal había hecho reserva de esa facultad a fs. 273/275 vta. (v. fs. 541 vta./542).
Consideró que se trataba de uno de los supuestos expresamente contemplados en aquel precepto que gobierna el trámite del juicio (art. 363 cit.) y que había sido mal aplicado por la jueza de grado, en vulneración del principio de libertad probatoria (art. 209, CPP), con incidencia sobre uno de los fines del proceso: la averiguación de la verdad (art. 18, Const. nac.; 144, segundo párrafo, CPP) y el debido proceso legal (art. 18, Const. nac. cit. y 10, Const. prov.), con alusión al perjuicio que la obstaculización de la realización de esa prueba implicaba, en aplicación de las reglas de los arts. 202 inc. 2 y 203 del Código adjetivo. En consecuencia, dispuso la anulación del debate con base en los quebrantamientos del procedimiento señalados, los que reputó graves (v. fs. 543).
Concluyó así que la resolución desincriminante del juez de primer grado no permitía otra solución que declarar su nulidad y el reenvío a un juez hábil para el dictado de un nuevo pronunciamiento (conf. art. 461, CPP), al haberse obstaculizado al agente fiscal la posibilidad de probar la culpabilidad del acusado, lo que la ley procesal pone a su cargo (art. 367 primera parte, CPP).
II.3. Bajo tal línea argumental, la defensa no se hace cargo de cuestionar esta particular habilitación que ofrece la ley ritual de anular por defectos graves de procedimiento, junto con la solución del reenvío (conf. art. 461, CPP), sino que insiste en la tesitura de que la afectación a la garantía en cuestión se produce en este supuesto, a remolque de citar los segmentos de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya mencionados, lo que claramente importe un déficit en materia de técnica recursiva (art. 495, CPP).
De un lado, porque no logra demostrar la incorrección de lo resuelto, siendo insuficiente a tal fin la mera discrepancia.
Además, tampoco evidencia que en el caso se hubiesen verificado cada uno de los supuestos de hecho que justificarían la aplicación de la doctrina de la Corte nacional emergente de los precedentes "Mattei" y "Polak" (v. en similar sentido, causa P. 122.281, resol. de 16-III-2016).
II.4. A lo dicho quiero agregar que, esta Corte ha tenido oportunidad de explicar el rendimiento que la Corte federal le ha otorgado a la garantía del ne bis in ídem, frente a la tensión que presentan los principios procesales de progresividad y preclusión (v. mi voto en causa P. 123.902, sent. de 4-V-2016).
Allí se sostuvo que lo que la Corte Suprema ha vedado es la renovación de actos del proceso justamente cuando la declaración de nulidad reposa en "consideraciones rituales insuficientes" o "al respeto exagerado de formas procesales que sólo traducen un rigorismo ritual injustificado" (doctr. in re "García", CSJN Fallos: 305:1701, cons. 3°) y no los supuestos en que las nulidades responden al quebrantamiento de las formas sustanciales del juicio, tal como lo sostuvo al decidir los ya citados casos "García", "Weissbrod", "Verbeke" y "Frades" (CSJN Fallos: 312:2434).
Tomando en consideración los precedentes del Máximo Tribunal federal se coligió que no cualquier nulidad permite retrogradar el juicio, pero, como contracara, no toda anulación con reenvío -a fin de enmendar los actos esenciales del juicio viciado- importan un bis in ídem prohibido.
Dicho de otro modo: si bien corresponde tener presente la progresividad y preclusión aludidos, así como la prohibición de doble persecución penal, ello no puede llevar a privar de valor la facultad de recurrir del Ministerio Público Fiscal o del particular damnificado en los casos en que se pretende reeditar actos afectados por vicios que comprometen las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, cubiertos con igual rango (fallo cit., causa P. 123.902; reiterado en muchos otros).
Por ello, tratándose el presente de un supuesto en el que el fundamento de la anulación del veredicto absolutorio de primera instancia, radica como se dijo- en graves defectos de procedimiento que afectan el debido proceso, el principio de libertad probatoria, obstaculizando al fiscal la posibilidad de probar la culpabilidad del inculpado con el cercenamiento de prueba de cargo que reputó relevante para la solución del caso, lo cual implicó que el juicio no pudo realizarse a plenitud atendiendo a las formas esenciales que lo componen, el de autos así entendido, como lo fue por el Tribunal de Alzada-, no reúne las características necesarias para que se configure una violación a la garantía invocada.
Dado que la sentencia anulada según el régimen ritual aplicable, carece de efectos, mal podría afirmarse que su reedición implique juzgar dos veces el mismo hecho, pues como ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en estos casos, hay sólo uno que puede considerarse válido (CSJN Fallos: 312:597 y 326:1149, cit.).
Por lo demás, el procesado una vez que se renueven los actos procesales necesarios- cuenta con la posibilidad de ejercer plenamente y ante las instancias de mérito su derecho a la revisión integral de una eventual sentencia que a su respecto se dicte (conf. doctr. causa P. 109.736 y precedentes allí citados).
IV. Por último, en lo que hace al aludido "derecho a ser juzgado en un plazo razonable" (fs. 572), y sin perjuicio de cualquier otra consideración que pudiera formularse acerca de la oportunidad del planteo habida cuenta que no formuló presentación alguna ante el tribunal intermedio cuando tuvo la oportunidad concreta de hacerlo, el reclamo resulta insuficiente (art. 495, CPP).
El recurrente apoya su agravio en la sola afirmación dogmática de que este hecho ocurrió en el mes de enero del 2006 (v. fs. 572 vta.).
Al respecto, es dable recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Al Kassar, Monzer s/ incidente de prescripción", sent. de 12-XII-2006, por remisión al dictamen de la Procuración) señaló que correspondía a la defensa mencionar "... por qué considera que el proceso se ha extendido irrazonablemente en el tiempo ponderando: la duración del retraso, las razones de la demora, y el perjuicio concreto que al imputado le ha irrogado dicha prolongación...".
Tales condiciones mínimas de la alegación no se han cumplido en el sub lite por lo que el reclamo en este punto es insuficiente y corresponde desestimarlo (doctr. art. 495, cit.; conf. causas P. 76.357 y P. 89.727, sent. de 23-XI-2005).
En función de lo que llevo expuesto, voto por la negativa.
El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 496, CPP).
Se difiere para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia