Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130612
En la ciudad de La Plata, a 26 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Negri, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 130.612, "Maradei, Marcelo Fabián s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 73.883 y su acumulada n° 73.884 del Tribunal de Casación Penal, Sala V".
La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento de fecha 24 de noviembre de 2016, rechazó -en lo que aquí interesa- el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de Mercedes que condenó a Marcelo Fabián Maradei a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, más declaración de reincidencia, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por codicia, con el concurso premeditado de dos o más personas, y mediante el empleo de arma de fuego -víctima Ricardo Jorge Lemos- (v. fs. 126/156)
El defensor particular del nombrado -doctor Mariano Pomares- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 175/181 vta.), el que fue concedido por el órgano inferir conforme la resolución que luce a fs. 192/195 vta.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 213/218), dictada la providencia de autos a fs. 219, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El letrado de confianza del imputado Marcelo Fabián Maradei impetró la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por la que planteó dos agravios.
I.1. Por un lado, denunció "absurdo" y errónea aplicación de las reglas constitucionales y legales sobre la valoración probatoria y las reglas de la participación criminal (v. fs. 175 vta.).
Sostuvo que en el caso no se encuentra acreditada la autoría de su asistido, desde que ni siquiera se puede asegurar quién ejecutó el disparo que terminó con la vida de Lemos, en qué condiciones se dio y menos aun quien ejerció sobre el hecho un dominio capaz de crear, modificar o alterar su consecución (v. fs. 175 vta. y 176).
Agregó que las bases para reconstruir el injusto se debieron en gran medida a la colaboración prestada por Maradei, con lo que cabe concluir que no tomó participación autoral en el hecho porque no lo planificó ni tampoco ejerció el dominio de la acción (v. fs. 176).
Señaló que no "...existen elementos para sostener una imputación de tales características en cabeza de mi asistido pues, no existe prueba que indique la empresa delictiva y menos aun el acuerdo previo de distribución de roles o tareas (autoría de tipo funcional) que pueda incluir la muerte de LEMOS como parte de la empresa" (fs. 176).
Indicó que no podía sostenerse, ni siquiera en el ámbito de la teoría de la autoría funcional, que Maradei hubiera matado a Lemos y que para ello usó un arma de fuego, y menos aun inferir la existencia de un plan previo. Sostuvo que fue Pandiani quien planificó y buscó el momento indicado para ejecutar la acción, para luego procurar impunidad mediante la colaboración de Maradei, quien ese día concurrió al campo, justamente, para mostrarle a Lemos con qué garantizaba la deuda (v. fs. 176 vta.).
En razón de lo expuesto, adujo que no podían extenderse los efectos del homicidio a todos los imputados sólo por encontrarse presentes en el escenario del hecho, ya que la decisión de apoderarse de la vida de otro, sin la existencia de un plan previo y acuerdo común, no era posible achacárselo a todos (v. fs. 177 vta.).
Afirmó que su asistido actuó con posterioridad a que Pandiani efectuara el disparo, y fue por eso, que luego de reflexionar, brindó datos que hacían al hallazgo del arma utilizada para aquel fin.
En definitiva, postuló que su defendido no podía ser alcanzado por la actitud asumida por el consorte de causa, desde que no correspondía aplicar la teoría de la autoría funcional porque no existían elementos que permitieran vislumbrar que esto hubiera sido parte de un concierto previo (v. fs. 177 vta.). En apoyo de su postura, trajo a colación doctrina de esta Corte y del Tribunal de Casación referidas a la coautoría funcional (v. fs. 177 vta. y 178).
Por último, entendió aplicable al caso el concepto de duda insalvable, "...pues el estado de incerteza o falta de semi certeza o semi plena prueba, se extiende a toda la causa pues dado a las diligencias realizadas, sus resultados, y cuanto por prueba se ha recabado en autos no se vislumbra posibilidad alguna de recabar mayor información sobre el hecho" (fs. 178 vta.).
En definitiva, afirmó que aplicaron erróneamente los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal, y en particular, las reglas de la participación contenidas en los arts. 45, 46 y 47 del Código Penal.
I.2. Por otra parte, cuestionó la calificación legal otorgada al hecho, dado que también entendió erróneamente aplicada la agravante de la codicia (como así la existencia de una premeditación en la que participó Maradei) (art. 80 incs. 4 y 6, Cód. Penal).
Explicó que no resultaba lógico que su asistido viviendo en el mismo barrio privado que Jorge Lemos, hubiera acordado con éste último pasarlo a buscar por su domicilio para luego llevarlo a un campo y matarlo. Adujo que el propio Maradei sabía que todo quedaba filmado y que no tendría cómo explicar cuál era el motivo por el cual Jorge no habría vuelto con él. Agregó que respecto "...del lugar al cual irían, queda claro que tanto Dora Gómez (esposa de Lemos) como Andrea Figueroa (esposa de Maradei) sabían que Jorge Lemos, Maradei y Pandiani iban a un campo, con lo cual si esto hubiese sido planificado, mal podríamos pensar que los llevarían a un inmueble cuyo arrendatario era el deudor más abultado de Lemos (Fulco)" (fs. 180).
En cuanto al día elegido, señaló que si se hubiera planificado no se habría elegido un día con tantos compromisos donde Lemos fuera requerido por varios actores.
Adujo que la afirmación de que Maradei apagó el celular era falsa, ya que éste contó que a mitad del viaje Jorge Lemos le pidió la batería de su celular porque se había quedado sin carga, lo que es concordante con lo declarado por Dora Gómez, Martín Lemos y Marcelino Pandiani (v. fs. 180 vta.).
También destacó que la reacción de Maradei después del hecho fue distinta a la de Pandiani; mientras él se quedó en su casa, Pandiani asumió un rol activo en la búsqueda y fue quien pergeñó la historia que involucrara a Lorena Paola Becharouch.
Sostuvo que el hecho de que el homicidio de Jorge Lemos "...haya ocurrido en un campo de Fulco tiene una explicación. Marcelino Pandiani buscó la forma de encontrar un cómplice y Maradei le cayó al dedo. Luego de ello, es decir, luego de que Marcelino Pandiani matara a Jorge Lemos, ambos se pusieron de acuerdo y Maradei y Fulco vieron la parte positiva. Ante la falta de pago no corrían riesgo de vida..." (fs. 180 vta. y 181).
Sumó a lo dicho que tampoco podía entenderse que hubiera existido un móvil basado en la codicia, pues no sólo no existió por parte de su asistido motivo alguno para matar a Lemos sino que el análisis que efectuó el a quo respondió a una visión muy simplista de la realidad. Adunó que el hecho de haber aprovechado para no pagar no indica que hubiera planificado o motivado el homicidio para no pagar (v. fs. 181).
Concluyó que los fundamentos dados por el tribunal de grado giraron en torno al miedo de los deudores y ello no fue correctamente analizado por el Tribunal de Casación, que tampoco advirtió la falta de lógica en sostener una liberación de deuda cuando la misma se encontraba documentada y sobre base cartular (v. fs. 181 vta.).
En concreto, señaló que la sentencia era una hipótesis y no el resultado o síntesis de un estudio sistemático y pormenorizado de la prueba tanto de cargo como de descargo (v. fs. cit.).
II. El señor Procurador General aconsejó rechazar el recurso intentado (v. fs. 213/218); criterio este con el cual coincido.
III.1. Por un lado, el agravio por el que la defensa del imputado Maradei alega absurdo y errónea aplicación de las reglas constitucionales sobre la valoración de la prueba y la participación criminal, no prospera en tanto refiere a una interpretación de los hechos y un relato particular de los mismos distinto a como los dio por configurados el tribunal de recurso para desestimar similar planteo llevado a su conocimiento (conf. causas P. 104.926, sent. de 21-X-2009; P. 108.608, resol. de 17-II-2010; P. 105.648, sent. de 5-XII-2012; P. 116.425, resol. de 10-X-2012; P. 111.758 y P. 116.681, resols. de 19-XII-2012; P. 112.443, resol. de 30-X-2013; P. 117.877, resol. de 18-XII-2013; e.o.).
III.2.a. En primer lugar, cabe destacar que el tribunal de mérito tuvo por acreditado que "...al menos tres individuos de sexo masculino acordaron darle muerte a Jorge Ricardo Lemos para de este modo solucionar importantes situaciones que con el mismo mantenían. Así, dos de ellos arrastraban una millonaria deuda que no podían o al menos no querían satisfacer, pero conocían el carácter y personalidad de su acreedor, quien no los dejaría librarse fácilmente de él, si no honraban la acreencia. Por otro lado, el tercer participante de la letal empresa, era alguien interesado en acallarlo pues éste sabía de su responsabilidad en la muerte de Facundo Ceballos y lo había amenazado con revelar este dato en la justicia.
Fue así, que inspirados por el aludido designio, dos de los cerebros del macabro plan se presentaron cada uno por su lado, el día 22 de agosto del año 2010, a las 08:00 horas, en el domicilio de Ricardo Jorge Lemos, sito en calle Mozart N° 1291, Barrio cerrado 'El Cortijo', de la localidad de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, lo que ya estaba acordado, con el fin de concurrir a reconocer un lote de ganado vacuno con el que se concretaría un negocio. De este modo, los tres, es decir Lemos y quienes le darían muerte rato después, subieron al rodado BMW color negro, conducido por su propietario y se dirigieron al establecimiento rural, que no es otro que 'El Descanso', arraigado en Cuartel IV a la altura del Km 74.800 de la Ruta provincial N° 205, de la localidad de General Las Heras (B).
Aproximadamente a media mañana, los malvivientes silenciaron sus teléfonos celulares para evitar ser rastreados y poder ulteriormente desviar la investigación por otros senderos, según lo que manifestarían luego de lo ocurrido ese día, para exculparse, poniendo en cabeza de otra persona, ser la última que había estado con Lemos. Llegados al destino, es decir al campo 'El Descanso', inmueble propiedad de Lidia Esperanza Aued, alquilado por Pablo Fulco , en representación de SUBAGRO S.A, en febrero de 2010, quien allí se encontraba, resultando ser el tercer miembro del aciago acuerdo; se dispusieron a cumplir su cometido, es decir, la ejecución de Lemos, que llevaron a cabo mediante el empleo de arma de fuego, con la que le pusieron fin a la existencia del nombrado.
Que ello ocurrió, en horas del mediodía, en la galería de la casa existente en el predio, próxima a la puerta de la habitación, lugar indicado por uno de los partícipes, y que se corresponde con las muestras de sangre evidenciadas por el empleo de luminol. No omito en la consideración que no pudo establecerse pericialmente que fueran de origen humano tampoco ello fue descartado. De cualquier modo no hay diferencia substancial en cuanto al sitio del ataque según las versiones de sendos prevenidos. Tras ello, y en procura de lograr la impunidad, los malvivientes ulteriormente y con la colaboración de un cuarto individuo, Hugo Ibáñez, incineraron el cuerpo de Lemos, que también seccionaron, sometiéndolo a la acciónígnea durante un tiempo prolongado [...], logrando reducir a cenizas casi la totalidad del cadáver, enterrando en una fosa que cavaron en el costado izquierdo de la vivienda (visto el frente desde el lugar de ingreso), los restos, que no eran más que las aludidas cenizas y una pequeña porción de la costilla" (fs. 621 vta./622 vta.).
III.2.b. En su tarea revisora, el Tribunal de Casación señaló que el órgano judicial anterior fijó de manera precisa que la víctima Lemos concurrió al establecimiento rural donde hallaría la muerte en compañía de dos hombres -quienes, a la postre, serían sus victimarios-, que éstos dispusieron sus teléfonos celulares de modo tal de evitar ser rastreados y que, ya en la finca, y estando presente un tercer sujeto (Pablo Fulco), mataron a Lemos utilizando un arma de fuego, para después, contando con la ayuda de otro individuo (Hugo Ibáñez) incinerar el cuerpo y enterrar sus despojos (v. fs. 142 vta.).
Repasó que la defensa consistió en desplazar el dominio de la ejecución sumaria de Lemos en el coimputado; en menos palabras: cada uno endilgaba la acción letal al otro. "Dicha forma de pretenderse exonerar de responsabilidad en el compañero de andanzas criminales lejos está de ser novedosa, es más es algo común en este tipo de entramados fácticos. Sin embargo es frágil y se desvanece ni bien se releva el cúmulo de elementos indiciarios que permiten sostener que fueron ambos -Maradei y Pandiani- quienes planificaron y llevaron a cabo el homicidio de Lemos" (fs. 142 vta. y 143).
Señaló que el tribunal de la instancia ponderó en contra de los acusados un fuerte indicio de oportunidad que se desprendía de haber estado en el lugar y el momento en que Lemos fuera asesinado, más allá de las excusas que ambos oponían. "Obsérvese, además, que el a quo señaló en reiterados pasajes del decisorio, que tanto Pandiani como Maradei fueron los últimos en ser vistos mientras Lemos vivía..." (fs. 143).
Agregó que a ello se unía la motivación que Maradei tenía para agredir a la víctima: la existencia de una importante deuda dineraria, pues Lemos actuaba como usurario prestamista en un mercado financiero ilegal de la zona. Y que los diversos testimonios (declaración de Pedro Rafael Costello; Dora Inés Gómez; Jorge Ricardo Lemos; Jonathan Leonel Martínez; demás deposiciones individualizadas en la causa y en la carpeta en la que el damnificado registraba su contabilidad) podía estimarse la magnitud de la operación comercial es que lo vinculaban (cuatro millones ciento treinta y ocho mil doscientos veinte, a la fecha en que se realizó el cálculo).
Explicó que las deudas contraídas por el nombrado lo fueron, en gran medida, en función de las actividades marginales que éste llevaba a cabo con Pablo Fulco, arrendador del establecimiento de campo "El Descanso" donde se perpetró el homicidio. "Ese dato fue computado -correctamente- por los magistrados anteriores, quienes señalaron que los restos carbonizados de Lemos fueron hallados -merced a una llamada anónima- en la finca rural ocupada por Fulco, socio, como recién se dijera, de Maradei. El sitio exacto resultó ser, en efecto, una fosa al costado izquierdo de la vivienda..." (fs. 144).
Sostuvo también que los jueces pusieron de relieve que existían, además del copioso acervo de elementos reseñados, determinadas circunstancias que reforzaban la conexión con el crimen con el coimputado. "En el caso de Maradei, el dato insoslayable procedente del uso de un anillo Bulgari color negro por parte de Andrea Ferreira -pareja del nombrado-, joya que había sido previamente intercambiado por Maradei con Lemos y que llevaba éste último al salir de su domicilio el día de su muerte [...]. Situación que -obviamente- no puede explicarse sino en función de que la alhaja fue recuperada por el encartado tras la ejecución de Lemos y entregada a su conviviente" (fs. 144 vta.; el subrayado figura en el original).
De este modo, afirmó que el órgano de mérito concluyó en que la valoración de las pruebas alcanzaba para tener por ciertas tanto la materialidad ilícita como la intervención del imputado Maradei en el suceso que tuviera por damnificado a Ricardo Jorge Lemos. Adunó que frente al plexo probatorio de cargo, los magistrados de la instancia consideraron ineficaces los datos provenientes de los elementos aportados por las partes para intentar desvirtuarlo. "En este sentido, los sentenciantes se ocuparon de analizar de manera detenida los datos con los que se pretendía favorecer la situación de ambos encartados, señalando sus inconsistencias y falta de asidero. Así [...] hicieron notar las referencias absolutamente inverosímiles de una de sus versiones [...] y que ha impresionado como increíble la narración de aquél..." (fs. 145 vta.; el destacado y subrayado figuran en el original).
De ahí que consideró que la falta de recepción de las manifestaciones del imputado estribaba en la falta de credibilidad de sus versiones sumada a la carencia de correlación con datos concretos y objetivos. Explicó que los jueces analizaron -para finalmente desechar- los argumentos con los que la parte pretendía rebatir el abundante cuadro probatorio en contra del encausado. Indicó que las exposiciones de la defensa no superaban el umbral de la mera discrepancia con la valoración o interpretación dada en la instancia de mérito de las probanzas que les permitieron reconstruir históricamente el hecho tanto como atribuir la coautoría responsable del mismo.
Expuso que de la resolución en crisis surgía el desarrollo fundado que habilitó el dictado de la condena de Maradei, descartándose por completo cualquier aproximación a una situación de duda insuperable. Advirtió que del análisis de los diferentes elementos probatorios valorados se observaba que fueron asociados lógicamente a través de un razonamiento ajustado a las reglas de la experiencia y el sentido común y ajeno a arbitrio alguno, respetándose lo prescripto en los arts. 210 y 373 del Código Procesal Penal (v. fs. 146 y vta.).
III.2.c. De seguido, dedicó un espacio a la consideración de la coautoría criminal responsable, dado que la defensa de Maradei cuestionó el rol que le cupo a su asistido en el hecho en juzgamiento. Para ello, señaló que "...en la misma cada individuo domina el acontecer global conjuntamente con los demás, es decir que el coautor no tiene por sí solo el dominio total del hecho; pero tampoco ejerce un dominio parcial, sino que el dominio completo reside en las manos de varios, de manera que éstos sólo pueden actuar conjuntamente, teniendo cada uno de ellos en sus manos el destino del hecho global [...]. En esta inteligencia, para que haya coautoría es necesario que exista una división de roles, materializada a través de un acuerdo que puede ser expreso como tácito (o mediante un actuar concluyente), en donde cada interviniente tenga a su cargo la ejecución de una función decisiva para la realización del hecho proyectado. Es decir que cada coautor debe ser, por un lado, subjetivamente coportador de la decisión común y, por el otro, debe prestar un aporte objetivo que fuera acordado previamente en el marco del plan ideado. A partir de la idea expuesta, es preciso destacar que la coautoría presenta dos exigencias, una de carácter subjetivo, la otra de carácter objetivo. Por la primera, los sujetos se vinculan a través de una resolución conjunta, un acuerdo de voluntades donde aquellos pactan libremente la realización del hecho y en donde cada uno asume una función esencial e independiente; de modo que [...] dicha resolución delictiva es la abrazadera que conecta las piezas individuales del todo. Pero con ello sólo no basta, en la medida en que -por lo general- dicho acuerdo también existe entre autor y cómplice, sino que, para calificar a un interviniente como coautor, su aportación al hecho debe representar un requisito de carácter indispensable para la realización del resultado pretendido;
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.